Juan Carlos Giordano se reunió con Nicolás Del Caño y Gastón Remy en el Congreso. Hace once meses que el gobierno de Morales en Jujuy, en connivencia con el PJ, no acepta la renuncia del actual diputado Aldasoro, impidiendo así la rotación del Frente de Izquierda Unidad para que el compañero Remy asuma su banca en la Cámara de Diputados provincial.

A continuación podés firmar el petitorio

Con las firmas de los diputados nacionales Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) y Nicolás del Caño (PTS) se acaba de presentar el proyecto planteando se declare “de utilidad pública laboratorio del Grupo Insud-Pharma donde se producen principio activo vacunas covid-19 y se suspenda la exportación” (*)
“En este laboratorio de propiedad del empresario millonario ligado al gobierno nacional, Hugo Sigman, se producen 24 millones de dosis por mes que luego se van a México y Estados Unidos. Ninguna de esas dosis son para nuestro país, ni para Latinoamérica. Es más, hubo un desvío de 12 millones de dosis directamente de Argentina a Estados Unidos”, denunció Giordano.

El artículo 1º del proyecto plantea: "Se declara de utilidad pública a la empresa mAbxience Argentina sita en la calle José Zabala 1040 de la localidad de Garín, provincia de Buenos Aires […]. La administración y ocupación temporaria de la empresa estará a cargo de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) […].
El artículo 2° dispone la suspensión de "toda exportación del principio activo para la producción de vacunas contra la covid 19", y en el resto del articulado se sostiene que se “elaborará un plan de emergencia para continuar produciendo el principio activo y lograr la adquisición de los insumos necesarios, escalar la producción según las necesidades sanitarias y culminar el proceso de terminación y envasado de las vacunas de modo que puedan ser inoculadas a la población en forma segura”, disponiéndose a tal fin que se “reconviertan todos los laboratorios públicos”.

Giordano finalizó: “No puede ser que el gobierno diga que no se puede meter en un “negocio entre privados”, dejándole las manos libres a Sigman para que haga su negocio capitalista con el mexicano Slim y AstraZeneca, cuando la vacuna deber ser un bien público común”.

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Juan Carlos Giordano: 15-3119-3003 @GiordanoGringo
Facebook: Juan Carlos Giordano
Prensa: 1160540129 @PrensaIzquierda

(*) Ver texto proyecto

 https://www.izquierdasocialista.org.ar/2020/images/Comunicados/Proyecto%20L%20utilidad%20publica%20laboratorio%20grupo%20Insud%20Pharma%20Covid%2019.pdf

Escribe Agustín Gigli, dirigente de Izquierda Socialista FIT-Unidad, Esquel-Chubut

Este lunes 22 de marzo, en el día mundial del agua, el diputado Nicolás del Caño de PTS presentó un proyecto de ley en el Congreso, según dicen, para “frenar la megaminería en todo el país”. Lo hizo acompañado de la firma de la diputada nacional Alcira Figueroa del Frente de Todos de Salta y sin que siquiera fuera anoticiado en la mesa nacional del Frente de Izquierda Unidad.

Desde Izquierda Socialista, atento el hecho consumado, estamos obligados a dar nuestra opinión ya que, lamentablemente, lo consideramos un proyecto equivocado.

En concreto, no se trata de que “prohíba la megaminería”, sino que sólo lo hace con algunas técnicas utilizadas habitualmente. Esto queda claro desde el propio título del mismo: “Prohibición del uso de sustancias químicas contaminantes en la megaminería metalífera y la minería a cielo abierto”. Es decir, el proyecto no es para terminar con la megaminería (ya que esta es más que la minería a cielo abierto) y el saqueo de nuestro suelo y bienes de uso común por parte de las multinacionales saqueadoras y contaminantes, sino del uso de sustancias contaminantes y de la explotación a cielo abierto.

El proyecto defiende una forma de explotación que es posible de realizar técnicamente. Algunos asambleístas también planean un marco regulatorio para que de esa manera la actividad no sea rentable económicamente para las multinacionales y así, estas defeccionen. Podría ser este el criterio que quiso utilizar el PTS, pero no lo explicita. Pero aunque sea así, también está equivocado. Es similar a las trampas que impulsan sectores afines a los gobiernos, particularmente del peronismo, para lograr la aprobación de una reglamentación con la que pueda comenzar la actividad y de ahí no salir nunca más. Por ejemplo, en la zonificación minera de Chubut que impulsa el gobierno, se prohíbe el uso de cianuro. Así, la explotación requerirá un poco más de inversión que deben hacer las empresas en pos de lograr la legitimidad y comenzar con la actividad. Pero eso ya es darle licencia al saqueo y por eso insistimos con la consigna que levanta masivamente el pueblo de Chubut: ¡No ES No! A todo proyecto megaminero, sea como sea.

