Jul 17, 2024 Last Updated 6:38 PM, Jul 16, 2024

Buenos Aires, acto del Frente de Izquierda

 

Almeida (Izquierda Socialista) y Bregman (PTS) legisladores porteños en apoyo a Palestina

Escribe Javier Leonforte, dirigente de Izquierda Socialista e integrante de la mesa nacional del FIT Unidad

Los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, y de Salta, Gustavo Sáenz, en plena segunda ola de la pandemia definieron adelantar las elecciones para el 27 de junio y para el 4 de julio respectivamente. El Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT Unidad) presentó listas en ambas provincias y dará pelea. En Jujuy, el radical Morales, con el acuerdo del PJ de Rivarola, adelantó las elecciones en las que se inscribieron once alianzas, lo que da cuenta de la disgregación del peronismo, que nunca ha sido oposición a Morales. Siete frentes representarán al peronismo y otros
dos responden a la UCR.

Por otro lado se encuentra el FIT Unidad como la única lista opositora consecuente al bipartidismo UCR-PJ. Se renovarán veinticuatro bancas en Diputados. El piso proscriptivo del 5% del total del padrón electoral (independientemente de cuántas personas vayan a votar) como requisito para ingresar a la Legislatura es claramente proscriptivo. El FIT Unidad, encabezado por Alejandro Vilca, necesita obtener 30.000 votos para defender la bancada actual, ya que pone en juego sus cuatro diputados provinciales y cinco concejales en San Salvador, Palpalá y Libertador. Los militantes de Izquierda Socialista en Jujuy, Iván Blacutt, Fernanda Giribone y Miguel Urzagasti, son candidatos a diputados provinciales, y Segundina Girón, a concejala en San Salvador.

Por otro lado, en Salta se elegirán senadores y diputados provinciales, concejales y  convencionales constituyentes el 4 de julio. El gobernador Gustavo Sáenz impulsa una reforma constitucional acotada a poner un límite a la reelección indefinida de los intendentes y legisladores y llevar de tres a dos los mandatos consecutivos de gobernador. Es decir, cambiar algo para que nada cambie. Se presentaron siete alianzas, dos responden al gobernador Sáenz, una a Juntos por el Cambio, con el apoyo del derechista Olmedo, y dos al Frente de Todos. Claudio Del Plá, a senador, y Pablo López, a diputado, encabezan las listas del FIT Unidad. Recordemos que el PO tiene representación parlamentaria en Salta desde hace dieciocho años y que en 2019 el FIT Unidad tuvo que ir con listas divididas a las PASO por su ruptura, donde el PO oficial, aliado al PTS, le ganó ampliamente a la “Tendencia” de Política Obrera, referenciada en Altamira y Ramal.

En esa oportunidad, el MST aprovechó para presentar otra lista, que salió tercera. Para esta elección, la llamada Tendencia de Altamira y Ramal rompió con el FIT Unidad y conformó una alianza divisionista junto al Nuevo MAS, quienes, recordemos, se negaron sistemáticamente a sumarse
a la construcción unitaria del FIT desde que lo fundamos en 2011. Y la Tendencia de Altamira y Ramal también rompió con el FIT Unidad en Jujuy, donde su diputado provincial, Iñaki Aldasoro, se negó a ser candidato. Desde Izquierda Socialista llamamos a rechazar este divisionismo y a desarrollar una fuerte campaña electoral en apoyo a las listas del FIT Unidad en Salta y Jujuy.

El Frente de Izquierda Unidad repudia enérgicamente los bombardeos y todos los ataques del Estado de Israel contra el pueblo palestino, que al 12 de mayo habían dejado ya alrededor de 50 muertos, entre ellos 14 niños.

La nueva andanada de agresiones viene precedida del intento de desalojo de varias familias palestinas en Sheikh Jarrah y otros barrios de Jerusalén Este, en favor del desarrollo de nuevas colonias; de movilizaciones de grupos ultranacionalistas al grito de “muerte a los árabes”; y del despliegue de tropas militares e instalación de vallados en sitios de rezo de la comunidad musulmana, con el pretexto de la pandemia (esto, mientras se toleran todo tipo de infracciones por parte de los judíos ultraortodoxos).

Estas agresiones desencadenaron las movilizaciones más importantes de la población palestina en los últimos años. En Jerusalén Este, la represión ha dejado ya cientos de heridos. Apoyamos estas manifestaciones y rechazamos la represión y las detenciones.

