Escribe Rodolfo Sánchez, científico de Bariloche, Izquierda Socialista/FIT Unidad

En casi dos meses, los incendios forestales llevan arrasadas 37.601 hectáreas de bosques andino-patagónicos. En Neuquén: 450 en Caviahue y 15.200 en el Parque Nacional Lanín. En Río Negro: 10.233 en el Parque Nacional Nahuel Huapi y 3.637 en El Bolsón. En Chubut: 55 en El Pedregoso, 3.530 en Epuyén y 4.496 en Atilio Viglione.

Luego de que las lluvias aplacaran los incendios, surge la pregunta inevitable: ¿son suficientes los recursos para combatir el fuego? La conclusión es no. Y contradice lo que repiten las autoridades. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), ahora a cargo de Patricia Bullrich, en 2024 ejecutó el 81% menos de su presupuesto que el año anterior. A este parate presupuestario hay que sumar una constante que viene de las anteriores gestiones de Mauricio Macri y Sergio Bergman, y de Alberto Fernández y Juan Cabandié, con presupuestos ridículos, pocos recursos y un número insuficiente de brigadistas, los cuales están precarizados y mal pagos. El presupuesto que destinan Javier Milei y Patricia Bullrich apenas alcanza para la compra de un pequeño avión AT-802. Las diferencias con otros países que sufren incendios forestales como Chile, Portugal o España son abrumadoras. Por ejemplo, Chile tiene cinco millones de hectáreas de bosques nativos en la Patagonia y cuenta con más de 3.300 brigadistas y 77 aviones con una capacidad de verter unas 187 toneladas de agua cada dos horas. Argentina tiene 6,4 millones de hectáreas y sólo veintitrés aeronaves con una capacidad de verter 57 toneladas de agua cada dos horas. O sea, una ínfima capacidad. Según ATE, Parques Nacionales Argentina cuenta con solo 600 brigadistas en todo el país. Todos con contratos temporales y un básico de 400 mil pesos que con algunos items extras apenas alcanzan el millón.
El gobierno de Milei y Bullrich, muy lejos de reconocer esta precariedad, apuesta por un lado a criminalizar al pueblo mapuche y generar odio racista, declarando a la inexistente RAM como organización terrorista y causante de los incendios forestales. Una verdadera tapadera para eludir responsabilidades.

Por otro lado, en los primeros días de febrero, el Gobierno nacional hizo un pago de 620 millones de dólares al FMI. Con este dinero se podría haber comprado unos 124 aviones de combate del fuego de tipo AT-802 o unas 7.700 autobombas 4x4 con capacidad de 10 mil litros de agua especializadas para incendios forestales. La responsabilidad de los gobernantes es total en el vaciamiento de los recursos, porque apuntan a que el fuego les “limpie” la montaña para el negocio inmobiliario.
 

Escribe Agustín Gigli

Nuestra diputada Mónica Schlotthauer de Izquierda Socialista/FIT Unidad viajó esta semana a la Patagonia para llevar la solidaridad a los pobladores por los incendios y a los brigadistas que enfrentaron el fuego. Allí se reunió con comunidades mapuches que son perseguidas por Javier Milei, Patricia Bullrich y los gobernadores de la región.

En este marco, Schlotthauer llegó a Esquel y se reunió con representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH). Mientras corría el mate en la rueda formada, quedó claro algo que se repitió insistentemente: “En Esquel nuestro lema es: memoria, verdad, justicia y territorio”.
Esas luchadoras que nos recibieron venían de la “Conferencia de Prensa Internacional: represión al pueblo Mapuche”. Denunciaron los doce allanamientos, que en simultáneo se realizaron a las comunidades, relataron las violaciones y la violencia racista contra los mapuches, desatada desde el gobierno chubutense de Ignacio Torres.

Paralelamente en otra conferencia convocada por el gobierno, la imagen de cuatro encapuchados armados cuidando a las autoridades que acusaban a los referentes Moira y Mauro Millán, habla de políticos patronales unidos y subordinados a las corporaciones que pretenden apropiarse del territorio promocionado con el RIGI.

También nos reunimos con compañeras de la comunidad Inan Kume Rupu. “Contra lo que establecen las leyes nacionales y los convenios internacionales, pretenden exigir a cada mapuche que demuestre documentalmente su condición originaria. [...] Nos hablan de mapuches y pseudo mapuches, para dividir y confundir. Solo les gusta cuando cantamos, cuando tejemos, pero si escuchan que hablamos de territorios ya somos terroristas”, reclamaba la docente mapuche Adriana.

