Escribe José Castillo

La receta del FMI, repetida para todos los países (Francia, Grecia, Brasil) incluye liquidar los sistemas jubilatorios para garantizar las ganancias de las multinacionales y los bancos. El actual ajuste a los jubilados en nuestro país va en esta línea. La excusa es “el envejecimiento de la población, que vive más años”. La realidad, como explicamos en esta nota, es que siempre se robó a los jubilados para favorecer los grandes negociados.  

¿Cuánto debe cobrar un jubilado? Comencemos por esta pregunta de sentido común. Después de trabajar toda su vida, es de estricta justicia que un trabajador pasivo tenga garantizado un ingreso que esté por encima de la canasta básica de pobreza. La Defensoría de la Tercera Edad lo calcula hoy en 38.000 pesos. Ningún jubilado debería estar por debajo de este monto. Pero continuemos: ¿cómo se debería establecer el monto que le corresponde, dado este piso, a cada jubilado? La respuesta también es sencilla: recibiendo un 82% de su salario en actividad, “móvil” es decir actualizándose acorde a los incrementos que perciben los trabajadores activos y a la inflación.

Una mención especial debemos hacer sobre lo que se denominan “regímenes especiales”: son los pocos casos en que los trabajadores que realizan determinados tipos de tareas, con sus luchas y también con aportes extras sobre su salario lograron defender su edad jubilatoria y un monto previsional más cercano a lo que percibían en actividad. Tal es el caso de los docentes, los docentes universitarios, trabajadores judiciales, de Luz y Fuerza, etcétera.

Constantemente se ha tratado de atacar y liquidar estos regímenes, “mezclándolos” a propósito con las llamadas “jubilaciones de privilegio”. Esto es otra cosa: son las personas que perciben haberes de más de 200.000 pesos por mes, sin ninguna relación con sus aportes: son los senadores y diputados, presidentes de la Nación, jueces, militares de alta graduación e incluso la cúpula de la Iglesia Católica. Esto sí es una verdadera vergüenza y deben ser eliminados. Pero no tienen nada que ver con las jubilaciones ordinarias de los trabajadores, tanto del régimen general como de los regímenes especiales.

El ajuste “¿solidario?” de Alberto Fernández

En la realidad de nuestro país, el 70% de los jubilados cobran la mínima, orillando la indigencia, apenas por arriba de los 14.000 pesos. Nada se soluciona con los dos bonos “por única vez” que se cobrarán en diciembre y enero. Llegará febrero y nuevamente, la inmensa mayoría de los abuelos estarán sumidos en la miseria. El resto (los que cobran por encima de los 19.000 pesos ¡y por lo tanto están en la mitad de lo necesario para cubrir su canasta!) no recibirán nada, ni siquiera los aumentos establecidos por ley. Quedan sometidos a la discreción de un presidente que “promete” incrementos, sin dar ninguna precisión de qué se trata. Según un análisis realizado por el Grupo de Estudios sobre la Realidad Económica y Social (Geres), reproducido por Alejandro Bercovich (BAE Negocios, 27/12), los jubilados por encima de la mínima (aun suponiendo que en 2020 se les pague con aumentos que cubran toda la inflación del año que viene) terminarán cobrando un 6,7% menos que lo que les correspondería si se mantenía la fórmula vieja. Pero incluso los jubilados que hoy cobran la mínima, y aun contando los dos bonos de 5.000 pesos, reajustados luego de la misma manera, perderán un 3,3% en comparación a lo que les tocaba con los incrementos eliminados en la ley planteada por el gobierno de Alberto Fernández. Y todo eso sin mencionar el 25% que todos perdieron en los cuatro años anteriores de Macri.

