Escribe Iván Blacutt, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad Jujuy

En los primeros diez días del 2024 se reportó un aumento de la persecución y la criminalización de la protesta en Jujuy. Las medidas atacan a sindicatos, referentes sociales y políticos y a comunidades originarias.

Marcelo Nahuel Morandini y Humberto Roque Villegas están detenidos por 60 días por haber tuiteado un rumor sobre el ex gobernador Gerardo Morales, un claro hecho de cercenamiento a la libertad de expresión.

El gobierno provincial, con complicidad de la justicia, busca aleccionar a las organizaciones sociales, políticas y sindicales, que se están movilizaron desde la repudiada reforma de la constitución provincial, impulsada por Gerardo Morales y apoyada por el peronismo. De esta rebelión popular del 2023 quedó un saldo represivo importante, ya que muchas personas fuimos imputadas, multadas y hasta encarceladas. En estos días también se aceleraron nuestras causas, fuimos notificados, y pretenden llevarnos a un juicio acelerado.

Esta misma semana siete mujeres pertenecientes a la Comunidad Kolla de Caspala fueron imputadas por la fiscalía N⁰ 5 de Humahuaca por “daños agravados, robo agravado y usurpación”, en otra causa armadas, y que nació de la defensa de un predio ancestral que el gobierno de la provincia pretende expropiar a la comunidad.

Por último, el viernes 5 pasado delegados del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), asistieron al municipio de San Salvador para reclamar que el Intendente radical Jorge Chuli, cumpliera con el compromiso del pase a planta permanente de trabajadores precarizados, pero la jornada finalizó con denuncias penales, por la que se habría librado el pedido de detención de prácticamente toda la comisión directiva del sindicato.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad exigimos la inmediata libertad Morandini y Roque Villegas. Exigimos la misma celeridad a la justicia para el esclarecimiento de la amenaza de muerte a la diputada del FIT Unidad Natalia Morales. El cese de toda persecución y hostigamiento a la oposición del gobierno radical de Sadir-Morales en Jujuy. ¡Que caigan las causas armadas a los luchadores sociales!

Escribe Mariano Barba

El lonko Jones Huala fue extraditado nuevamente a Chile el jueves 4 de enero. En el año 2018 fue condenado a nueve años de prisión en Chile por actos incendiarios  y uso de armas ilegales nunca probados, pena que fue reducida a seis años. Cuando le faltaba menos de un año para cumplir la pena, Huala viajó a instalarse en nuestro país, en la zona de Mascardi, lugar de asentamiento de su comunidad mapuche, donde fue nuevamente detenido hace un año atrás por la policía de Rio Negro a pedido del gobierno chileno.  La semana pasada, Interpol y la policía federal argentina lo extraditaron nuevamente a Chile para que termine de cumplir la condena. Lo hicieron con un operativo cinematográfico, mostrando la hostilidad contra el pueblo mapuche, sus líderes y la intención de los gobiernos y el estado de Argentina y Chile por perseguir, más allá de las fronteras, a los pueblos originarios que defienden los reducidos territorios que logran mantener con lucha y en condiciones totalmente inferiores ante las instituciones jurídicas burguesas y las fuerzas de represión. Desde Izquierda Socialista repudiamos la detención y apoyamos el pedido por la inmediata libertad de Jones Huala mientras continuamos con el apoyo a los reclamos territoriales de las distintas comunidades originarias.

Ante el resultado electoral en nuestro país de la fórmula Milei-Villarruel, un sector político abiertamente negacionista del genocidio, de las y los 30.000 y que reivindica la dictadura cívico-militar-eclesiástica, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en reunión plenaria, se declara en estado de alerta y movilización en contra de la impunidad y en defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy.

Como medida inmediata, resolvemos acompañar en forma activa la próxima ronda de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, que se llevará a cabo este jueves 23 de noviembre a las 15.30 horas en la Pirámide de Mayo. Como desde hace décadas, y con total independencia de todos los gobiernos y del Estado, ¡seguimos en las calles!

Escribe Juan José Gauna, dirigente de Izquierda Socialista Villa Gobernador Gálvez, ex militante del PST secuestrado por la dictadura

El pasado 13 de noviembre comenzó en la ciudad de Rosario el juicio a los responsables de la represión del Villazo, una medida antiobrera ordenada por el gobierno peronista de Isabel Perón, que ya había puesto en marcha la Triple A, con centenares de asesinados.

