Durante la tarde del martes 6, el FIT Unidad realizó un acto, ampliamente cubierto por medios nacionales e internacionales, de repudio a la visita del Fondo Monetario Internacional al país. La concentración se realizó frente a la sede del Banco Central.

Hicieron uso de la palabra Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), Celeste Fierro (MST), Nicolás del Caño (PTS) y Gabriel Solano (PO).

Nuestro compañero, el diputado nacional electo Juan Carlos “Gringo” Giordano manifestó: “Repudiamos la visita del FMI y su reunión con el gobierno de Alberto Fernández, empresarios, la oposición patronal, la CGT y la CTA con el objetivo de conseguir los avales políticos  para el cobro de la deuda usurera y fraudulenta que contrajo Macri”. 

El FIT Unidad es el único sector político que repudia esta visita, a la vez que denuncia el próximo ajuste que van a pactar con el Fondo y que propone romper con el FMI y el no pago de la deuda externa.

Este martes 6 de octubre a las 16:30 se llevará a cabo un acto en repudio a la visita presencial del Fondo Monetario al país. El acto es convocado por el Frente de Izquierda Unidad frente a la sede del Banco Central, Reconquista 266, CABA.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, quien será uno de los oradores principales del acto, señaló: “Es escandaloso que cuando crecen la pobreza, los bajos salarios y el reclamo de vivienda como en Guernica el gobierno de Alberto Fernández reciba a los representantes del FMI para reconocer y pagar una deuda contraída por Macri por 50.000 millones de dólares. La deuda con el FMI fue para financiar la fuga de capitales y la bicicleta financiera… ¿cómo que la tiene que pagar el pueblo trabajador con un mayor ajuste como pretende el gobierno? Es inconcebible. El FMI viene a imponer la reforma jubilatoria, más flexibilización laboral y un mayor saqueo con el aval del gobierno, los grandes empresarios, Cambiemos y la CGT. Una vergüenza.”

Giordano finalizó: “Repudiamos la visita del FMI y decimos que hay que dejar de pagar ya esa deuda usurera, ilegítima y fraudulenta. Esa plata y la que se logre con un verdadero impuesto a las grandes riquezas, bancos y multinacionales se tiene que destinar a salud y a los hospitales, a aumento de salarios y jubilaciones, a un plan de viviendas populares para dar techo y trabajo a millones, no a los usureros internacionales y al Fondo Monetario”.

Contactos:
Juan Carlos Giordano: 15-3119-3003 @GiordanoGringo
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                El gobierno de Axel Kicillof, en consonancia con el gobierno nacional y la intendencia, se apresta a criminalizar y reprimir a las miles de familias que en búsqueda de tierra y vivienda han ocupado terrenos baldíos en la localidad de Guernica. Esta toma es la más relevante de centenares de tomas que se han producido en numerosas localidades de todo el país.

La pandemia ha agudizado la crisis económica y social en nuestro país donde las condiciones de vida de las mayorías populares empeoraron a niveles catastróficos. Cientos de miles de despidos, rebajas salariales, decenas de miles de familias que se agregan a las víctimas del déficit habitacional que ya sumaban 3 millones de familias antes del inicio de la pandemia. Mientras los grandes dueños de la tierra en nuestro país, millonarios y grandes corporaciones que son verdaderos ocupas con miles y miles de hectáreas improductivas  y ociosas, tienen todo tipo de privilegios y favores por parte del Estado.

                El gobierno pagó desde su asunción más de 6.000 millones de dólares de deuda y rescató a los usureros de la deuda con 17.000 millones de dólares más de lo que originalmente había ofrecido. Ahora se aprestan a iniciar una negociación con el FMI que, además de más dependencia y atraso para la Argentina, implica profundizar el ajuste a las y los jubilados, la eliminación total del IFE que reciben más 9 millones de trabajadores, una rebaja del presupuesto de la salud pública en medio de la pandemia y ninguna respuesta laboral ni salarial a las y los trabajadores esenciales de la primera línea. Entregan los recursos nacionales a los usureros internacionales a costa del derecho a vivienda, salud, educación y todas las necesidades populares.

