Escribe Agustín Cazeaux, Presidente del Centro de Estudiantes de Río Grande de la Universidad de Tierra del Fuego

En reclamo contra el cese de la intervención y el derecho a trabajar de los casi 130 empleados, los portuarios se movilizaron este 3 de febrero a las puertas de la Dirección del puerto de Ushuaia y los estudiantes los acompañamos en la guardia diaria como desde el principio de la lucha.
La convocatoria impulsada por 50 organizaciones como la Confederación General del Trabajo (CGT) Ushuaia y los principales sindicatos y organizaciones sociales y políticas se congregaron para solidarizarse con los portuarios.

Como representante del Centro de Estudiantes de la sede de Río Grande de la Universidad de Tierra del Fuego (UNTdF) y de la Agrupación Unión Resistente de Estudiantes Fueguinos (UREF), pude reclamar en la asamblea contra la ofensiva del Gobierno nacional para destruir el empleo en la isla.
Durante mi intervención lo más aplaudido fue el reclamo de un paro nacional el día que se trate el proyecto de reforma laboral esclavista y la necesidad de hacer crecer la solidaridad y unidad de obreros y estudiantes.

Con la necesidad manifiesta de organizar un verdadero plan de lucha para derrotar la reforma y la intervención del puerto, desde la Juventud de Izquierda Socialista (JIS) se realizó una colecta para pagar los gastos de transporte para poder llegar con las banderas que viajaron desde Río Grande.
En la asamblea también hablaron Oscar Martínez de la UOM de Río Grande, Horacio Catena de SUTEF, Ramón “Moncho” Calderón de la CGT de Ushuaia, Claudia Etchepare de ATSA, Roberto Murcia de la Dirección provincial de Puertos y el veterano de Malvinas Héctor Horacio Chávez.

Escribe Marcela Almeida, miembra de la Junta Interna ATE Indec

El lunes 2 de febrero, al llegar al Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) nos encontramos con la noticia de que había renunciado su director, Marco Lavagna.  Y la sorpresa fue mayor cuando nos enteramos de que la razón habría sido que el gobierno no le permitía publicar el nuevo índice para medir la inflación.

Pese a los compromisos anunciados frente al Congreso de la Nación y en el calendario del organismo, el Ministerio de Economía vetó la actualización del Índice de Precios al Consumidor que se iba a comenzar a publicar este 10 de febrero. Esta actualización incluía la nueva canasta de bienes y servicios que se usa para medir la inflación mensualmente y sus ponderaciones (los pesos que cada artículo tiene en el número final).

Lejos de ser una cuestión menor para las y los  trabajadores, esta intromisión del gobierno en el índice de precios impacta de lleno en los bolsillos populares. El IPC se utiliza para negociaciones paritarias o jubilaciones, por lo que siempre hemos defendido tener la mejor medición posible.
Desde la junta interna de ATE Indec venimos señalando que desde principios del año 2025 estaban las tareas concluidas para actualizar el IPC. Sin embargo, con el argumento de que era “año electoral” las autoridades se negaron a hacerlo. 

Ahora, Milei y sus voceros Caputo y Adorni, esgrimen argumentos técnicos que resultan ridículos. Quieren esperar a que “se consolide el proceso de desinflación” o que la inflación llegue a cero. Hablan de la supuesta incomparabilidad de los datos. Esto no resiste el menor análisis. Si la inflación tendiera a la baja como dice el gobierno se notaría con cualquier metodología y en los bolsillos de la población. Contrariamente, en los últimos meses la inflación no para de subir. ¡Lo único que se “desinfla” son nuestros salarios! Los trabajadores estatales nacionales hemos perdido cerca del 30% de nuestro poder adquisitivo desde que llegó Milei al gobierno. Eso quiere decir que sólo podemos comprar un 70% de lo que adquirimos hace 2 años. Y los alquileres, las tarifas y el transporte no paran de subir…

Por ello denunciamos que lo que buscan es esconder el ajuste que tienen planeado para este año a través de la quita de subsidios a servicios públicos, que con las nuevas ponderaciones más altas para los servicios, iban a redundar en un IPC anual sensiblemente más alto.

Por eso nos oponemos a esta manipulación y señalamos el peligro que se corren con la calidad y credibilidad de los futuros índices. Señalamos que la única salida posible es un Indec independiente de los gobiernos de turno, donde los trabajadores del organismo seamos quienes definimos las metodologías sin injerencia de los políticos patronales.

