Escribe José Castillo

El intento de denunciar a nuestro diputado nacional Juan Carlos Giordano Izquierda Socialista /FIT Unidad catalogándolo de “antisemita”, e incluso “nazi”, por sus críticas a la política genocida del Estado de Israel no es novedoso. Es parte de una campaña que, desde hace años, el sionismo viene llevando adelante en todo el mundo para acallar las cada vez mayores condenas a las acciones criminales contra el pueblo palestino.

Sin embargo, así como se acumulan las denuncias, también se suman los fallos rechazando la falsa equiparación de antisionismo con antisemitismo. En nuestro país tenemos el antecedente de la Cámara Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en un fallo de 2016 dictaminó con toda claridad que “criticar a Israel y sus políticas, por más duros que sean los términos que se empleen, no puede en ningún caso ser considerado un acto de discriminación racial o religiosa y por lo tanto no es pasible de persecución penal”.

En ese fallo, los jueces Marcelo Vázquez y Elizabeth Marum dejaron en claro qué es específicamente el antisemitismo: “Cuando una agrupación política promueva ideas de superioridad racial o religiosa, o cuando se alentare o incitare la persecución o el odio contra una comunidad –en este caso la judía– en virtud de su religión, raza o nacionalidad”. Algo totalmente opuesto a lo que planteamos quienes condenamos la masacre sionista sobre el pueblo palestino.

El tercer juez de la cámara, José Saéz Capel, adhirió a las mismas conclusiones que sus colegas, pero introdujo otros elementos más claros aún. Distinguió entre comunidad judía y Estado de Israel por tratarse de entes distintos: “Si una comunidad es un conjunto de personas vinculadas por intereses comunes, un Estado es una organización política compuesta de poder, territorio y población. Un Estado no puede nunca ser objeto de discriminación porque no es una ‘comunidad’”. Y concluye: “Cuestionar la política exterior de un Estado nación, en modo alguno implica discriminación racial o religiosa”. Y recuerda, para apoyar sus afirmaciones, al llamado Informe Goldstone, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en 2009 expresamente señaló la violación de los derechos humanos por el Estado de Israel en sus bombardeos a Gaza.

La definición de antisemitismo de IHRA

El año pasado, el gobierno de Alberto Fernández, buscando congraciarse con el gobierno de Netanyahu, aprobó la definición de antisemitismo de 2016 de la denominada Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Aclaremos que esta alianza, a pesar de que su nombre puede llevar a confusión, no es una organización de víctimas del Holocausto ni reúne a las más importantes personalidades que por décadas han luchado para mantener viva la memoria de los crímenes nazis. Por el contrario, la IHRA es un ente intergubernamental formado por 31 países, sobre el que ejerce lobby el Estado de Israel buscando que los distintos  gobiernos “adhieran” a su definición de antisemitismo para equipararlo con antisionismo.

Cuando el gobierno de Alberto Fernández se sumó a esa definición, la Cátedra Libre de Estudios Palestinos “Edward Said”, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, envió una nota al Inadi  solicitando que “adopte las medidas necesarias para evitar que la adhesión argentina a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IHRA (Res. 114/20 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) sea utilizada como un recurso para perseguir la libertad de pensamiento, expresión y acción de todos aquellos que defendemos los derechos inalienables del pueblo palestino y nos oponemos, en consecuencia, al movimiento nacionalista extremista conocido como sionismo”.

La cátedra explicaba, ya en ese momento, las intencionalidades políticas que se intentarían poner en juego haciendo uso de esa definición. Así, señalaba en su texto: “El titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, Sr. Jorge Knoblovitz, no tardó un día en manifestar ‘antisionismo debería ser equiparado desde ahora con antisemitismo’. A su vez, el presidente de la Organización Sionista Argentina, Sergio Pikholtz, declaró: ‘Para que lo comprendan todos: los ataques a Israel, en tanto país judío, y al sionismo, movimiento de liberación nacional del pueblo judío, son en definitiva antisemitismo y judeofobia’. Por último, el Sr. Claudio Avruj, ex secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, sostuvo abiertamente en el diario La Nación que ‘antisemitismo y antisionismo son lo mismo, para que no queden dudas’”.

