Escribe José Castillo

Casi la mitad de los trabajadores privados (el 41,6%) están en negro. Son 5.100.000 personas. Pero lo peor es que 567.000 de ellos son nuevos puestos de trabajo, post-pandemia. Siendo claros: los puestos de trabajo en blanco que se perdieron durante 2020 nunca se recuperaron. Fueron reemplazados por trabajadores precarizados, sin derechos, ni obra social, ni cobertura por accidentes de trabajo, ni aportes jubilatorios. Trabajadores descartables que pueden ser echados en cualquier momento sin pagarles un peso de indemnización.

Hay tres actividades donde el trabajo informal es mayoritario: personal doméstico (1.072.000 puestos de trabajo), la construcción (537.000) y los trabajadores del campo (513.000). Pero también existen 880.000 puestos en negro en el comercio y 615.000 en la industria.

El trabajo precarizado, en negro o informal es, a la vez, el que más sufre el deterioro salarial. Viene perdiendo más del 30% del poder de compra desde 2017 y este año, según todos los registros, ya estaba muy por debajo de la suba de precios en la primera mitad del año. Mucho peor ahora, con los nuevos saltos inflacionarios de la semana pasada. De hecho, una parte importante de los millones de puestos de trabajo que apenas reciben el salario mínimo de 45.540 pesos (o incluso menos, pese a su “ilegalidad”) son trabajadores informales. ¡Cobran la mitad del salario necesario para llegar a salir de la línea de pobreza!

Las patronales en todas sus expresiones, el establishment económico y el FMI insisten en que, para resolver el problema de los puestos de trabajo en negro, hay que avanzar con la flexibilización laboral. Argumentan que las patronales contratan en negro porque les resultan muy caros los aportes jubilatorios, de obras sociales o los pagos de indemnizaciones por despido. En sus propios argumentos se ve a que apuntan: a un país donde el conjunto de los trabajadores puedan ser superexplotados sin ningún derecho, ni siquiera el de jubilarse al terminar su vida laboral.

Lo peor es que el modelo al que apuntan ya existe: se aplica en la industria de la construcción, donde los trabajadores despedidos no cobran la indemnización establecida por ley para el resto de las actividades, sino un seguro de desempleo que surge de una “libreta” de aportes que se le hace al trabajador mientras está ocupado. Como termina todo esto está a la vista: el obrero de la construcción es uno de los más pobres y explotados y lo que percibe si es despedido es una miseria. Pero eso no impide que, como vimos antes, la construcción sea una de las actividades que registra más trabajo informal. ¿Por qué? Porque así el empleador se “ahorra” gastos de elementos de seguridad, paga por debajo de los valores de convenio y ni siquiera aporta para ese miserable fondo de desempleo del que hablamos más arriba.

La salida es justamente la opuesta. Hay que exigir el blanqueamiento de todos los trabajadores, pagándoles lo que les corresponde según el convenio respectivo, y con todos los beneficios correspondientes. Es obligación del Ministerio de Trabajo inspeccionar y sancionar severamente (con fuertes multas, clausuras y expropiaciones) a quienes tienen trabajadores en negro. Se debe invertir la carga de la prueba: que cualquier trabajador pueda denunciar su situación de precariedad y no pueda ser echado por ello, sino inmediatamente blanqueado.

Por supuesto, poco podemos esperar de un Ministerio de Trabajo que, siendo el encargado de inspeccionar todo esto, tiene en su propio seno trabajadores precarizados, bajo el formato de “monotributistas”. El pase a planta de todos los trabajadores del Estado en esas condiciones también es parte de la lucha contra la precarización laboral.

Escribe Claudio Funes

Cristina Kirchner y Sergio Massa acordaron con los empleados parlamentarios un aumento salarial. Gracias a la “ley de enganche” las y los diputados y senadores tendrán un incremento de 69% en sus dietas.

Semejante aumento en medio de la profundización de la pobreza debido a la inflación sin control, lo recibirán en dos tramos, el primero en julio y el segundo en octubre, con cláusula de revisión en noviembre. Todo en este año, no en cómodas cuotas como acuerda la burocracia sindical peronista para las y los trabajadores. 

Desde el gobierno intentan justificar el aumento diciendo que las dietas están “atrasadas”. En la actualidad un legislador cobra 359.000 pesos de bolsillo promedio y a partir de julio llegará a 466.700 pesos, mientras que en octubre alcanzará los 606.710 pesos. A estos importes se agregan otros ítems como gastos de representación y desarraigo, si residen a más de 100 kilómetros del Congreso.