El artículo 1° dice “se prohíbe en el territorio nacional el uso de sustancias químicas como […]”, y enumera un listado de sustancias que ni siquiera sabemos si es lo suficientemente exhaustivo. Pero aunque lo sea, lo que sí sabemos es que la actividad extractiva y saqueadora puede realizarse sin la utilización de estas sustancias. Así sucede en Bajo de La Alumbrera, Catamarca, donde la roca triturada es procesada (lixiviado) fuera de la Argentina. En este emprendimiento, la roca es transportada primero por un mineraloducto construido especialmente hasta Tucumán, luego en tren a Santa Fe y por último es exportada en barco. La Alumbrera realiza una actividad que estaría permitida por el artículo 1° del proyecto del PTS, contaminaría un poco menos, pero no elimina la contaminación y menos el saqueo de nuestras riquezas.

El artículo 3° prohíbe la explotación minera a cielo abierto, pero deja la posibilidad de la explotación de la minería por galerías. El proyecto del Cordón Esquel planteaba inicialmente la explotación mixta (cielo abierto por arriba mientras desde abajo se comenzaba por galerías). Luego de nuestra gran lucha fue modificado y rebautizado como Suyai, con la intención de lograr licencia social, planteando la explotación total por galerías. También lo rechazamos. Pero ahora con este proyecto del PTS se permitiría la explotación del emblemático cordón Esquel, si es que se combina con la tecnología de La Alumbrera (la exportación del material extraído sin proceso de lixiviación in situ). En concreto, permitir el comienzo de una actividad minera en la ciudad de Esquel, sería el fin de todo el proceso nacional de lucha contra las megamineras.

El artículo 2° plantea que “las empresas que a la fecha posean la titularidad de concesiones de yacimientos minerales metalíferos deberán adecuar sus procedimientos a las exigencias de la presente ley”.  Es decir, permite que sigan las concesiones, en todo caso propone “readecuar” su actividad, cuando lo que hay que hacer es expulsarlas porque son sinónimo de saqueo y contaminación. Desde la izquierda siempre luchamos planteando que se vayan las multinacionales saqueadoras, que se roban nuestra riqueza, hacen millones de dólares de superganancias y encima destruyen el ambiente: eso está planteado para la Barrick, para la Alumbrera de Catamarca y otras mineras privadas; para Chevrón con el fracking y también para la Pan American Silver que quiere instalarse en Chubut. No solo por contaminante sino porque está al servicio del saqueo, del oro, plata y otros metales preciosos o estratégicos. ¿Cómo no lo vamos a plantear cuando se trata de hacer un proyecto de ley?

Desde Izquierda Socialista estamos por la estatización de todo el negocio minero, que debe realizarse gestionado por sus trabajadores y en acuerdo con las comunidades involucradas. Para que haya una producción minera planificada que le sirva al país, al pueblo trabajador y que no contamine. En el caso de la megaminería, no se trata de prohibir algunas sustancias o técnicas específicas, sino la megaminería como tal, ya que es imposible que esta no sea contaminante y destructiva del ambiente.

Llamamos a la reflexión a los compañeros del PTS. Su proyecto está equivocado, alejado de los planteos programáticos de la izquierda en el tema y contrario al propio reclamo de la lucha chubutense.

Contra la impunidad, el ajuste, el FMI y la represión de ayer y de hoy. Por el triunfo de todas las luchas obreras y populares.

A 45 años del golpe genocida, el Frente de Izquierda-Unidad junto a distintas organizaciones independientes impulsa movilizaciones en todo el país este 24 de marzo. En oposición a la defección de los organismos ligados al gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina de Kirchner y de la CGT y CTA, que han definido desmovilizar, hoy más que nunca rendimos homenaje a las y los 30 mil desaparecidos por la dictadura genocida y estamos de pie y en lucha contra todos los atropellos que sufren los trabajadores y sectores populares.