Todos los episodios mencionados son la última muestra de una política de anexión y limpieza étnica por parte del Estado sionista, que cercena crecientemente el territorio de los palestinos y los va condenado a vivir en una serie de cantones entrecortados y vigilados por las fuerzas militares israelíes. El año 2020 marcó el récord en una década en la construcción de nuevos asentamientos sobre territorio palestino, con la autorización de más de 12 mil nuevas viviendas para colonos en Cisjordania. En el caso de Jerusalén Este, ya son más de 200 mil personas instaladas en esos asentamientos, mientras los barrios palestinos sufren el hacinamiento y la amenaza de demolición.

Uno de los últimos capítulos de esta política de anexión es el “acuerdo del siglo”, suscripto por Netanyahu-Trump, que busca dar un salto en la colonización, incluyendo la apropiación del valle del Jordán, y que ha sido suspendido pero no abandonado. A esto debemos sumar el cerco criminal sobre Gaza, transformada en una prisión a cielo abierto; y las represiones contra las manifestaciones del retorno en 2019 (que dejaron más de 250 muertos).

El imperialismo norteamericano y la Unión Europea son cómplices de las masacres del sionismo, dado que éste les sirve como una herramienta para el control del Medio Oriente. Joe Biden continúa la política de alianzas de su predecesor Donald Trump, al punto que ha mantenido la embajada en Jerusalén. Ahora, EE.UU. y la UE han realizado condenas genéricas a la violencia, que solo encubren las raíces del conflicto y buscan situar en el mismo plano los bombardeos criminales del sionismo y la resistencia del pueblo palestino.

Impugnamos, asimismo el planteo del gobierno argentino, que se ha referido a un “uso desproporcionado de la fuerza” por parte del Estado de Israel, es decir que cuestiona los “excesos” y no las agresiones mismas, al mismo tiempo que desenvuelve una especie de “teoría de los dos demonios” que omite mencionar la política de anexión y limpieza étnica que el estado de Israel viene desarrollando  inescrupulosamente. El pronunciamiento del gobierno, además, no dice una palabra sobre las movilizaciones del pueblo palestino. Esta postura no nos extraña, toda vez que el primer viaje internacional que realizó Alberto Fernández fue a Israel en momentos en que se  proclamaba el “acuerdo del siglo” entre Netanyahu y Trump.

Rechazamos también los planteos de Juntos por el Cambio, que directamente avala la política masacradora de Netanyahu poniendo a los palestinos en el lugar de los agresores, mientras que los medios de difusión a ambos lados de “la grieta” victimizan al Estado de Israel e invisibilizan las penurias y los sufrimientos a los que está sometido el pueblo palestino.

Apoyamos las movilizaciones de solidaridad que empiezan a darse en distintos lugares del mundo y denunciamos la política de restablecimiento de relaciones con Israel por parte de las burguesías árabes, así como la política de cooperación por parte de la Autoridad Palestina, que viene de restablecer los acuerdos de seguridad con las fuerzas sionistas. Nos pronunciamos por el derecho al retorno del pueblo palestino a su territorio  histórico y por la libertad de todos los presos políticos. El cuadro planteado en la región refuerza la necesidad de acabar con el Estado sionista.

Abajo los bombardeos contra el pueblo palestino
Abajo la política de colonización y “limpieza étnica” del sionismo
Libertad a los presos palestinos.
Que el gobierno argentino rompa las relaciones con Israel
Por el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el retorno incondicional a su territorio histórico.

Frente de Izquierda y de los trabajadores - Unidad

El lunes 10, el Frente de Izquierda Unidad realizó un acto frente a la Embajada de Colombia en Buenos Aires en apoyo a la rebelión popular de Colombia. Durante el mismo hablaron dirigentes de los partidos del Frente exigiendo el fin de la represión criminal, llamando a derrotar el paquetazo y sumándose al grito de ¡Fuera Duque!

Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, uno de los oradores del acto, señaló: “Como lo han pedido las organizaciones estudiantiles y de la izquierda de Colombia, llamamos a redoblar el apoyo y la solidaridad con esa rebelión colombiana que está sacudiendo a Latinoamérica y es comentada en el mundo” […] “Hacemos esta campaña como parte de nuestra organización, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional”

Giordano resaltó que la movilización ya logró algunos triunfos importantes. En primer lugar resaltó que la represión criminal no pudo frenar la movilización, pero además tuvieron que anunciar la retirada del paquetazo y la caída del ministro de economía. Pero la lucha continúa, expresó, porque hay otros ajustes en la educación, la salud, una reforma previsional y otra laboral antiobrera. Finalmente, destacó que Colombia está dando un ejemplo impresionante para los y las luchadoras de América Latina y del mundo y criticó a las direcciones que querían medidas parciales y proponen privilegiar el diálogo en momentos en que hay un paro nacional de hecho.