El objetivo del peronismo era terminar con la seccional rebelde de la UOM de Villa Constitución, que se convertía en un poderoso ejemplo para millones de trabajadoras y trabajadores que enfrentaban a la burocracia sindical en todo el país.

Como militante del glorioso PST, participé personalmente en el apoyo a esa pelea, y en mi casa se realizaron varias reuniones del comité de lucha perseguido*.

Este juicio es la conquista de una pelea de muchos años contra la impunidad. Aunque, lamentablemente, no se realizará en Villa Constitución, en un lugar abierto, donde miles de trabajadores puedan conocer de primera mano aquella represión genocida contra la clase trabajadora, con secuestrados, torturados, y asesinados.

Veinte militares, policías, responsables de los secuestros y asesinatos serán juzgados. Y, lo novedoso es que también estarán en el banquillo dos ex gerentes de Acindar que facilitaron información y prestaron las instalaciones de la fábrica para la represión. Esta causa cuenta sesenta y nueve víctimas de diversos delitos, entre ellos once asesinatos.

Luego del triunfo del ultraderechista Milei y la defensora de genocidas Villarruel crece la importancia de esta causa por juicio y castigo a los asesinos y sus cómplices. Por eso, durante noviembre y diciembre tenemos que redoblar la campaña por Justicia para los trabajadores del Villazo.

* Para profundizar el conocimiento de aquella heroica lucha, recomendamos leer "Comenzaba hace 40 años la heroica huelga de Villa Constitución"
 

Desde Izquierda Socialista, con la diputada neuquina Blanca López y el concejal electo José "Pepe" Benegas, nos hicimos presente en los tribunales de Fiske Menuko (General Roca – Rio Negro) para acompañar a la familia de Rafita Nahuel, asesinado por los prefectos en la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi el 25 de noviembre de 2017. La diputada señaló: "Vinimos a fortalecer y respaldar a la familia de Rafael Nahuel porque se está preparando una defensa de los prefectos asesinos para que queden impunes o solo cumplan una condena leve, de cinco años, cómo lo pretende, vergonzosamente, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, mientras que la querella solicita prisión perpetua y la defensa la absolución de los prefectos”.

A su vez, el concejal Benegas agregó: "Repudiamos a todos los jueces que intervinieron en la causa a lo largo de estos seis años porque prepararon el camino judicial para que no pueda ser identificado con claridad cuál de los prefectos acusados fue el que mató de un tiro por la espalda a Rafita. Por eso todas las organizaciones exigimos perpetua para los cinco acusados".

Con la presencia de varias organizaciones sociales y sindicales, entre ellas Angélica Lagunas, Angélica Cano y Laura Eggers de Aten Capital, la dirigencia de la Unter (docentes de Rio Negro) y partidos de izquierda, se desarrolló la última audiencia donde se juzga a los asesinos del joven mapuche. Están procesados cinco integrantes del grupo Albatros: Juan Obregón, Sergio García, Sergio Cavia, Carlos Sosa y Francisco Javier Pintos (como el más probable tirador), acusados del delito de «homicidio agravado en legítima defensa». Al poner “legítima defensa” preparan la impunidad. La querella solicita prisión perpetua y la defensa de los asesinos su absolución.

Recordemos que Rafael Nahuel tenía 22 años cuando fue asesinado por un disparo de arma de fuego reglamentaria de Prefectura Naval Argentina del grupo Albatros en medio de un ataque armado a la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, Rio Negro, cercano a la ciudad de Bariloche. La intervención de las fuerzas federales había comenzado dos días antes cuando efectivos ingresaron a las tierras que habían sido recuperadas por la comunidad mapuche. Algunos mapuches pudieron escapar hacia las montañas mientras los Albatros atacaron con balas de plomo contra un grupo que se encontraba refugiado, así mataron a Rafael Nahuel por la espalda e hirieron a otras cuatro personas.

En ese momento desde el gobierno nacional de Mauricio Macri optaron por hacer propia la versión de Prefectura e intentaron instalar que los agentes fueron atacados y hubo un supuesto enfrentamiento. Cuestión que fue desmentida por las pericias ya que ningún miembro de la comunidad tenía restos de pólvora en sus manos, y mucho menos las niñas, niños y mujeres que fueron detenidas y precintadas en el operativo. Hoy fue la última audiencia y posiblemente el 29 de noviembre se dictara el veredicto del juicio. Allí estaremos acompañando a la comunidad mapuche y la familia de Rafita.

*Foto de portada: Diputada Blanca López y Concejal "Pepe" Benegas en los tribunales de General Roca.