El Frente de Izquierda propone que cada diputado o legislador gane lo mismo que una directora de escuela, y lo llevan adelante.

Escribe Claudio Funes

La ex presidenta cobra actualmente más de cuatro millones de pesos por la doble pensión vitalicia con la que cuenta. Una por su cargo de primera mandataria y la segunda derivada de la misma pensión otorgada a Néstor Kirchner.

Esta vez la Anses a cargo de la kirchnerista Fernanda Raverta decidió no oponerse al doble beneficio, cuando siempre apelan las resoluciones judiciales que favorecen al jubilado común ante sus haberes mal liquidados, ex profeso, por esa administración.Mientras la mayoría de jubiladas y jubilados cobran la mínima (o un poco más) de 37.525 pesos, Cristina Kirchner recibe mes a mes el equivalente a 110 veces esos ingresos. Un insulto a millones de jubilados y pensionados bajo la línea de pobreza.

Cristina, que cobra una jubilación de privilegio, apoyó la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria que condena a la mayoría a ingresos de indigencia. Para ella no hay Tope de Acumulación de Haberes, esto es solo para el pueblo trabajador. Billetera mata doble discurso.

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Para escribir esta nota consultamos a Javier, que trabaja con su flete haciendo mudanzas. Él nos cuenta que actualmente los traslados que hace, por ejemplo, son para achicar los gastos: personas o familias que pasan de un tres ambientes a un monoambiente. Nos dice que aproximadamente el cincuenta por ciento de los viajes que realiza son jóvenes que vuelven a la casa de sus padres porque, aunque tengan un trabajo, con su sueldo no les alcanza para pagar el alquiler.

Este relato ilustra los números publicados recientemente por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) que en el último informe (julio 2022) estableció que el costo de un monoambiente subió un 75% en los últimos doce meses y el de un tres ambientes, un 70%. Ningún salario aumentó en la misma proporción en el último año. De acuerdo al relevamiento de CESO, en la ciudad de Buenos Aires el precio promedio de un monoambiente es de 49.000 pesos, mientras que el Salario Mínimo Vital y Móvil es de 45.540. Por lo tanto, alcanza para cubrir solo el 92,9% del alquiler de un monoambiente. El precio promedio de un dos ambientes en CABA es de 60.000 pesos y de un tres ambientes 85.000 pesos. Estos valores no tienen en cuenta las expensas que en promedio llegan al 15% del costo de alquiler (Informe CESO, julio 2022).

La Ley de Alquileres no resuelve el problema

En junio del 2020 se sancionó la Ley de Alquileres, que regula los contratos por tres años con aumentos anuales de acuerdo al promedio que surge entre la inflación que mide el Indec y la variación salarial publicada por el Ripte del Ministerio de Trabajo. Cuando se termina el contrato no hay ningún tipo de regulación y nuevamente quienes alquilamos quedamos a merced de las inmobiliarias y rentistas.
Pero para darle mayores beneficios a los propietarios (como si no los tuvieran) en el Congreso se está discutiendo modificar la normativa actual. Por un lado, el Frente de Todos propone sumar mayores beneficios  fiscales para los dueños, y por el otro, Juntos por el Cambio plantea volver a los contratos de dos años y con aumentos semestrales. Queda en evidencia que ni al gobierno ni a la oposición patronal le interesa dar una verdadera solución al déficit habitacional.

Por un plan de viviendas populares

Mientras persiste el abuso por parte de las inmobiliarias y rentistas, los requisitos para poder alquilar se vuelven inalcanzables para cualquier familia trabajadora. Ya no solo quedó lejos el sueño de la casa propia sino también la posibilidad de alquilarla. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad sostenemos que se debe imponer un verdadero impuesto a las viviendas ociosas, terminar con la especulación inmobiliaria y los requisitos que piden de “ciencia ficción”, como lo catalogó en Twitter el jóven al que le pedían ingresos de 225.000 pesos para ingresar a un dos ambientes. Junto con ello, impulsar un plan de viviendas populares para terminar con el déficit habitacional y generar empleo genuino sobre la base del no pago de la deuda externa.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Hay un tembladeral político y económico tras la renuncia del ministro Guzmán. Y crecen las luchas. El lunes 11 de julio Batakis anunció un mayor ajuste tras hablar con la titular del FMI Kristalina Georgieva. La inflación no se detiene, los alimentos básicos son inalcanzables, el dólar paralelo está por las nubes y la incertidumbre de millones crece día a día. Argentina sigue sometida a un mayor ajuste capitalista de pobreza, saqueo y dependencia. Hace falta un plan económico obrero y popular. Esto es lo que volvió a postular la izquierda junto al sindicalismo combativo y las organizaciones sociales que luchan en la gran marcha a Plaza de Mayo el 9 de Julio.

