Escribe Guido Poletti

La aprobación de la reforma laboral dejó al desnudo el rol del peronismo y de la CGT: complicidad, pasividad y ausencia de un plan de lucha frente a la motosierra. Se vuelve urgente una salida por izquierda, con un programa obrero y popular que enfrente el ajuste hoy, no en 2027.

El proyecto de reforma laboral fue aprobado tanto en Senadores como en Diputados (resta una nueva revisión por parte de la Cámara Alta). El gobierno de Javier Milei logró la complicidad de un número importante de legisladores peronistas. Mientras tanto, la CGT dejó pasar la primera votación sin convocar a un paro y, cuando finalmente llamó a la huelga, lo hizo únicamente ante el repudio popular que generó la eliminación de las licencias por enfermedad, sin plantear ninguna continuidad ni plan de lucha.

Muchísimos compañeros y compañeras fueron testigos de lo ocurrido y hoy se preguntan qué hacer. El peronismo, principal partido patronal de oposición, se muestra cada vez más inútil para quienes quieren enfrentar la motosierra de Milei y el FMI. La pregunta aparece con fuerza: ¿por qué pasa el ajuste?, ¿por qué logran aprobar las leyes que proponen?

La realidad, visible desde el inicio de este gobierno, es que el peronismo, incluso su sector que se mantiene en un discurso opositor, deja avanzar el ajuste y no se juega a respaldar las luchas en curso. Su argumento reiterado es “esperar y votar”, apostando a que la bronca popular se canalice en un futuro triunfo electoral que les permita volver al poder.

Incluso en el plano estrictamente electoral, esa estrategia fracasó. Derivó en la derrota del año pasado y en el fortalecimiento del oficialismo en ambas cámaras del Congreso. El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, intentó justificar la aprobación de la reforma laboral hablando de “los traidores”. Pero esa explicación no alcanza. ¿Cómo llegaron esos “traidores” a integrar listas del peronismo? ¿Por qué, votación tras votación, son cada vez más? Y, sobre todo, ¿a qué convocan quienes dicen no serlo?

Martínez volvió a repetir lo que viene diciendo desde hace dos años, solo que ahora frente a una situación mucho más grave, como la posibilidad de perder derechos laborales conquistados en más de un siglo de luchas: “esperar a 2027 y votar al peronismo para derogar la ley”. Ese planteo sintetiza la pregunta que se hacen miles de compañeras y compañeros. ¿Por qué los dirigentes peronistas no acompañan las marchas de los miércoles de las jubiladas y jubilados? ¿Por qué no apoyaron peleas enormes como la del Garrahan? ¿Por qué hoy no aparecen para respaldar a las y los trabajadores de Fate?

Con la reforma laboral esclavista se profundizó algo que ya existía: el pacto de la CGT con el gobierno. Un pacto que permitió el avance de todas y cada una de las medidas de ajuste de estos dos años. Esta vez, su ausencia fue más visible que nunca. Cuando el proyecto se trató en el Senado, dejaron pasar el debate sin convocar a un paro general. Llamaron a una movilización y se retiraron rápidamente, repitiendo la lógica del acto del 18 de diciembre, lo que abrió el camino a la feroz represión contra el sindicalismo combativo y la izquierda, que permanecieron en el Congreso.

Luego, cuando la bronca social los obligó a llamar a un paro por el ataque a las licencias por enfermedad, lo hicieron sin continuidad ni plan de lucha. Hoy, la respuesta vuelve a ser la misma: “ir a la justicia”. Todo esto debería llevarnos a una reflexión profunda. El peronismo, tanto en el plano político como en el sindical, no está dispuesto a enfrentar seriamente el ajuste de Milei y el FMI.

¿Qué pasa con el programa?

El peronismo no sólo se niega a pelear hoy. Tampoco tiene un programa alternativo que dé respuesta a las necesidades del pueblo trabajador. La pregunta es concreta: ¿qué proponen? Nada distinto de lo que ya fracasó con los gobiernos de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa.
Insisten en que no se puede romper con el FMI porque “sería infantil”, como sostuvo Axel Kicillof en entrevistas posteriores a las elecciones, y vuelven a plantear que hay que “negociar distinto”. Es exactamente lo mismo que decían durante el gobierno de Alberto: pagar la deuda y, al mismo tiempo, redistribuir la riqueza. Una utopía que ya conocemos cómo termina.

Incluso se empieza a ver cómo muchos dirigentes peronistas buscan aggiornarse a los nuevos tiempos. La propia Cristina llegó a decir que había que dejar de hablar de “Estado presente” para pasar a hablar de “Estado eficiente”.

¿Cuál es la salida?

