Escribe Rodolfo Sánchez

Tras ocho años de movilizaciones, reclamos de familiares y el impulso de la multisectorial contra la represión, logramos arrancar un juicio oral y público por los crímenes de Nino Carrasco y Sergio Cárdenas durante la represión del 17 y el 18 de junio de 2010.

La policía de Río Negro tiene nefastos antecedentes de maltrato, violencia (Coco Garrido, “ahorcado” en la comisaría de El Bolsón), gatillo fácil (Diego Bonefoi), desapariciones (Daniel Solano, policías condenados a perpetua), secuestro y ejecución (policía Lucas Muñoz, Bariloche), droga, negocios espurios (menores prostituidas bajo guarda del Estado) y alarmantes cifras de mujeres desaparecidas (superando diez veces al total del resto de las provincias patagónicas). Fue un logro parcial la tibia condena por cuatro años de prisión por homicidio culposo y negligencia en el ejercicio de sus funciones a Víctor Cufré (ex secretario de Seguridad y Justicia), a Jorge Villanova (ex jefe de la policía) y a Argentino Hermosa (ex titular de la Unidad Regional). Para los familiares no hubo justicia. Carmen (mamá de Nino) dijo: “Siento bronca, desilusión, tristeza”, Karina (viuda de Cárdenas): “… la causa estaba caratulada para que las condenas sean excarcelables”. Por la tarde también se leyó la absolución a los policías del caso Garrido. Desde Izquierda Socialista acompañamos la justa indignación de los familiares.

El pasado lunes 3 de diciembre la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal se negó a tratar el pedido de libertad de Daniel Ruiz, dirigente sindical petrolero de Chubut y militante del PSTU, quien está detenido desde el 12 de septiembre de este año por haber participado en la manifestación del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma de la ley previsional. 

A pesar de que los delitos por los que se lo acusa son excarcelables (es decir que aun condenado podría estar en libertad), se lo mantiene detenido desde hace casi tres meses. Desde Izquierda Socialista exigimos su inmediata libertad.

Escribe Martín Fú, miembro de la Comisión Ana María Martínez

Luego de años de lucha encabezada por la Comisión Ana María Martínez, dos altos mandos del Ejército fueron condenados a cadena perpetua. Ana María fue militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), secuestrada y asesinada por un grupo de tareas en 1982. Se acaba de lograr un gran triunfo contra los genocidas y la impunidad a 36 años del hecho.

Jorge Norberto Apa, ex jefe del Destacamento de Inteligencia 201 y Pascual Muñoz, ex jefe de Personal (G1) con sede en Campo de Mayo, fueron condenados el pasado 6 de diciembre por el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín a prisión perpetua con inhabilitación especial (se les retira cualquier pensión o jubilación que reciban) como responsables del brutal crimen de nuestra compañera. 

Apa en su último descargo dijo “que el presidente Alfonsín, con acuerdo del Congreso Nacional” lo habían ascendido al rango de general y tenía un “legajo limpio”, mostrando la impunidad brindada por los gobiernos “democráticos” estos genocidas.

La lectura de la sentencia fue para quienes integramos la comisión (encabezada por Carmen Metrovich, cuñada de Ana María, junto a compañeros de nuestro partido, PTS, Opinión Socialista, MST, PSTU y viejos militantes del PST), la confirmación del acierto de actuar en unidad y en permanente movilización. En todas las audiencias acompañamos a los abogados, encabezados por el doctor Pablo Llonto, y a la querella posibilitada por Guillermo Schelling, venido de Barcelona, compañero de militancia y de Ana María (ver recuadro).

Los abrazos mezclados con el llanto y la emoción eran interminables, rodeados del acompañamiento que hemos recibido durante años de organizaciones sindicales como el Suteba Tigre, de derechos humanos, estudiantes y de diferentes personalidades como Luis Zamora y los compañeros de la Comisión Memoria y Justicia por la Masacre de La Plata, encabezada por las hermanas Susana y Nora Zaldúa, quienes fueron parte de muchas movilizaciones que convocamos a lo largo de estos siete años de trabajo en conjunto. La Internacional, el himno de los trabajadores, se coreó al unísono dentro de la sala, algo inédito en los estrados judiciales, siendo un momento muy emotivo y de mucha garra recordando con el puño en alto a todas las víctimas del glorioso PST.