                La factura de la crisis capitalista se la están haciendo pagar al pueblo trabajador.

En este marco miles de familias en medio de su desesperación tienen que recurrir a la toma de tierras, recuperando terrenos vacíos para cubrir su necesidad básica para ellos y sus hijas e hijos.

                Alberto Fernández, Axel Kicillof, Sabrina Frederik y Sergio Berni salieron raudamente a criminalizar la toma de tierras, mientras que "la Justicia" emitió un fallo que ordena el desalojo para los próximos días a pesar que no hay ninguna usurpación ni delito, ya que los supuestos dueños de esas tierras no tienen ningún título de dominio, como han denunciado los abogados de las familias. Los vecinos de Guernica junto a su cuerpo de delegados han presentado una propuesta para destinar terrenos ociosos y otros que los countries debían ceder a resolver el problema de las familias sin tierras.

                En este cuadro, el ministro Larroque de La Cámpora junto a otros funcionarios  montaron una provocación el domingo pasado, para intentar victimizarse contra "la izquierda violenta". Rechazamos todas las provocaciones e imputaciones,  que tienen el único objetivo de generar un clima de confusión para desatar violencia estatal contra nuestras hermanas y hermanos sin techo con el objetivo de disciplinar a quienes salgan a luchar por sus derechos. En la madrugada del martes 29 de septiembre la policía Bonaerense y la Gendarmería liberaron la zona del barrio Los Ceibos de La Matanza para que una patota de personas disparara impunemente contra las familias que ocupan el barrio. A lo largo y a lo ancho del país se suceden los desalojos, como vimos por ejemplo en Centenario, Neuquén, donde la policía reprimió y desalojó una toma, en Salta o en Chaco en numerosas ocupaciones.

                Rechazamos la represión y exigimos se tome en cuenta el amicus presentado desde un amplio abanico de organizaciones de DDHH, sociales y políticas que piden que no haya desalojo. La militancia de los partidos que integran el FIT-U estará junto a los vecinos de Guernica en el caso de que se perpetre la avanzada represiva.

La burocracia sindical de la CGT brilla por su ausencia en cada lucha popular, mientras se apresta a hacer un acto el próximo 17 de octubre en defensa del gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Fernández en medio de la aplicación del ajuste. Estamos por la ruptura de la CGT, la CTA y todos los sindicatos con el gobierno.  Las organizaciones obreras deben solidarizarse  activamente con las familias trabajadoras que se ven compelidas a tomar tierras para construir. En ese sentido reivindicamos el posicionamiento del Plenario del Sindicalismo Combativo en defensa de las tomas.

                Reclamamos que el gobierno atienda la propuesta realizada por los vecinos de Guernica y su cuerpo de delegados. Exigimos la declaración de utilidad pública y expropiación de los terrenos ocupados para entregárselos a las familias sin techo. Algo que puede realizar ya mismo el gobierno provincial y la Legislatura de la Provincia también puede votar en forma urgente una ley en este sentido. La tierra debe ir para quienes la necesitan, no para el negocio inmobiliario y los countries.

                Sostenemos que hay que luchar por imponer una política opuesta por el vértice a la que está llevando adelante el gobierno. El proyecto de impuesto a las grandes fortunas del FIT-U es parte de un programa integral para que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.

                Sostenemos que hay romper con el FMI, desconocer y no pagar la deuda externa. Frente a la fuga y la corrida cambiaria, es necesario nacionalizar el sistema bancario para resguardar los depósitos y que el ahorro nacional esté a disposición de los sectores arruinados por la crisis, y al servicio de un plan nacional de obras públicas que incluya la construcción masiva de viviendas para paliar el déficit habitacional. El monopolio estatal del comercio exterior para acabar con las maniobras especulativas de un puñado de empresas exportadoras e importadoras y resguardar las divisas al servicio de una planificación de la economía nacional en favor de los sectores populares. 

