Escribe José Castillo

“No hay motivos para otorgar otro IFE”. Esta afirmación increíble salió hace apenas diez días de la boca del mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández. Con la pobreza por arriba del 42% y en medio de la segunda ola del coronavirus, ahora el gobierno del Frente de Todos intenta tapar el ostensible ajuste sobre las partidas sociales con el otorgamiento de un bono de 15.000 pesos a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los monotributistas de las categorías más bajas (A y B), que residan en el AMBA. Según declaraciones de la titular de la Anses Fernanda Raverta, esto alcanzará a “casi” un millón de personas, por un monto total de 13.900 millones de pesos.

Para ilustrar la insuficiencia de la medida, basta con compararla con el IFE que se pagaba el año pasado. Este alcanzaba a nueve millones de beneficiarios, y aún siendo extremadamente insuficiente, implicó que el estado gastara 90.000 millones de pesos por cada cuota del mismo (fueron tres, por un monto total de 270.000 millones). Los números saltan a la vista: ahora se está destinando para el bolsillo del pueblo trabajador afectado por la pandemia ¡18 veces  menos! Y será  cobrado por 8 millones de personas menos.
Todo esto es parte del ajuste que se plasma en el presupuesto nacional de este año, redactado a pedir de boca del FMI, para mostrarle a este organismo el “ahorro” que permitiría reducir el déficit fiscal y así garantizar los pagos de deuda.
Los números ya van quedando a la vista: la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional   muestra que el gasto destinado a las asignaciones familiares y por hijo se redujo 15,5% en términos reales (teniendo en cuenta la inflación) en los tres primeros meses de ese año, comparados con igual período de 2020.

El Frente de Todos quiere esconder estos datos diciendo que dicho retroceso fue “compensado”con el aumento de otras partidas sociales. Pero es una vulgar mentira. Veamos: para planes sociales (programa Potenciar Trabajo) se destinó 31.912 millones de pesos, para políticas alimentarias 29.251 millones, al Repro II 14.012 millones y a salarios complementarios 10.296 millones. Todo sumado da 85.471 millones.¡Menos que una sola cuota del IFE, borrado de un plumazo en 2021!

La pandemia social arrecia y la segunda ola del coronavirus se agrava día a día. Es más urgente que nunca terminar con este ajuste a las partidas sociales, implementando un salario social de emergencia para todo el que lo necesite de 59.000 pesos. Con la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa o con un impuesto a las grandes fortunas de verdad (a diferencia del actual) alcanzaría y sobraría para financiarlo.                                       

Se realizó la reunión de Mesa del Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC), donde resolvimos, entre otras definiciones, convocar ampliamente a todos los sectores en lucha a una acción el próximo 27 de abril, día en que se reúne el Consejo del Salario, para presentar los reclamos de los trabajadores y denunciar el pacto de la burocracia sindical con el gobierno y las patronales.

Y el sábado 17 se realizó el encuentro de Madygraf, organizado por el PTS con el apoyo del MST, como “encuentro de luchas”. Como denunciamos anteriormente, este encuentro, no fue propuesto al PSC para buscar sumar la mayor unidad de los que luchan. Somos una coordinación que existe hace años, con un programa contra el ajuste patronal, con figuras y sindicatos combativos y un accionar incuestionable de apoyo a las luchas. En realidad, este Encuentro fue un intento del PTS de acercar luchadores al MAC, contra el PSC. El PTS puede hacer todos los encuentros y acciones que quiera, pero es absurdo disfrazarlos frente a los activistas como “encuentro de las luchas” y, encima, criticando al PSC, del cual es parte hace unos meses.

La principal crítica del PTS hacia los encuentros del PSC es que “ponemos cupos” de oradores. Por supuesto, como en cualquier asamblea obrera, en este encuentro también hubo cupos, límites de tiempo de intervención, desnudando la demagogia del PTS. Aunque se pasó de raya: dio tres minutos y luego dos a los oradores (no así a las intervenciones de sus dirigentes y del MST) y no permitió el saludo que le solicitó a Izquierda Socialista, dejando esperando tres horas a la dirigente ferroviaria y diputada del FIT Unidad Mónica Schlotthauer. Al PO sólo le dio 3 minutos.
Es una política errada armar pequeñas reuniones aisladas y enfrentadas al PSC. Lamentablemente, el PTS tiene otra comprensión del PSC, se integró formalmente, pero sigue con su política de disputa y divisionismo, que en nada ayuda a la coordinación y unidad de los que luchan. Por eso los llamamos a la reflexión para que desistan de este tipo de acciones mezquinas y divisionistas y se integren leal y plenamente al PSC.

Los principales dirigentes del PSC hicieron un llamado unitario a los luchadores del encuentro para que convoquemos juntos a la acción en el Consejo del Salario del día 27, porque necesitamos la mayor unidad para enfrentar los ataques del gobierno.

Corresponsal

Escribe Martín Fú
 
El anuncio de las nuevas medidas ha puesto nuevamente en lugar central el papel de las fuerzas de seguridad. En marzo de 2020, cuando comenzó a regir el aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO), los casos de violencia institucional y la represión aumentaron estrepitosamente a pesar de la menor circulación en las calles. Informes de la Correpi y Amnistía Internacional desnudaron el alto impacto represivo que tuvo, principalmente en la juventud. Desde marzo hasta agosto de 2020, se registraron noventa y dos asesinatos a manos del aparato represivo estatal.

