Con este título, los partidos integrantes del Frente de Izquierda Unidad (PTS, PO, Izquierda Socialista y MST) divulgaron una extensa nota sobre los problemas causados por la pandemia y denunciaron el negocio promovido alrededor de la vacuna, “[…] el gran negocio capitalista que hay detrás de ellas por parte de un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios apañadas por los gobiernos imperialistas y capitalistas está impidiendo que haya una producción mundial suficiente para poder inmunizar de manera urgente a la población del planeta”, y agrega: “Esto sucede mientras el Ministerio de Salud procedía a una ‘vacunación vip’ a sus amigos y allegados […] al igual que en Perú, Chile y otros países, mientras la población trabajadora sufre las consecuencias de la pandemia sin perspectiva de una vacuna en el corto plazo”.

En el texto, el FIT Unidad convoca a impulsar una campaña de lucha “en consonancia con la campaña mundial impulsada por distintas organizaciones exigiendo que no rijan las patentes médicas para las vacunas y medicamentos para combatir el Covid-19” […] En ese marco, llama “a luchar en común con todos aquellos que reclaman contra las patentes, por vacunas gratuitas para todxs y un plan de emergencia mundial con libertad de producción en cada país. Llamando a la más amplia unidad para impulsarla, denunciando a las grandes multinacionales farmacéuticas y laboratorios que hacen negocios con la necesidad acuciante de millones”.

Finalmente, el comunicado convoca a “lograr miles de pronunciamientos y a impulsar unitariamente distintas iniciativas, protestas y movilizaciones a tal fin, impulsando un gran movimiento, coordinando con internas, cuerpos de delegados y sindicatos y distintas organizaciones obreras, populares y de derechos humanos, personalidades, partidos de izquierda, organizaciones sociales, estudiantiles y de mujeres fomentando también iniciativas de coordinación internacional para tal fin”.

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La pandemia causada por el Covid 19 ya ha ocasionado millones de muertos y contagiados en el mundo. Pero a pesar de que se descubrieron varias vacunas en tiempo record, millones observan azorados cómo el gran negocio capitalista que hay detrás de ellas por parte de un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios apañadas por los gobiernos imperialistas y capitalistas está impidiendo que haya una producción mundial suficiente para poder inmunizar de manera urgente a la población del planeta. Negocio que es amparado por el régimen de patentes y propiedad intelectual de medicamentos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que consiste en que cada una de esas empresas tiene exclusividad para producir y vender las mismas, cuando debería ser un derecho humano esencial y patrimonio de la humanidad para poder salvar a millones.

Esto sucede mientras el ministerio de Salud procedía a una “vacunación VIP” a sus amigos y allegados, lo que ha producido la renuncia del ministro Ginés Gonzales García y una crisis política nacional. Esto sucede en la Argentina, al igual que en Perú, Chile y otros países mientras la población trabajadora de estas naciones sufren las consecuencias de la pandemia sin perspectiva de una vacuna en el corto plazo.

Ante esto emitimos la presente declaración del FIT Unidad, impulsando una campaña de lucha, en consonancia con la campaña mundial en curso impulsada por distintas organizaciones exigiendo que no rijan las patentes médicas para las vacunas y medicamentos para combatir el Covid-19. Rechazando a su vez el repugnante secretismo y los sistemas de “confidencialidad” de los gobiernos, centralmente por parte de EEUU, Canadá, Inglaterra, la Unión Europea, celebrando contratos con pagos por adelantado para garantizarse la vacuna para esos países, incluso en cantidades que superan varias veces a la de su población, impidiendo el derecho a otros países semicoloniales que puedan acceder a la vacuna para todas sus poblaciones. La Unión Europea, por ejemplo, compró dosis que triplican su población, mientras países del continente africano o de América Latina quedan completamente rezagados. O Israel, país que algunos ponen de ejemplo por encabezar el ránking de vacunación, cuando no se ha vacunado a casi nadie del pueblo palestino.