Antecedentes europeos

El debate tiene antecedentes internacionales. En el año 2020, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó una sentencia señalando explícitamente que no se puede criminalizar la campaña de boicot contra Israel. Fue el fallo “Baldassi and others”, cuando se intentó condenar a once activistas franceses que realizaban campañas pidiendo el boicot contra productos israelíes. El fallo señaló que criminalizarlos violaba el derecho a la libertad de expresión.

Comentando este fallo, Marco Pergolini, investigador de Amnesty International, la organización internacional de derechos humanos más reconocida del planeta, señaló: “La decisión histórica de hoy sienta un importante precedente que debería poner fin al uso indebido de leyes contra la discriminación para atacar a activistas que hacen campaña contra las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel contra la población palestina”.

Seguiremos denunciando los crímenes sionistas y defendiendo a una Palestina libre

Defendemos nuestro derecho inalienable a continuar apoyando al pueblo palestino y a denunciar una y mil veces los aberrantes crímenes del sionismo. Igual que lo hacemos con todas las causas de los oprimidos en el planeta. Del mismo modo en que, en los tiempos de Hitler, los socialistas revolucionarios, con León Trotsky a la cabeza, condenamos y enfrentamos con las armas en la mano al nazismo mientras gobiernos y empresas transnacionales negociaban con él o, peor aún, amasaban fortunas sobre los cadáveres de seis millones de víctimas judías del holocausto.

La asamblea de la Federación Italiana de Trabajadores del Transporte (FILT) se pronunció, en su sesión del 17 de junio, en solidaridad con Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista de la Argentina, integrante del Frente de Izquierda (FIT-Unidad), ante el ataque calumnioso recibido por el sionismo argentino a raíz de haber expresado desde el Parlamento su solidaridad con el pueblo palestino ante los bombardeos del Estado sionista de Israel en la Franja de Gaza.

La moción fue presentada por Lukas Tremaliti Galluccio, miembro del comité de dirección de la FILT-CGIL. La Federación de los Trabajadores del Transporte, de Italia, abarca a todos los sectores de la industria de transporte: ferroviarios, marítimos, portuarios, logística, transporte público y aviación civil. En la asamblea estuvo presente Maurizio Landini, secretario general de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL).

Escribe Graciela Calderón, secretaria adjunta del Suteba La Matanza

La semana pasada, la más fría del año, el gobernador bonaerense decidió seguir convocando a la docencia y los estudiantes a clases presenciales. Además, con escuelas en pésimo estado, sin gas ni buenas condiciones de infraestructura. Esto fue repudiado por las conducciones multicolores de la provincia.

Buenos Aires no es la única. Además de la CABA de Larreta, de Cambiemos, siguen sufriendo esta política criminal la docencia y la comunidad de la provincia de Córdoba bajo el gobierno peronista de Schiaretti. Y varias más. En Neuquén, el gobernador del MPN, Gutiérrez, “anunció” que se retomaba la presencialidad, pero las escuelas siguieron vacías porque no había condiciones edilicias ni sanitarias para volver.

Reproduzco aquí parte de la declaración que aprobamos en Suteba La Matanza, que ratifica nuestra postura de parar contra esta política irresponsable de Kicillof, del gobierno nacional y de numerosos gobernadores.

“Los números de la pandemia en Argentina indican que la situación está lejos de normalizarse como el gobierno pretende presentar: 4.300.000 contagios que nos colocan 12° a nivel mundial, 89.043 fallecidos (8°), la mitad de los fallecidos (45.000) son de la provincia de Buenos Aires, donde se concentra solamente el 38% de la población. Los contagios ascienden a 1.800.000. Datos que nos ubican lejos de la ‘normalidad’ para imponer una presencialidad sin condiciones, como pretende Kicillof, con el acuerdo especialmente de la conducción celeste del Suteba de Baradel.

La falta de condiciones fue evidenciada por la enorme cantidad de escuelas que no podían iniciar las clases por la falta de calefacción o de condiciones generales de infraestructura.

La lenta vacunación en la docencia, donde recién el 45% de las docentes están siendo citadas para recibir la primera dosis.