A quienes hoy se sienten decepcionados y todavía tenían expectativas en el peronismo, los invitamos a hacerse una pregunta simple: ¿quién estuvo y está en todas las luchas? ¿Quién reclama sistemáticamente que la CGT rompa la tregua y convoque a un paro general con un verdadero plan de lucha? En el plano parlamentario, ¿qué bloque votó sin fisuras contra todas y cada una de las medidas de ajuste de Milei?

La respuesta es clara: el Frente de Izquierda Unidad. El único espacio que plantea que no hay salida sin dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. Que propone nacionalizar la banca y el comercio exterior, reestatizar las privatizadas bajo control de trabajadores y usuarios, y garantizar que ningún salario ni jubilación esté por debajo de la canasta familiar.

Pelear hoy contra el ajuste y apoyar todas las luchas, en lugar de llamar a “votar bien” en 2027. Oponerse de verdad, votando en contra en el Congreso y en cada ámbito que corresponda. Levantar un programa obrero y popular frente a la entrega y el sometimiento que impone la motosierra de Milei.
Eso es exactamente lo que hoy no hace el peronismo y sí hace el Frente de Izquierda.

Escribe Mariano Barba
*Foto de tapa: Gobernadores Jalil (Catamarca), Jaldo (Tucumán), Passalacqua (Misiones) y Sáenz (Salta) 

Javier Milei atraviesa un momento de control en Diputados y Senadores. Esto no se explica por la cantidad de representantes propios de La Libertad Avanza, sino por el entramado de aliados con los que ya contaba (UCR, PRO y fuerzas provinciales) al que ahora se suman cada vez más legisladores peronistas que le garantizan apoyo. Dentro del peronismo se los califica como “traidores”, una etiqueta funcional a la tribuna para justificar el doble discurso de Unión por la Patria que votaron en contra de la reforma. Sin embargo, se trata de un recurso discursivo vacío: el Partido Justicialista ha hecho muy poco para impedir el avance de la motosierra o para frenar las leyes antiobreras del gobierno. La CGT peronista, que viene pactando con Milei desde hace años, es la expresión más clara de esta claudicación.

¿Acaso no son peronistas todos aquellos diputados y senadores que asumieron sus bancas por listas provinciales pidiendo el voto para distintas variantes del PJ? Legisladores peronistas de Salta, Tucumán, Misiones y Catamarca son responsables directos de que se haya aprobado la reforma laboral y, previamente, la Ley Bases.

El alineamiento con Milei sigue profundizándose. En estos días, tres senadores abandonaron el interbloque conducido por José Mayans: Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). De este modo, el PJ queda reducido a 25 miembros en el Senado, su representación más baja desde el retorno de la democracia en 1983. Esta fragmentación le permite a La Libertad Avanza, junto con sus aliados del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, quedar a solo cuatro votos de alcanzar los dos tercios en la Cámara alta.

Los gobernadores peronistas también avanzan en la conformación de un nuevo espacio, junto a otros mandatarios provinciales, con el objetivo declarado de garantizar la “gobernabilidad” y negociar de manera conjunta con el gobierno nacional financiamiento y asistencia crediticia. Integran este esquema los peronistas Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), junto a Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Se coordinan para que sus diputados y senadores sigan votando las leyes exigidas por el gobierno nacional y, de ese modo, le aseguran al presidente las herramientas necesarias para aplicar la motosierra.

No se trata de “traidores”. Son cómplices. Y, al mismo tiempo, ejecutores del ajuste en sus propias provincias.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El Régimen Penal Juvenil vuelve a poner a las pibas y los pibes en la mira del ajuste. Mano dura, más cárcel y menos derechos como respuesta a una crisis social que el propio gobierno profundiza.

La Cámara de Diputados dio media sanción el pasado jueves 12 de febrero al Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Se trata de un nuevo avance en la política de criminalización de las pibas y los pibes, que el gobierno busca convertir en ley el próximo viernes 27, cuando el proyecto sea tratado en el Senado junto con la modificación regresiva de la Ley de Glaciares.

Contra todas las opiniones de especialistas en materia penal y de los organismos de derechos de las infancias y adolescencias, Javier Milei y Patricia Bullrich avanzan en su plan de mano dura. Para lograr la media sanción en Diputados contaron con la complicidad del PRO, la UCR, el MID, Encuentro Federal que responde a Miguel Ángel Pichetto, la Coalición Cívica, Provincias Unidas (que aportó 17 votos, incluido el del diputado Martín Lousteau) y distintos bloques provinciales ligados a gobernadores peronistas, como el de Tucumán. El resultado fue 149 votos a favor y 100 en contra, entre estos últimos el 100% de las bancas del FIT Unidad.

