Desde que Macri llegó al gobierno las tarifas de luz subieron 1.000% (diez veces) y las de luz 500% (cinco veces).
Con eso, antes de la devaluación del peso de 111 % de este año, los usuarios (casas y negocios) pagábamos el 70% del costo de generación eléctrica y el 60% del costo del gas. El gobierno les pagaba a las empresas subsidios con los que no sólo terminaban de cubrir los costos, sino que también les generaban elevadas ganancias a las concesionarias de los servicios privatizados.

Pero de acuerdo a los contratos de las privatizadas con el gobierno, los costos de la luz y el gas se calculan en dólares. Por eso al aumentar a más del doble el valor del dólar respecto del peso, los costos de la luz y el gas también subieron más del doble. Y el gobierno, de acuerdo con esos mismos contratos, está obligado a cubrir ese aumento.

Es decir, mientras los salarios de los trabajadores se hunden cada vez más por el peso de la brutal inflación, mientras se recortan cada vez más los presupuesto de salud y educación y los sueldos de los empleados públicos, se gasta cada vez más en mantener las ganancias en dólares de los buitres que controlan nuestras empresas y recursos privatizados.
¿Qué solución tiene esta locura?
Desde el FIT e Izquierda Socialista venimos reclamando la reestatización de todos los servicios y recursos naturales privatizados, empezando por el petróleo, la luz y el gas y su puesta en funcionamiento bajo gestión de sus propios trabajadores y usuarios. Con eso se terminaría este robo, eliminando las ganancias de estas empresas privadas parasitarias.

Gabriel Massa

Escribe Pina Scarffi

Los datos oficiales del Indec señalan que la inflación de octubre alcanzó 5,4%, la segunda más alta del año tras septiembre, que había sido de 6,5%. Así, la inflación acumulada del año ya alcanza 39,5%, aunque en varios rubros de la canasta familiar es mucho mayor. Mientras tanto, los salarios llevan perdido en promedio un 15%.

El dólar no subió en octubre. Por el contrario, bajó un poco. Pero eso no impidió que los precios siguieran su camino hacia las nubes. Gracias a los tarifazos y a la voracidad de los empresarios que siguen remarcando, los alimentos, los gastos de vivienda y el transporte encabezaron la lista de los precios que más crecieron el mes pasado.

La inflación de este año ya es la más alta desde 1991, al final de la hiperinflación. Y no da señales de detenerse. El gobierno de Macri afirma, contento, que “a lo mejor” los precios de noviembre “sólo” subirán entre 3% y 3,5%. Y que otro tanto sucederá en diciembre. ¡Y con eso quieren vendernos que está empezando a bajar la inflación, cuando terminaremos el año con una suba total de precios de cerca de 50%!
Mientras tanto, los salarios se hunden irremediablemente. Es que apenas cuatro gremios (camioneros, bancarios, petroleros y sanidad) lograron en la reapertura de paritarias llegar a 40% de aumento. Aún ellos perderán contra una inflación que será casi de un 10% más. Muchos otros, aun renegociando, están apenas en 25%. Y todavía quedan aquellos que se quedaron atrás, con apenas 15% de aumento por los acuerdos firmados a principios de año.

En los lugares de trabajo la conversación constante es que apenas si se llega a mitad de mes. O que directamente llegan facturas de servicios que no se pueden pagar. Cada vez son más los trabajadores que, si tienen la suerte de estar en blanco y tener una tarjeta de crédito la usan para pagar en cuotas las compras más imprescindibles. O que no pueden pagar el total del vencimiento de esa tarjeta, y refinancian parte del saldo, siendo reventados por los intereses.
Todo esto se refleja en los datos de la caída del consumo popular en todos los rubros. No sólo no se compra ropa o ningún artículo prescindible. Ya directamente el achique se observa en la propia canasta básica. Se pasa de primeras a segundas marcas, y luego se empieza a recortar cada vez más lo imprescindible e incluso se lo deja de comprar. Así vemos cómo se reduce la compra de lácteos, o de los artículos de limpieza más necesarios.