Izquierda Socialista acompañó la sentencia con una delegación encabezada por nuestros dirigentes Juan Carlos Giordano, Laura Marrone, Miguel Sorans, Isabel Guzmán y Guillermo Sánchez Porta. Compañeros de Suteba Tigre y jóvenes y estudiantes de San Martín completaron nuestra presencia. Al final se hizo un acto frente a los tribunales donde hablaron los compañeros y abogados participantes de la causa, estando entre ellos el hermano de Ana María, Carlos Martínez.

Ana María conocía en carne propia los riesgos de la militancia en la clandestinidad. Había tenido que huir de Mar del Plata, una ciudad donde el PST fue duramente perseguido, primero por las huestes de la Triple A y luego por la dictadura. Llegada a Buenos Aires continuó con su militancia siempre insertada en el movimiento obrero industrial de zona norte, trabajando en varias fábricas.

Militante y feminista convencida -Ana María hablaba del PST como “el partido de las mujeres revolucionarias”- fue una de las últimas víctimas de la dictadura. Asesinada de rodillas -como se comprobó en el juicio- los mercenarios de uniforme verde y siempre al servicio de las patronales no duraron en apagar su juventud, estando embarazada, de dos certeros balazos.

Si alguna enseñanza nos ha dejado el largo camino que durante años hemos transitado con la Comisión Amigos, Familiares y Compañeros de Ana María Martínez, es que nada nos impide luchar en unidad cuando existe la firme determinación de quebrar el cerco de impunidad impuesto por los gobiernos de turno y la Justicia. Como revolucionarios, esa lucha se transforma en una obligación, porque como continuadores del glorioso PST seguimos levantando las mismas banderas. Así lo hicieron Ana María y un centenar de militantes de nuestra corriente, que pagaron hasta con su vida luchar por un mundo sin opresores ni oprimidos.

La sentencia llegó en un momento muy importante. A la semana se logró la condena a militares y civiles por los secuestros en Ford (otro gran triunfo) y en marzo comenzará el juicio a la Mercedes-Benz, donde los miembros de la comisión interna de la fábrica fueron secuestrados y quince delegados continúan desaparecidos. Esto sumado a los constantes intentos del gobierno de ablandar las condenas de los genocidas, los beneficios de las prisiones domiciliarias y la reciente resolución de la ministra Bullrich que habilita el gatillo fácil.

La vida de un revolucionario es inconmensurable e irreemplazable, y el compromiso que tenemos es seguir peleando para que hasta el último genocida se pudra en cárcel común. Y por lo que pelearon los nuestros, por una Argentina y un mundo socialista. No perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos. Este triunfo es un puntal para seguir reclamando justicia por los 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Ana María Martínez, presente!

El ex compañero de Ana María

Guillermo Schelling, marido de Ana María y ex militante del PST que actualmente reside en Barcelona, fue quien posibilitó iniciar la querella en el juicio. Estuvo prestando declaración y siguió las audiencias.

“Este para mí es un primer paso que tenemos que dar, con el PST detrás; reivindicar deudas pendientes que tenemos, como la Masacre de Pacheco, la de La Plata y los compañeros del PST, algunos que hoy ni siquiera son reconocidos como desaparecidos”, expresó el compañero a la salida de los tribunales de San Martín.

Destacado trabajo de Pablo Llonto

El doctor Pablo Llonto ha tenido nuevamente una labor muy destacada poniéndose al frente del equipo de abogados que llevaron al banquillo de los acusados a los genocidas Apa y Muñoz. “Que viva la compañera Ana María y que viva el glorioso PST”, fueron sus palabras finales en el acto frente a los tribunales.

Llonto señaló: “Tuvimos que lograr que este crimen sea considerado como de lesa humanidad y no como un crimen pasional, como se lo quiso presentar. Ahora hay que encontrar hasta los últimos asesinos, los que dispararon contra Ana María, los que estaban en el Ford Falcon”. Y saludó “a toda esta militancia aportando pruebas y viniendo a los juicios”.

Pablo fue militante del PST y es un reconocido abogado patrocinante de familiares y víctimas de la dictadura. Abogado de mil batallas contra los genocidas, Llonto ha actuado en causas como la ESMA, Campo de Mayo, Etchecolatz, Puente 12, Automotores Orletti y Superintendencia de Seguridad Federal, entre otros emblemáticos juicios de lesa humanidad.