¡No al desalojo! ¡Tierra y vivienda para quienes la necesiten! Que la crisis la paguen los capitalistas.

Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad
PTS-PO-Izquierda Socialista-MST

30/9/20

La pelea por el aborto legal lleva décadas en nuestro país. Este 28S nos encuentra en el marco de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica y social que pusieron al descubierto las consecuencias de vivir bajo la explotación capitalista y la opresión patriarcal con el crecimiento de la miseria, la pobreza, la destrucción de la naturaleza y las consecuencias de la privatización del sistema de salud, que pesan especialmente sobre las mujeres y niñxs.

Los gobiernos capitalistas, independientemente de su signo político (sean los autodenominados “nacionales y populares” o los más abiertamente reaccionarios), junto con los empresarios y multinacionales, están descargando con ajuste sobre las y los trabajadores las consecuencias de una bancarrota que no generamos. En particular, las mujeres y la comunidad LGTBI sufrimos los despidos, ataques al salario y los trabajos más precarios. Vivimos un agravamiento de las violencias al interior de los hogares y en los lugares de trabajo. Las cuarentenas sin medidas de protección, nos han expuesto a más violencia machista, abusos sexuales y embarazos no deseados, mientras los gobiernos mantienen el aborto clandestino y el vaciamiento de los sistemas de salud, negando nuestros derechos y poniendo en riesgo nuestras vidas. 

Por eso el movimiento de mujeres y de la comunidad LGTBI tiene la tarea de seguir impulsando las luchas contra la violencia de género, la brecha salarial, por el aborto legal y por todos nuestros derechos.

En nuestro país la grave crisis social tiene un capítulo especial en la falta de vivienda, que se expresa en las extendidas tomas de tierras, donde las mujeres son protagonistas, peleando por un lugar donde vivir junto a sus familias -muchas veces huyendo de parejas violentas-, y enfrentando la represión y amenazas de desalojo de los gobiernos nacional y locales. Muchas de ellas ni siquiera han podido cobrar los míseros 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia Ante esto, las autoridades de los ministerios de género, mujeres y diversidad nacional y provincial han respondido a su desesperado llamado a frenar el desalojo, con nueva fecha para el 1° de Octubre. Los gobiernos no actúan en soledad, lo hacen con la complicidad de las burocracias sindicales que no han hecho nada por las miles de mujeres trabajadoras precarizadas que luchan por un pedazo de tierra -como lo estamos viendo en la Provincia de Buenos Aires en González Catán y Guernica, así como en Jujuy, Neuquén y tantos otros lugares del país.  

En la Argentina, el gobierno nacional asumió diciendo que estaba a favor del aborto y prometiendo avanzar en la legalización. Pero Fernández en vez de apoyar el proyecto de la Campaña Nacional por el derecho al aborto, que defendió el movimiento de mujeres en las calles, prometió en la apertura de las sesiones legislativas en marzo pasado, que “en diez días” presentaría un proyecto alternativo que jamás presentó. Las declaraciones de Fernández envalentonaron a los sectores reaccionarios, como vimos en Tucumán, Jujuy, Formosa y Corrientes. Mujeres y disidencias presas o criminalizadas, niñas obligadas a parir, protocolos que habilitan la objeción de conciencia institucional, como en CABA.

Después de tan enorme gesto, el Papa salió a apoyar la renegociación de la deuda y las Iglesias evangelistas y sus expresiones más reaccionarias nucleadas en ACIERA -alineadas con la derecha bolsonarista y los golpistas en Bolivia, líderes de la ofensiva contra la denominada “ideología de género” en todo el continente- siguieron avanzando en protagonismo e intervención en distintos ámbitos del Estado. Todo, por supuesto, con financiamiento directo e indirecto por parte de las distintas administraciones.

