Escribe Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys

Este 2020 fue un fracaso gubernamental en la educación pública. Impericia, improvisación, ajuste, privatización y oportunismo mercantilista son algunas de las marcas que Fernández, Trotta, acompañado por Larreta, Acuña y los gobernadores, impregnaron en política educativa.

En la segunda quincena de marzo, cuando el mundo mostraba las tremendas consecuencias del Covid-19 y cerraba todo, el ministro de Salud, Ginés González García, decía que faltaba mucho para que llegara a la Argentina y Trotta se negaba a parar las clases presenciales. Luego suspendió la presencialidad de alumnos, ¡pero exigía que los docentes siguiéramos yendo! Recién en abril, ante el repudio de la docencia, Trotta impuso el sistema de educación virtual.

El gobierno aprovechó la pandemia para ahorrar plata y no nombrar a miles de docentes que debían cubrir cargos y módulos vacantes. Así, miles trabajamos con el doble de alumnos y miles pasaron hambre en la docencia por no tener ningún ingreso o tener poquísimas horas. Una vergüenza de Fernández y los gobernadores.

Improvisó un sistema de “educación virtual” sin preparación de la docencia ni las familias. Debimos aprender a manejarnos con aplicaciones novedosas. Docentes y alumnos no tuvimos un esquema de horarios fijos de trabajo y estudio, llegando a estar en jornadas interminables, recibiendo preguntas o trabajos prácticos a cualquier hora, aceptándolos comprendiendo la enorme dificultad de los estudiantes de tener celulares o computadoras a su disposición.

Los gobiernos se negaron a invertir en conectividad y tecnología gratuitas para docentes y estudiantes, fundamentalmente para los sectores más empobrecidos y marginados. Tuvimos que pagar más en electricidad, en internet y arreglos o compra de celulares y PC para poder estar en el sistema educativo. Y quienes no pudieron quedaron más marginados aún que antes de la pandemia. Esta es la realidad de la política educativa del gobierno de Fernández, Kicillof, Larreta, Kirchner, Schiaretti, etc. En esto no tuvieron “grieta”.

Otra vergüenza fue el ataque gubernamental permanente a los docentes, queriendo dejarnos ante la comunidad como “los responsables” de que las clases presenciales no volvieran. La figura estelar de esta política fue Soledad Acuña, que realizó declaraciones semifascistas contra la docencia, los profesorados, la izquierda y los sindicatos, dichos que fueron masivamente repudiados. Pero tanto Acuña como Trotta y los gobernadores que quisieron posar de “fanáticos” de volver a clases presenciales, quedaron en ridículo, ya que ni siquiera pudieron implementar los absurdos sistemas de “burbujas” que tanto pregonaron.

Un párrafo aparte merecen las burocracias de Ctera, UDA, CEA, AMET y su pleno acuerdo con los gobiernos y el apoyo a sus medidas. Firmaron paritarias de pobreza permitiendo que la miseria y la desocupación golpearan fuertemente a la docencia.
Sin dudas vamos a un 2021 donde la lucha por la escuela pública, por presupuesto, infraestructura, conectividad gratuita, salarios y trabajo estará al orden del día desde febrero. Desde Izquierda Socialista, Ademys, los Suteba Multicolores y el sindicalismo docente opositor de todo el país impulsaremos la coordinación nacional para defender el salario y la escuela pública, con plata para educación, no para el FMI ni para la educación privada.

El Senado ya dio media sanción a la ley de movilidad jubilatoria. Un verdadero robo. Una fórmula que no resolverá sus problemas, los profundizará. Para repudiarla, el FIT Unidad marchará al Congreso el 22 de diciembre.

Escribe Claudio Funes

Mientras la marea verde llegaba al Congreso para imponer la legalización del aborto que se debatía en Diputados, la Cámara de Senadores daba media sanción a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, con algunas modificaciones.
Tras el escándalo que desató el anuncio de que el miserable 5% de incremento para diciembre sería tomado a cuenta del aumento de marzo de 2021, los senadores maquillaron el ajuste exigido por el FMI.