Llonto se mostró muy emocionado, como lo expresó en el acto que realizamos afuera del juzgado luego de leída la sentencia: “Hoy es un día de mucha emoción, no solo por Ana María sino por todas nuestras compañeras y compañeros que dieron la vida por el socialismo y por la revolución. Este juicio ha servido para valorar toda esa militancia, de compañeras como Ana María y tantos otros”. Llonto recalcó la necesidad de seguir movilizados por “todos los militantes anónimos, de los que tan poco sabemos pero por los que tenemos que seguir luchando”.

Palabras de Miguel Sorans

“Saludamos el rol de la comisión y de Pablo Llonto, todos los que estamos acá venimos del glorioso del PST, hermanados en esta causa, hoy con esta gran victoria. Sabemos que la última y verdadera justicia vendrá con un gobierno de los trabajadores y una Argentina socialista. Gracias compañeros y sigamos adelante”, dijo el dirigente de Izquierda Socialista.

Escribe Reynaldo Saccone

La Plaza del Congreso en Buenos Aires, inveterado escenario de reclamos populares, comenzó a llenarse. Una multitud vestida de blanco, de a miles, la fue inundando. Enfermeros y enfermeras del área metropolitana se autoconvocaban para manifestarse con un reclamo unificado: que la enfermería pase a ser considerada una profesión.

Se trata de una ocupación que requiere alta calificación que se alcanza con muchos años de estudio. El gobierno de Rodríguez Larreta quiere degradarla al mismo nivel que un trabajo “administrativo” en los centros de salud. Por eso fueron miles los que salieron a expresar su indignación a las calles.

La columna vertebral del movimiento la constituían los trabajadores de los hospitales municipales. No eran los únicos. Trabajadores de sanatorios privados, de hospitales públicos del conurbano, alumnos de las escuelas de enfermería y de distintas ramas de la salud contribuían a crear esa enorme masa. Pasadas las 12, después de dos horas de espera, la muchedumbre empezó a marchar hacia la Plaza de Mayo encolumnada con sus carteles. ¿Cuántos eran? Nadie puede decir si 20.000 o 30.000. Eran decenas de miles que rebosaban entusiasmo y esa alegría tan propia de los trabajadores que se unen y se reconocen iguales.

“Somos profesionales” era el grito de guerra que más se oía y se leía en los carteles. Algunos confeccionados en tela revelando un grado de tradición organizativa en hospitales como el de Niños, Álvarez o Fernández. Otros, simples cartulinas escritas con marcadores, hablaban del entusiasmo de trabajadores que hacían sus primeras experiencias de lucha. Todos se unían por primera vez en defensa de la dignidad de su trabajo y, por añadidura, de su propia dignidad.

La modificación de la Carrera Profesional de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada en un trámite exprés por la Legislatura, actualizó dramáticamente una situación de injusticia vivida por la enfermería porteña junto a otras profesiones, como la instrumentación quirúrgica y la licenciatura en bioimágenes: su permanente exclusión como profesionales de salud. Confinados al “escalafón general” de la Ciudad, tienen menos salario, más horas de trabajo, extensión horaria a menor valor que horas extras, imposibilidad de gozar de la licencia por estrés y bloqueo del pase automático a la carrera una vez obtenida la licenciatura universitaria. En paralelo, la reducción de la currícula de la Escuela de Enfermería Cecilia Grierson intenta descalificar la profesión y hacer inalcanzable la licenciatura.Todo con el objetivo de pagar salarios a la baja.

Además, esa ley recorta derechos adquiridos, aumenta la jornada laboral, ataca la organización sindical y establece el control autoritario de los directores que pasan a ser nombrados directamente por el gobierno. Se trata de una ley que no debe ser aplicada. ¡Enfermería y las otras profesiones deben pasar a carrera profesional directamente ya!

Por eso el alzamiento de la enfermería, el reclamo de ser considerados profesionales de salud, va contra el plan de ajuste en salud que el gobierno de Larreta desarrolla en varios ataques simultáneos: la reforma de la carrera, el desguace de los cinco hospitales monovalentes. La sobrecarga de funciones de los centros de salud comunitaria sin aumentar los recursos y la instalación de la Cobertura Universal de Salud son parte del mismo plan cuyo objetivo final es bajar los salarios de todo el personal de salud y que la población pague de su bolsillo la atención médica.