La renuncia de Guzmán abrió una mayor crisis en el gobierno, la más grande desde que asumió. El Frente de Todos hace aguas y está en su peor momento. Antes hubo otras. Pero la actual no es una más de las denominadas “crisis en las alturas”, está asentada en un evidente descontrol económico y, mientras tanto, está creciendo el malhumor social expresado en más reclamos obreros y populares, como se dio con las rebeliones de los docentes de San Juan semanas atrás y ahora en La Rioja, en los paros del Sutna, entre otros.

¿Cuál va a ser el nuevo precio de la leche o la carne? ¿Y del dólar? ¿Qué pasará con el empleo y los salarios? ¿Llega el gobierno al 2023? ¿Adónde va el país? Estos interrogantes cotidianos son los que generan un mar de incertidumbre en el pueblo trabajador. Si hay algo claro es cuál es el camino del gobierno. Batakis acaba de confirmar que se va a un mayor ajuste (achique del gasto del Estado) y va a seguir bajo las recetas del FMI. Un gobierno que se postuló como “salvador” ante la crisis que había dejado el macrismo y ahora son millones los azorados ante sus consecuencias.

Alberto Fernández vino diciendo que el peronismo siempre fue el salvador del país ante las crisis, como la salida anticipada de Alfonsín en 1989, luego la caída de De la Rúa en 2001, y en 2019 cuando ganó las elecciones ante lo que denominó “la pandemia de Macri”. Con ese mensaje pidió el voto para “combatir a la derecha” y prometió la heladera llena. Pero lo único que ha crecido en casi tres años de gobierno fueron la inflación, la desigualdad social, las ganancias de los grandes empresarios, terratenientes y banqueros nacionales y extranjeros, y el saqueo del FMI.

El gobierno peronista del Frente de Todos sigue justificando su accionar posando como víctima, primero con la pandemia del Covid-19 y ahora con la guerra en Ucrania. Intenta de esa forma encubrir su responsabilidad ante las consecuencias nefastas ocasionadas por el pacto de mayor saqueo y dependencia sellado con el FMI a través del Congreso nacional con el apoyo del macrismo y el radicalismo de Juntos por el Cambio. Esto ya generó una ruptura que se expresó en las elecciones pasadas, donde el gobierno perdió cinco millones de votos de su base popular. Ahora se cierne la amenaza de que lo darían perdedor en las presidenciales del año que viene. Millones de trabajadoras, trabajadores y jóvenes están haciendo una experiencia acelerada con el peronismo en el gobierno, generando una mayor decepción, falta de entusiasmo y ruptura con el Frente de Todos. Solo la izquierda y los luchadores pueden darle una salida favorable al pueblo trabajador.

Una economía atada a las multinacionales y al FMI

Esta semana se dará a conocer el índice de inflación de junio, que superará el 5%. Pero los ojos están puestos en la de julio, que ya todos esperan sea entre el 7 u 8%, llevando la interanual al 80%. Es inconcebible que en la Argentina de la carne y el trigo los alimentos estén más caros que en países de la Unión Europea. Pero es así.

Algunos presagian índices cercanos a una economía hiperinflacionaria. Muchos recuerdan al gobierno de Alfonsín, cuando el pan tenía un precio a la mañana y se duplicaba por la tarde. Por ahora no estamos en eso, pero una inflación del 80%, salvo en los picos hiperinflacionarios, es una de las más altas de nuestra historia y ubica a Argentina entre los países más inflacionarios del mundo.

Es cierto que hay una mayor inflación mundial y la invasión de Rusia a Ucrania ha disparado los precios internacionales de la energía y los alimentos. Pero esto no es más que un nuevo capítulo de la crisis capitalista mundial que los gobiernos imperialistas descargan sobre los pueblos del mundo, mientras salvan al mismo tiempo a las multinacionales, bancos y grandes empresarios. Por ejemplo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que nuclea a los principales países imperialistas, tendrá una suba anual del 9,6%, la más alta en los últimos treinta años. Y en Argentina la inflación ha sido enorme en todos estos años previos.