Derogaron el artículo 6°, de esta manera en marzo se cobrará el aumento correspondiente con el 5% incluido. El proyecto enviado por Alberto Fernández contemplaba dos aumentos por año, ahora serán trimestrales. Por último, de los dos índices, el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) que realiza el Ministerio de Trabajo y el Índice Salarial del Indec, se tomará el mejor.

¿Con estas modificaciones la nueva fórmula será favorable a los jubilados? Afirmamos que no. Veamos por qué.

Para calcular los aumentos de marzo, junio y septiembre se suman el 50% de los aumentos salariales y el 50% de la recaudación de la Anses. Pero en el incremento de diciembre el cálculo cambia. Aparece la recaudación total anual de la Anses incrementada en un 3%, que actúa como límite o techo. Si los salarios de los trabajadores en actividad aumentan más que la recaudación de la Anses, siempre descontados los aumentos de marzo, junio y septiembre, los jubilados cobrarán según la recaudación. Si la recaudación anual aumenta más que los salarios, cobrarán el porcentual de incremento de estos últimos.  

La fórmula está diseñada para que los jubilados no participen de la mejora de los salarios ni de la mejora del crecimiento de la recaudación de la Anses. Al final de cada año siempre perderán en relación con alguna de estas variables, porque se toma la peor. Así, los jubilados solo participarán de las pérdidas de la recaudación o de la pérdida de valor de los salarios, nunca de sus incrementos. La nueva ley no resolverá sus problemas, los profundizará.

Agreguemos dos cuestiones que no son menores. La recaudación de la Anses será un dato poco transparente, informado por la peronista kirchnerista Fernanda Raverta, y los aumentos salariales, negociados por la burocracia sindical peronista, serán a la baja. Tienen los flancos cubiertos.

Ya vimos cómo la fórmula, aun con sus cambios cosméticos, es un engaño, pero no es el único. ¡La nueva ley de movilidad no toma en cuenta la inflación! Un verdadero flagelo para el pueblo trabajador y los sectores populares.
Según se desprende del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) de octubre, elaborado por el Banco Central, el “mercado” espera una inflación de 48,9% en 2021. El ingreso de los jubilados estará muy por detrás del costo de vida.
A pedido del FMI, el gobierno de Alberto Fernández no resuelve el problema de fondo, la jubilación mínima, ni la recuperación del 40% perdido en los últimos tres años.

Con el incremento de 5% otorgado en diciembre por decreto de Alberto Fernández, la mínima pasa de 18.128 pesos a 19.035 pesos, ¡907 pesos de aumento, 30 pesos por día! Menos que una limosna.
Son 4.4 millones los jubilados que cobran esta miseria que solo cubre el 38% del valor de la canasta básica del jubilado, que en noviembre ya estaba en 49.000 pesos.

Para los jubilados no hay mejoras, hay ajuste. Con los aumentos por decreto el gobierno ahorró 100.000 millones de pesos y en esto todos están de acuerdo, incluso la oposición patronal.
Debemos enfrentar este nuevo saqueo con acciones de repudio, como la radio abierta que el viernes 11 de diciembre llevaron adelante, frente al Senado, distintas agrupaciones de jubilados, entre las que estaban nuestros compañeros de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel)

Solo la izquierda apoya el genuino reclamo de los abuelos y se opone a esta ley. Así lo expresarán en la Cámara de Diputados nuestro compañero Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) y Nicolás del Caño (PTS). Por ello el día 22 de diciembre a las 17.30 el FIT Unidad realizará una concentración y acto en el Congreso para rechazar este robo.
Invitamos a las organizaciones de jubilados y a los trabajadores activos a dar juntos la pelea.

