La Junta Interna de ATE Indec calcula, mes a mes, el salario de bolsillo necesario para que un hogar, constituido por una pareja de 35 años con dos menores, logre satisfacer las necesidades básicas.

En enero de 2022, este valor es de $128.832. Incluye $43.452, para adquirir la Canasta Alimentaria Mínima y $85.380 para el resto de bienes y servicios básicos.

Se trata de una canasta mínima, para llegar a fin de mes. Considerando que “ningún trabajador debería ganar menos que este valor”.

Escribe Guido Poletti

El gobierno del Frente de Todos viene preparando el tarifazo en los servicios públicos privatizados (gas, electricidad, transporte), acompañando el que ya comenzó con la suba de los combustibles. Es un secreto a voces que eso es parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional. En concreto, el organismo ha puesto la mira en los 11.000 millones de dólares que el gobierno destina a subsidios a este sector. Exige su reducción, pero como por supuesto el gobierno va a garantizar a las empresas privatizadas que sigan con sus ganancias, quienes terminarán pagando serán los usuarios, el pueblo trabajador, por medio de los tarifazos.

La electricidad y la mentira de la segmentación

El gobierno ya anunció un incremento general de 20%. A eso se sumarán otros aumentos, teóricamente “segmentados” según el poder adquisitivo. Por eso se había dado a publicidad un mapa que afirmaba que el tarifazo pleno sólo alcanzaría a quienes vivían en barrios ricos de CABA y la zona norte del Conurbano. Pero inmediatamente, desde el propio ministerio de Economía se comenzó a decir que con eso solo “no alcanzaría” para cumplir con el recorte exigido por el Fondo. Un reciente borrador del acuerdo con el FMI empezó a mostrar la verdad: ya se habla de otras nueve áreas que también serán alcanzadas por el tarifazo, afectando esta vez claramente a sectores populares.

El aumento del gas

Ya está pautada una suba generalizada de 13%. A esto se le sumarán otras que, al igual que en el caso de la electricidad, deberán alcanzar porcentajes enormes si se quiere cumplir con el recorte exigido por el Fondo.
Acá hay una particularidad. Es quién se queda con “la parte del león” de los subsidios. Se trata de los grandes monopolios de la extracción de gas (que son las mismas que las de petróleo). Empresas locales como Bulgheroni o Techint o, sobre todo, pulpos como la Total francesa, la yanqui Chevron, la china Sinopec o la angloholandesa Shell. Se llevan millonadas a partir de que el gobierno les garantiza un valor a boca de pozo totalmente desproporcionado y por encima de los costos locales.

Las tarifas de transporte y el falso federalismo

El tema de las tarifas del transporte de pasajeros de CABA y el Gran Buenos Aires dio lugar a otro debate. Es cierto que la tarifa es más barata que en el resto del país. Pero también lo es que diariamente millones tienen que recorrer largas distancias, de ida y vuelta, hacia sus lugares de trabajo, usando uno, dos y hasta tres medios de transporte.
El gobierno de Alberto Fernández plantea sacarle los subsidios a los colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires. Supuestamente para destinar ese dinero a un fondo federal de transporte. ¡Mentira! Lo que se busca es seguir ahorrando para cumplir con el FMI. Párrafo aparte para Larreta, que, por supuesto, no piensa en hacerse cargo él de los subsidios, sino directamente trasladarlos con tarifazos al usuario, como ya hizo hace algunos años con el subte.
 
¿Cuál es la salida?

La solución no pasa ni por achicar los subsidios ni por incrementar las tarifas. Mucho menos si la rebaja a los subsidios no es para redireccionar esos fondos para gastos sociales sino para pagarle al FMI.
Hay que romper la trampa entre seguir subsidiando las ganancias de estos pulpos, prestadores a la vez de pésimos servicios, versus subirle la tarifa a los usuarios.
La única salida es la reestatización inmediata de todos los servicios públicos privatizados, bajo gestión de los trabajadores y usuarios, única garantía de que todos esos recursos se vuelquen efectivamente a brindar un servicio de calidad, con tarifas accesibles para todos y populares para quiénes las necesiten.