Las patentes y la propiedad intelectual no son nada más que la apropiación privada por parte de multinacionales imperialistas de un bien común, como lo es el conocimiento científico y técnico que se ha ido acumulando durante décadas producto de múltiples investigaciones en diferentes países (en universidades, hospitales o centros de investigación de todo el planeta) financiado centralmente con millones de dólares con dinero público. Esa propiedad monopólica está provocando todo tipo de crueldades, consecuencia directa de un capitalismo imperialista que se guía por la ganancia privada. Un sistema anárquico e irracional, todo lo contrario a la cooperación internacional para la producción y planificación imprescindibles en función de las necesidades sociales de los pueblos del mundo para que la vacuna se produzca y llegue a todas las personas sin distinción. La lucha consecuente para terminar con la pandemia adquiere características sociales y políticas muy definidas.

La lucha por la liberación de las patentes, y para que se implemente un plan masivo de producción de vacunas, debe ser financiado por el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las ganancias a multinacionales, bancos y grandes capitalistas como lo venimos proponiendo desde el FIT Unidad para Argentina, entre otras medidas. Esta es la tarea que está planteada como necesidad urgente ante la catástrofe de la pandemia. La lucha por conquistar la vacunación masiva, es la lucha contra el sistema mismo que apoya su existencia en la propiedad privada, en este caso, de las patentes, atentando contra la salud de toda la humanidad.

Por eso saludamos la campaña que vienen impulsando distintas organizaciones como Médicos Sin Fronteras para que “no haya patentes médicas y que las vacunas, medicamentos y diagnósticos para el COVID-19 lleguen realmente a todas las personas del mundo”, reclamando a los gobiernos la exención de patentes, de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas.

Luchar contra las patentes para vacunas y medicamentos que son patrimonio de la humanidad es una tarea clave. Como fueron los casos de la vacuna Salk contra la poliomielitis y la penicilina, cuyos inventores Jonas Salk y Alexander Fleming, respectivamente, no patentaron dichas vacunas y medicamentos, o antecedentes de India y Brasil que sorteando las patentes pudieron producir medicamentos para combatir el HIV/Sida.

Por el contenido de esta lucha, que afecta directamente los cimientos de la sociedad capitalista, basada en la propiedad privada de los medios de producción y en la transformación en mercancía de toda la producción social, le cabe a los trabajadores y sus organizaciones políticas y sindicales, comités de lucha, etc., en todo el mundo tomar la iniciativa para que se anulen las leyes de patentes, se nacionalicen los laboratorios y se establezca un plan coordinado de producción y distribución de las vacunas y de todos los insumos médicos necesarios para enfrentar la pandemia. En Argentina la burocracia sindical opera en un rumbo contrario, ya que está asociada con el manejo de la sobras sociales a los intereses que manejan la medicina privada y los grandes laboratorios, mientras que muchos de sus dirigentes, como Hugo Moyano y parte de su familia, escandalosamente entraron en el selecto grupo de privilegiados que se inocularon con las “vacunas vip”.

Una coalición de 99 países liderada por India y Sudáfrica ha solicitado a la Organización Mundial del Comercio que ceda los derechos de propiedad intelectual para que los fabricantes de medicamentos genéricos puedan comenzar a producir las vacunas. Lo mismo viene reclamando Médicos sin Fronteras, la reconocida ONG Oxfam y Amnesty, entre otras. Si bien se trata de un planteo limitado, que se explica por las ataduras de esos mismos estados a los intereses generales del capital, el gobierno argentino, firmante de esta declaración, no hace nada al respecto. Por el contrario, aprobó la ley 27573 -con la rotunda oposición del FIT Unidad-, para darle impunidad e inmunidad a las multinacionales y renunciar a los tribunales locales en caso de juicios y controversias, ley aprobada por el peronismo del Frente de Todos y sus aliados, y la mayoría de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, es decir, los diputados que responden a Macri, Larreta, Patricia Bullrich y Carrió.