Junto a compañeros docentes de Atech, nos recibieron en Pillán Mawiza, dispuestos a contar la historia de lucha de un pueblo desde hace quinientos años. Mauro y Moira tomaron la palabra, y luego se sumó el abuelo de la comunidad, que cumplía 84 años. Este contó cómo lo tiraron al suelo con los brazos precintados y que aún continuaba recibiendo amenazas.

A su vez, se debatió exigir la libertad de Victoria, la joven que sigue detenida con prisión domiciliaria, ya que el juez Jorge Criado, “denunciado por racista en organismos internacionales por casos anteriores”, no pudo rebatir las pruebas de la defensa para mantenerla presa.
Sin dudas, estas comunidades viven un verdadero infierno bajo gobiernos que los persiguen para expulsarlos de sus tierras y entregarlas a los amigos del poder político. “En doce allanamientos solo encontraron bidones de nafta para las motosierras. Pero en la conferencia el ministro habló de que tuvieron que atravesar trampas mortales”, señalaron.

El recorrido de Schlotthauer continúa acompañando a distintas delegaciones por El Bolsón y Bariloche. Se exigirá la libertad del brigadista Nicolas Heredia, detenido con falsas acusaciones y se denunciarán las políticas criminales del Gobierno nacional y las gestiones provinciales en relación a los incendios y las falsas denuncias y la represión contra las comunidades locales.

Escribe Cristian Duarte, comisión de reclamos de los ferroviarios del Sarmiento

El gobierno ultraderechista de Javier Milei publicó el decreto mediante el cual se autoriza la privatización total de la empresa Belgrano Cargas y Logística SA (BCLSA). Desde el Cuerpo de Delegados del Sarmiento nos oponemos terminantemente a esta medida. Las privatizaciones del ferrocarril han estado al servicio de grandes grupos económicos, viciados de corrupción y no solo han fracasado, sino que nos llevaron a desastres como la masacre de Once.

El Belgrano Cargas es una empresa del Estado creada en 2013. En ese momento se hizo cargo de la explotación comercial, operacional y logística de otras líneas ferroviarias de cargas que habían estado en manos privadas (Pescarmona, Camargo Correa) y fueron abandonadas con grandes pasivos. De esta forma, el BCLSA, engloba tambiém el ferrocarril General San Martín y General Urquiza. Esto demuestra que los ferrocarriles en manos privadas tienen como único propósito hacer grandes negocios y embolsar ganancias sin realizar inversiones. Prueba de ello fue la mencionada Masacre de Once o los 435 descarrilamientos por año de ferrocarriles de carga privados que siempre denuncian Rubén “Pollo” Sobrero, el cuerpo de delegados y la Bordó nacional.

Como es típico de este gobierno entreguista, viene por la destrucción total de un patrimonio valioso como es el ferrocarril. Esta privatización propone un verdadero desguace de la empresa estatal que se llevará a cabo bajo las modalidades de remate público para venta de material rodante y la concesión de obra pública para las vías ferroviarias, sus inmuebles aledaños y el uso de todos los talleres ferroviarios. Para hacer atractivo el negocio, la venta del material rodante, será destinada al financiamiento y pago de obras de las vías a ser concesionadas. Lo que se dice un “capitalismo sin riesgos”. Además, se delega al ministro Luis Caputo la facultad de convocar y adjudicar la licitación pública para su concesión.

Esta medida es parte de la motosierra que Javier Milei viene aplicando sobre el ferrocarril desde que comenzó su gestión. Empezó con el desfinanciamiento de los trenes de pasajeros, luego con los despidos en Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf) y otros en Chaco. Mientras anunciaban la privatización del Belgrano Cargas dieron a conocer la noticia de que el servicio a Pehuajó dejará de funcionar y editaron un decreto para vender tierras ferroviarias, entre ellas una parte del predio de Haedo. Es decir destrucción total y tierra arrasada. Por eso debemos organizar la lucha para detener estas políticas.

Por un ferrocarril 100% estatal

El gobierno de Milei miente cuando habla de que sobra personal y eso causa pérdidas al Estado. En el caso del Belgrano Cargas, los 4.600 trabajadores y trabajadoras tienen a su cargo 7.600 kilómetros de vías, 163 locomotoras y 11.620 vagones. Un número bajo de personal si tenemos en cuenta la importancia de ese servicio. El objetivo del gobierno con esta privatización es beneficiar a las multinacionales y grandes empresas privadas exportadoras de cereales y productos mineros, para que sigan haciendo suculentos negocios. Pero no podría avanzar en estas medidas sin la anuencia de la burocracia sindical de la lista Verde de Sergio Sasia, secretario de la Unión Ferroviaria, que se beneficiará con un 10% de las acciones y un funcionario en el directorio. Igual que José Pedraza durante el peronismo menemista.

