Escribe José Castillo

Martín Guzmán renunció luego de cumplir con el primer trimestre de ajuste exigido por el FMI. La nueva ministra Silvina Batakis asumió comprometiéndose a continuar el acuerdo con el Fondo y declarando “creer en el equilibrio fiscal”. Anunció un mayor ajuste, por lo que se vienen meses con más inflación, devaluación y caída de salarios, jubilaciones y planes sociales.

La renuncia de Martín Guzmán desató una grave crisis política que analizamos en las páginas 2 y 3 de este periódico. El ex ministro de Economía, garante y firmante del acuerdo con el FMI hace apenas tres meses, se fue después de cumplir con el ajuste que correspondía a la primera meta trimestral. El FMI “lo aprobó” pero inmediatamente le exigió el cumplimiento irrestricto de la meta de ajuste anual (reducir el déficit fiscal a 2,5% del PBI y la emisión monetaria a 1%, además de acumular al menos 5.800 millones de dólares en las reservas). Para hacerlo indicó el camino en su propio comunicado, reducir el gasto en jubilaciones, subsidios (esto último directamente relacionado con avanzar en tarifazos de los servicios públicos privatizados) y congelar el gasto social. Kristalina Georgieva lo graficó claramente días después al afirmar que se necesitaban “acciones dolorosas”.

Guzmán se fue víctima del fuego cruzado entre Alberto Fernández y un kirchnerismo que sin plantear nada alternativo venía buscando zafar discursivamente de las consecuencias del ajuste.
Con el nombramiento de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía hubo quien creyó que, apareciendo como más cercana al kirchnerismo, se podía dar alguna modificación en el acuerdo con el Fondo o la puesta en marcha de alguna medida “nacional y popular”. Algunos llegaron a hablar de la aprobación del proyecto de salario básico universal.

Nada de esto sucedió. La ministra apenas asumió lo dejó bien claro al pronunciarse por la continuidad del acuerdo con el Fondo y el cumplimiento de las metas. Para que quedara más claro, dio un primer guiño al afirmar que “creía en el equilibrio fiscal” (léase en un mayor ajuste para alcanzarlo).

Finalmente este lunes, una semana después de haber sido nombrada y tras completar su equipo, dio su primera conferencia de prensa. Ahí anunció directamente un mayor ajuste. También ratificó el acuerdo con el Fondo y habló de cambios en la administración financiera: no gastar más de lo que se recaude. Esto suena muy parecido al “déficit cero” de Domingo Cavallo en 2001. Traduzcamos sus dichos: de lo que se recauda primero se pagan los vencimientos de deuda y después, lo que sobra, será para atender las necesidades populares. Como lo dijo la propia ministra, se trata de un “recorte del gasto corriente”. Al mismo tiempo se anunció el congelamiento de vacantes en el Estado nacional, incluyendo a todos los organismos descentralizados. ¡Cómo si no hicieran falta más trabajadores de la salud, médicos, investigadores, científicos u otros especialistas! Un anticipo de la poda de partidas en todos los ministerios y del cierre de programas sociales.  

Todo lo que plantea Batakis está en consonancia con las exigencias del FMI. En concreto, para cumplir con la meta de reducción del déficit fiscal al 2,5% del PBI, el gobierno debe reducir el gasto en la segunda mitad del año en un 7,8%. También el acuerdo con el FMI requiere que la asistencia del Banco Central al Tesoro (básicamente, la emisión monetaria) no supere al 1% del PBI. No hay otra forma de hacerlo que por medio de un brutal ajuste, como el que ya está pre anunciando la ministra en esta primera conferencia de prensa.

Ni uno solo de los anuncios de Batakis van en beneficio del pueblo trabajador. Tal como lo ratificó horas después el propio presidente Alberto Fernández: “que los mercados entiendan que vamos a controlar el gasto e iniciar una baja del déficit fiscal”. Todo un tributo a los famosos “mercados”, es decir, a los pulpos especuladores, las grandes patronales y el propio FMI.

Batakis fue clarísima. Más aún de lo que era Guzmán. El gobierno del Frente de Todos se juega a que lo apoye el establishment económico local e internacional, profundizando el ajuste y cumpliendo a rajatabla con el Fondo. Es un camino que solo le puede dejar al pueblo trabajador salarios y jubilaciones de miseria, más hambre y marginación social.

