Un financiamiento insuficiente, desigual y privatizador

Los conflictos docentes de este año al inicio del ciclo lectivo y al regreso del receso escolar en agosto, pusieron de manifiesto que  existe una crisis del financiamiento de la educación heredado de la Reforma Educativa neoliberal de los 90[1], que este gobierno y sus nuevas leyes no cambiaron. Cada provincia sigue teniendo que sostener el gasto casi total de su sistema educativo. El desastre de este diseño, que llevó en décadas pasadas a que muchas provincias durante meses no pagaran salarios, o a que la inversión por alumno fuera tan desigual como una relación 1 a 4  o que el salario docente sufriera una desigualdad de 1 a 2, según la provincia, reaparece ahora con la crisis y la inflación ya que los recursos provinciales son desparejos e insuficientes.

El gobierno nacional sostiene que es el que más aportó en nuestra historia a educación. Pero un análisis serio de las estadísticas no le da la razón. Sostuvo con gran despliegue mediático que nuestro país destinaba el  6,47% del PBI a educación. El reciente ajuste de la medición del PBI realizado por el Ministro de Economía en base 2004, ha puesto en evidencia que nunca se llegó  a la meta del 6%. En el 2010 fue del 4,7%, en el 2011 y 2012 fue  5,2%, en el  2013 se llegó en 5,6%. Si tenemos en cuenta que el 1% del PBI en el 2013 significaban 33.490 millones de pesos y el previsto para el 2014 es de 41.144 millones de pesos, la diferencia acumulada desde el 2010, cuando debió llegar a la meta, supone que educación recibió 131.654 millones menos: una cifra equivalente a la construcción de 330.000 aulas nuevas o 2.500$ de salario más por cada docente durante los últimos 4 años.

Pero además, es necesario considerar que nación solo aportó el 1,5% de ese 5,6% en el 2013 y para el 2014 la proyección da que solo aportaría el 1,24%. Este dinero fue,  centralmente, a las universidades y al Fondo de Incentivo Docente[2] y  0,7%  para educación de otros ministerios.[3]  Así, Desarrollo Social, Trabajo, entre otros, gastan casi la mitad de lo que Nación dedica a la educación del sistema formal. El resto lo pagan las provincias. Por la Ley de Financiamiento del 2005, el Gobierno Nacional aportaba el 27% del total del Gasto educativo consolidado en el 2010 (GEC). Estamos en el 2014 y con el nuevo reajuste del PBI, Nación aporta el 26%. El 74% restante lo aportan  las provincias. La consecuencia es que continúa la desigualdad en el acceso al derecho ya que cada provincia dispone de recursos diferentes, además de hacer esfuerzos diferentes para el financiamiento de la educación[4]. 

A su vez, hay que señalar que  el monto total es insuficiente: 5,6% (base 2004) del PBI,  después de 10 años de bonanza es, por lo menos, mezquino. Pensemos que, con De La Rúa, teníamos el 4,9% (base 1993). Resta aún precisar a cuánto descenderá esta relación cuando Ministerio de Economía actualice el PBI en base 2014. La meta que fijan los organismos internacionales es del 8%, y algunos, como Brasil y Venezuela se proponen llegar al 10% aunque en el caso del primero, lo haría para el 2025. El resultado de esta insuficiente inversión es que más del 90% de los presupuestos provinciales se dedica a salarios, y lo que resta para comedores, formación docente, material didáctico e infraestructura escolar. La realidad es alarmante: los comedores escolares brindan comidas de bajo poder nutritivo a la población más vulnerable de nuestro país: los niños[5]. Las escuelas no tienen mantenimiento, los techos se caen, los pisos se hunden. La formación docente continua es insuficiente o inexistente. Los materiales didácticos no se reponen o no existen.

De todos modos, medir el gasto educativo en % del PBI es discutible pues es una cifra fácilmente manipulable, como acabamos de verlo en relación a la base de medición o a la  cotización del dólar cuando se desea hacer comparaciones internacionales. Otro modo de leerlo, es medirlo como porcentaje del Gasto Consolidado en Educación, o sea la sumatoria de los presupuestos de educación de nación y de las jurisdicciones.  En la década del 60, UNESCO planteaba que la meta de los países debía ser llegar al 25%. Entonces, nuestro país destinaba ese porcentaje de su presupuesto nacional.  Aunque, si consideramos el Gasto Consolidado Nacional o sea, si le sumamos los presupuestos provinciales a los fines de medir el esfuerzo del país, aunque estos prácticamente no tenían escuelas a cargo,  la cifra total era del  14%. Actualmente, con un sistema educativo nacional mucho más extendido en su obligatoriedad a lo largo de la vida de las personas, (pasamos de 7 a 14 años), modalidades y masividad,  era del 13,8% en el 2004[6]. Si los mismos porcentajes de fondos se usan para muchos más docentes y escuelas, hay una sola explicación. Esto se hizo en base a una reducción del gasto por alumno, del mantenimiento y construcción de escuelas, del salario de la docencia que en su mayoría ha pasado a trabajar dos turnos con la consiguiente pérdida de tiempo para la preparación de clases, corrección de carpetas, formación docente, lo que explica bastante alguna de las causas del deterioro de nuestra educación.