El presidente Alberto Fernández dijo en el Foro de Davos que la vacuna debe ser un “bien público global” pero ni siquiera se ha pronunciado por la eliminación de la ley de patentes. Es más. El gobierno dice que la vacuna AstraZeneca se produce en Argentina, pero al servicio del Grupo Insud-Pharma (del millonario empresario Sigman) en acuerdo con el magnate mexicano Carlos Slim.

En la Argentina hay al menos seis proyectos  en curso de fabricación de las vacunas con muy poco o nulo financiamiento del Estado, y una parte de las de Oxford-Astra-Zeneca ya se están produciendo en el laboratorio mAxience (del magnate amigo del gobierno Hugo Sigman), pero el gobierno ni siquiera se garantizó que un gran porcentaje de estas últimas queden en el país llevándoselas el laboratorio a México para su envasado. La humanidad no puede quedar al arbitrio de un puñado de empresas cuya única lógica es maximizar sus ganancias. Es necesario luchar por un plan de producción y distribución de vacunas gratis para la Argentina y los países que lo necesiten, al igual que la distribución masiva de plasma, suero equino y todos los medicamentos necesarios para impedir muertes evitables por el Covid-19, en la línea de desconocer el derecho de patentes y de propiedad intelectual convocando a los pueblos de otras naciones a impulsarlo mancomunadamente.

De esta manera impulsamos y nos sumamos a las distintas iniciativas que apunten a movilizar por esta exigencia, llamando a que se pongan todos los recursos económicos, humanos, tecnológicos y de infraestructura para lograr una producción a gran escala de la vacuna y de los medicamentos paliativos, declarándolos de utilidad pública, incluso interviniendo laboratorios y farmacéuticas privadas extranjeras y del país, a fin de contar con todos los insumos y tecnología necesarios bajo control de lxs trabajadorxs y usuarios. Para poner en pie un plan de vacunación universal, gratuita, que sea parte del plan anual de vacunación y poder avanzar hacia la inmunidad colectiva.

Junto con esta pelea, sostenemos una salida global y de fondo, que pasa por la abolición definitiva de todas las patentes y por un sistema nacional único de salud, estatizando los laboratorios, la industria farmacéutica y la medicina privada poniéndolos bajo control y gestión de sus trabajadoras y trabajadores para terminar con el negocio capitalista de la salud y así poder garantizar al pueblo trabajador el disfrute de una salud pública, universal, gratuita y de excelencia, es decir, terminar con el régimen que impone esta situación acusiante a la humanidad.

En ese marco convocamos a luchar en común con todos aquellos que reclaman contra las patentes, por vacunas gratuitas para todxs y un plan de emergencia mundial con libertad de producción en cada país. Llamando a la más amplia unidad para impulsarla, denunciando a las grandes multinacionales farmacéuticas y laboratorios que hacen negocios con la necesidad acuciante de millones.

Llamamos a lograr miles de pronunciamientos y a impulsar unitariamente distintas iniciativas, protestas y movilizaciones a tal fin, impulsando un gran movimiento, coordinando con internas, cuerpos de delegados y sindicatos y distintas organizaciones obreras, populares y de DDHH, personalidades, partidos de izquierda, organizaciones sociales, estudiantiles y de mujeres fomentando también iniciativas de coordinación internacional para tal fin.

Frente de Izquierda Unidad
(PTS, PO, Izquierda Socialista, MST)

El femicidio de Úrsula confirmó la responsabilidad estatal ante la violencia machista. Se vio nuevamente en el accionar de la Policía Bonaerense: una institución no sólo repleta de agentes denunciados por cometer este flagelo, sino que también los encubre para garantizar impunidad. Y no es una cuestión de “capacitación de género”: lo mismo hace con las redes de trata, del narcotráfico, del gatillo fácil, del gran delito, y si es necesario, lo impone con represión. Es su función, y también se vio ante la protesta de familiares y amigues de Úrsula frente a la comisaría donde revistaba el femicida Matías Martínez.