Detenciones arbitrarias seguidas por excesos como apremios ilegales, casos de gatillo fácil, desapariciones o simulación de enfrentamientos fueron el resultado de procedimientos que buscaban “hacer cumplir la cuarentena”. El caso de Facundo Astudillo Castro, ocurrido en abril de 2020, detenido por un control policial y luego desaparecido, mostró la “mano dura” de la policía bonaerense de Berni y Kicillof –a la cabeza en la cantidad de casos–, lo que también se replicó a lo largo del país por las policías provinciales y fuerzas como Gendarmería, Prefectura, la Federal o la PSA.

La pandemia no se combate con más policías o gendarmes en las calles. Que la violencia institucional no alimente la otra pandemia, la de los crímenes contra el pueblo trabajador.

Escribe Martín Fú

En una rosca política entre el Frente de Todos y la oposición patronal de Juntos por el Cambio se llegó a un acuerdo sobre las PASO. Las van a postergar un mes, de agosto a septiembre, empujando en plena pandemia a millones a ir a votar dos veces este año. Encima, son unas PASO donde no se elige nada definitivo e imponen un filtro de 1,5% de los votantes para pasar a las generales en un claro intento proscriptivo hacia la izquierda. Por esto atento a ello es que las rechazamos desde su implementación. Mucho más este año en plena pandemia y saturación del sistema hospitalario. Desde su aplicación en 2009 en pleno gobierno peronista kirchnerista las hemos denunciado como un intento más de dejar a la izquierda fuera de las elecciones. Así lo volvió a denunciar nuestro diputado Giordano en el Congreso en la reunión con el ministro Wado De Pedro junto a otros bloques. Y anunció en esa reunión la presentación del proyecto de ley de su bloque de Izquierda Socialista, planteando la suspensión de las mismas “y su eliminación”. Lamentablemente PTS nuevamente vuelve a defender las PASO. Así lo dice el diputado Nicolás Del Caño: “El debate alrededor de las PASO lo vemos como un oportunismo de los gobernadores peronistas y de los gobiernos de Cambiemos, que pretenden cambiar las reglas de juego a último momento en función de su conveniencia política.” (La Nación,26/03/2021). Como si el problema fuera un supuesto “cambio de reglas” -al trasladarse solo la fecha en donde se las realizará- y no en el piso proscriptivo contra la izquierda.

Llamamos a PTS a rever esta equivocada postura. La realización de las PASO en este contexto obedece puramente a especulaciones electorales y a acomodar las internas de las dos variantes patronales. No existe ningún “cambio de reglas de juego” entre ellos, sino un pacto. Y si
fuera por eso, la izquierda está para cambiar las “reglas de juego” de los partidos patronales y de este sistema capitalista, que además le imponen a la izquierda un piso del 3% del padrón para entrar en el reparto de bancas o la quita de la personería jurídica si en dos elecciones consecutivas no se llega a obtener los votos del 2% del padrón.

Invitamos a los compañeros del PTS a usar las bancas del FIT para denunciar una vez más a las PASO como un intento proscriptivo, defendiendo el programa del FIT, y no prestarse a maniobras parlamentaristas entre los partidos patronales.

El gobernador peronista Raúl Jalil quiere avanzar con los proyectos megamineros en Andalgalá. Ante la resistencia y la organización de la asamblea de El Algarrobo lanzó una feroz represión, con decenas de detenidos. Exigimos su inmediata liberación y el fin de los proyectos megamineros en la región.

Escribe Guido Poletti
 
La lucha del pueblo de Andalgalá no es nueva. Son dos décadas de resistencia heroica contra el saqueo megaminero. En muchos casos hubo que resistir la represión.

Ahora se ha desatado un nuevo capítulo. Porque este mes de marzo los vecinos del pueblo se vieron obligados a volver a realizar bloqueos a los vehículos de las mineras. Fue la respuesta a una práctica constante por parte de estas empresas y de todos los gobiernos, la de burlar cada una de las disposiciones judiciales u ordenanzas que, mínimamente, regulan la actividad. En esta ocasión, el gobierno provincial aprovechó la pandemia para intentar, una vez más, poner en marcha los proyectos de Agua Rica y Río Colorado. ¡Se llegó hasta a declarar actividad esencial a la megaminería!
Ante los cortes y movilizaciones llevados adelante por las asambleas permanentes, como la de El Algarrobo, se desató una feroz represión que incluyó la virtual “cacería” de sus miembros, con allanamiento de sus hogares y once detenciones. Desde hace días la Gendarmería produjo una virtual militarización de Andalgalá. Las detenciones fueron ordenadas por la fiscal Soledad Rodríguez, ex empleada de la minera Agua Rica, que ahora busca detener a otros catorce integrantes de la asamblea.

Desde Ambiente en Lucha y la coordinadora plurinacional Basta de Falsas Soluciones denunciamos el avance de las políticas represivas del gobernador Raúl Jalil, del Frente de Todos, con la complicidad del gobierno nacional de Alberto Fernández, contra los manifestantes que luchan por sus territorios. Exigimos que se libere inmediatamente a los detenidos y se los desprocese. Por eso participamos este martes de la movilización que se realizó frente al Ministerio de Ambiente exigiendo ¡basta de megaminería y represión!  También se han realizado acciones en solidaridad con los vecinos de Andalgalá en otras ciudades del país. Además los diputados nacionales del Frente de Izquierda Unidad, Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) y Nicolás del Caño (PTS), presentaron un proyecto apoyando la lucha contra la megaminería en Andalgalá y exigiendo el cese de la represión y la liberación de los detenidos.

La lucha de Andalgalá no ha terminado. Continúa y requiere toda nuestra solidaridad. Porque Agua Rica no tiene “licencia social”. Es rechazada por los habitantes de la región que no quieren más saqueo y contaminación. Hoy, como ayer y desde hace veinte años, ¡Andalgalá resiste!