Otro grave problema de nuestro sistema de financiamiento es la creciente derivación de fondos al subsidio de las escuelas privadas. Si bien los datos nacionales no son fáciles de obtener pues no se publican en las páginas oficiales del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Economía de la Nación,  podemos dar cuenta de su crecimiento en jurisdicciones puntuales. Por ejemplo, la Provincia de Córdoba incrementó a 26,3% los subsidios del estado por alumna/o de las escuelas privadas en el nivel inicial y primario mientras que redujo en 9,6% el de las estatales, en el período de 2001-2011[7]. La Ciudad de Bs As, que registra la mayor privatización del país destinó 2.020 millones de pesos fueron destinados a subsidiar escuelas privadas en el presupuesto del 2014. Más del 40% de las escuelas privadas están subsidiadas, algunas de las cuales como el Colegio Tomás de Aquino  o la ORT cobraban aranceles de más de 2.600$ mensuales en abril del 2014[8]. Desde el 2006, por Ley 2189,  el PRO  también subsidia los gastos de infraestructura y mantenimiento de las escuelas privadas que tengan de 75 a 100% de subvención.  La provincia de Santa Fe cuya educación privada ya asciende a  38% deriva el 20% de su presupuesto a subsidiarla.

Hace falta un cambio total en la política de financiamiento de la educación

De lo que se trata no es de esperar a que la docencia se desgaste,  acosada por los descuentos de su salario por los días de paro o a que las familias protesten por la pérdida de días de clase de sus hijos. Lo que se requiere es un cambio de la política de financiamiento de la educación. Tiene que volver a ser, nacional o al menos, nación debería aportar el porcentaje mayor de su gasto. El proyecto de ley de presupuesto elevado por el gobierno nacional al Congreso para el 2015 reitera el problema aquí denunciado, pero agravado ya que reduce el porcentaje de participación de Ministerio de Educación en el presupuesto total. Sin pudor, y luego de haber anunciado tantas veces que había superado la meta, el gobierno nacional no hace mención a metas y señala que anuncia la extensión de la obligatoriedad a la sala de 4 años a la par que reduce del 5,7% que aportaba en el 2013, a  admitir que solo aportó el 4,7% en el 2014 y que dispone del 4,8% en el 2015 para el Ministerio de Educación. Tampoco modifica su destino que centralmente seguirá siendo para el nivel terciario, lo que supone que las jurisdicciones siguen siendo responsables del sostén de la totalidad del sistema restante.

Destinar 60.196 millones de pesos al Ministerio de Educación y 96.272 millones a deuda pública es una vergüenza. El Congreso de la Nación debe rechazar este proyecto y votar pasar de aportar el 1,2% previsto a por lo menos el 3 % del PBI para educación, es decir: 150.000 millones de pesos. El plan debe contemplar la meta inmediata a cargo del estado nacional de llegar al 8% del PBI como plantean los organismos internacionales y al 10% en una meta cercana de 5 años.

Además debe modificar su destino. Nación debe asumir en lo inmediato, por lo menos el 50% del mantenimiento de la educación de las provincias, como paso transitorio hacia la renacionalización del modelo de financiamiento de la educación, con el propósito de superar la desigualdad y fragmentación actual del derecho a la educación.

A su vez debe suprimirse el subsidio a la educación privada de nación y de todas las jurisdicciones, incorporar esos fondos a la educación pública, en el camino a unificar el sistema en uno solo, con reconocimiento de los derechos laborales a los docentes privados de las escuelas que cierren, quienes pasarán a integrarse a las plantas funcionales de las escuelas del estado.

 De este modo, se podrían recomponer los salarios docentes y no docentes, al menos al costo de vida en curso, afrontar los gastos de infraestructura de las escuelas  y aumentar las partidas para comedores escolares para no seguir siendo cómplices de las actuales dietas que desnutren a nuestra infancia.

En perspectiva,  el aumento del financiamiento debería servir para reformular la jornada laboral de modo de tener un tercio del tiempo extra-clase para que incluya tiempo para la  formación docente continua, preparar las clases, apoyar a los niños con dificultades, atender a las familias, realizar trabajo colaborativo entre pares, evaluar la tarea a nivel de ciclos e instituciones. Este diseño del trabajo docente existe en muchos países del mundo.  Baste comparar que mientras un docente del nivel medio trabaja un promedio de 45 horas de clase semanales, la semana laboral en países europeos es la mitad de esas horas de clase y el resto para trabajo extra clase. Además, se podría establecer una relación docente alumno de 1 a 20, en lugar de aulas con 38 o 45 alumnos como existe en algunas provincias como Misiones, Tierra del Fuego o Provincia de Bs As.  Con estas mejores condiciones de trabajo, y mejores salarios, no dudamos, mejoraría la educación en nuestro país.

Plata hay

Para aumentar los fondos a educación, se requiere otra política económica.  Todo lo planteado por la Presidente, cuando refiere a educación va en la dirección contraria. Reafirma el curso hacia las recetas clásicas que buscan descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores.

Oficialismo y oposición, en la nación y en las provincias, dicen que no hay plata.  Sin embargo, plata hay. Baste recordar que las grandes empresas la ganaron en “pala” según la propia presidente. Señalemos el caso de los bancos donde la especulación financiera no está gravada y por ejemplo en el 2013, el Banco Macro obtuvo 1.776 millones de pesos de ganancias,  el Santander 1.864.5 millones o el Galicia y el Francés más de 1.300 millones. O que la financiación del pago de YPF (5.000 millones de dólares) se hará al cuádruple de la tasa de interés en el mundo, entre otros casos.  O que en el arreglo con el Club de París aceptó punitorios por casi 4.500 millones de dólares más de lo adeudado.  O que en el 2014 y 2015 los pagos de la deuda externa superan llegan casi al doble de lo que se destinó a educación desde el gobierno nacional.

De este modo, nuestra propuesta es absolutamente viable: Que el Congreso vote el 3% del PBI: 150.000 millones en el 2015 para todos los niveles de la educación para llegar al 8% del PBI.

Setiembre  2014

Laura Marrone

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