También denunciamos a todos los gobiernos constitucionales que gobernaron la Argentina desde 1983 con represión, ajuste y entrega. Es la misma clase capitalista que propició el golpe del ‘76 haciendo negocios con la dictadura la que continuó dominando al país durante todos los gobiernos constitucionales. Son los que de la mano de los gobiernos de turno continuaron precarizando, atacando y llevando a la pobreza a millones de familias trabajadoras. Fueron los gobiernos “democráticos” los que honraron la deuda externa gestada centralmente por la dictadura, profundizando la dependencia nacional, el sometimiento y la entrega del país al imperialismo, “pagando serialmente” y aumentando exorbitantemente la deuda que contrajo la dictadura. Bastó un mandato presidencial para que Macri elevara la hipoteca asumiendo nueva deuda, sumándole decenas de miles de millones de dólares retomando las “recetas” del FMI y los organismos multilaterales de crédito. En las vísperas de un nuevo acuerdo con el FMI, el gobierno de Fernández se dispone a seguir pagando miles de millones de dólares hipotecando aún más a la Argentina, con un organismo financiero internacional que estuvo detrás del golpe de 1976 y en todos los planes ajustes capitalistas de todos los gobiernos. El mismo 24 de marzo el ministro Guzmán se reunirá en Washington con el FMI: una verdadera ofensa a la lucha por los derechos humanos.

Se cumple un nuevo aniversario del golpe genocida en la Argentina en el marco de una pandemia que azota a los trabajadores del mundo, mientras los gobiernos han dejado en manos de los laboratorios privados internacionales el destino de la salud de la población mundial y protegen sus ganancias capitalistas a través del sistema de patentes que impiden una producción mundial a gran escala. Multinacionales, laboratorios y farmacéuticas cobijadas por el imperialismo norteamericano, la Unión Europea, China, Rusia y todos los gobiernos capitalistas. La escasez de vacunas en los países como la Argentina a pesar de que se producen 18 millones de dosis mensuales en Garín a través del Grupo Insud-Hugo Sigman para AstraZeneca, han mostrado la política de los gobiernos a la hora de resguardar la salud de los trabajadores de los países oprimidos del mundo. Miles de muertes se podrían evitar si de inmediato se anularan las leyes de patentes y se procediera a producir las vacunas en todo el mundo y los recursos nacionales estuvieran a disposición de la salud de la población en lugar de dilapidarlos a manos de las grandes patronales, el capital financiero y el FMI. A la vez que repudiamos tanto el “vacunatorio vip” del gobierno nacional como los privilegios al sector privado y las bolsas negras mortuorias del PRO y Patricia Bullrich, mostrando la decadencia del actual y el anterior gobierno.

En las vísperas de este nuevo aniversario del golpe del ‘76 en la Argentina vimos cómo Insfrán desató una fuerte represión contra una protesta ante su nuevo intento de montar un virtual estado de sitio en la provincia con la excusa de la pandemia. En Formosa se venía denunciando la existencia de centros de “atención” donde el gobierno encerraba a contagiados y sospechosos por tiempo indeterminado. Pocos días después, el gobierno de Alberto y Cristina Fernández respaldó abiertamente a Insfrán y lo invitaron a participar en el acto oficial “contra la violencia hacia la mujer”. El gobierno “nacional y popular” ha optado nuevamente por defender a los represores y ajustadores en “democracia”.

Esto no podía ser de otra manera. En la provincia de Buenos Aires, donde gobierna el delfín cristinista Axel Kicillof, su secretario de Seguridad, Sergio Berni, ha encabezado la represión -arrancando con los obreros del frigorífico Penta-, luego con miles de familias que luchan por vivienda digna como en Guernica, en el marco de una situación desesperante que recorre toda la provincia. Éste último es el principal encubridor de todas tropelías de la maldita Policía Bonaerense, incluida la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro y las decenas de casos de gatillo fácil, violencia contra la mujer y el asesinato de Úrsula Bahillo a manos de un miembro de la policía. Berni pretende además bajar la edad de imputabilidad y criminalizar a los niños, al igual que Patricia Bullrich. Por su parte, para llevar adelante la represión, el gobierno de Fernández y Kicillof cedieron a todos los reclamos del motín policial.

La oposición patronal derechista de Juntos por el Cambio busca sacar su tajada de las represiones, el ajuste o casos de corrupción de los gobiernos del Frente de Todos. Pero además de las represiones, muertes, tarifazos y corrupción bajo el anterior gobierno, en Jujuy hoy crece la represión contra los sectores populares en lucha y contra los propios legisladores del Frente de Izquierda que reclaman la asunción de Gastón Remy para ocupar su banca como parte de los acuerdos de rotación de nuestro Frente -algo que impiden tanto la UCR como el PJ-, a los que el gobierno de Morales inició causas judiciales.

Para reprimir a los trabajadores no hay disputas entre el gobierno y la derecha macrista. Ambos cuentan en sus filas con los Bullrich o los Berni. Este 24 de marzo honramos la memoria de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, de Facundo Astudillo Castro, de Úrsula Bahillo y todos y todas los desaparecidos/as y asesinados durante los gobiernos constitucionales.