Los especuladores internacionales, los acreedores de deuda externa y el FMI “aplauden” ante estas medidas. No solamente porque son una señal de la voluntad del gobierno de Alberto Fernández de cumplir con los vencimientos de deuda: también porque están en línea con lo que el establishment exige a escala internacional, la reforma jubilatoria. Esta se traduce en liquidar los regímenes especiales, reducir lo más posible la “tasa de sustitución” (cuánto cobra un jubilado por primera vez en comparación a lo que percibía en actividad, que a diferencia del 82%, hoy apenas alcanza a 50%) y aumentar la edad jubilatoria. “Ahorrar” en suma, a costa de la tercera edad.

La historia de un robo permanente

El gran argumento, en la Argentina y en el mundo, es que “no hay plata” para otorgarle a los jubilados lo que les corresponde. Se argumenta que el problema es que “la gente hoy vive más que antes”. Mentira. Lo que sucede es que, década tras década, se le fue robando al sistema de seguridad social. Y hoy se sigue haciendo lo mismo.

Recorramos brevemente la historia. Las jubilaciones se generalizaron en nuestro país como un derecho para todos los trabajadores con el primer gobierno peronista. El 82% móvil se estableció en 1958, durante el gobierno de Frondizi. Las cajas previsionales fueron claramente superavitarias hasta los primeros años ´60: hasta ese entonces era mucho más lo que ingresaba a las cajas que lo que se pagaba, dada la poca cantidad de jubilados. Sin embargo, ya en esas primeras décadas, comenzó una costumbre sostenida hasta hoy: los distintos gobiernos patronales se apropiaban de lo que entraba a las cajas, haciéndose financiar por ellas y reemplazándolas por “papelitos”, que luego no pagaba, ya que se desvalorizaban por la inflación de entonces.

Con Videla y Martínez de Hoz se incorporó por primera vez otra práctica: reducir los aportes patronales. Lo que implicaba comenzar a desfinanciar las cajas. Desde entonces, los diferentes gobiernos “metieron mano” en los aportes de los jubilados, utilizando ese dinero como si les perteneciera y, desde la década del ´80, usándolo para pagar los vencimientos de deuda externa.

Pero el salto cualitativo vendrá en la década del ´90. Menem y Cavallo harán una reducción sustancial y generalizada a los aportes patronales, que ya nunca se restituirán. De hecho, estaban en el 33% y a partir de entonces se redujeron al 16%. A esto le siguió la privatización del sistema. En 1993 se crearán las AFJP. En síntesis, significó que la inmensa mayoría de los descuentos a los trabajadores y de los ya reducidos aportes patronales ingresaban a esas empresas privadas, mientras al Estado le quedaba la tarea de pagar las jubilaciones, que alcanzaron niveles de miseria nunca antes vistos.

Por si todo esto fuera poco, el crecimiento del desempleo y la precarización laboral crearon otra realidad: la mitad de la clase trabajadora pasó a estar “en negro”, esto es sin realizar aporte alguno.

Uno de los subproductos del Argentinazo, con millones repudiando a la jubilación privada, y también de la crisis mundial de 2008, que colocó a más de una AFJP al borde de la quiebra por la forma en que especulaban con los fondos en su poder, llevó a la reestatización del sistema. El Estado tuvo que hacerse cargo de millones de jubilados a los que sus patrones no les habían realizado los aportes.

Durante el peronismo kirchnerista se acható terriblemente la pirámide jubilatoria. Millones fueron jubilados con la mínima o valores muy cercanos a ella. En esos doce años del kirchnerismo nunca se subieron los aportes patronales lo que hubiese permitido incrementar las jubilaciones. Por el contrario Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue presidenta, llegó a vetar el otorgamiento del 82% móvil aduciendo que no contaba con fondos. Así arribamos a la situación actual, donde casi 2/3 de los pasivos están en esa situación.

Pero la reestatización brindó también la posibilidad de que existiera un fondo, constituido por todo lo acumulado por las AFJP, que prácticamente no habían pagado jubilación alguna. Se trataba de más de 75.000 millones de dólares. Se lo bautizó pomposamente con el nombre de “Fondo de Garantía de Sustentabilidad”. Era, teóricamente, el dinero existente para pagar juicios, que pertenecía a los jubilados y pensionados.