Escribe Julieta "Mechon" Ocampo, diputada provincial en Neuquén de Izquierda Socialista FIT-U

Desde la banca de Izquierda Socialista (FIT-Unidad) de Neuquén, luego de haber conversado con familiares y allegados sobre la situación crítica que se vive en Cholila a partir de los incendios, frente al abandono total del gobierno nacional y la inoperancia del gobierno provincial de Torres, ponemos a disposición nuestra banca una vez más al servicio de las luchas populares, y en este caso particular al servicio de apagar el fuego en Cholila. Enviamos una contribución económica de $500.000 (quinientos mil pesos) para que sirvan para comprar los elementos necesarios para lxs brigadistas y voluntarixs.

Seguiremos denunciando la responsabilidad de los gobiernos que dejan arder la Patagonia para que sus amigos empresarios avancen sobre el territorio quemado. Denunciamos el desfinanciamiento de la Ley del Manejo del Fuego, la precarización laboral de lxs brigadistas, y la modificacion de la Ley de Bosques y Glaciares que apuntan a profundizar el saqueo a costa de nuestra vida y la vida animal y vegetal del territorio.

TODO FUEGO ES POLÍTICO

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Alias: canterwoman.mp (Daniela Silvia Cantero)

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista FIT/Unidad

Milei miente descaradamente. No sólo habla de los “millones que sacó de la pobreza” (qué sólo están en su imaginación). También insiste en que los salarios están subiendo. Todos los datos los desmienten, hasta los oficiales.

Los salarios continúan cayendo. Según el propio Indec subieron en noviembre apenas 1,8%, mientras la inflación fue de 2,5%. En el sector privado registrado, el aumento fue de 2,1%, también por debajo de la suba promedio de los precios. El sector público, como veremos más abajo y cómo ya es tendencia en todo el gobierno de Milei, se derrumba hasta el subsuelo.

No es un dato casual de noviembre. Es algo que se viene repitiendo mes a mes. Claramente, los salarios están por debajo de noviembre de 2023. El promedio de todos los salarios registrados da una caída de 6,4%. Ni hablemos lo que pasa en el universo creciente de los precarizados, tercerizados y no registrados.

Alguien podría decir que el hecho de que los salarios privados registrados hayan perdido “sólo” dos puntos contra la inflación en el período enero-noviembre de 2025 no es tan grave, más allá que esto sólo basta para desmentir los dichos del presidente. Pero esto es apenas un promedio que esconde situaciones muy graves. Salvo los gremios de maestranza y aceiteros, todos los demás perdieron. La UOM, tuvo un incremento de 25,9%, perdiendo casi 6%, Camioneros 26,4%, perdiendo 5%, Alimentación 24,7%, con caída de casi el 7%. Y Empleados de Comercio, el gremio con más trabajadoras y trabajadores, también quedó abajo, con 28,5%, por detrás del promedio.

Y aún todos estos incrementos esconden algo: como el gobierno no homologa aumentos de convenio superiores al 1% mensual (demostrando que su objetivo, diga lo que diga Milei, es que los salarios caigan sistemáticamente comparados con la inflación), muchos gremios otorgan sumas fijas, o por única vez, o no bonificables ni remunerativas. Esto termina impactando en cómo se liquidan las horas extras, los aguinaldos, o incluso en que se dan aumentos que no recuperan lo perdido en los salarios cobrados en meses anteriores.

La situación se agrava cuando recordamos que, además, todos estos números son comparados contra la inflación oficial de Indec que no refleja, ni de cerca, la pérdida del poder adquisitivo en términos de canasta familiar, donde la caída promedio de los ingresos de las y los trabajadores desde el comienzo del gobierno de Milei ronda el 15%.

Las perspectivas para este año no son alentadoras. La consultora ACM afirma “si la dinámica salarial actual en el sector privado registrado se mantiene (suba nominal en torno a 2%), dada la inflación anual de 31,5% para el 2025, sería esperable que los salarios registrados observen una baja en torno al 2,6% en términos reales.”

¿Qué pasa con los salarios estatales?

La “motosierra” de Milei se ensañó en particular con las y los trabajadores del sector público. Sus salarios cayeron 14 puntos contra la inflación medida por el IPC. Pero en realidad fue peor para los estatales nacionales, que cayeron más que lo de las provincias.

En noviembre, último mes del que hay información, por ejemplo, los salarios estatales subieron apenas 1,3%, cuando la inflación del mes fue casi el doble (2,5%).

El Indec reconoce la disparidad entre los aumentos de los sueldos nacionales (21,3%), mientras que en el promedio de las provincias fue 33,5% (por supuesto que ver estos porcentajes de aumento esconde que en muchas provincias los sueldos de las y los trabajadores del Estado arrancan de valores de indigencia). Un dato es que en provincia de Buenos Aires, los aumentos otorgados por Kicillof fueron de 25,9%, por encima de los de Milei pero aún así perdiendo casi cuatro puntos contra la inflación oficial.

Según el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, los aumentos de 2025 de las y los estatales acumularon 17,5%, contra una inflación oficial de 31,5%. (¡14,4% por debajo!).