Escribe Guido Poletti

Muy lejos quedaron las promesas del gobierno de que el acuerdo con el Fondo “no iba a tocar el gasto social”. El ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta lo dijo con todas las letras: se congelaron los ingresos al Plan Potenciar Trabajo. Cuando la realidad es que el programa (que agrupa a la mayoría de los beneficiarios de planes sociales), hoy incluye a 1,2 millones de beneficiarios, cuando todos los cálculos indican que hay por lo menos otros dos millones de personas que están desocupadas y sin ingreso alguno.

El Potenciar Trabajo, sobre el cual hoy el gobierno quiere ahorrar “gasto social” para cumplir los requerimientos del FMI, paga miserables 16.000 pesos por mes, un monto de absoluta indigencia, encima exigiendo una contraprestación de cuatro horas de trabajo. El Frente de Todos ahora habla de reconversión a puestos de trabajo en el sector privado. Una auténtica vergüenza: consiste en ofrecer trabajadores del Potenciar Trabajo a diversas patronales privadas, pagándoles una parte del sueldo (los mismos 16.000 pesos).

Es urgente aumentar el monto del Potenciar Trabajo, hasta que se alcance al menos el valor de la canasta familiar.

Pero la única y verdadera salida para el drama de la desocupación y la miseria es crear trabajo genuino. El que se podría generar con una auténtico plan de obras públicas, empezando con la construcción de viviendas populares. Todo perfectamente financiable con el dinero que hoy se destina al pago de la deuda externa.

Escribe Noelia Agüero, legisladora Córdoba Izquierda Socialista/FIT Unidad

El martes 8 de febrero, durante la masiva movilización contra el acuerdo con el FMI en Córdoba, hubo varios ataques de infiltrados en medio de una zona liberada de presencia policial, provocando heridos y dejando incluso a un joven en terapia. Un hecho muy grave que no puede quedar en la impunidad. El fiscal Garzón culpó a los manifestantes (dijo “enfrentamiento entre ellos”) para desligar de responsabilidad a la policía y al gobierno de Córdoba. En respuesta, el jueves 10 se citó a una conferencia de prensa en Buenos Aires, con posterior marcha a la Casa de Córdoba en CABA. Nuestro diputado electo Juan Carlos Giordano expresó un contundente repudio a estos ataques y la solidaridad con las organizaciones. En Córdoba, el lunes 14 realizamos una gran concentración frente a Tribunales para exigir la urgente investigación y castigo a los responsables materiales y políticos.

Como legisladora presenté un proyecto de declaración en repudio a estos hechos, el cual ha sido aprobado. Aunque intenten amedrentarnos, seguiremos organizados y movilizándonos para enfrentar el acuerdo con el Fondo. Responsabilizamos a los gobiernos provincial y nacional por la integridad de todos los compañeros.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

La décima parte de Corrientes fue arrasada por el fuego. La prolongada sequía en la zona tiene origen en el calentamiento global, pero la violencia de los incendios sólo se explica por las políticas provinciales y nacionales que la hicieron posible.

Dos tipos de imágenes inundaron los medios de comunicación y las redes sociales en estos días: por un lado, las de llamas, los carpinchos y yacarés buscando refugio, bomberos y voluntarios exhaustos, una catástrofe de proporciones históricas; por otro, las de la solidaridad popular, familias acercando insumos, colectas millonarias en redes sociales, lágrimas desde cuarteles de bomberos como los de Berón de Astrada que jamás habían contado con un móvil autobomba para sus tareas. En el medio, Alberto Fernández atajando penales en la playa, Gustavo Valdés, el gobernador correntino de Juntos por el Cambio, en el Corsódromo, y años y años de políticas que fueron las brasas de este desastre.

Sequía y agronegocio, cóctel incendiario

Según señalan especialistas, la sequía más intensa desde el 2002 a la fecha que padece la zona es fruto del fenómeno climático “La Niña”. Un evento que tenderá a hacerse más habitual a medida que avance el calentamiento global, en el que una variación anómala de la temperatura del mar termina generando en la zona centro-oeste de Argentina vientos del norte más cálidos y altas temperaturas, como las que atravesamos en enero con cifras récord. Sus consecuencias ya habían quedado claras con la bajante histórica del río Paraná. Pero por sí solo esto no explica los incendios: al menos tres intervenciones de las patronales del agronegocio fueron necesarias.