Con este panorama queda claro que el bono de 5.000 pesos, encima cobrado en dos cuotas, y que será cobrado por apenas 20% del total de los trabajadores (cuando descontamos todos los que no lo recibirán) es una absoluta burla. Se calcula que un bono para cubrir lo que perdió un trabajador privado este año tendría que ascender a 75.000 pesos. Y para un trabajador estatal estaría arriba de los 50.000.
Hay que terminar ya mismo con esta auténtica pulverización que están sufriendo nuestros salarios. Por un lado, parando con la feroz remarcación de precios. No sirve de nada un programa de “precios cuidados” que nadie cuida, cada vez contiene menos productos y encima son inencontrables. Hay que poner precios máximos a todos los productos de la canasta familiar y controlarlos severamente, con sanciones de multas, clausuras y hasta expropiaciones para todas las cadenas de híper y supermercados que los violen. A esto hay que sumarle la necesidad de dar marcha atrás con todos los tarifazos.
Al mismo tiempo, se necesita el otorgamiento de un auténtico aumento salarial de emergencia (no el actual bono basura) que cubra de verdad lo que se ha perdido. Y la reapertura inmediata de todas las paritarias, sin techos ni condicionamientos. Al servicio de fortalecer este reclamo, tenemos que exigir a la CGT y a las CTA un paro de 48 horas con movilización, como parte de un plan de lucha para enfrentar el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.

Escribe Pina Scarffi

El referente del Frente Renovador también se reunió con el FMI, como parte de las rondas de “diálogo” de la misión del Fondo presente en Buenos Aires. Aprovechó para repetir lo que ya había adelantado en su gira por los Estados Unidos: que en caso de ser electo y gobernar a partir de 2020, no romperá el acuerdo con el organismo, sino que procederá a “renegociarlo”, ante el hecho evidente de que será imposible pagar los vencimientos de esa fecha. Massa intenta probarse el traje de “político serio” y se prepara para ser el nuevo firmante de los futuros planes de ajuste con el FMI.

Escribe Pina Scarffi

La cita fue en la sede de la Uocra. La dirección de la CGT recibió allí a la misión del Fondo que está auditando la economía. Fue una visita formal, donde la burocracia le “blanqueó” al FMI su discurso de que “se preocupa por la cuestión social” y “dialoga y escucha a todos los sectores”. Como correspondía al libreto preestablecido, los dirigentes cegetistas le expresaron su “preocupación por el notorio deterioro de los indicadores sociales” y la necesidad de un bono para los trabajadores, el adelanto a los jubilados y un refuerzo en los planes sociales (todas medidas ya acordadas entre el FMI y el gobierno y que son sólo migajas que no resuelven absolutamente nada).

La reunión se realizó un día después de la aprobación del presupuesto con el voto de sectores importantes del peronismo, muchos de ellos justamente referentes de los propios burócratas sindicales que estaban en la reunión. Roberto Cardarelli, el referente del FMI, aprovechó para afirmar sin anestesia que “lo peor todavía no pasó, sino que los momentos más duros se vivirán en los próximos meses” (desmintiendo así al propio gobierno de Macri). Pero ni esta afirmación inmutó a los burócratas, que siguieron sonrientes, cumpliendo su rol “dialoguista” como garantes de la “paz social”. De paro o plan de lucha para enfrentar el superajuste que reconoce el propio Fondo, ni una palabra. Una auténtica vergüenza.

Escribe Pina Scarffi

El dato fue aportado por el propio enviado del FMI, Roberto Cardarelli. El recorte del salario de los empleados públicos establecido en el presupuesto 2019 “ahorrará” 3.000 millones de dólares. “Es equivalente al 0,5% del PBI y aporta el 20% del recorte del déficit fiscal”, señaló entusiasmado el funcionario del Fondo.

El mecanismo por el que los trabajadores del Estado sufrirán ese recorte es doble: por un lado se establece que la pauta de incremento salarial sea sólo de 8% (contra una inflación proyectada por el propio gobierno de 34%). Por el otro, por los consabidos despidos que llevará el achicamiento de programas y estructuras. Todo al servicio, por supuesto, de generar más fondos para cumplir con los pagos de deuda externa, presupuestados en 750.000 millones de pesos (18.750 millones de dólares).