Desde los Suteba Multicolor rechazamos el regreso apresurado a la presencialidad. Antes deben bajar efectivamente la circulación del virus y los contagios, se tiene que completar la vacunación de docentes y auxiliares y avanzar seriamente en la vacunación del conjunto de la población.

Kicillof debe aumentar el presupuesto y realizar todas las reparaciones y obras de infraestructura necesarias. Y tiene que pasar el momento de peores condiciones climáticas. Mientras, es necesario que garantice conectividad y dispositivos gratuitos para estudiantes y docentes, se desdoblen los cursos superpoblados y se nombre todo el personal docente faltante para terminar con la sobrecarga laboral y dar una salida a la creciente desocupación docente. Cientos de miles de alumnos y sus familias están en creciente pobreza, es urgente la restitución del IFE al valor de la canasta básica. La inflación hace estragos con nuestro poder adquisitivo y es urgente la reapertura de la paritaria salarial”.

Por eso hemos resuelto continuar enfrentando la presencialidad sin condiciones y seguir adelante con nuestro plan de lucha por el conjunto de demandas.

Además de asambleas entre docentes y familias, estamos realizando relevamientos por escuelas con fotos, videos, petitorios que muestren y denuncien la realidad de las escuelas bonaerenses. Continuamos con la suspensión de clases presenciales y la retención de servicios presenciales.

Llamamos a toda la docencia a organizarse y a exigirles a Kicillof, a Fernández y a cada gobernador donde corresponda, que dejen de jugar con la salud y la vida de docentes y familias por especulaciones electorales y por negarse a invertir lo necesario para que pueda haber una educación virtual coherente y masiva. Que inviertan en infraestructura escolar para poder volver a escuelas dignas. Que garanticen aumento salarial y nombramientos. También llamamos a reclamar a los dirigentes de Suteba, Ctera y los gremios provinciales a que dejen de apoyar todo este ajuste en educación y esta política sanitaria irresponsable y llamen a asambleas y a una medida de fuerza nacional.

Escribe “María”, trabajadora del Polo de la Mujer

En Córdoba, hace años es conocida la permanente lucha que las trabajadoras del Polo de la Mujer llevamos adelante por mejoras en nuestras condiciones laborales. Quienes trabajamos todos los días con las decenas de mujeres que buscan escapar de las diferentes situaciones de violencia machista y patriarcal, sabemos que el “Ni una menos” no puede existir sin presupuesto, y que las condiciones de trabajo de quienes allí nos desempeñamos repercute directamente en las mujeres que acompañamos.

El Polo de la Mujer se creó a partir del triunfo de la lucha del movimiento de mujeres, que luego del primer 3J en 2015 obligó al gobierno de Schiaretti a dar alguna respuesta para frenar las inmensas movilizaciones que se levantaban en contra de los femicidios y la violencia machista. Lamentablemente, el gobierno de Córdoba no está preocupado por la situación de las mujeres, ya que termina haciendo de este espacio una cáscara vacía donde no se destina el presupuesto suficiente y se mantiene a sus trabajadoras en la más absoluta precarización.

Las trabajadoras del Polo de la Mujer venimos luchando para pasar a planta permanente, para tener salarios acordes a la canasta familiar, para que se reconozca nuestra tarea de riesgo, al mismo tiempo que somos parte de las inmensas luchas del movimiento feminista. Es así que, de la mano de la Asamblea Ni Una Menos Córdoba, el 8 de marzo de este año salimos a las calles exigiendo mejores condiciones, así como aumento de personal para poder dar respuesta a la creciente demanda. Conseguimos que se incorpore a catorce trabajadorxs, que al mes fueron despedidxs de modo arbitrario. Al mismo tiempo, las trabajadoras estábamos realizando paros de dos horas por turno pidiendo aumento salarial de emergencia, a lo cual el gobierno de Schiaretti, junto con la ministra de la Mujer, Claudia Martínez, respondieron con traslados compulsivos y persecución política a quienes luchamos.

Sin embargo, una vez más, producto de nuestra lucha, de la organización en asamblea y del permanente apoyo y solidaridad de la Asamblea Ni Una menos, el pasado 3J se realizó una gran movilización que finalizó en la puerta del Ministerio de la Mujer, logrando que el día 16 lxs compañerxs despedidxs fueran reincorporadxs a sus lugares de trabajo.