La nota de color la dio el diputado Ramiro Gutiérrez, del espacio que responde a Sergio Massa, quien aportó su presencia para garantizar el quórum que habilitó el debate en el recinto. En el marco de las sesiones extraordinarias y de la ofensiva ultraderechista del gobierno, buscan ahora convertir este proyecto en ley en el Senado. Se trata de un grave retroceso en materia de derechos y garantías, que lejos de resolver el problema de la inseguridad, lo profundiza.

Bajar la edad o aplicar mano dura no reduce el delito

Bajo el argumento de “delito de adulto, pena de adulto”, el gobierno presenta a las infancias y adolescencias como responsables de una inseguridad que crece al calor de la motosierra de Milei y el FMI. Con este régimen penal, adolescentes de 14 y 15 años podrán ser juzgados penalmente y recibir penas como si fueran adultos, que en casos de delitos graves llegan hasta 15 años de prisión.

Las experiencias internacionales son contundentes. Estudios de Unicef, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU muestran que reducir la edad de imputabilidad no baja el delito, sino que lo aumenta. En Ecuador, donde la edad de punibilidad es de 12 años, el índice de delitos pasó de 6 a 46 cada 100 mil habitantes. En Brasil y Uruguay, donde la punibilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente, los niveles de violencia no disminuyeron. Dinamarca y Georgia incluso dieron marcha atrás luego de comprobar los efectos regresivos de estas políticas.

Otro dato revelador: de los diez estados con mayor tasa de crímenes violentos en Estados Unidos, seis tienen pena de muerte. Son los más duros, pero no los más seguros (Clarín, 12/2).

¿Qué muestran realmente los datos?

En Argentina hay 3,6 millones de pibas y pibes de entre 13 y 17 años que el gobierno busca criminalizar. El 47% vive en la pobreza y el 15% en la indigencia. En 2022 fallecieron 15.144 jóvenes por muertes evitables, y el 31% de esos casos fue por suicidio.

Además, la campaña punitivista se monta sobre una falsedad: la tasa de criminalidad en el país bajó de 4,2 en 2024 a 3,7 en 2025. Según Unicef, sólo el 0,45% de las chicas y chicos de entre 12 y 17 años cometió algún delito. El gobierno oculta esta realidad para poner el foco donde no está el problema: en la juventud pobre.

Políticas integrales, no cárcel para la juventud

El encarcelamiento temprano no reinsertó nunca a nadie. Hoy en Argentina un juez puede disponer la internación de menores de 16 años en institutos, aun sin condena firme. En muchos casos, estos espacios funcionan como cárceles encubiertas, con malas condiciones de detención, violencia institucional y vulneración sistemática de derechos.

Para combatir la inseguridad, que golpea principalmente a las y los trabajadores y a los sectores populares, no sirven las respuestas represivas. Eso es solo más criminalización. Lo que se necesita es desmantelar las mafias que operan al amparo del poder político, judicial y policial; terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI y destinar presupuesto a políticas integrales que fortalezcan el sistema de protección de las infancias y adolescencias.

Escribe Clara, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

En medio de otras reformas y contando con un blindaje mediático excepcional, el jueves 26 se tratará en el Senado la reforma de la Ley de Glaciares 26.639. Esta ley ha estado en la mira de las mineras desde sus inicios, motivo por el cual fue vetada por Cristina Fernández en 2008, para ser finalmente sancionada en 2010 como resultado de una ardua lucha del movimiento socioambiental. La ley protege actualmente a casi 17 mil glaciares, que representan el 1% de la superficie nacional pero cumplen un papel fundamental en el sostenimiento de la vida a lo largo de todo el territorio, al alimentar ríos y fuentes de agua dulce, vitales para la flora y la fauna, así como para la salud y la actividad económica humanas.

Estos ecosistemas ya se encuentran en peligro. Estudios del Conicet revelan que los glaciares de nuestra Patagonia vienen perdiendo masa de manera acelerada como producto de la crisis climática, lo que agrava el estrés hídrico ya endémico en dos tercios de nuestro país. En los últimos años, además, la política hídrica nacional ha profundizado el vaciamiento de las estructuras estatales para dejar en manos privadas la gestión del agua, como evidencian los acuerdos con Mekorot, la empresa israelí con un rol central en el genocidio en Palestina.

Pero ahora nuestros glaciares, principal fuente de agua para consumo, están siendo directamente saqueados por las mineras y corporaciones transnacionales. Al igual que la Reforma Laboral habilitó “negociar derechos a la baja” con las patronales, esta modificación promueve algo igualmente inconstitucional al violar el principio de no regresividad en materia ambiental. Las protecciones alcanzadas, pocas, no pueden retroceder. De aprobarse esta reforma, se encendería una alerta enorme para el conjunto de la legislación de protección ambiental y de adaptación y mitigación frente al cambio climático vigente en nuestro país. De hecho, ya estamos viendo cómo Donald Trump, el principal aliado de Milei, está aboliendo todas las políticas ambientales en Estados Unidos.