Las consecuencias: el crecimiento astronómico de las moras en los préstamos

Todo esto tiene sus consecuencias. ¿Cómo hacen las y los trabajadores para llegar a fin de mes si sus ingresos están en niveles de pobreza y en muchos casos de indigencia? La respuesta durante el primer año del gobierno de Milei fue: “endeudándose”. Las y los trabajadores en blanco terminaron usando sus tarjetas de crédito para comprar comida en cuotas. Los no registrados recurrían a préstamos por fuera del sistema financiero, a un costo mucho mayor.

Por supuesto, todo esto tiene un límite: millones de familias trabajadoras ya no pueden pagar las deudas que se les acumularon. O, peor aún, tomaron préstamos para pagar deudas, creando una bola de nieve informal. Por eso, según datos del propio Banco Central, las moras (los incumplimientos) en los pagos de los préstamos personales aumentó a un valor récord: 11%. En los préstamos a hogares la mora ya llegó a 8,8%. En tarjetas de crédito subió a 8,4%. Para comparar de qué estamos hablando: hace un año la mora en préstamos personales era de 3,4% y en tarjetas de apenas 1,6%.

La CGT debe romper la inmovilidad y llamar a paro y plan de lucha

El ajuste y la motosierra siguen avanzando. A esto se suma la ola de despidos. Y la ofensiva en curso del gobierno para imponer la reforma laboral. Mientras tanto, la burocracia de la CGT sigue “deshojando la margarita”, entre llamados al diálogo y declaraciones “opositoras” sin llamar a ninguna medida.

Se impone la exigencia de un aumento salarial de emergencia, para que nadie gane menos que la canasta familiar. Y la reapertura de todas las paritarias, sin el techo miserable que le impone la Secretaría de Trabajo, que se niega a homologar cualquier acuerdo que supere el 1% mensual. Del mismo modo, hay que salir ya mismo a enfrentar la reforma laboral esclavista.

Para todo esto la salida es una sola: movilizarse masivamente, apoyar todas y cada una de las luchas en curso y llamar a un paro nacional y un plan de lucha. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo seguimos denunciando a la CGT por su pacto de inmovilidad con el gobierno y exigiéndole que llame a estas medidas, mientras nos preparamos para movilizarnos masivamente el día del tratamiento de la ley de reforma laboral.

Escribe Hugo Iglesias, dirigente de Izquierda Socialista de Río Grande

Una batería de medidas dispuestas en las últimas semanas da cuenta de la carrera de Milei por someter la soberanía de nuestro país en el cono sur a las exigencias de Trump para controlar el cruce bioceánico y la Antártida. Al mismo tiempo que esta semana profundizó sus compromisos geopolíticos con el gobierno de los EEUU, aceptando integrar el fraudulento Consejo de Paz para legitimar el genocidio y colonización de Gaza, puso un pie en el acelerador para su control de Tierra del Fuego, la Antártida y las islas del Atlántico sur en función de esos compromisos.

El 21 de febrero a la madrugada, en plena oscuridad, fuerzas de Prefectura naval y de Gendarmería ocuparon el puerto de Ushuaia para dar paso a la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegables (ANPYN) que suspende su habilitación por un año y podría prorrogarse.  El puerto de Ushuaia tiene múltiples funciones. Sirve para fines turísticos en Ushuaia, de aprovisionamiento de cruceros que van a la Antártida, de sostén logístico a la isla, pero también atiende la comunicación y aprovisionamiento por mar de las 13 bases argentinas en ese continente.

En los últimos días, el gobierno de Milei dispuso el traspaso de las bases Carlini y Brown que tienen funciones científicas y dependían de Cancillería al Comando Conjunto Antártico (CoCoAntar) dependiente del ministerio de Defensa. Ambas bases forman parte del Programa Antártico cuya misión es la investigación científica de cuestiones ambientales, biológicas, climáticas y de apoyo logístico a la presencia de nuestro país en el territorio. Científicos y hasta ex militares de estas misiones señalan que el traspaso atentaría contra estos objetivos, y no tiene justificativo. Curiosamente, el personal apostado en esas bases venía señalando el desmantelamiento de recursos en función del ajuste del estado nacional que estaba poniendo en peligro su funcionamiento, lo que podría considerarse parte de una estrategia de pera madura para justificar el traspaso.