La salida pasa por un programa diametralmente opuesto al que plantea la nueva ministra. Es lo que venimos planteando desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Hay que suspender inmediatamente todos los pagos en concepto de deuda externa y romper con el FMI. Estas medidas son las elementales que deben ser acompañadas de otras para terminar con la especulación y el saqueo, como nacionalizar la banca y el comercio exterior y reestatizar las privatizadas, pavimentando el camino para poner en marcha otro plan económico al servicio de atender las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, salud, educación y vivienda.

Escribe Guido Poletti

La inflación de junio volverá a superar el 5% (el número oficial se conocerá este jueves). Se calcula que anualizada ya está en 75% y con serios riesgos de seguir aumentando y superar el 100%.
La crisis de estos días, en lo que fue desde la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía a la primera semana en el cargo de la nueva ministra Silvina Batakis, sirvió como excusa para una remarcación generalizada de todos los precios. Las proyecciones dan para julio una inflación que irá en un rango cercano al 8%, pudiendo incrementarse hasta el 10%. Los salarios, las jubilaciones y los planes sociales, que ya venían siendo violentamente sacudidos en los meses anteriores, sufrieron un nuevo golpe la semana pasada, con bienes esenciales que subieron un 20, 30 y en algunos casos 50%. Estadísticamente, la inflación de alimentos subió un 2,5% en la primera semana de julio, donde aumentaron uno de cada tres productos (relevamiento de la consultora LCG). Lácteos y huevos trepó 6,5%; pan, cereales y pastas 4,9%; azúcar y cacao 3,3%; bebidas 2,8% y aceites 2,4%.

Mucho se discute sobre las causas de la inflación. No es la intención de este artículo hacer un debate teórico al respecto, sino ir a algo bien concreto. Se dice que por la “incertidumbre”, la “suba del dólar” o la “emisión monetaria”, el “mercado” sube los precios. Queremos ser bien claros: no existe dicho “mercado” en abstracto. Lo que hay, en concreto, son grandes empresas, la gran mayoría monopólicas u oligopólicas, que envían listas remarcando precios cada quince días. Ellas, y las grandes cadenas de hiper y supermercados, que le agregan su propia “tajada”, son las que se cubren y garantizan sus superganancias a costa del hambre del pueblo trabajador.

Con nombre y apellido

Las empresas de las que hablamos son las mismas con las que se reunió esta semana la propia ministra Batakis. En los rubros de consumo masivo son Molinos Río de la Plata y Vicentín (fideos y productos provenientes de la harina, aceites), Arcor (prácticamente todo el rubro de alimentos envasados), Mastellone (lácteos), Mondelez (golosinas), Quilmes y la Asociación de Fabricantes Argentinos de Coca Cola (bebidas),  y Procter&Gamble y Unilever (artículos de limpieza y tocador).

A esto hay que sumarle las grandes cadenas de híper y supermercados, que le agregan su tajada a los aumentos: Carrefour, Cencosud, Coto, La Anónima y Walmart.

¿Qué hacer?

El gobierno del Frente de Todos suele reunirse cotidianamente con estos empresarios. Nombramos más arriba el encuentro de la semana pasada con la ministra Batakis, pero hubo montones de reuniones anteriores con los funcionarios hoy renunciados. Han firmado decenas de acuerdos (Precios Cuidados, Precios de Cercanía, Precios Máximos, Cortes Congelados -para la carne-, canasta de frutas y verduras). Sin embargo, estos pactos son sistemáticamente violados por las mismas patronales. Los usan cuando les conviene, casi como propaganda gratuita de ofertas, para luego hacer desaparecer estos productos de las góndolas o reemplazarlos por otros similares pero con un precio mayor. El mismísimo gobierno reconoce que los acuerdos se están cumpliendo en un 60% (esto quiere decir que de cada tres productos, hay uno que no está en la góndola).

Todo esto lleva a que algunos economistas del establishment liberal salgan a decir por los medios que los controles de precios o los precios máximos no sirven, y que hay que liberalizar todo, dejando que “el mercado” (o sea los pulpos empresarios) haga lo que quiera.