Asistimos también a una nueva fase de enfrentamientos judiciales. Los choques en torno al Poder Judicial no pueden esconder que una parte de sus integrantes proviene de la dictadura y ocurre otro tanto con la legislación que aplican, que fue dictada por Videla y Massera y sostenida por los gobiernos patronales. Todos los gobiernos se valieron de poner y sacar jueces a su antojo para asegurar la impunidad de su personal político involucrado en hechos de corrupción. La casta judicial utiliza su inmenso poder y prebendas para perseguir arbitrariamente a distintos sectores políticos. Mientras tanto, la cárcel está poblada de hijos de trabajadores, mostrando el carácter de clase de la Justicia y del Estado. La lucha por desmantelar este andamiaje de impunidad, por la remoción de los jueces vitalicios y su elección por voto popular, juicios por jurados populares y que ganen como una directora de escuela, es parte inseparable de la lucha por un gobierno de las y los trabajadores para lograr una transformación social obrera y socialista.

La mayor parte de la cúpula de la Iglesia Católica fue abiertamente cómplice y partícipe del genocidio. Hoy esa misma Iglesia utiliza el poder y los subsidios que les confieren los gobiernos para seguir con su campaña oscurantista contra el derecho de las mujeres y su lucha, que lograron arrancar la ley de aborto, y para integrar el Consejo Económico y Social en favor del gobierno y las patronales. Entre otros reclamos, este 24 marchamos junto al movimiento de lucha de las mujeres y disidencias por la inmediata separación de la Iglesia y el Estado y la anulación de todos sus subsidios.

Marchamos también por el fin de la persecución a todos los luchadores. Exigimos la absolución inmediata de César Arakaki y Daniel Ruiz quienes se movilizaron contra la reforma previsional de Macri y fueron llevados a juicio luego de la brutal represión del 14 y 18 de diciembre de 2017. Exigimos la absolución y la libertad de Sebastián Romero, junto con el cese inmediato de las causas judiciales a todos los perseguidos por luchar. Exigimos la nulidad de la causa que lleva a juicio a 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba por luchar por la educación pública. Exigimos el cese de persecuciones a los legisladores del FIT en Jujuy. El macrismo, que ahora hace demagogia frente a la represión en Formosa, no dudó en reprimir brutalmente a miles de trabajadores movilizados contra su plan de reformas antiobreras y el robo a los jubilados como en diciembre de 2017.

El Frente de Izquierda-Unidad se moviliza con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia a la Plaza de Mayo y a todos los centros del poder político de todo el país, con todas las medidas de cuidado y seguridad por la pandemia, junto a todos los que luchan contra los atropellos de un gobierno y un régimen que continúa la entrega nacional y ajusta a los trabajadores. Vamos con los trabajadores docentes y de la salud que luchan por su salario y condiciones sanitarias, con todos los que luchan por tierra y vivienda, con el movimiento piquetero que lucha por trabajo genuino y contra el hambre, con los trabajadores que luchan contra los despidos, con las familias y amigos que luchan por justicia frente a los casos de gatillo fácil, contra toda violencia hacia la mujer, por tierra y vivienda, en apoyo a los pueblos que luchan contra la megaminería con el ejemplo de Chubut, al movimiento de mujeres que conquistó en las calles el aborto legal y sigue reclamando por sus urgentes demandas, por el no pago de la deuda externa usurera, ilegítima y fraudulenta y por la ruptura con el FMI, por todas las reivindicaciones y necesidades pendientes de los trabajadores, la juventud, mujeres y explotados de la Argentina. Apoyamos las rebeliones populares que se extienden en América Latina como hoy en Paraguay, contra los gobiernos fondomonetaristas de todos los signos políticos.

A 45 años del golpe, el mejor homenaje que les podemos hacer a los 30.000 compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos es seguir luchando por cambios de fondo y por acabar con la clase social parasitaria que engendró el terror y el genocidio a su servicio y luego se valió de los gobiernos constitucionales para continuar su nefasta obra. Es luchar por un gobierno de las y los trabajadores.

Son 30000. Fue genocidio. Cárcel común y efectiva a los genocidas y sus cómplices civiles, incluidos los responsables de la Triple A. Basta de domiciliarias y excarcelaciones. Contra la impunidad, el ajuste y la represión de ayer y de hoy. Vacunas y salud para todes. No a las patentes. No al ajuste de los gobiernos y el FMI. No al pago de la deuda externa. Libertad a las presas y presos políticos y desprocesamiento de los luchadores. Basta de femicidios. El Estado y el gobierno son responsables. Por la victoria de todas las luchas del pueblo trabajador.

Miércoles 24 de Marzo. 15 hs. Desde Plaza de los dos Congresos a Plaza de Mayo.

Frente de Izquierda Unidad
(PTS-PO-Izquierda Socialista-MST)