En esta lucha la base ha desbordado a la burocracia de Sutecba, el gremio mayoritario que no puede frenar el movimiento. Está surgiendo una dirección alternativa basada en las asambleas de hospital y se ha creado una coordinadora de delegados en la que a cada hospital le corresponde un voto. A esta incipiente conducción le corresponderá establecer la continuidad del plan de lucha, ganando para este movimiento al resto de los profesionales hospitalarios y a la comunidad.

El sector más explotado del sistema de salud

La Argentina tiene un déficit enorme de enfermería. Hay solo 192.000 enfermeros mientras los médicos ascienden a 172.000. Una relación prácticamente uno a uno. En cambio, en los países más desarrollados hay 4 enfermeros por médicos. En esos países hay 110 enfermeros cada 100.000 habitantes mientras que en la Argentina hay solo 42. Menos de la mitad. Este déficit está en la base de la sobreexplotación que sufre la enfermería en nuestro país. A esto tenemos que agregar los bajos sueldos que obligan a una enorme mayoría de trabajadores a tener doble empleo para completar un ingreso más o menos digno.

El desarrollo de las distintas disciplinas del cuidado de la salud sucedido en las últimas décadas también alcanzó a la enfermería y ha jerarquizado su lugar en el moderno concepto de “equipo de salud”. La enfermería no es más un oficio auxiliar. Es una disciplina en sí misma de nivel universitario. La contradicción entre el nuevo estatus de la profesión y el viejo trato de “auxiliar del médico”, incluyendo lo salarial, está presente en este levantamiento de la enfermería, explicando además por qué corrió como un reguero de pólvora por el país. Tucumán, Jujuy, Resistencia, Córdoba, Bahía Blanca, San Nicolás y otras ciudades fueron escenarios de marchas multitudinarias. Todas ellas plantean la reivindicación de la profesión que es también salarial, pero no solo salarial.

Escribe Laura Marrone Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Izquierda Socialista/FIT

Con su “mayoría automática” macrista (PRO y Coalición Cívica) la Legislatura porteña aprobó el 6 de diciembre que el Grupo Roggio siga, a través de la empresa Metrovías, gestionando el subte por otro año más. Vencida la concesión del subte a esta empresa, que data del año 1994, el macrismo le extiende el plazo por segundo año consecutivo a la espera de que capitales extranjeros ingresen en el negocio. 

No solo siguen con el robo de la privatización con subsidios estatales, sino que lo hacen cuando el empresario Aldo Roggio está involucrado directamente en hechos de corrupción, ya que reconoció ante la Justicia haber pagado coimas por esta concesión y además se encuentra procesado por la causa Odebrecht. Mientras Macri, Carrió y Larreta hablan contra la corrupción kirchnerista, continúan los negociados capitalistas con el confeso corrupto Roggio. 

Con Metrovías bajo la gestión de Macri y Larreta la tarifa aumentó 1.400%, que los usuarios pagamos todos los días frente a un servicio deficiente con túneles que se inundan, escaleras mecánicas que no funcionan, negociados con compras de vagones que sólo sirven para hacer chatarra y coches con material cancerígeno como el asbesto. La empresa estatal Sbase controlada por el macrismo es totalmente funcional a la privatización, por eso no solo es necesario echar a Metrovías, sino también disolver ese sello llamado Sbase. 

Desde el FIT rechazamos esta nueva concesión a Metrovías, reclamamos la cárcel para Roggio y proponemos la reestatización del subte bajo control de trabajadores y usuarios. Es importante destacar que durante los doce años de gobierno kirchnerista, tanto Néstor como Cristina mantuvieron la privatización con este empresario corrupto. Ahora en la oposición los K hacen demagogia “estatista”, pero cuando estuvieron en el gobierno fueron los campeones de las privatizaciones en el transporte, que llevaron a la masacre de Once y a que sus principales funcionarios en el área, como Jaime, Schiavi y De Vido hoy estén presos por corrupción. 

Los trabajadores y los usuarios tienen en el proyecto del FIT una salida de fondo para que el subte deje de ser un negocio capitalista y cumpla una función social con un servicio eficiente y tarifas accesibles.