Después de trabajar toda su vida, es de estricta justicia que un trabajador pasivo tenga garantizado un ingreso que le permita adquirir la canasta básica del  jubilado. La Defensoría de la Tercera Edad la calcula hoy en 49.000 pesos. Ningún jubilado debería estar por debajo de este monto. Con él se fija el piso ¿y de ahí para arriba? La respuesta es sencilla, el 82% de su salario en actividad, “móvil”, es decir actualizándose acorde con los incrementos que perciben los trabajadores activos y a la inflación.
Mientras tanto, la realidad es que en nuestro país el 70% de los jubilados cobra la mínima, muy por debajo de la línea de pobreza y cercano a la de indigencia.

El robo permanente

El gran argumento, en la Argentina y en el mundo, es que no hay plata para otorgarle a los jubilados lo que les corresponde. El problema sería que “la gente hoy vive más que antes”. Una gran mentira. Lo que sucede es que, década tras década, se le fue robando al sistema de seguridad social. Y hoy se sigue haciendo lo mismo.

Las jubilaciones se generalizaron en nuestro país como un derecho para todos los trabajadores con el primer gobierno peronista. El 82% móvil se estableció en 1958, durante el gobierno de Frondizi. Las cajas previsionales fueron claramente superavitarias hasta los primeros años de la década del ’60. Hasta ese entonces era mucho más lo que ingresaba a las cajas que lo que se pagaba, dada la poca cantidad de jubilados. Sin embargo, ya en esas primeras décadas comenzó una costumbre sostenida hasta hoy: los distintos gobiernos patronales se apropiaban del dinero que entraba en las cajas para financiarse.

Con Videla y Martínez de Hoz se incorporó por primera vez otra práctica, reducir los aportes patronales y utilizar los fondos previsionales para pagar los vencimientos de deuda externa.

Pero el salto cualitativo se produjo en la década del ’90. Menem y Cavallo hicieron una reducción sustancial y generalizada a los aportes patronales, que ya nunca serán restituidos.
En 1993 se crearon las AFJP. La inmensa mayoría de los descuentos a los trabajadores y de los ya reducidos aportes patronales ingresaban a esas empresas privadas, mientras al Estado le quedaba la tarea de pagar las jubilaciones que alcanzaron niveles de miseria nunca vistos.

Durante el peronismo kirchnerista se acható terriblemente la pirámide jubilatoria. Millones fueron jubilados con la mínima o con valores muy cercanos. En esos doce años de kirchnerismo nunca se subieron los aportes patronales, lo que hubiese permitido incrementar las jubilaciones.

La reestatización de las jubilaciones durante el kirchnerismo brindó la posibilidad de que existiera un fondo, constituido por todo lo acumulado por las AFJP, que prácticamente no habían pagado jubilación alguna. Se trataba de más de 75.000 millones de dólares. Se lo bautizó pomposamente con el nombre de Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Era, teóricamente, el dinero existente para pagar juicios que pertenecía a los jubilados y pensionados. Sin embargo, ese fondo fue utilizado para otros fines. En particular para pagar deuda externa, y reemplazarlo por más “papelitos”, bonos y letras del Tesoro. También para otros usos muy alejados de las necesidades de nuestros abuelos. Macri profundizó esta política, hasta llegar a la actualidad, en que quedan apenas 24.000 millones de dólares, la mitad en bonos públicos.

Las dos últimas estafas: Macri en 2017, y ahora Alberto Fernández

El gobierno de Macri, en diciembre de 2017, cambió la fórmula de reajuste haciendo que se perdiera más de 25% del poder adquisitivo de los haberes al día de hoy.
Alberto Fernández eliminó esa fórmula el año pasado y la sustituyó por aumentos discrecionales por decreto, justamente en el momento que los jubilados iban a “ganar” algo con ese cálculo mientras echó mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para sostener el dólar

Luego viene la ley que hoy estamos denunciando.
¿Cómo modificar esta historia? Haciendo lo que nadie propone.
Hay que restituir los aportes patronales que sacó Cavallo y profundizaron legislaciones posteriores.
Se debe realizar un masivo blanqueo de los trabajadores en negro.A lo propuesto se debe agregar la creación de un impuesto a las grandes fortunas, empresas y multinacionales que, junto con el no pago de la deuda externa, permitirán financiar el sistema jubilatorio.

