Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

El reciente contrato por más de 114 millones de pesos, adjudicado por Pablo Quirno desde la Cancillería argentina a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), vuelve a dejar al descubierto cómo el gobierno “anticasta” utiliza el Estado para negocios privados y corrupción. La AACI está dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Se trata de una contratación directa, sin licitación pública, para dictar 594 horas de cursos de inglés a 132 agentes del servicio exterior, a un costo cercano a 192 mil pesos por hora cátedra. Es decir, cinco veces más de lo que cobra una o un docente en CABA, o el equivalente a un salario mensual de ayudante de primera de la universidad pública por diez horas semanales.

Este hecho fue denunciado penalmente por presunto tráfico de influencias y defraudación a la administración pública. La presentación judicial incluye además otros contratos por más de 720 millones de pesos en alquileres oficiales bajo la órbita del propio Sturzenegger, destinados a oficinas y cocheras de su ministerio.

Estos casos desenmascaran sin vueltas a uno de los principales ideólogos de la reforma laboral esclavista, de los despidos masivos en el Estado y del festival de desregulaciones al servicio de los grandes empresarios impulsado por Javier Milei. Mientras hablan de “libertad” y aplican ajuste contra el pueblo trabajador, utilizan el aparato estatal para garantizar sus negocios privados y reproducir la corrupción estructural del sistema capitalista.

Como cada 8 de marzo conmemoramos a las obreras textiles de Nueva York que a principios del siglo XX lucharon contra las extenuantes y largas jornadas de trabajo. Ellas fueron encerradas dentro de una fábrica y prendidas fuego para que no participen de las movilizaciones por las ocho horas. Una muestra de hasta dónde llega el odio de las patronales hacia quienes se organizan para defender los derechos laborales.

Más de un siglo después, el gobierno de Javier Milei junto a sus cómplices del PRO, radicales y peronistas impulsan una reforma laboral que como decimos desde Izquierda Socialista/FIT Unidad atrasa más de cien años. Pretende barrer con el derecho a huelga, las vacaciones pagas y con las ocho horas de trabajo. Una película de terror que nos afecta más a las mujeres y disidencias quienes tenemos los empleos peor pagos, los trabajos informales y sobre nuestras manos recaen las tareas de cuidado no remuneradas que profundizan las desigualdades de género. 

En el marco del paro internacional feminista, las mujeres y disidencias de todo el mundo saldremos a las calles contra los gobiernos que intentan descargar su crisis contra nosotras y nosotres. Miles saldremos contra la violencia de género y los crímenes de odio. Miles contra las políticas racistas y anti migratorias de ICE en Estados Unidos.Miles contra el genocidio en Palestina y el plan imperialista colonizador de Trump en Gaza (Board of Peace). Miles saldremos por el asco que nos da el poder de los super ricos como el magnate Jeffrey Epstein que montó una red de pedofilia y que a la luz de la desclasificación de los archivos (que tienen más de 20 años) se puede observar la perversidad de un sistema capitalista y patriarcal en crisis, sostenido por un puñado de hombres blancos que viven de fiesta y del trabajo ajeno.

No te quedes en tu casa masticando bronca. ¡Sumate con Isadora y Disidencias en Lucha!

9M en Congreso, a las 16.30 marchamos a plaza de mayo

Escribe Pilar Barbas, dirigenta nacional de la Juventud de Izquierda Socialista y secretaria de la Federación Universitaria Argentina

El gobierno apunta a avanzar en las próximas semanas con un proyecto propio para desconocer la Ley de Presupuesto Universitario, conquistada en las calles en 2025.

La situación de ahogo presupuestario que atraviesan las universidades nacionales es insostenible. La degradación de los salarios docentes y no docentes, que empeora mes a mes; las becas estudiantiles congeladas, que rondan los 35 mil pesos; y el cierre de ofertas de cursada por falta de presupuesto agravan la situación.

El año pasado terminó con la aprobación de una Ley de Presupuesto Universitario que recompone los salarios docentes y no docentes de acuerdo con la inflación, ley que Javier Milei se niega a cumplir. Intentó vetarla, pero no pudo hacerlo gracias a la masividad de la Tercera Marcha Federal. Tampoco logró modificarla a través del Presupuesto 2026, ya que cayó el capítulo que buscaba alterar su contenido.