Sin embargo, ese fondo fue utilizado para cualquier otra cosa. En particular para pagar deuda externa, tomando dinero del mismo y reemplazándolo por más “papelitos”: bonos y letras del Tesoro. También para otros usos muy alejados de las necesidades de nuestros abuelos. El gobierno de Cristina llegó a incluso a otorgarle un crédito a la filial argentina de la General Motors, con la promesa, luego no cumplida, de que la empresa no despidiera personal. Así, el fondo se fue reduciendo. Macri profundizó esta política, hasta llegar a la actualidad, en que quedan apenas 24.000 millones de dólares, la mitad de ellos en bonos públicos.

Las dos últimas estafas: Macri en 2017 y ahora Alberto Fernández

El gobierno de Macri, en diciembre de 2017, procedió al último robo a nuestros abuelos. Cambió la fórmula de reajuste, haciendo que se perdiera más de un 25% del poder adquisitivo de los haberes al día de hoy.

Ahora, el nuevo gobierno de Alberto Fernández elimina esa fórmula, justamente la única vez que los jubilados iban a “ganar” algo con ese cálculo. Y vuelve a echar mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, permitiendo que se canjee dinero por bonos hasta un 75%.

Esta es la historia repetida. ¿Cómo modificarla? Haciendo lo que nadie propone. Hay que restituir los aportes patronales que sacó Cavallo y profundizaron varias legislaciones posteriores. Todos los gobiernos posteriores se la pasaron siempre ofreciendo a las patronales la reducción de aportes como “incentivos” para invertir. De hecho, actualmente los primeros 7.000 pesos del salario del trabajador están “libres” de aporte patronal. La simple restitución de los aportes patronales con la escala general que existía en 1994 permitiría incrementar en un tercio los recursos que percibe mensualmente el Anses.

Pero, además, hay que realizar un masivo blanqueo de todos los trabajadores en negro.  Hoy casi el 40% de los asalariados están en esa situación, y a muchos otros se le realizan aportes por apenas una parte del sueldo, pagándole el resto “por debajo de la mesa”. Estamos hablando de la posibilidad de duplicar la recaudación mensual del Anses. Con el agregado de la suma de la restitución de los aportes patronales, se podría garantizar así la masa de aportes y contribuciones para pagar efectivamente el 82% móvil a todos los jubilados.  

Y, por último, el dinero de los jubilados debe ser administrado por los propios trabajadores, activos y pasivos. ¡El Anses y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no deben usarse para nada más que para pagar jubilaciones y pensiones!

Y, si en la transición hiciera falta cubrir algún faltante, se lo debe cubrir con la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa y con impuestos extraordinarios a las grandes empresas y fortunas, por ejemplo de las petroleras y mineras, que acaban de ser “premiadas” con una reducción de las retenciones (impuestos a las exportaciones).

La jubilación no es una parte del “gasto público”, como pregonan los defensores del ajuste. Se trata de una parte del sueldo de cada trabajador, lo que se denomina un “salario diferido”. Es un sistema solidario, donde la contribución de los activos (con la suma de las retenciones más los aportes patronales) debe financiar las jubilaciones presentes.

¡El sistema no está “quebrado” ni es “inviable”! Lo están desfinanciando desde hace décadas los distintos gobiernos patronales. La prioridad, de una vez por todas, deben ser los jubilados, no los especuladores de la deuda externa, las capitalistas y el FMI.

El gobernador de la UCR de Mendoza, Rodolfo Suárez, tuvo que derogar la ley 9209 que permitía la megaminería, la cual estaba prohibida por la 7722. Declaró que “hay acuerdo mayoritario entre las bancadas para derogarla”, pero son las mismas bancadas de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, con el aval del presidente Alberto Fernández, que habían votado la modificación para permitir la megaminería contaminante.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, declaró: “Este cambio no se debe a que Suárez, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos (radicales y peronistas) “hayan reflexionado”, sino que retrocedieron por la enorme movilización popular en Mendoza y la solidaridad nacional con esa lucha. Producto de ello es que también se logró que en Chubut, luego de enormes movilizaciones en dicha provincia y el contagio de Mendoza, no se trate la derogación a la ley que prohíbe la megaminería en esa provincia gobernada por Mariano Arcioni del Frente de Todos”.