Por último, el dinero de los jubilados debe ser administrado por los propios trabajadores, activos y pasivos. ¡La Anses y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no deben usarse nada más que para pagar jubilaciones y pensiones!
¡El sistema no está quebrado ni es inviable! Lo están desfinanciando desde hace décadas. La prioridad, de una vez por todas, deben ser los jubilados, no los especuladores de la deuda externa, los capitalistas y el FMI.                                        C.F.

Escribe Martín Fú

El gobierno anunció la modificación del mínimo no imponible, que es el monto base a partir del cual un salario empieza a pagar Impuesto a las Ganancias. Este mínimo es de 74.810 pesos para un trabajador soltero y de 98.963 para uno casado con dos hijos. Si tomamos como referencia que para no ser considerado pobre en la Argentina una familia tipo necesita cubrir una canasta básica de 49.919 pesos -según el gobierno-, pero sin embargo esa canasta se eleva a 76.507 pesos, según ATE Indec. Hoy un trabajador que tiene la “suerte” de estar en blanco y por debajo de la línea de pobreza, debe pagar el mal llamado Impuesto a las Ganancias. Que en realidad es un impuesto al salario, a pesar de que el salario no es ganancia.

El alcance de este impuesto se multiplicó exponencialmente durante los últimos años, mientras el mínimo no imponible permanecía congelado, año a año, paritaria tras paritaria, más trabajadores integraban la legión de “privilegiados” que eran alcanzados por este impuesto. Así es cómo, en los últimos cinco años, se duplicó la cantidad de asalariados que son víctimas de este robo y cada año son más los que lo pagan.

Esto vuelve a repetirse ahora, otra vez el mínimo no imponible sube por debajo de la inflación. Con lo que, el año próximo, más trabajadores serán alcanzados por este tributo.

Nuestro planteo es sencillo y básico: ¡el salario no es ganancia! Ningún trabajador debe pagarlo. Las ganancias, por el contrario, son las que obtienen las patronales y a ellas debe cobrársele. De esa forma empezaremos a terminar con un sistema tributario profundamente regresivo. En ese camino es que proponemos que se imponga un verdadero impuesto a las grandes riquezas, como el que plantea el Frente de Izquierda Unidad.

Se acercan las fiestas de fin de año y un tema que aparece en todos lados es el del horror por las subas de los precios de lo que se denomina “canasta navideña”. Muchísimos productos cuestan el doble que el año pasado. ¡Hasta el pan dulce se vende en cuotas! Este fin de 2020, después de meses de pandemia, para muchos trabajadores será un problema incluso completar la mesa para juntarse a celebrar. Peor aún, los artículos de la canasta familiar todas las semanas aparecen con un aumento nuevo en las góndolas. Los salarios, mientras tanto, siguen perdiendo por goleada frente a esta suba de precios.

Lo mismo sucede con las jubilaciones.  Esta semana el gobierno intentó que el aumento, ya de por sí totalmente insuficiente, de 5% en diciembre, fuera “a cuenta” de lo que se reajuste en marzo. Tuvo que retroceder ante el repudio popular. Pero igualmente, el reajuste programado para marzo será un auténtico robo a los jubilados: no tendrá en cuenta la inflación acumulada, sino los aumentos de salarios. Parece un chiste: como los salarios quedan por debajo de la inflación, los trabajadores pierden. Pero como las jubilaciones van atadas a los salarios, también pierden los jubilados. Sumémosle que aquellos que se quedaron sin ingresos ya no recibirán siquiera los miserables 10.000 pesos del IFE.

Mientras tanto, ¿quién gana? La respuesta es cantada, los pulpos acreedores y el FMI. Es que, a la vez que el gobierno usa la pandemia como excusa, la realidad es que todo está dirigido a “ahorrar”, vía plan de ajuste, para garantizar el pago a los buitres de la deuda y al Fondo. Este es, en concreto, el famoso plan de ajuste que se está terminando de negociar con el FMI.