Las declaraciones de Sergio Berni, que “no entiende” por qué el pueblo de Rojas se manifestó ante la comisaría si "la policía no tiene nada que ver", despertaron un repudio enorme. Pero el gobierno de Axel Kicillof volvió a darle su apoyo el mismo día (con un acto de entrega de más patrulleros) y las ministras de Género Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz lo convalidaron. Ambas se dicen feministas, pero su gestión está muy lejos de dar respuesta a los reclamos del movimiento de mujeres y disidencias.


Mientras en las calles se reclama justicia para Úrsula y para todas, mientras se exige que cese la represión y la impunidad, mientras se demandan refugios, viviendas, trabajo para paliar al menos la situación de las víctimas, para garantizar que puedan salir de la situación en que se encuentran, la policía de Berni y Kicillof sigue en acción y el gobierno de Alberto Fernández crea nuevos organismos de “coordinación de ministerios” para atender las consecuencias de los hechos consumados, no para prevenirlos. Es lo que sucede con el anuncio de un nuevo Consejo Federal contra los femicidios y travesticidios. ¿Qué cambia? Mucha sarasa, pero poco o ningún efecto real. La proliferación de organismos y ministerios bajo dirección gubernamental no puede ocultar el fracaso de la demagogia: en los hechos, no se destina presupuesto ni se garantizan políticas públicas elementales, que impacten verdaderamente en la situación de quienes sufren la violencia de género. El doble discurso del gobierno queda a la vista.  

Dieciocho denuncias contra Martínez no bastaron para evitar el femicidio de Úrsula. Tampoco las estadísticas que muestran que uno de cada cinco femicidios lo comete un agente o ex agente de las fuerzas de seguridad. Que la justicia es otra institución con responsabilidad, no quedan dudas. Mientras jueces que son electos a dedo y cobran como empresarios archivan las denuncias y garantizan la impunidad, los bloques del Frente de Todos y Cambiemos hacen lo suyo: garantizan un presupuesto de ajuste para pagar millones al FMI, pero no para atender la violencia de género, para destinar los recursos del Estado a construir viviendas o refugios, o para terminar con la precarización de las trabajadoras de los programas de atención. Ahí también está la responsabilidad del Estado, de los gobiernos de turno y de los partidos que sostienen este sistema.

Desde el Frente de Izquierda - Unidad denunciamos el carácter clasista y patriarcal del Estado capitalista y de todas sus instituciones, como la justicia y la policía, que reproducen, legitiman y justifican constantemente la misoginia, la desigualdad y la opresión. Para lograr Ni Una Menos no alcanza con crear más organismos o con reformas parciales. Entre otras medidas, hay que elegir los jueces y fiscales por voto popular, disolver el aparato represivo y aumentar el presupuesto para atender la violencia de género. La lucha contra el patriarcado está más vigente que nunca y lo tiraremos junto con el capitalismo.

Es necesario un gran movimiento de lucha, organizado democráticamente, independiente y en las calles, que haga temblar la tierra. Para lograrlo, para reclamar justicia e imponer nuestras demandas, este 17 de febrero nos manifestamos en todo el país y llamamos a los sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres y disidencias, a poner en pie un gran movimiento por Justicia para Úrsula y para todas.

Justicia por Úrsula y por todas. Ni Una Menos.
Estado, gobierno, justicia y policía son responsables. Fuera Berni.
Plata para prevención y asistencia a las víctimas, no para la represión y el FMI.

Frente de Izquierda - Unidad

Agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas (PTS e independientes)
Plenario de Trabajadoras (PO)
Isadora, Mujeres en Lucha (IS)
Juntas a la Izquierda (MST)

El Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad Orden Nacional rechaza el ataque directo por parte de la Legislatura jujeña contra nuestro método de rotación de bancas para que todos los partidos integrantes del Frente puedan participar en la gestión de las mismas. 