Giordano finalizó: “Una vez más se demuestra que el camino para derrotar a la megaminería y los planes de ajuste es con la movilización. Lo opuesto a lo que pregonan la CGT y el propio gobierno nacional llamando a esperar y a tener paciencia mientras pasa el ajuste. Esto es lo que preparan con el Pacto Social contra el pueblo trabajador. Este camino de lucha es el que deberán recorrer los trabajadores para enfrentar la ley de emergencia recientemente votada que le roba a los jubilados y trabajadores para pagar la deuda y salvar las ganancias capitalistas de las patronales. Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad saludamos los triunfos en Mendoza y Chubut y llamamos a seguir ese ejemplo”.

Las masivas movilizaciones en la provincia de Mendoza son parte de un proceso de lucha contra la megaminería a cielo abierto que genera tremendos impactos ambientales y humanos. ¡No a la reforma de la 7.722 votada por la UCR y el PJ con el aval de Alberto Fernández! ¡Defendamos el agua y el suelo! El gobernador anunció que por ahora no reglamentará la repudiada ley 9.209 y llama a un “diálogo”. Pero la lucha debe continuar hasta obligarlo a que se derogue.

El fuerte repudio social y las masivas movilizaciones en Mendoza obligaron a que el gobernador Suárez anunciara la suspensión de la reglamentación de la ley 9.209, que reformaba la ley provincial 7.722 que prohíbe la megaminería en Mendoza. Pero hay que seguir la lucha hasta obligarlo a que se derogue.

El lunes 23, en una de las mayores protestas que haya protagonizado esa provincia, decenas de miles de mendocinas y mendocinos se volcaron a las calles contra la reforma de la ley 7.722, la número 9.209. Al grito de: “Suarez, basura, queremos agua pura” (el gobernador de la UCR), la movilización exigía que se mantenga vigente la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la actividad minera. A pesar de la dura represión ordenada por el gobernador radical dejando decenas de heridos y presos, los manifestantes organizados en asambleas continúan movilizados por su justo reclamo.

Con la Legislatura vallada, el viernes 20 diputados y senadores provinciales votaron la reforma de esta ley que protegía el ambiente. Impulsada por el gobernador radical-macrista Rodolfo Suarez, el proyecto fue apoyado por los bloques del radicalismo, del macrismo y del peronismo. Fue el resultado de un acuerdo en el que intervinieron la kirchnerista Anabel Fernández (ex candidata a gobernadora) y el propio presidente Alberto Fernández junto al gobierno provincial. Aunque ahora impactados por la movilización traten de deslindarse del proyecto diciendo que es un problema provincial, avalaron la reforma, como demuestra la votación de sus legisladores. Alberto Fernández, en particular, defiende la mega minería desde que fue gobierno en los 12 años anteriores y a las ganancias de las multinacionales como la Barrick y otras, saqueadoras y contaminantes. Ahora Fernández dice que es una actividad que permitiría hacerse de dólares para pagar la usurera deuda externa. Las declaraciones del ministro de Ambiente de Nación Juan Cabandié intentando “despegar” al gobierno nacional diciendo que es un “tema provincial”, es parte de un doble discurso que hace agua ante la creciente protesta social. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que designó al reconocido lobista mega minero Alberto Hensel en la función de Secretario de minería de la Nación?

Fue un mal cálculo de los políticos patronales. La ley 7722 había sido aprobada con mucha lucha en 2007 y por eso representa una gran conquista que debe ser defendida. La masiva movilización unificó a docentes, alumnos, jóvenes, pequeños productores y comunidades enteras de ciudades del Valle de Uco, una de las principales regiones vinícolas del país que será gravemente afectada por la contaminación del agua si se aprueba el proyecto. La gravedad de la situación nacionalizó la lucha. Casi de inmediato comenzó a contar con el apoyo de personalidades del deporte, la cultura, los derechos humanos y entidades ambientalistas y sindicales de todo el país. Hasta las Reinas de la Vendimia pidieron no se haga la fiesta tradicional 2020 diciendo: "El agua de Mendoza no se negocia. #La7722nosetoca".