Nosotros decimos exactamente lo contrario. Si los actuales acuerdos no funcionan es porque el gobierno se niega a sancionar a quienes los violan. Podría hacerlo fácilmente si quisiera, ya que solo se trata de aplicar la Ley de Abastecimiento. Si hubiera real voluntad, bastaría con fijar precios máximos para todos los productos de la canasta familiar y controlar severamente su cumplimiento. Tendrían que sancionar a quien viole esos precios, provoque desabastecimiento o acapare (sea  una gran empresa productora o una cadena de supermercados) con multas, clausuras, prisión para sus dueños o incluso expropiación de la empresa. Esa es la verdadera guerra contra la inflación que este gobierno se niega a llevar adelante.

Escribe José Castillo

“No hay dólares”. “Casi no queda nada en las reservas del Banco Central”. “Quedan divisas para apenas quince días de importaciones”. Son todas frases que escuchamos estos últimos días. Muchos señalan que ese es el motivo de la actual suba de los dólares “paralelos” (blue, Contado con Liqui o MEP), que llegaron a acercarse a 300 pesos en lo más álgido de la crisis. “Nuestro problema es la restricción externa”, dicen los economistas del Frente de Todos. “Tenemos que reconocer que tenemos una economía bimonetaria”, agrega la vicepresidenta Cristina Fernández. El presidente Alberto Fernández dio la explicación más desopilante: “no nos alcanzan los dólares porque crecemos mucho”.

Ninguna de estas explicaciones va al corazón de lo que está pasando. ¿Por qué, si este año tendremos récord de exportaciones, cerca de 90.000 millones de dólares, como lo informó la propia ministra Batakis, sin embargo no hay dólares?

Primero, porque las exportaciones están concentradas en manos de unos pocos grupos transnacionales monopólicos, que realizan todo tipo de maniobras en su propio beneficio y así las divisas terminan no entrando al país. Estamos hablando de las gigantes yanquis Cargill, Bunge, Archer Daniels Midland (ADM), de la francesa Dreyfuss, de la china Cofco y de la anglo-suiza-canadiense Viterra-Glencore. Solo entre  2021 y lo que va de 2022, la AFIP detectó 1.400 casos de maniobras irregulares, por al menos 4.100 millones de dólares. Se trata de subfacturación de exportaciones y de operaciones truchas entre empresas  subsidiarias de un mismo grupo económico, con  triangulación, autopréstamos, etcétera.

Pero, además de lo puramente delictivo, hay miles de maniobras especulativas. Este año, entre enero y lo que va de julio, apenas se exportaron 11 millones de toneladas de soja. De los 44 millones de toneladas disponibles quedan 33 millones sin vender. El resto está guardado especulativamente en silobolsas. El propio presidente del Banco Central, Miguel Pesce, reconoce que hay un retraso en las liquidaciones de al menos 2.200 millones de dólares.

Y no se trata solo del complejo agrario. La Dirección Nacional de Aduanas acaba de denunciar una millonaria subfacturación de exportaciones de litio, en 403 operaciones ocurridas entre 2018 y 2019. Se trata de una empresa multinacional con base en Catamarca que declaraba apenas un tercio del valor real del carbonato de litio que exportaba.

El otro tema son las importaciones. Si bien la gran factura de importaciones es por la necesidad de comprar gas (se calcula que solo en este mes se requerirán 2.000 millones de dólares en este concepto), se observan gran cantidad de empresas que, jugando especulativamente a una futura devaluación, importan de más para tener stock, y también operaciones de sobrefacturación (o sea, piden acceso a los dólares oficiales, mucho más baratos, por encima de lo que realmente necesitan).

Por supuesto hay otras canillas por las que se van los dólares. Están los especuladores, los pulpos financieros que hasta ahora venían jugando a la bicicleta financiera que les ofrecía el Banco Central con las altísimas tasas para los bonos en pesos y que hoy deciden irse, no renovar esos bonos, venderlos y pasarse a dólares para fugarlos. Y, por supuesto, tenemos la canilla siempre abierta de los pagos de deuda externa, como el de esta semana por 690 millones de dólares.  