Ahora, en una nueva maniobra para desconocerla, el gobierno pretende presentar una ley propia, acordada con sectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que apenas contempla un aumento del 12%, pagado en tres cuotas. A esto le sumarían una partida adicional para gastos de funcionamiento, que es uno de los principales reclamos del CIN.

Rechazamos de plano esta iniciativa impulsada por Milei, que no reconoce la recomposición salarial necesaria, no garantiza becas para el movimiento estudiantil ni contempla los recursos indispensables para el funcionamiento real de las universidades. Frente a este nuevo ataque, exigimos un plan de lucha y organización, única vía para derrotar el intento del oficialismo.

Cómo sigue la pelea en defensa de la universidad

Luego de la Tercera Marcha Federal que hizo caer el veto de Milei, los rectores, la mesa sindical integrada por gremios docentes y no docentes nacionales, la Federación Universitaria Argentina, conducida por la Franja Morada-UCR, y los centros de estudiantes dirigidos por fuerzas del peronismo kirchnerista cumplieron un rol de desmovilización y espera pasiva, apostando a que el gobierno cumpliera la ley.

Desde nuestro punto de vista, era necesario continuar fortaleciendo la organización mediante asambleas estudiantiles e interclaustros, clases públicas y nuevas instancias de movilización, articuladas también con la lucha contra la reforma laboral esclavista.

Ante la falta total de respuesta del gobierno, los gremios docentes, en particular los combativos e independientes como AGD, comenzaron a impulsar el no inicio de clases en 2026 hasta que se garantice el presupuesto. Desde la Juventud de Izquierda Socialista apoyamos y acompañamos estas medidas, y llamamos a construir instancias permanentes de participación del movimiento estudiantil en todas las universidades nacionales.

Es fundamental avanzar en una articulación real entre estudiantes, docentes y no docentes, llenar las universidades de debate político y exigir a las conducciones estudiantiles que convoquen a instancias asamblearias. Necesitamos retomar el camino hacia una Cuarta Marcha Federal en todo el país, contra la ley de desfinanciamiento universitario que impulsa el gobierno, por la plena implementación del presupuesto necesario y articulando todas las luchas en curso: en apoyo a las y los trabajadores de Fate, contra la reforma laboral esclavista, contra la modificación de la Ley de Glaciares y contra todo el paquete de medidas regresivas.

Las y los trabajadores del Garrahan demostraron que al gobierno se le puede ganar. Para eso, tenemos que organizarnos y salir a luchar.

Escribe Jorge Adaro

Con salarios en caída, despidos y reformas regresivas, la docencia inicia el ciclo lectivo en un clima de conflicto. 

Varias provincias ya comenzaron las clases. El calendario se completará el 2 de marzo, día en que además se realizará un paro nacional docente convocado por Ctera. El salario, las reformas laborales y educativas y la pelea contra los despidos son parte de los desafíos que enfrentaremos durante 2026, con un gobierno que dirige todas las medidas del Plan Motosierra contra las y los trabajadores.

En un contexto de ofensiva del gobierno ultraderechista, marcado por el tratamiento de la reforma laboral esclavista, los 920 despidos en Fate como expresión de la ola de cierres y pérdida de puestos de trabajo en todo el país, y también por una contundente respuesta popular con el paro general del día 19, la docencia vuelve de manera escalonada a las escuelas.

Esta semana se destacan las medidas de fuerza anunciadas por Adosac en Santa Cruz y Ademys en CABA, que reflejan la realidad de la docencia en todo el país. Adosac convocó a un paro de 48 horas por recomposición salarial y en defensa de todos los puestos de trabajo puestos en riesgo por el gobernador Claudio Vidal. Por su parte, una asamblea abierta de Ademys resolvió un paro de 48 horas para el próximo viernes, cuando la reforma laboral vuelva a tratarse en el Senado. Ambos sindicatos votaron además la adhesión al paro nacional del 2 de marzo convocado por Ctera. También el Sutef de Tierra del Fuego resolvió 48 horas de paro en rechazo a la oferta salarial.

Ctera resolvió en su congreso del día 19 un no inicio de 24 horas para el 2 de marzo. Sin embargo, no plantea una continuidad con un plan de lucha que permita resolver las demandas más urgentes de la docencia de todo el país: una recomposición salarial inmediata, aumento del presupuesto educativo, la pelea contra las reformas educativas y el cierre de grados, el rechazo a la reforma laboral esclavista y a la Ley de Libertad Educativa. Si bien varios de estos puntos figuran formalmente en sus resoluciones, la conducción de Ctera no va a fondo. Deja pasar las reformas, permite que el salario siga cayendo y mantiene aislados los conflictos provinciales, como lo confirma su política “federal” desde hace más de veinte años.