Para garantizar nuestros derechos hace falta romper esa alianza histórica, separar a la Iglesia del Estado, cesar con toda modalidad de financiamiento a las iglesias, poner fin a la impunidad y el encubrimiento a los curas abusadores bajo amparo estatal (como ocurre con el cura y capellán de gendarmería Raúl Sidders, entre otros), y terminar con  las cesiones inmobiliarias, aportes y todos los subsidios, incluidos los de la educación confesional.

El sostenido bloqueo a la implementación de la educación sexual, que bloquea el reclamo la juventud, forma parte de la alianza con el oscurantismo clerical, que sirve a los efectos de reforzar una regimentación social a través de la educación en principios pre-científicos y prejuicios religiosos sobre la sexualidad y el rol de las mujeres y las personas LGTTBI.

Con la excusa de la pandemia, el gobierno de Fernández dijo que la legalización del aborto no era prioridad hasta que termine la emergencia sanitaria. Si el argumento habla de no saturar el sistema de salud, desde el inicio del  aislamiento obligatorio se efectuaron cerca de 28 mil internaciones que ocupan Unidades de Terapia Intensiva para atender a mujeres con secuelas graves por la interrupción de un embarazo en condiciones de extrema precariedad e insalubridad, situación evitable con el aborto legalizado. Es falso que la legalización “estrese” al sistema de salud. Por el contrario, permitiría liberar recursos para concentrarlos en el combate a la pandemia. En realidad, el aborto legal sólo “estresa” a las iglesias. 

Este contexto afecta particularmente a las mujeres y personas gestantes que quieren acceder al derecho a decidir sobre sus cuerpos, arrojándolas a realizarse abortos en condiciones inseguras, mientras crece la criminalización de las personas que quieren abortar. Por eso el FITU exige la centralización de todo el sistema de salud (público, privado, de las obras sociales y universidades nacionales), bajo control de los trabajadores y profesionales de la salud, único; y un impuesto a las grandes rentas y fortunas (que abarque a la gran propiedad de la tierra, a las ganancias bancarias y viviendas ociosas) y el no pago de la deuda externa.

Mientras el Congreso se reúne y vota leyes contra las y los trabajadores y sectores populares, como la negociación del pago de la fraudulenta deuda externa, el proyecto de la Campaña corre peligro de perder estado parlamentario si este año no se pone en discusión. Al mismo tiempo que se sigue cajoneando el tratamiento de este derecho en el parlamento nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Larreta dicta una reglamentación restrictiva de la adhesión al protocolo ILE que sólo los legisladores del FIT-U han impugnado políticamente y en sede judicial.

La integración al gobierno de referentes y organizaciones del movimiento de mujeres y LGTBI sólo ha servido para que en nombre del “feminismo” y de nuestras luchas, brinden un apoyo ruinoso al pago de una deuda colonial y se justifique la negativa a nuestros derechos más elementales y a nuestros reclamos históricos. 

Este 28S llamamos a las mujeres, personas gestantes, trabajadoras, a seguir movilizadas y organizadas por el aborto legal, la separación de la iglesia y el Estado, por la aplicación de la educación sexual laica, científica y respetuosa de las identidades de género y sexuales, con perspectiva de género, contra los femicidios, porque la crisis la paguen los capitalistas -tal como lo resolvimos, en un debate con más de 50 organizaciones, en la Conferencia Latinoamericana y de los EEUU convocada por el FIT-U.

Necesitamos seguir impulsando un movimiento de mujeres y LGTBI independiente de todos los gobiernos, las iglesias e instituciones del Estado. Un movimiento que pelee junto a las familias sin techo, junto a les trabajadores de la salud, les docentes y el conjunto de los sectores de trabajadores en lucha, nos marcan el camino. Esa es la alianza poderosa a las que le temen los empresarios y sus gobiernos, esa es la alianza que nosotras nos jugamos a fortalecer, para darles un mensaje claro a quienes quieren descargar la crisis sobre nosotras. Nuestras vidas no pueden esperar, el aborto tiene que ser ley. ¡Aprobación inmediata del Proyecto de la Campaña nacional por el derecho al aborto!

Este 28S volvemos a reclamar:

¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir!