El dólar blue está casi al doble del oficial y las reservas del Central están semivacías, con dólares que alcanzan solo para cubrir las importaciones de quince días. Y los vencimientos de la deuda en pesos son billonarios (dos billones se pagarán en julio-septiembre). El gobierno ya se comió los ingresos de las exportaciones y su centro es capturar 5.800 millones de dólares para cumplir con las metas del FMI. Por eso Batakis ratificó el ajuste mediante un “equilibrio fiscal” a la baja (llegar al 2,5% del PBI pactado con el Fondo Monetario), lo cual implica eliminar cualquier intento de otorgar aunque sea el miserable salario universal de indigencia del que en un momento habló Cristina. Y la promesa de que con más exportaciones se va a salir es para justificar las retenciones cero, que se acaba de votar en el Congreso para favorecer a las automotrices Ford, Toyota, Peugeot y otras, entre otros incentivos y exenciones impositivas para petroleras, el agronegocio y las mineras.

El trasfondo de este sometimiento hay que buscarlo en el endeudamiento externo que viene desde la dictadura, la fuga de capitales y una economía dirigida y en beneficio de multinacionales, bancos y capitalistas autóctonos (Techint, Arcor, Molinos, Coto, Eurnekian, Banco Macro, Credicoop, entre otros) que la vienen esquilmando desde hace décadas de la mano de todos los gobiernos de turno.
 
El rol del kirchnerismo

Cristina pasó de no hablar con Alberto Fernández (porque mantenía en el cargo a Guzmán, según se decía) a señalar que la renuncia del ex ministro fue un acto de “irresponsabilidad y desestabilización” para con el presidente. Se dio cuenta que seguir fogoneando al mismo gobierno que ella integra no hace más que meter más leña al fuego a una crisis política con consecuencias impredecibles, crisis que también alcanza a su figura. Sus quejas sobre “funcionarios que no funcionan” o sus arengas sobre la “economía bimonetaria” sin proponer nada distinto más que retoques parciales al plan económico de Alberto Fernández, se le están agotando después de la “tregua” y el consenso ante la designación de Batakis.

Cristina vino radicalizando su discurso contra su propio gobierno pero está en una encerrona. Ella misma no ha dejado de incentivar la crisis política y debilidad del gobierno del cual es vicepresidenta. Por eso va girando. Una muestra fue la reunión que tuvo con el economista de derecha-liberal y ex funcionario macrista, Carlos Melconián, reconociendo que en muchas cosas estaba de acuerdo con él. Otro paso fue la presencia de su quizás delfín presidencial y actual Ministro del Interior Wado De Pedro hablando ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), es decir, ante las grandes corporaciones del llamado círculo rojo a quienes le propuso acuerdos básicos. “La tribuna es tuya”, le dijo Funes de Rioja en una sala VIP del Alvear Icon Hotel de Puerto Madero mientras se degustaba lomo con verduras. Funes de Rioja es el jefe de la Copal (Cámara de Alimentos), patronales que remarcan todos los días los precios. En dicha reunión también estaba el representante de la Bolsa de Comercio, bancos y hasta la Sociedad Rural.

Funes de Rioja fue claro: “Debo decir que lo percibo no sólo como un dialoguista si no también con un futuro que todos queremos para la Argentina”. Y Eurnekian le regaló un claro mensaje a De Pedro: “sepa que tendrá del sector empresario el total y absoluto apoyo a su gestión”.

Llevarse bien con los empresarios fue también la lógica del peronismo kirchnerista en sus doce años de gobierno . Durante 2003/2015 eran los que “se la llevaban en pala” según reconoció la propia Cristina, años en que la concentración económica creció, se pactó con la Barrick y Chevrón y se pagó de contado toda la deuda con el FMI con el verso de que nos estábamos desendeudando. De Pedro también le hizo un guiño a la oposición patronal de Juntos en dicho evento, mostrándose en sintonía con algunos dichos de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta.