Hace más de siete meses, el 5 de mayo presentó su renuncia Iñaki Aldasoro para que pueda asumir como diputado provincial Gastón Remy del PTS, como parte de los acuerdos de conformación del FIT en Jujuy. Insólitamente la Legislatura se negó a tratar la renuncia del compañero Aldasoro, impidiendo así la rotación en la banca. 

Esto significa ni más ni menos que un atentado a los casi 64.000 jujeños que votaron por las listas del Frente de Izquierda en Jujuy en 2017, ya que lo hicieron a sabiendas del método de rotación de las bancas. Es también un ataque más general al derecho de cualquier diputado a renunciar a su banca. Pero también es un ataque directo al Frente de Izquierda y su histórico método de funcionamiento. No podemos permitir que un régimen autoritario como el jujeño se inmiscuya en la vida política y la soberanía de decisiones del FIT. 

Exigimos al gobernador Gerardo Morales y a las autoridades de la Legislatura de Jujuy a que sin más dilación permitan la asunción de Gastón Remy en reemplazo de Iñaki Aldasoro.

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT-U) Orden Nacional
PTS-PO-Izquierda Socialista-MST
17/12/2020

El pasado 10 de diciembre el gobierno aprobó en el Senado la media sanción de la reforma previsional pactada con el FMI, votada por los mismos senadores peronistas que aprobaron todas las leyes de ajuste y entrega durante los cuatro años del gobierno de Macri. Para ocultar este atropello a los jubilados y a todos los trabajadores, hizo la sesión el mismo día que se trató el aborto legal en la Cámara de Diputados. Para completar esta maniobra artera, promoverán que la Cámara de Diputados apruebe definitivamente la reforma previsional el 29 de diciembre, el mismo día que el Senado tratará el aborto legal.

Si el gobierno debe recurrir a estas maniobras de ocultamiento se debe a que es consciente del contenido reaccionario y ajustador de la reforma previsional que quiere aprobar. El eje de la misma consiste en eliminar la indexación por inflación de las jubilaciones, para que éstas crezcan por debajo del aumento de los precios. Justo cuando hasta el Banco Central estima que la inflación seguirá en alza, hasta alcanzar en el año 2021 el 50%.

En lugar de actualizar las jubilaciones por la inflación, la reforma previsional del gobierno establece que el cálculo se hará sobre la  base de la recaudación impositiva de la ANSES y el aumento de los salarios. En momentos de crisis como el actual, cuando cae la recaudación y las paritarias quedan por debajo de la inflación, ese índice de movilidad traerá aparejado una rebaja de las jubilaciones.

Hay que tener en cuenta, además, que la recaudación de la ANSES crece menos que la recaudación impositiva general, porque de modo sistemático el gobierno, las empresas y la burocracia sindical firman acuerdos que reducen significativamente el pago de los aportes a la seguridad social. Invocando la pandemia, el gobierno estableció que esa reducción puede llegar hasta el 95% de los aportes patronales. Esto mientras crece el impacto del cobro del impuesto a las Ganancias sobre los salarios, que ya alcanza a casi 2.5 millones de trabajadores.

Para empeorar aún más las cosas, el gobierno puso un techo al crecimiento de las jubilaciones, que no podrán crecer por encima del 3% de la recaudación anual de la ANSES. Pero mientras puso un techo al crecimiento de las jubilaciones eludió poner un piso a su reducción.

Durante este año el gobierno de Alberto Fernández no sólo no recompuso los haberes en un 20 por ciento -que es lo que se perdió durante el gobierno macrista, como prometió durante la campaña electoral-, sino que viene realizando un fuerte ajuste sobre las jubilaciones. En diciembre del año pasado, antes que se declare la pandemia, el gobierno suspendió la movilidad jubilatoria y la reemplazó por aumentos por decreto. Por esta vía a los jubilados les robaron entre 7 y 18% de los haberes que deberían haber cobrado.