Primero, la multiplicación de la superficie forestal a base de introducción de especies exóticas (pinos, eucaliptos) que pasó de 142 mil hectáreas en 1994 a 516 mil en 2019. Se trata de una práctica que inserta en humedales especies cuyo monocultivo desertifica su entorno, al servicio de las ganancias de empresarios como Hugo Sigman a través de Pomera Maderas, o por caso de la Universidad de Harvard, que es propietaria de 87 mil hectáreas, parte de ellas incluso dentro del territorio “protegido” de la Reserva Provincial Iberá. La velocidad del fuego en estas plantaciones es 30 veces superior a su capacidad de despliegue en bosques nativos.

Segundo, la archiconocida práctica de eliminar humedales y bosques nativos para cambiar el uso del suelo, a pesar de estar esto prohibido por la Ley de Manejo del Fuego. A lo ya dicho de la industria maderera, se suma la búsqueda de extensión de la frontera ganadera. Digamos de paso, que el gobierno anunció que giraría unos 500 millones de pesos a los productores afectados, sin que nada impida que esos fondos no sean puestos al servicio de cerrar este círculo y fomentar las mismas actividades que abrieron paso a los incendios.

Tercero, el lobby. Cuando en el Congreso Nacional empezó a avanzar el debate de la Ley de Humedales en 2020, en el Senado Provincial, peronistas y radicales, votaron una declaración en rechazo. Lo hicieron a coro de la declaración de la Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria, entre otras) que se pronunciaba en contra a partir de afirmar que respecto de sus explotaciones “no existen evidencias objetivas que demuestren algún daño provisorio o irreparable sobre los humedales”. ¿El 10% de la provincia reducido a cenizas será ahora suficiente evidencia empírica?
Así las cosas, el fuego dibuja dramáticamente con sombras una realidad: cajonear la Ley de Humedales fue un crimen ambiental. El gobierno del Frente de Todos es el principal responsable.

Solidaridad y movilización popular

En este contexto, la militancia peronista en redes sociales se lanzó a atacar al influencer, Santi Maratea, por la enorme colecta que organizó desde su cuenta de Instagram. Les molestó que Maratea visibilizara departamentos de bomberos de la provincia a los que les faltaba de todo para hacer frente a los incendios. Y es que éste era el elemento que faltaba para que el infierno se desatara: el desfinanciamiento permanente de los sistemas de combate del fuego, el incumplimiento universal por parte de todos los gobiernos de la Ley de Bosques, un Estado nacional que todos los meses tiene un incendio devastador en alguna provincia y sigue sin contar con una flota de aviones hidrantes que dé una respuesta inmediata.

Es clave que la solidaridad masiva de estos días se combine también con la movilización. Desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) se va a acompañar las convocatorias de la Asamblea Provincial Basta de Quemas de Corrientes que está impulsando acciones exigiendo una respuesta presupuestaria a la altura de la situación desatada y denunciando las políticas que nos trajeron hasta acá. Ambiente en Lucha, como parte de la coordinadora BFS, llamamos a participar y reclamamos un vuelco masivo de recursos urgente para que el freno a los incendios no dependa en un 100% de la llegada de la lluvia.

Los medios oficialistas culpan al gobierno provincial, los medios opositores macristas al gobierno nacional. Lo cierto es que ambos son responsables. La catástrofe correntina demuestra que los partidos patronales hablan mucho del cambio climático, pero lejos de estar tomando medidas para hacer frente a esa realidad, están generando todas las condiciones para que sus consecuencias sean aún más devastadoras. Con esa conclusión política mediante, se impone también seguir peleando por una alternativa de fondo, que proponga romper con el FMI, y dejar de tener una economía atada al dólar del agronegocio para pagar la deuda, para pasar a planificar una transición económica y productiva al servicio de las mayorías populares y en armonía con la naturaleza.