Muchos jóvenes y sectores populares siguen teniendo aún expectativas en Cristina y el kirchnerismo creyendo equivocadamente que son algo distinto a Alberto Fernández o a Sergio Massa, o que realmente podrían tener una propuesta “nacional y popular” contra el FMI y los grandes grupos económicos.  Pero Cristina, Máximo Kirchner y el peronismo kirchnerista no tienen ningún plan cualitativamente distinto al de Alberto. Sus discursos críticos tienen que ver no solo con la disputa interna para quedarse con puestos clave, la caja para La Cámpora y el control del territorio bonaerense, sino también con tratar de “salvarse” del creciente repudio de la base peronista al gobierno del Frente de Todos que incluye al kirchnerismo. Cosa que no le está resultando fácil. También Cristina teme que en un futuro cercano amplios sectores peronistas del movimiento obrero y popular puedan ser ganados por la izquierda trotskista del FIT Unidad, por eso con su discurso trata de contener una mayor ruptura hacia la izquierda revolucionaria.
 
Postular una salida de fondo

Se avecinan tiempos donde se expresarán nuevos capítulos de la mayor crisis política y social en curso. Nadie se atreve a predecir más allá del día a día. Aplicar un mayor ajuste y llegar a 2023 no le será fácil al gobierno peronista. Hay un cóctel explosivo en la realidad que hasta reconocen propios y extraños.

Seguiremos transitando momentos de cambios bruscos en lo político, económico y en las luchas, ante un gobierno más débil que ya definió un mayor ajuste. Es cierto que al gobierno no le han soltado la mano los empresarios ni el FMI. Pero también es cierto que ante la agudización de la crisis los grandes capitalistas pujan por llevarse aún más la mejor parte de la torta. También el gobierno cuenta con el apoyo de la CGT, las CTA y los movimientos sociales pro gobierno, que fueron elogiados por el propio Fernández por evitar un estallido social cuando asumió y por su rol actual de “contención social”. Pero a pesar de ello las luchas vienen creciendo. El epicentro estuvo en estas semanas en la rebelión docente en La Rioja, los más de diez paros de los trabajadores del neumático nucleados en el Sutna y en el movimiento de desocupados combativo, entre otras expresiones. Reclamos que crecerán ante la suba del hambre y la desigualdad social.

Lo que se da en Argentina no es más que la expresión particular de lo que pasa en el mundo, más allá de sus diferencias y semejanzas, donde hay una mayor crisis capitalista-imperialista mundial con su actual crisis alimentaria y energética. Y se está ante una enorme inestabilidad de los gobiernos (cayó Boris Johnson en Inglaterra y huyó el presidente en Sri Lanka), donde se dan rebeliones populares como ocurrió en Ecuador con dos semanas de paro contra el ajuste del FMI y el presidente Lasso.

Las y los luchadores y la izquierda tienen que seguir apoyando las luchas obreras y populares, denunciando el rol de los dirigentes. La CGT y las CTA anunciaron posibles marchas tras los dichos de Batakis. Hay que exigirles que rompan el pacto con el gobierno y fijen un paro y plan de lucha nacional por un inmediato aumento salarial de emergencia para enfrentar la tremenda suba de precios. Para que se reabran las paritarias y se fijen aumentos al valor de la canasta familiar indexados mensualmente al real costo de vida, como lo reclama y por eso lucha el Plenario Nacional del Sindicalismo Combativo. Segundo, seguir postulando un plan económico alternativo de emergencia, obrero y popular, partiendo de romper con el FMI y el no pago de la deuda externa, para construir un plan de medio millón de viviendas populares para dar trabajo genuino a dos millones de desocupados, entre otras medidas. Es lo que planteamos en la nueva y gran marcha a Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país este 9 de Julio entre el Frente de Izquierda Unidad, el sindicalismo combativo, los movimientos sociales combativos y el resto de la izquierda. Mostramos una salida alternativa.
El peronismo ha demostrado que no tiene nada de “salvador” sino que es una continuidad de los planes de ajuste capitalistas. Por supuesto que ante todo esto tampoco es ninguna solución el macrismo y el radicalismo de Juntos que ya gobernó con hambre, endeudamiento y represión y fue enfrentado por los luchadores y la izquierda. Y llamamos a combatir a los liberfachos Milei y Espert.
Hace falta fortalecer al Frente de Izquierda Unidad como la única y nueva alternativa política de los trabajadores y de la unidad de la izquierda que vino creciendo en estos años, para que se prepare con más fuerza para pelear por esta salida de fondo. Salida definitiva que para Izquierda Socialista vendrá de la mano de un gobierno de las y de los trabajadores y una Argentina socialista.