El proyecto aprobado abre las puertas para la explotación de minas de cobre, oro y plata utilizando cianuro y ácido sulfúrico para separar pequeñas cantidades de metales nobles de decenas de toneladas de roca bruta (lixiviación). Este sistema despeja grandes cantidades de sustancias tóxicas contaminando el aire y los cursos hídricos por derrames o filtraciones. Es lo que acaba de constatar un peritaje oficial en la vecina provincia de San Juan. Cinco ríos se encuentran contaminados por la acción de la multinacional Barrick Gold, que derramó un millón de litros de agua cianurada en la mina Veladero. Según el peritaje, “todas las muestras analizadas, líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro”.

Esta lucha también se está dando en Chubut donde la mega minería está prohibida pero intentan intentan avanzar con la “zonificación”, resistida por el pueblo chubutense.

La complicidad de los gobiernos patronales

Estas tragedias ambientales, con graves consecuencias humanitarias provocadas por un capitalismo salvaje y depredador, se lleva a cabo de la mano del gobierno nacional y los provinciales. Todos los partidos patronales son favorables a este tipo de proyectos como lo demuestra la votación de Mendoza. Ese apoyo se revierte en aportes económicos para financiar sus campañas y perpetuarse en el poder, cuando no para aumentar sus patrimonios personales. El ex presidente del PJ y tres veces gobernador de San Juan y actualmente diputado nacional, José Luis Gioja, acuñó la frase: “hay que promover la minería que da más plata que la soja”. No es lo que piensan en Jáchal e Iglesias, regiones de una provincia semidesértica que corren el riesgo de quedarse sin agua potable por la acción de la Barrick.

La minería a cielo abierto no es una industria que trae inversiones, puestos de trabajo y progreso. Al contrario, invierte poco en infraestructura sustentable, genera empleos precarios y limitados al tiempo que dure la extracción del metal buscado y genera impactos ambientales, geográficos, humanos y culturales profundos. Además, se lleva del país un recurso no renovable pagando por ello con bajas retenciones, que el gobierno de Alberto Fernández acaba de disminuir  del 12% al 8%.

Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad nos posicionamos rotundamente en contra de la explotación de la minería a cielo abierto y a la utilización de sustancias tóxicas como el cianuro, el ácido sulfúrico o el mercurio. En Mendoza, los legisladores del FIT, tanto en diputados como en senadores, no sólo se posicionaron contra este proyecto sino que se sumaron a las marchas de protesta y a las exigencias de no reformar la ley 7722.

Nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer presentó un proyecto apoyando la lucha contra la mega minería en Chubut y que se respete la prohibición de la misma, el que va en consonancia con otro que interpusimos desde Izquierda Socialista en 2017 (Proyecto de ley 2830-D-2017-diputado Giordano) disponiendo la expulsión de la Barrick Gold de Argentina.

Expresamos nuestra solidaridad con la movilización de las mendocinas y mendocinos y comprometemos nuestra militancia para difundir esa lucha desde nuestros lugares de estudio y trabajo, para impedir este nuevo crimen ambiental.

Izquierda Socialista en el FIT-Unidad, 26/12/2019

Declaración del Plenario del Sindicalismo Combativo

Las organizaciones obreras deben velar por los intereses de los trabajadores. Rechazamos el Pacto Social. Preparamos los reclamos obreros y populares. Luchamos por la independencia y la democracia en los sindicatos.