Desde el cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento, la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria y la lista Bordó, llamamos a todos las y los ferroviarios a organizar la lucha para enfrentar la privatización que significa profundizar el saqueo, nuevos despidos y reducción salarial. La única forma de tener un ferrocarril moderno, eficiente y rentable es que se estatice el 100% del sistema que integre el servicio de carga y de pasajeros. Una empresa estatal gestionada por sus trabajadoras y trabajadores y usuarios, que tenga como objetivo la comunicación de todo el territorio nacional, el desarrollo de sus economías regionales trasladando la producción y a las y los trabajadores que levantan este país cada día.


 
 
 
 
 
 

Escribe Ana Valverde, dirigente UTJEL

A pesar de que tenía la posibilidad de prorrogarla por dos años más, el gobierno determinó que el próximo 23 de marzo finalice el plazo para acogerse a la moratoria a todos aquellos que no consigan justificar treinta años de aportes. Esta medida constituye un duro golpe para quienes cumplan con el requisito de la edad (60 años para las mujeres y 65 para los varones), pero no puedan comprobar los treinta años de aportes. La moratoria no es una dádiva del Estado, es la forma de disimular la violación de leyes laborales y previsionales por parte de las patronales. Por eso, eliminarla, generará un gravísimo problema a las y los trabajadores que quieran jubilarse futuramente.

Una gran parte no completa los aportes porque las patronales no realizan los depósitos correspondientes. Además, contratan en negro u ofrecen servicios prestados en un mercado desregulado y precarizado donde las y los trabajadores sufren todo tipo de atropellos. Si esto sucede en la industria y en las grandes empresas, imaginen lo que pasa con un trabajador rural, una empleada en casa de familia, o en trabajos temporales. Por eso defendemos la continuidad de la moratoria, que es para subsanar un problema generado por las patronales y la falta de control de los distintos gobiernos y no por el o la trabajadora.

Pero además, el gobierno ultraderechista prepara una dura reforma previsional, cuyos términos fueron acordados con el Fondo Monetario Internacional. La infidencia de ese proyecto que el gobierno quería ocultar en un año electoral, es lo que acaba de provocar la expulsión del titular de la Anses, Mariano de los Heros. “Voló por los aires” dijo Milei aduciendo que un funcionario de “segunda línea” no podía deschavar los malignos planes del gobierno.

Echaron a de los Heros y designaron a Fernando Bearzi, un ejecutivo de la firma offshore Noctua International WMG, constituida en las Islas Caimán, de la que Luis “Toto” Caputo fue accionista. Noctua es una firma que se utilizó para administrar fondos de inversión. Bearzi que era asesor financiero de Noctua, según consta en la filtración Paradise Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ahora va a dirigir la Anses. No nos extraña que con la misma liviandad que promociona la estafa de las cripto monedas, Milei ponga un zorro a cuidar del gallinero.

Llamamos a la unidad de las organizaciones que representamos a las y los jubilados a mantener y acrecentar la movilización, exigiendo de la CGT y las CTA que se sumen a la misma en defensa de la prorrogación de la moratoria y que la Anses y el PAMI sean devueltos a sus legítimos dueños: las y los trabajadores activos y las y los jubilados y pensionados y no entregado a un agente de fondos buitres.

Escribe Mariano Barba

Con la presencia de una delegación encabezada por nuestra diputada nacional de Izquierda Socialista Mónica Schlotthauer y de Pablo Almeida, delegado general de ATE Ministerio de Economía, acompañamos al Polo Obrero en la conferencia de prensa realizada en los tribunales de Comodoro Py, para repudiar el juicio contra más de diez dirigentes sociales, entre los que se destaca Eduardo Belliboni, quienes son acusados por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita por los delitos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión”. Desde noviembre del año pasado, el magistrado dio por cerrada la instrucción impidiendo que el Polo Obrero presente decenas de testigos y entregue pruebas que derrumben algunos elementos importantes de la acusación. Están negando el derecho de defensa, derecho básico para poder afrontar un ataque judicial y político de tal magnitud. No solo se cometió esta arbitrariedad, sino que también desde el Polo Obrero solicitan el apartamiento del fiscal por la comprobación de que giró parte el texto de elevación a juicio a la producción del programa de Luis Majul, antes que las partes fueran notificadas. Una verdadera componenda con los periodistas voceros incondicionales de Javier Milei y Patricia Bullrich.

En la conferencia de prensa decenas de adherentes al Polo Obrero llevaron su testimonio desmintiendo la posición del fiscal y reclamando el fin de la persecución a la organización y la restitución de los alimentos a los comedores populares.
Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con las y los compañeros del Polo Obrero y acompañamos las acciones públicas de denuncia de este juicio amañado y persecutorio.