Oct 30, 2020 Last Updated 10:29 PM, Oct 29, 2020

Diputada K confirma que se ayuda a las grandes empresas

Publicado en El Socialista N° 461
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Las grandes empresas se llenan los bolsillos con los jugosos subsidios que les otorga el gobierno, como reconoció la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos. Al mismo tiempo rebajan los salarios, siguen las suspensiones y los despidos y continúan subiendo los precios de los productos de primera necesidad. ¿Cómo se debería responder a esto?

Escribe Adolfo Santos

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad estamos absolutamente en contra de beneficiar a las grandes empresas mientras se rebaja 25% el salario de los trabajadores. La anunciada prioridad hacia los más vulnerables no pasó de buenas intenciones. Los grandes empresarios especulan con la pandemia y presionan todos los días para recibir más fondos de parte del Estado con la excusa de que así podrán “continuar produciendo y evitar los despidos”. Increíblemente, en estas operaciones ya se han descubierto una gran cantidad de fraudes. Denuncias de abogados laboralistas dan cuenta de que las empresas informan jornadas laborales mayores para que el Estado les cubra una porción más grande de los salarios. De esta forma, el subsidio supera más del 50% de los sueldos. Incluso se utilizó este dinero para pagarle a los gerentes de grandes corporaciones. ¡Un escándalo!

El domingo 24 empapelaron la ciudad con afiches que dicen “Salarios 50% pagados por el gobierno nacional”. Es una vergüenza que, en vez de gravar a las grandes fortunas para crear un fondo de emergencia como reclamamos desde el FIT Unidad, el gobierno esté subvencionando a más de 250 empresas de primer nivel, muchas de las cuales han despedido o suspendido trabajadores durante la cuarentena, y que además poseen inmensos patrimonios. Hay que exigirles que acaten la ley que prohíbe despidos y suspensiones, que se hagan cargo con sus patrimonios, construidos con el esfuerzo de los trabajadores, que mantengan las fuentes de trabajo y que retrotraigan los precios al inicio de la cuarentena.

Es inexplicable que empresas como el Grupo Clarín, Techint –del multimillonario Paolo Rocca–, la cerealera Vicentin, acusada de estafas contra el Estado, o las multinacionales Scania o Volkswagen accedan a subsidios solo demostrando que sus ventas de abril cayeron levemente con respecto al año pasado. Así es fácil ser capitalista. Como dijo Juan Carlos Giordano, diputado electo por el FIT Unidad: “A estos ladrones de guante blanco habría que aplicarles el impuesto a la riqueza en vez de que Alberto Fernández les pague la mitad de los salarios”.

Pero esto no es más que doble discurso. Lo que sucedió en realidad es que el gobierno ha sido el garante de la rebaja salarial entre la burocracia sindical y la UIA, le sigue robando a los jubilados con el miserable reajuste de apenas 6% y continúa sin dar asistencia alimentaria y de infraestructura adecuada a las comunidades que sufren más carencias. 

Durante la cuarentena no hubo ninguna sanción para los grandes empresarios que violaron los decretos que prohíben los despidos y las suspensiones, para los grandes formadores de precios que abusaron con los aumentos de los productos de la canasta familiar, o para los que están cometiendo fraude con los subsidios otorgados por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). La propia diputada Vallejos, tras reconocer los enormes recursos que terminan subsidiando a las grandes empresas, propuso como “compensación” que el Estado reciba acciones y cargos en los directorios de esas empresas. Eso no es ninguna salida, ni ninguna novedad. Hoy en día ya existen más de cincuenta directores en las que el Anses, por ejemplo, tiene acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Muchos de estos directores fueron nombrados durante el gobierno de Mauricio Macri, donde, con la excusa de representar “al Estado” en estas empresas privadas, se embolsan jugosas remuneraciones sin que nada de eso haya mejorado la situación de los trabajadores.

Tenemos que terminar con el doble discurso. Hay que prohibir las suspensiones y los despidos y que toda empresa que viole esta disposición o cierre sea estatizada y puesta a funcionar bajo gestión de sus trabajadores. ¡Basta de rebajas salariales! Hace falta un aumento de emergencia para todos, así como un ingreso real, de al menos 30.000 pesos, para los sectores populares que hoy no lo tienen. Se deben congelar los precios de los productos de la canasta familiar y a toda empresa que viole el control de precios o acapara hay que sancionarla con todo el peso de la Ley de Abastecimiento. Se trata, en definitiva, de que sean los capitalistas, las grandes fortunas, los banqueros, los que paguen la crisis, no el pueblo trabajador.  

 

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