Mientras tanto, un par de encuentros de esta semana sirvieron para completar el panorama. En su tradicional reunión anual, el dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja brindó con los burócratas de la CGT por haber logrado reducir lo que ellos llaman “el costo laboral”, a la vez que siguen reclamando más flexibilización. Sin ponerse colorado, Antonio Caló, de la UOM, festejó el acuerdo que se había alcanzado durante la pandemia por el que millones de trabajadores perdieron 25% de su sueldo. ¡Celebran una rebaja salarial en medio de una pandemia! Unos días más tarde fue el turno del asado, con foto incluida, del presidente Alberto Fernández con la cúpula de la CGT. Los burócratas, que hace un par de semanas habían esbozado una tibia queja ante la realidad del ajuste, ahora salieron a apoyar totalmente al gobierno. Por eso sigue pasando el ajuste. Se fueron con la promesa de que en breve se pondrá en marcha el llamado “acuerdo económico y social”. Se trata de una mesa en la que van a confluir burócratas sindicales, patronales y otros sectores como la Iglesia Católica para, todos juntos, “bendecir” el ajuste en curso. El motivo para realizar ahora la convocatoria será, otra vez, una exigencia del FMI, que pide que todos los “actores” se comprometan a apoyar el ajuste. 

Esta semana tuvimos además el sainete de la pelea entre el Frente de Todos y la oposición patronal de Cambiemos acerca de quién se queda con un peso más o menos de la coparticipación. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salió a denunciar que se les “roba a los porteños”. Seamos claros, no es verdad que el gobierno nacional utilizará ese dinero para resolver alguna cuestión urgente que aflija al pueblo trabajador; tampoco que así lo hacía Cambiemos en CABA. Se pelean en las alturas por un dinero que se terminará utilizando, tanto en un caso como en el otro, para subsidiar a los empresarios amigos o para pagarle a los pulpos acreedores.

Todo esto sucede mientras sigue la pandemia. En Río Negro, en el pico de los contagios, treinta y dos jefes de servicios renunciaron por no conseguir la recomposición de sus salarios. Es apenas un ejemplo de una lucha de los trabajadores de la salud que se extiende por todo el país. Los ferroviarios, que tuvieron decenas de contagiados, fueron considerados trabajadores “esenciales” para todo, menos para cobrar remuneraciones dignas. Por eso, tal como sucedió la semana pasada cuando se movilizaron motorizados por la Seccional Oeste de la Unión Ferroviaria conducida por Rubén “Pollo” Sobrero, siguen reclamando aumentos salariales que cubran la pérdida del costo de vida. También salen a protestar los docentes repudiando a los dirigentes que firmaron una paritaria miserable. Los aceiteros de Santa Fe están de paro ante la intransigencia de las patronales del sector, unas de las que más han ganado este año.

Estas peleas van marcando lo que se viene. El pueblo trabajador tendrá que salir masivamente a enfrentar el ajuste frente a las traiciones de las burocracias de la CGT y las CTA; eso es lo que estamos planteando desde el sindicalismo combativo y la izquierda. Por eso ya anunciamos que nos movilizaremos al Congreso el día que se trate el robo a los jubilados. Al mismo tiempo que exigimos en todos los gremios un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos del valor de la canasta familiar y que se reabran, sin techo, todas las paritarias.

Mientras el gobierno le va dando nuevas puntadas a su plan de ajuste, negociado paso a paso con el FMI, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad decimos que la salida pasa por imponer otro plan económico, alternativo, obrero y popular. Que comience por romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa. Que imponga un impuesto de verdad a las grandes riquezas. Que nacionalice la banca y el comercio exterior para terminar con la especulación y la fuga de capitales. Que todos esos recursos se apliquen a resolver las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, salud, vivienda y educación.