¡Separación de la iglesia y el estado!

¡Ni una Menos sin vivienda! ¡No al desalojo en Guernica!

Frente de Izquierda y de les trabajadores - Unidad

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Con los compañeros del PTS y el MST hace un tiempo compartimos el Frente de Izquierda Unidad (FIT-Unidad) y el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC). No casualmente ambos llegaron tardíamente a estas importantes herramientas de unidad política (FIT-Unidad) y de coordinación sindical (PSC). Políticamente el MST se sumó al Frente de Izquierda recién en las últimas elecciones, luego de años criticándolo duramente como “marginales, sectarios, propagandísticos”, mientras navegaban en las aguas del centro izquierda argentina e internacional, apoyando a Pino Solanas o Luis Juez.

Con el PTS pasó algo similar en el PSC. Durante los más de dos años de existencia, el PTS se dedicó a criticarlo como “proyecto burocrático”. El fracaso de sus políticas sindicales y el fortalecimiento del PSC como polo de coordinación para los luchadores, los llevó a solicitar, recientemente, el ingreso al PSC. Pero, ahora desde adentro, ha mantenido la política de atacar la orientación y el funcionamiento del PSC. Lo hizo en los plenarios virtuales, reuniones de Mesa de conducción y, este 17 de septiembre, en la Jornada de lucha. Se ubica desde adentro para denunciar, combatir, a los dirigentes y organizaciones que integramos el PSC, dividiendo las acciones y actividades resueltas colectivamente en la Mesa.

Lamentablemente, desde el ingreso del PTS, el MST ha empalmado con una política muy similar al interior del PSC y comenzaron a actuar en bloque. Lo que los llevó a la barbaridad de boicotear la jornada nacional de lucha del PSC del 17 de septiembre, intentando cambiar su carácter y usurparla como jornada “del PTS y el MST”, rompiendo casi todos los acuerdos.

¿El PSC debe ser una coordinadora de sindicatos y luchadores antiburocráticos o una colateral del FIT-Unidad?

En un largo artículo en la Izquierda Diario, “Una izquierda cupera e inofensiva”, el PTS ataca a PO y a Izquierda Socialista. “El PO e IS sostienen la ficción de que esos actos son convocados exclusivamente por los sindicatos –que incluso como decimos arriba se niegan a discutir con la izquierda–, pero la mayoría de la “movilización con cupo”, donde la izquierda no es convocante, será de militantes de la izquierda”. En realidad, el PTS quiere justificar su rechazo a la coordinación de los sindicatos combativos, dirigentes antiburocráticos, agrupaciones y corrientes de izquierda, para unirnos en apoyos de luchas y para armar frentes que den pelea a las burocracias en los sindicatos. Ellos proponen que el PSC sea una colateral del FIT-Unidad, que la Mesa del FIT-Unidad  decida la política y tareas, y que los sindicatos del PSC lleven a los trabajadores a apoyarlas.

Pacagnini del MST, en el acto en Plaza de Mayo, fue contundente: “el PSC debe estar al servicio de fortalecer al FIT-Unidad”.

Ellos consideran que es mucho más importante la postura de los partidos del FIT-Unidad que las opiniones y voluntad de acción de los obreros ferroviarios del Sarmiento o los del Sutna, los ceramistas de Neuquén, los docentes de Ademys, AGD o Sutebas Multicolores, “porque los dirigentes de esos sindicatos son de izquierda”. Es una concepción burocrática, aparatista, de despreciar la opinión de los trabajadores y desconocer a los sindicatos combativos recuperados.

Nosotros desde el acuerdo del PSC impulsamos la verdadera coordinación permanente de los sindicatos combativos y antiburocráticos, para luchar y para enfrentar y derrotar a las patronales y las burocracias, independientemente de las posturas partidarias que tengan sus dirigentes y bases. Son conquistas de la clase trabajadora y sus luchadores, que debemos defender. El PTS y el MST en muchos sindicatos han dividido a la oposición antiburocrática haciendo perder seccionales o internas combativas (ATEN Neuquén, Ferroviarios del Mitre) o directamente enfrentando a las directivas del PSC, como al Pollo en el Sarmiento o a Crespo en el Sutna, los principales referentes del sindicalismo combativo. ¡Con esa política, ni siquiera son una “izquierda inofensiva”, sino que son una izquierda funcional a la burocracia y la patronal!