¿Qué modifica esta reforma?

Le quita potestad al IANIGLA, la institución nacional encargada de establecer el inventario de glaciares, para transferirla a las provincias. De este modo, cada jurisdicción podrá definir qué sectores son considerados estratégicos y cuáles quedan por fuera de la protección de la ley, habilitando proyectos que hoy están prohibidos y que las mineras intentan impulsar desde hace años para desmantelar esta legislación.

¿Quiénes la impulsan?

Javier Milei promueve esta reforma con la participación directa de los gobernadores que integran las mesas del litio y del cobre, es decir, de las provincias de Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza y San Juan. Se trata de un rejunte que expresa el amplio respaldo político con el que cuenta el extractivismo minero en nuestro país, ya que nuclea tanto a sectores peronistas como radicales que vienen de apoyar, a través de sus senadores, la reforma laboral esclavista, otro regalo para las transnacionales. Ambas reformas fueron señaladas como las mayores preocupaciones por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y fueron rápidamente negociadas por este gobierno abiertamente entreguista y cipayo.

Las principales mineras detrás de esta reforma son Lundin Mining y Barrick Gold (canadienses), Chinalco y Shandong Gold (chinas), BHP (angloaustraliana) y Glencore (suiza). Muchas de ellas cuentan con antecedentes de desastres ambientales y contaminación de fuentes de agua en distintos lugares del mundo. En el caso de Barrick Gold, se trata del peor derrame minero de nuestro país, que contaminó cinco ríos con 15 mil litros de cianuro en San Juan, sin que exista hasta hoy una sola condena judicial.

Junto a la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, comunidades y asambleas ambientales de todo el país venimos desplegando una campaña para romper el cerco mediático y defender el agua como un derecho vital. Si se logra la media sanción en el Senado, daremos aún con más fuerza la batalla en la Cámara de Diputados durante las sesiones ordinarias. Incluso si avanza en esa instancia, continuaremos la lucha en cada provincia y territorio, donde cobra un valor estratégico la red de resistencia que hemos conformado.

¡La Ley de Glaciares no se toca! ¡El agua vale más que todo!

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con 14 viajes en dos años, Javier Milei se convirtió en el presidente argentino que más veces viajó a Estados Unidos. Lo hizo, nada menos, en pleno debate de la reforma laboral esclavista. No es un dato casual, sino parte del alineamiento y la subordinación al imperialismo yanqui, hoy encabezado por el ultraderechista Donald Trump. Como venimos denunciando, está en curso un nuevo pacto colonial, funcional a la política de Trump de reeditar la Doctrina Monroe para América Latina, como se vio con la intervención contra Venezuela y la profundización del bloqueo a Cuba.

Pero este viaje no fue uno más dentro de esa política de sometimiento. Milei asumió un compromiso explícito de colaboración con el llamado “Board of Peace” impulsado por Trump para Gaza. Bajo el eufemismo de la “reconstrucción”, este plan propone una transformación estructural del territorio palestino, con financiamiento multimillonario y presencia militar internacional. Peor aún, Milei ofreció el envío de Cascos Blancos argentinos para integrarse al dispositivo que acompañaría esa fuerza de ocupación, en un nuevo gesto de complicidad con el genocidio contra el pueblo palestino.

El plan del presidente yanqui apunta a crear un negocio inmobiliario y turístico de lujo sobre las ruinas de Gaza, luego del genocidio perpetrado por el Estado sionista de Israel. Por eso decimos con claridad: ¡No en nuestro nombre!

Milei se ubica del lado de quienes pretenden convertir el apartheid y el genocidio en un negocio inmobiliario y en un enclave estratégico. El anuncio de inversiones millonarias para transformar Gaza en un polo turístico forma parte de un plan de colonización y limpieza étnica sobre la Franja de Gaza que no podemos permitir.

De este modo, Milei acompaña la ofensiva de Trump, refuerza su alianza con los sectores más duros de la ultraderecha mundial y ratifica su respaldo político a Benjamin Netanyahu, ubicándose como cómplice directo del genocidio en Gaza, junto a Trump. Sin embargo, frente a la complicidad de los gobiernos, los pueblos del mundo siguen levantando la voz: crece la solidaridad activa de sindicatos y organizaciones populares, y avanza la preparación de una nueva Flotilla internacional que partirá hacia Gaza para romper el bloqueo.

Allí donde los gobiernos se alinean con la ocupación y el genocidio, los pueblos construyen solidaridad. Por eso rechazamos el envío de tropas argentinas comprometidas en el marco del “Board of Peace” y seguiremos peleando por una Palestina libre del río al mar.