Con esta medida Alberto Fernández sigue el mismo camino que Macri, quien en diciembre del 2017 también aprobó en el Congreso una reforma previsional para afectar a los jubilados. En esa oportunidad eliminó de los cálculos un trimestre entero de inflación, que nunca pudo ser recuperado por los jubilados. En oposición a esa reforma previsional y al intento de aprobar también la reforma laboral se produjo una verdadera rebelión que se plasmó en las jornadas del 14 y 18 de diciembre.

Según los cálculos de los especialistas, si se aprobara la reforma previsional del gobierno, el robo a los jubilados equivaldría al menos a un 1 punto entero del PBI. Esto explica que el ajuste a las jubilaciones sea uno de los principales reclamos del FMI para suscribir un acuerdo con el gobierno para refinanciar la deuda tomada por Macri. Ya Alberto Fernández y el ministro Guzmán anunciaron que buscan un acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, que requiere aplicar “reformas estructurales”, como la ya citadas previsional y laboral.

El ataque a los jubilados es el programa de todos los gobiernos a nivel mundial. En Francia ha habido grandes huelgas contra la reforma previsional y laboral. En Chile la rebelión tiene como uno de sus puntos principales terminar con el negociado de la jubilación privada. En Brasil Bolsonaro aprobó una reforma previsional en el Congreso, siguiendo también los lineamientos del FMI.

En todos los casos el argumento usado es que el “sistema previsional no es viable”. Los defensores del ajuste argumentan que el problema radicaría en el crecimiento de la expectativa de vida la población. Se trata de un argumento interesado que  quiere ocultar la permanente reducción de aportes patronales y el trabajo en negro que alcanza a casi el 40% de la fuerza laboral, ambas cuestiones que afectan la recaudación de la ANSES.

Junto con ello las cajas jubilatorias han sido vaciadas por todos los gobiernos sin excepción para subsidiar a los capitalistas y pagar la deuda externa. Es lo que sucede ahora mismo con la venta a precio de remate de bonos de la ANSES para permitirle a los especuladores dolarizar sus deudas en pesos o acceder al dólar para fugar dinero.

Este saqueo de la ANSES contrasta con las jubilaciones de miseria que cobran millones de personas. Con el aumento anunciado para diciembre la jubilación mínima que cobran más de 5.5 millones de personas será de $ 19.035, cuando la canasta básica del jubilado que mide la Defensoría de la Tercera Edad la calcula en $ 50.000.

El Frente de Izquierda-Unidad convoca el próximo 22 de diciembre en el Congreso a una concentración y poner en pie una tribuna en la Plaza del Congreso a las 17.30 horas para rechazar la reforma previsional. Nuestro planteo es recuperar en lo inmediato lo perdido en los últimos cinco años,  establecer el 82% móvil del salario en actividad financiado sobre la base del aumento de los aportes patronales, el salario mínimo igual a la canasta familiar, el combate al trabajo en negro, el reparto de las horas de trabajo para terminar con la desocupación y con un plan obrero y popular basado en la ruptura con el FMI, en el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, como parte de una política para que la crisis la paguen los capitalistas. Exigimos que los sindicatos y la CGT se pronuncien y convoquen un paro nacional para que no se apruebe la reforma previsional y por todos los reclamos de los trabajadores, como ser las paritarias que como mínimo compensen la inflación, contra los despidos, el impuesto al salario y contra todo tipo de reforma laboral sea en el Congreso o mediante la flexibilización de los convenios colectivos de trabajo. Que todos los recursos nacionales estén a disposición de un plan político, económico y social,  sobre la base de las necesidades populares, de nuestras jubiladas y jubilados y de todos los trabajadores. No al pago de la deuda. Abajo el pacto con el FMI!

17/12/2020

Frente de Izquierda Unidad
(PTS - PO - Izquierda Socialista - MST)