Escribe José Castillo

Los precios van camino a terminar el año con una suba promedio de 100%, e incluso con un número muy superior para los artículos de la canasta básica. Las grandes empresas son las ganadoras, haciendo superganancias con sus remarcaciones, mientras los salarios de los trabajadores siguen perdiendo poder de compra.

Entre julio y octubre los salarios de los trabajadores en blanco llevan perdiendo en promedio un 8%. Lejos, muy lejos quedó la promesa del actual presidente Alberto Fernández de que se iba a recuperar lo perdido durante el macrismo. En concreto, desde 2015, los trabajadores bajo convenio de la actividad privada llevan perdido el 25% del poder adquisitivo de los salarios. Mucho peor le fue a los salarios públicos (docentes, trabajadores de la salud, administrativos de todos los niveles -nacional, provincial o municipal). Y ni que hablar de los que están tercerizados o directamente en negro. Un sólo dato: el salario mínimo llegará a 57.900 pesos en noviembre (menos de la mitad de la canasta básica oficial de 119.757 pesos, y apenas un tercio de la canasta real calculada por los trabajadores de ATE Indec, de 192.651 pesos).

La famosa “guerra contra la inflación”, anunciada por el presidente Alberto Fernández en marzo pasado, no pasó de un discurso más de los tantos de doble discurso. La inflación va camino al 100% anual, acelerándose desde julio pasado al nivel de 7% mensual. En este mes de octubre, en apenas una semana, ya hay una suba de precios promedio por arriba del 3%.

Mientras tanto, las patronales…

No es cierto que “todos pierden” con la inflación. La mayoría de las grandes empresas ganan, y mucho. El mecanismo es sencillo: el aumento “preventivo”. Traducido, las grandes patronales incrementan los precios de lista “por las dudas”. La vicepresidenta Cristina Fernández, transformada en una virtual “comentarista” de la política económica, lo reconoció criticando esta práctica. Son lágrimas de cocodrilo: ella misma fue la que acordó el ingreso de Sergio Massa y sus funcionarios al super-ministerio de Economía. Más aún: antes de Massa hubo varios funcionarios kirchneristas a cargo de la secretaría de Comercio, como Roberto Feletti, que hicieron la vista gorda ante el abuso de los empresarios. Que hoy las empresas ganen con esta práctica de aumentar más “por las dudas” fue incluso justificado por el viceministro de Economía, el liberal Gabriel Rubinstein.

Pero vamos a lo concreto. Uno de los principales monopolios de alimentos, Arcor, pasó de ganar 14.438 millones de pesos el año pasado a 19.935 en este. Molinos Río de la Plata, otra gran alimenticia, creció de 1.637 millones de ganancia a 5.195 millones. Molinos Semino pasó de perder 148 millones a ganar 69.

 El resultado operativo conjunto de Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata y Arcor llegó a 519 millones de dólares, 22% más que en todo 2021. Mientras, el costo laboral de esas empresas bajó de 17,8% a 16,7%.

Ternium, del grupo Techint, está teniendo en 2022 un 34,6% de utilidades sobre ventas. Aluar, la empresa monopólica de aluminio del grupo Madanes (el mismo al que pertenece la empresa de neumáticos Fate), está ganando 15,9%. Molinos Río de la Plata, 11%. Y Arcor presenta una utilidad este año de 23,2%. Todos valores enormemente por encima de años anteriores.

¿Quién tiene que pagar la crisis?

Como vemos, los números sobran para demostrar que, de lejos, las y los trabajadores y el conjunto del pueblo está sufriendo la pulverización de sus salarios, a lo que podríamos agregar las jubilaciones y los montos de los planes sociales. Como contrapartida, las grandes empresas aprovechan el río revuelto de la inflación para ganar incluso más que en años anteriores.

Ninguna de estas empresas puede aducir que no está en condiciones de aumentar los salarios. Tienen margen de sobra. Los acuerdos paritarios quedaron absolutamente desfasados, algunos en valores de 60% en cuotas que aún no se han cobrado. Se impone exigir un aumento de emergencia, que lleve el piso salarial al valor de la canasta familiar calculado por los trabajadores de ATE Indec (192.651 pesos), ajustable mensualmente por la inflación. Para, a partir de allí, reabrir todas las discusiones paritarias y que cada categoría tenga aumentos que cubran lo perdido por la inflación. Para poder imponer esto a las patronales es necesario que la CGT y las CTA rompan su pacto con el gobierno, y salgan a pelear contra este ajuste, que es el exigido por el FMI.