En el marco de esta campaña de solidaridad, el día 7 de mayo, el diputado nacional por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, Juan Carlos Giordano, junto al diputado Nicolás Del Caño (PTS), presentaron un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación para expresar el apoyo a la heroica lucha del pueblo colombiano contra el gobierno derechista de Iván Duque.

Desde el 28 de abril Colombia está viviendo intensas jornadas de lucha contra el gobierno del derechista Iván Duque con paros nacionales y movilizaciones masivas. Decenas de miles han copado las calles de Bogotá, Cali, Medellín y cada rincón del país. Jóvenes, trabajadores, pueblos originarios, campesinos se enfrentan a la brutal represión militarizada del gobierno de Duque. Las bandas del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) asesinan, golpean y abusan con total impunidad. Detrás de este accionar brutal de las fuerzas de seguridad está el expresidente Álvaro Uribe, el jefe de Duque, representante de la narcopolítica y el terrorismo estatal y paraestatal.

Ese miércoles 28 el Comando Nacional de Paro integrado por las tres centrales sindicales (CUT, CTC y CGT) y la Fecode (Federación de docentes), convocó a un paro nacional al cual también se sumaron organizaciones estudiantiles, la Minga indígena y organizaciones de diversas comunidades rurales y urbanas.

Pero tal era la bronca que el paro desbordó a las direcciones y se extendió después del 28 de abril. Se expresó en las principales ciudades del país a través de masivas movilizaciones. El epicentro ha sido la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, donde las protestas han sido particularmente masivas y el paro es casi total con cortes de caminos y rutas hacia las zonas aledañas. Un verdadero levantamiento popular en todo Colombia.

La reacción de las clases dominantes y su Estado no se hizo esperar. Al menos 30 manifestantes fueron asesinados por la policía, hay centenares de heridos y detenidos, decenas de desaparecidos y diversos organismos de derechos humanos denuncian distintos tipos de abusos y vejaciones por parte de las fuerzas represivas.

De manera demagógica, hasta el gobierno de Joe Biden ha manifestado su preocupación por la violación a los derechos humanos. Hipocresía total por parte del mismo imperialismo norteamericano que ha financiado la guerra sucia contra las FARC con el “plan Colombia”, permitido la masacre sistemática de dirigentes sindicales y sociales (solo en el 2020 se acusa de 320 asesinatos por fuerzas paramilitares) y que hoy ve peligrar a uno de sus principales aliados en su patio trasero. Lo mismo vale para los gobiernos derechistas de America Latina  nucleadas en el bloque de  Lima. Denunciamos, asimismo   el silencio cómplice del gobierno argentino de Alberto Fernández  y  mexicano  de López Obrador enrolados en el grupo Puebla  frente a  esta masacre.

Colombia viene atravesando una profunda crisis sanitaria, económica y social, profundizada por la pandemia del coronavirus que está haciendo estragos y se cobra la vida de unos 500 colombianos por día.

La situación es catastrófica para el pueblo trabajador. El desempleo se ubica en el 17%, crece la precarización y el trabajo informal y el acceso a la salud es un privilegio para unos pocos. En el segundo año de la pandemia, la pobreza ya alcanza el 42,5%, lo que significa que 21,2 millones de colombianos/as no pueden cubrir sus necesidades básicas.

A todo esto, se suma el reclamo por el retraso en la campaña de vacunación que había prometido el gobierno, que apenas ha llegado a menos del 10% de la población, de acuerdo a las propias cifras oficiales.

La gota que colmó el vaso e hizo estallar la bronca y el descontento que se venían acumulando fue la reforma impositiva que intentó imponer Duque para hacer que los trabajadores y los sectores populares paguen los costos de la crisis y preservar las ganancias de los grandes empresarios. Con esta reforma tributaria, conocida como “Ley de solidaridad sostenible”, el gobierno neoliberal de Duque pretendía recaudar unos 6.300 millones de dólares para “sanear” las arcas del Estado y mantener la calificación crediticia de las agencias de calificación de riesgo internacional. El 73% de ese dinero iba a salir de un impuesto a la renta de las personas que ganen 633 dólares, en un país donde el salario mínimo es de 234 dólares, y de un  aumento del IVA. Un ataque en regla contra los y las trabajadores, sectores populares y las clases medias empobrecidas.