Cabe señalar que desde 1959 existe el Tratado Antártico que es internacional y que impide el uso con fines militares del territorio, cuya soberanía está en disputa entre diversos países. Las 13 bases que posee Argentina tienen una ubicación extendida como parte de la defensa de nuestra presencia en el territorio. En 2018 el gobierno de Macri hizo una primera avanzada de militarización, disponiendo el pase de la mayoría de esas bases al CoCoAntar, dependiente de Defensa, dejando solo las dos señaladas para fines científicos. Milei hoy cierra el círculo. Cabe consignar que fuentes no oficiosas de Defensa han manifestado que no tienen recursos para afrontar este nuevo objetivo para sus tareas. Entonces, ¿a qué respondería la medida? ¿Quién sí tiene recursos para sostener o desmantelar estas bases?  No podemos olvidar las dos visitas del jefe del Comando Sur de los EEUU, Almirante Alvin Hosley, y la conferencia sudamericana de Defensa que realizó en nuestro país en 2025, donde se estableció el compromiso de trabajo conjunto para defender el Atlántico sur del supuesto peligro de China en la región, obviamente bajo la dirección de los EEUU. Así mismo recordar que, en noviembre de 2025, producto de estos acuerdos, se realizaron actividades conjuntas de las fuerzas navales argentinas con las estadounidenses en la base militar de Ushuaia.

Al mismo tiempo nos enteramos que uno de los objetivos de la 62 Conferencia internacional de Seguridad que se realizará el 15 de febrero en Munich, es sellar un acuerdo entre el ministro de Defensa Petri y el canciller Quirno con el gobierno inglés para que se levante el veto que rige desde la guerra de Malvinas para que Argentina pueda comprar armas con componentes británicos, y para favorecer el turismo en la Antártida. ¿Nos venden espejitos de colores? ¿Armas británicas para defendernos de quienes ocupan nuestras Malvinas? ¿Una conferencia de seguridad que aborda el turismo en la Antártida?

El 25 de enero un avión de la fuerza aérea estadounidense voló desde Buenos Aires a Ushuaia sin comunicación del Gobiernos Nacional  ni de los organismos de defensa argentinos a las autoridades provinciales.

A esta llamativa avanzada militarista tenemos que agregar la ofensiva de Milei para destruir la economía de la isla que desalienta la permanencia de su población en la misma. En noviembre de 2025 el gobierno nacional redujo la obligatoriedad del 70% al 30% de las partes nacionales que componen un celular, lo que favorece a los importadores y afecta los empleos en el sector. En enero, la fábrica Newsan ya despidió a 150 trabajadores en Ushuaia.

El 15 de enero entró en vigencia el decreto 333/2025 que reduce a 0% los aranceles de importación. Este decreto había sido suspendido en mayo de ese año luego de una huelga general de los metalúrgicos que culminó con un paro provincial. El decreto pone en peligro más de 6.000 puestos de trabajo industriales y varios miles más que esta industria derrama en servicios, comercio, entre otros.

Pero eso, no es todo. También en enero, por resolución 20/206 la Secretaría de Comercio e industria, dependiente del ministerio de Economía nacional, eliminó la obligación de las empresas beneficiarias del Régimen de promoción industrial por Ley 19640 de destinar el 15% de los impuestos que no pagan (IVA) al Fondo de Ampliación de la Matriz productiva (FAMP). Este fondo debía servir para generar fuentes de empleo e infraestructura que permitiera reconvertir el sistema productivo para volverlo sustentable durante el período de prórroga de la mencionada ley que vence en 2030.

Desde su creación el fondo no se utilizó y recién el año pasado los mismos grandes empresarios, como Chernakosvky (Newsan) y Caputo (Mirgor), presentaron proyectos que los benefician, sin necesidad de retorno y que no crean nuevas fuentes de empleo. El FITU presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional en octubre de 2025 para que dicho fondo fuera provincializado y puesto a control de un directorio con mayoría de trabajadores y vecinos de modo que, efectivamente se destinara a un proyecto de sustentabilidad económica de la isla que permita defender el empleo.

Por su parte, el gobierno  encabezado por el peronista Melella, ha demostrado su inutilidad para resolver la crisis financiera que vive la provincia, al punto que hace 7 meses que no paga los salarios policiales, la obra social de los estatales de la provincia, OSEF, afronta graves problemas presupuestarios para la atención de sus afiliados, los hospitales públicos están colapsados por la población sin obra social. Todo esto pronostica una crisis cada día más aguda.

Izquierda Socialista llama a la unidad urgente de todos los sectores de trabajadores para luchar por derrotar la intervención del puerto, apoyando el reclamo que ya vienen haciendo los portuarios en la puerta del mismo.  A sumar esta lucha a la defensa de los puestos de trabajo contra los despidos.

En ese camino proponemos que la realización de un gran encuentro o congreso provincial de sindicatos, trabajadores, vecinos, pequeños comerciantes, estudiantes para discutir la unidad de todos por un plan de emergencia para derrotar la entrega colonialista del gobierno de Milei a cualquier potencia extranjera, y para  proyectar un plan de una economía sustentable que el gobierno provincial no garantiza, y que solo los trabajadores pueden liderar.