¿Una izquierda con posiciones alejadas de la realidad social?

El PTS tiene la deshonestidad política de decir que PO e Izquierda Socialista estamos por poner un cupo de personas movilizadas, para frenar la movilización. No explica la verdadera polémica, porque eso confirmaría, ante cualquier trabajador, su marginalidad social. Siempre estamos por impulsar la mayor movilización. Pero los compañeros del PTS no ponen en su artículo que hace seis meses el país está en pandemia y que todas las estadísticas dan que estamos en el pico de contagios y muertes. ¡En 20.000 espacios del artículo, el PTS no escribe la palabra pandemia o coronavirus! Si eso no es estar al margen total de lo que cruza hoy la realidad social argentina (y mundial) … Lo que decimos nosotros y los dirigentes de todos los sindicatos del PSC (salvo la lamentable excepción de los dirigentes del MST) es que es más difícil movilizar en una jornada de lucha propia del PSC, en medio de la pandemia y con el miedo de contagios, que cuando hay luchas específicas, como lo demostraron las enfermeras movilizando masivamente el 21/09. Por eso Izquierda Socialista propuso lo que hacen los trabajadores en varios conflictos, movilizar en caravana. Lamentablemente por presión del PTS y el MST, el PSC terminó aceptando una movilización con caravana y marcha. Fue para evitar contagios y mantener el “distanciamiento social”, propusimos poner un “cupo” de unas 300 personas por organización política y piquetera, sin “cupos” para los sindicatos que pudieran movilizar más. ¿Qué ocurrió el 17? Salvo Izquierda Socialista, ninguna de las organizaciones políticas y piqueteras cumplió con el “cupo” y así costó mucho el distanciamiento. Las columnas sindicales (sin “cupos”) no se movilizaron masivamente y muchos fueron en la caravana. La mayoría de las columnas piqueteras sí llevaron muchos sin respetar el cupo. Y el PTS, que anunció que no respetaría el cupo e hizo llamados públicos a sus simpatizantes a movilizarse masivamente, terminó con bastante poca presencia en su propio acto posterior.

Otro punto muy preocupante, es que los dirigentes del MST del PSC, médicos de la Cicop, los que más deberían alertar y cuidar la cuestión sanitaria, junto con el PTS insisten minimizarla y en llamar a movilizar “a decenas de miles” que, además, no están en las calles.

PTS y MST dividieron la jornada del PSC

El MST y el PTS agregaron una actitud desleal y divisionista, que genera malestar en el PSC. Una vez que la Mesa del PSC rechazó que su jornada fuese convocada por el FIT-Unidad, el MST y el PTS inventaron para el mismo día al final del acto del PSC, un acto suyo en el obelisco, a cuatro cuadras. Lo convocaron como “cierre de la jornada nacional de lucha del PSC”, queriendo usurpar la jornada del PSC. Así lo citaban, incluso diciendo que “si no llegas a la plaza, podés ir al obelisco más tarde”, una verdadera contrabandeada. Así fue presentado en la TV y los medios. Fue vergonzoso que la columna del PTS se retirara del acto apenas terminaron de hablar sus oradores, al igual que la mitad de los asistentes del MST. Además, la baja asistencia en el Obelisco (llevaron mucho menos personas que los que fueron a la marcha del PSC), confirmó que su caracterización y política fue equivocada y que no tuvo mucho sentido, más que el de dividir al PSC, su accionar.

Llamamos a los compañeros del PTS y del MST a que terminen con esas acciones desleales y divisionistas, y a que cumplan los acuerdos que se hacen en función de fortalecer el PSC en todo el país.