Las multitudinarias movilizaciones que pusieron al gobierno contra las cuerdas, obligaron a Duque a retroceder. El 2 de mayo, anunció el retiro de la reforma tributaria y la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para descomprimir. Esa primera victoria de la rebelión popular ha tonificado la lucha que no se ha detenido, pese a brutal represión.

El Comité Nacional del Paro, integrado por las centrales sindicales (CUT, CGT, CTC) y la Fecode (federación de educadores) mantuvo el llamado al paro nacional del 5 de mayo y otras acciones presionados por la enorme disposición a la lucha de sus bases. Sin embargo, hasta ahora su política es convocar a acciones de un día y no preparar y organizar una verdadera huelga general que tire al gobierno de Duque. Pero la realidad es que desde el 28 de abril hay una huelga de hecho, con millones en las calles, con cientos de bloqueos de rutas y calles y marchas masivas en todo el país.

Hasta el momento toda su política ha sido, luego de intensas movilizaciones, dar treguas y pactar, como lo vimos en todo el largo procesos de “dialogo” con el Gobierno luego de las jornadas del 21N de 2019, que fue lo que le dio un respiro a Duque y conseguir desmovilizar. Se transforman así en un dique de contención.

Ante la agudización de la situación, el gobierno lanzó la propuesta de un “diálogo social y político”, una trampa para dividir a las masas en lucha, salvar al gobierno y al régimen que la oposición de centro izquierda nucleada en la Coalición Esperanza y el “Pacto Histórico” de Gustavo Petro ven con simpatía. Solo están esperando el momento oportuno para entregar la movilización.

La política del régimen es doble: la trampa del diálogo y la represión contra los sectores de vanguardia, a los que Uribe acusa de “saqueadores”, “vándalos” y “narcos”. De esta manera buscan aislar a los sectores más combativos con la campaña en contra de la “violencia” poniendo un signo igual entre la represión de la policía y la justa resistencia obrera y popular.

La derrota del gobierno producto de la acción combativa de la clase trabajadora y los sectores populares sería un triunfo enorme que alentaría las luchas obreras y populares contra los planes fondomonetaristas y de “ajuste” en toda Latinoamérica y modificaría sustancialmente la correlación de fuerzas para ir por más. Es necesario desarrollar las asambleas de trabajadores y sectores populares y otras instancias de organización democrática que están surgiendo al calor del proceso  e impulsar la  convocatoria  a un Congreso o Encuentro Nacional de trabajadores  para llevar la rebelión en curso  a la  victoria y discutir una salida de la clase obrera frente a la crisis nacional.

Defendemos el justo derecho de los trabajadores y sectores populares a organizar su autodefensa para enfrentar la brutal represión de los escuadrones de la muerte de la policía militarizada.

Es necesario con la fuerza de la movilización poner en pie Comités de huelga en cada fábrica, colegio, localidad para extender la huelga general hasta que caiga el gobierno de Duque.. Contra las trampas del régimen ya sea de la extrema derecha uribista o de la centroizquierda, que intenta contener y desviar el proceso con las elecciones del año próximo para salvar al conjunto del régimen y estado burgués, luchamos por el desarrollo de la huelga general para sacar a Duque e imponer un gobierno de la clase trabajadora. Que reorganizase el país sin paquetazos de ajuste, sin represión heredada del Plan Colombia y con una economía obrera y popular que rompa la subordinación del país al imperialismo y a las multinacionales, comenzando por la nacionalización de la banca, del comercio exterior, el no pago de la deuda y la implementación de un fuerte impuesto a todas las grandes fortunas, para atender las demandas sociales.

Quienes integramos el Frente de Izquierda Unidad nos solidarizamos con el levantamiento del pueblo colombiano contra sus explotadores y opresores. Y llamamos a la más amplia movilización latinoamericana e internacional contra la brutal represión del gobierno de Duque.

EL triunfo de los/as trabajadores, los jóvenes, los campesinos y los pueblos originarios de Colombia será un triunfo para todos los explotados de América Latina.

 

Viva el levantamiento del pueblo de Colombia

Abajo el paquetazo contra el pueblo

Abajo el gobierno de Duque

Basta de represión. Castigo a los responsables de los asesinatos de manifestantes

Abajo el “plan Colombia”. Fuera el imperialismo de Colombia y América Latina. Por la Unidad Socialista de Latinoamérica.

 

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT-U)
5/5/21

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