El salario sigue siendo la principal preocupación de maestras y maestros en las escuelas. La depreciación salarial desde la asunción de Javier Milei ronda el 30%. En las provincias donde es posible, muchas y muchos docentes toman dos o tres cargos para sostener la economía familiar, en un gremio donde las mujeres representan un porcentaje muy alto como principal o único ingreso del hogar. En los lugares donde esto no es posible, la situación es aún más grave. A modo de ejemplo, tras el supuesto “aumento” otorgado por el gobierno de La Rioja, una maestra de nivel inicial cobrará desde febrero 715 mil pesos, cuando las y los trabajadores del Indec señalan que una familia tipo necesita 2.213.000 pesos para no caer en la pobreza. La docencia está por el subsuelo.

A la pelea contra las reformas educativas provinciales se suma la creciente pérdida de fuentes de trabajo. En Córdoba, el gobierno no renueva contratos del programa de Jornada Extendida. En CABA, se realizó una concentración frente al Ministerio de Educación en el marco de un paro por el despido de 50 docentes del programa Maestro+Maestro de alfabetización en el primer ciclo de la primaria. En Santa Cruz, el ajuste se expresa en el cierre de cursos y la superpoblación de otros, poniendo en duda la continuidad de alrededor de 1.500 puestos docentes.

Es necesario que desde las direcciones sindicales combativas, como Adosac, Unter, Ademys, ATEN Capital y UEPC Capital, fortalezcamos la coordinación nacional de la oposición, exigiendo que Ctera convoque a nuevas medidas y a un plan de lucha nacional para frenar estos ataques y pelear por un salario igual a la canasta familiar, contra los despidos y las reformas educativas. Desde el sindicalismo docente combativo debemos impulsar asambleas por escuela y asambleas generales para organizar la pelea contra el ajuste de la motosierra educativa del gobierno nacional, acompañado sin excepciones por el conjunto de los gobernadores.

Escribe Olga Ortigoza, dirigenta de la Multicolor en Suteba La Matanza

El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó una propuesta salarial del 3% de aumento, equivalente a 20 mil pesos, que la conducción Celeste de Suteba se vio obligada a rechazar. Se trata de una oferta miserable que no pudieron aceptar debido a la fuerte crisis que mantienen con amplios sectores de la base docente, producto de su apoyo político explícito al gobierno provincial. A esto se suma que es un año electoral, con elecciones sindicales en la primera mitad del año.

Sin embargo, el rechazo de la propuesta no estuvo acompañado por ninguna organización real de la lucha para conquistar un aumento salarial acorde a las necesidades docentes. La conducción Celeste se limita a refugiarse en el paro nacional y a promover volanteos y “jornadas pedagógicas”, sin impulsar un plan de lucha sostenido que permita enfrentar el ajuste. Para derrotar esta política, la Celeste debe romper su pacto con el gobierno provincial y dejar de actuar como un sostén de su gestión.

Frente a este escenario, es necesario organizarnos desde la base junto a la Multicolor Provincial, que convoca a la docencia a participar este miércoles 25 de febrero de un plenario virtual. Allí se reunirán delegadas, delegados y representantes de escuelas para llevar los mandatos que se vienen discutiendo. Se propone un no inicio de 48 horas los días 2 y 3 de marzo, empalmando el 2 con el paro nacional de Ctera, y una nueva reunión para debatir la continuidad de las medidas durante la semana del 9 de marzo, con el objetivo de poner en pie un verdadero plan de lucha provincial.

Desde Docentes en Marcha planteamos la necesidad de fortalecer un organismo democrático que debata y organice la lucha. Ese espacio debe construirse a través de plenarios provinciales presenciales de delegadas y delegados de escuela, realizados de manera permanente, desde donde se definan las medidas y su implementación. Ese método democrático dio origen a los grandes paros de 2014 y 2017 y se opone a las asambleas exprés y sin debate real que convoca la conducción Celeste.

Volvemos a hacer este llamado a todas las corrientes de la Multicolor, ya que tenemos por delante tareas muy arduas: organizar a la docencia e ir preparándonos para recuperar seccionales en las próximas elecciones de Suteba.

Llamamos a la docencia bonaerense a parar el 2 y 3 de marzo, y seguir peleando por el salario y en defensa de la escuela pública.