Con este nuevo triunfo confirmamos que la única salida para conquistar nuestros derechos es la organización de las trabajadoras en asamblea, realizando acciones en las calles, apostando al acompañamiento y coordinación con otrxs trabajadorxs estatales y con el conjunto del movimiento de mujeres y sectores que se sumen a nuestra lucha. Este nuevo triunfo nos permite continuar más organizadas aún para seguir luchando por el pase a planta de todas las trabajadoras, con salarios acordes a la canasta familiar, así como por el reconocimiento de la tarea de riesgo psicosocial.

“De la bronca y el dolor nacerá la unión”, manifestaron los doscientos cuarenta y cinco trabajadores y trabajadoras de la fábrica Digital Fueguina, que se encuentra tomada desde el 7 de mayo por la falta de pago de dos meses de sus haberes, sin aportes jubilatorios, sin cuota alimentaria y, algunos, sin obra social. Y, ante el peligro de cierre, luchan también por defender su fuente de trabajo.

“Después de varios días de tratativas –relata un delegado– entraron a trabajar y se encontraron con la fábrica sin directivos y sin personal de seguridad, por lo que decidieron realizar la toma”.

Hace varios meses, la empresa les informó que no podía pagar los sueldos y que estarían analizando el traspaso de la firma a otros accionistas. Ante el Ministerio de Trabajo, la patronal se comprometió a cumplir, en el marco de la Ley de Producción Industrial, con la garantía del gobernador Melella, un acuerdo que no fue respetado.

Digital Fueguina es una fábrica de electrodomésticos del Grupo Garbarino, su presidente es el empresario Carlos Rosales. Este holding cuenta con varias empresas, Tecnosur, Garbarino Viajes y Fiden, una red de doscientos locales y una plataforma de comercialización que solo es superada por Mercado Libre. Siempre fue beneficiada por la Ley de Promoción Industrial, 19.640, con reducción de impuestos y regalías.

Los trabajadores, con mucha fuerza, vienen realizando distintas actividades. Hacen ferias y festivales para recaudar fondos que ayuden a mantener a sus familias. Pero hasta el momento, la patronal no dio ninguna respuesta.

Pasa lo mismo en Ambassador, en Ushuaia, los trabajadores tomaron la fábrica por la falta de pago de los salarios y la defensa de su fuente de trabajo. La empresa, de capitales chinos, se declaró en concurso de acreedores. Ya pasaron dieciséis meses y se  agotaron todas las instancias institucionales, los trabajadores mantienen la toma sin tener respuestas del gobierno. Estamos hablando de una fábrica con alta tecnología que hasta podría fabricar respiradores.

Otra fábrica, AustralTex, se incendió, y quedaron en la calle doscientos treinta operarios. La patronal ofreció pagar 50% de los salarios y se comprometió a reconstruir la fábrica. Por este motivo los trabajadores se movilizaron exigiendo el pago de 100% de los sueldos. La Asociación Obrera Textil (AOT) los traicionó y arregló por 75%, que caerá a 55% por los descuentos. Esto generó una división, algunos trabajadores, por aprietes y necesidades, aceptaron, pero el conflicto se mantiene. El otro sindicato, Setia, sigue reclamando que se pague 100% y el viernes hicieron una olla popular frente la fábrica manifestando su rechazo al acuerdo.

 Mientras tanto, ya hay anuncios en el sector metalúrgico de posibles despidos. Frente a este panorama de profunda crisis social las patronales, la mayoría multinacionales, al ver reducir sus ganancias pretenden que los trabajadores paguen sus crisis con despidos y reducción de salarios.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad y el Plenario del Sindicalismo Combativo fuimos a llevar la solidaridad a todos los conflictos. Todas las luchas tienen en común el reclamo por salarios y la defensa de la fuente de trabajo. Es necesario elaborar un plan de lucha uniendo todos los conflictos desde los cuerpos de delegados y conducciones para exigirle al gobierno que se garantice el pago de los salarios y la fuente de trabajo. Y si las empresas amenazan con cerrar, que sean estatizadas.

Corresponsal