Frente a esta realidad, pretender ahorrar divisas por medio de un cepo que, finalmente, al que más perjudica es al pueblo trabajador, es una señal de un gobierno que no quiere atacar realmente los intereses de los que más tienen.

Lo que debería hacerse es nacionalizar el comercio exterior, creando un ente estatal monopólico que se encargue de las exportaciones e importaciones y administre el uso de las divisas. Así, los dólares entrarían directamente al Tesoro y podrían ser utilizados según las necesidades de un plan económico al servicio del pueblo trabajador.

Este organismo, además, cumpliría el rol de las viejas Juntas de Granos y de Carnes, fijando precios justos para los pequeños productores (que hoy son presionados con precios a la baja por los grandes monopolios). Jugaría también el rol de agencia compradora, acumulando stocks estratégicos que se podrían vender a un valor inferior en el mercado interno y en el momento adecuado al precio internacional en el mercado externo. Podría, también, hacer acuerdos bilaterales de país a país, rompiendo con los negocios de los intermediarios.

Ese mismo organismo controlaría a la vez las importaciones, evitando maniobras especulativas y definiendo estratégicamente qué bienes deben comprarse en el exterior.

Si a esta nacionalización del comercio exterior la complementamos con otras medidas, como la nacionalización de la banca para terminar con la especulación financiera y, por sobre todo, con la suspensión de los pagos de deuda externa y la ruptura con el FMI, tendremos todas las herramientas necesarias para volcar todos los recursos a la solución de las más urgentes necesidades populares.

Los salarios vienen siendo sistemáticamente destruidos desde hace cuatro años. Los propios datos oficiales reconocen que, en ese período, los trabajadores privados en blanco perdieron el 25% de su poder adquisitivo. El resto de la clase trabajadora (tercerizados, trabajadores del sector público o informales) sufrieron una caída superior al 30%.

Este año, con la inflación galopante, va camino a ser mucho peor. El descalabro que se produjo con la renuncia de Guzmán y el ascenso de Batakis hizo que en una sola semana el conjunto de la clase trabajadora sufriera un golpe demoledor en su poder de compra.

Hasta hace dos años las negociaciones colectivas se hacían anualmente, a lo sumo con alguna cláusula de reajuste cuando la inflación superaba lo acordado. Así fue como los trabajadores fuimos perdiendo sistemáticamente nuestro poder adquisitivo. Este año, ante la aceleración inflacionaria, se empezó con negociaciones trimestrales. Es obvio que no alcanza. No se recupera lo perdido en años anteriores y ni siquiera se logra evitar mayores caídas.

Se impone reclamar un aumento generalizado, que lleve el salario mínimo de todos los trabajadores al valor actual de la canasta familiar (161.624 pesos, según los cálculos de la Junta Interna de ATE Indec). Y se tiene que establecer el reajuste automático mensual de dicho salario mínimo. A partir de allí, se deben reabrir todas las paritarias para que se fijen los aumentos correspondientes a cada categoría, según los convenios colectivos vigentes.

Es necesario debatir esto en todos los lugares de trabajo, promoviendo asambleas, reuniones de activistas o pronunciamientos de cuerpos de delegados en ese sentido.  La CGT habla de marchar contra los empresarios. Yasky está a favor del impuesto a la renta inesperada. Pero de lo que se trata en concreto es de exigirle a la burocracia de la CGT y las CTA que rompan el pacto y llamen a un plan de lucha para enfrentar el ajuste y defender nuestros salarios. Eso es lo que estamos planteando desde el sindicalismo combativo.

Escribe Guido Poletti

El 9 de julio, irónicamente coincidiendo con el Día de la Independencia, hubo un vencimiento de 690 millones de dólares con los acreedores privados de la deuda externa. El pago se hizo efectivo el lunes pasado. Se trata de un vencimiento correspondiente al canje firmado en agosto de 2020 entre el ministro Guzmán y dichos bonistas.

En su momento se nos vendió que habíamos zafado de los pagos de deuda “por varios años”. No era cierto. Ya desde hace un año que venimos pagándole a los bonistas privados.
Mientras se nos dice que los dólares escasean, los pocos que hay en las reservas del Banco Central se usan para enriquecer a los pulpos especuladores.