En los últimos días se ha conocido las primeras medidas que el nuevo gobierno de Alberto Fernández ha definido tomar. Quienes venimos luchando contra todos los ataques recibidos a los trabajadores en la última etapa señalamos que la prioridad nacional no puede ser otra que la defensa del salario, los puestos de trabajo, la reapertura de todas las fábricas cerradas, el 82% móvil para todos los jubilados, la defensa de las conquistas de los convenios colectivos de trabajo y la reincorporación de todos los trabajadores despedidos.

En oposición a estas necesidades elementales, la “Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva” que aprobó el Congreso Nacional, se concentra en darle nuevos beneficios a las patronales y grupos especulativos. Esto se verifica en la rebaja del 4% en las retenciones a los pulpos petroleros o la quita del impuesto a la renta financiera en beneficio de los especuladores. A esto se suma la potestad del poder ejecutivo de otorgar todo tipo de beneficios impositivos a los empresarios, incluyendo la rebaja o exención en los aportes patronales.

La quita por Ley de la movilidad jubilatoria atada a la inflación y la sustitución por un aumento menor en las jubilaciones mínimas constituye una herramienta para el Estado para darle un nuevo manotazo a las cajas jubilatorias y un ajuste a los jubilados, en lugar de garantizar el 82% móvil. Estas cajas son el aporte permanente que hacemos el conjunto de los trabajadores. Cuando se ataca a los jubilados, se ataca a todos los trabajadores. La finalidad de este ajuste se encuentra en las garantías que el gobierno ha otorgado a los especuladores de la deuda y al Fondo Monetario Internacional.

La pérdida de los salarios en promedio en estos años pasados es de un 20%, en algunos convenios mucho más. Quienes hemos defendido el salario y las condiciones de trabajo de nuestros compañeros como piedra fundamental, entendemos que la prioridad debe ser la recomposición salarial de todos los trabajadores como punto de partida de un plan económico alternativo para que la crisis de la Argentina no recaiga sobre las espaldas de los trabajadores.

Las direcciones burocráticas de los sindicatos tanto de la CGT como de las CTA han definido formar parte del gobierno y ya han metido sus funcionarios en el aparato del nuevo gobierno. De Daer a Baradel, la burocracia sindical se postula como garante de una política que promete “reactivación” pero que tendrá por eje el pago de la deuda en un cuadro internacional de crisis capitalista y recesión mundial creciente. De esto se trata el “pacto social” que venimos rechazando hace tiempo y que ha comenzado a dar sus primeros pasos. Se están dando las herramientas para continuar avanzando con salarios y jubilaciones por debajo de la inflación, ataque a los convenios colectivos de trabajo y beneficios impositivos a las patronales. La doble indemnización no frena los despidos y además se propone la suspensión de paritarias por 6 meses. Todo lo contrario a la recomposición salarial y el mejoramiento de las condiciones laborales.

La llamada “economía popular, el cooperativismo y la agricultura familiar” como estrategia, es en base a trabajo por fuera de los convenios colectivos de trabajo. Es lo que ha planteado con mucha difusión mediática el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que promueve micro-créditos que permitan que los desocupados obtengan herramientas, y puedan –vía organizaciones sociales que han sido cooptadas al gobierno con cargos en ese ministerio- integrarse a trabajos dirigidos por cooperativas garantizando así la contraprestación del plan social… de $7.500. Este objetivo, junto al de atacar los convenios y enchalecar los reclamos obreros, es el verdadero contenido del Pacto Social que se prepara junto a los empresarios, la iglesia y la burocracia sindical.

La combativa clase obrera argentina, a pesar de la atomización y contención que imponen las direcciones sindicales burocráticas, viene sin embargo dando luchas tenaces, como la de los trabajadores de Kimberly Clarck, de Minetti, los residentes y concurrentes que derrotaron a Larreta, los de Egger que lograron su reincorporación o las batallas permanentes de los trabajadores del neumático por el salario y los ataques al convenio colectivo, como así también el sindicalismo combativo docente en todos los sindicatos, asociaciones y seccionales recuperadas, los Ferroviarios del Sarmiento, etc. También los trabajadores desocupados del movimiento piquetero combativo o los docentes y estatales de Chubut.

Impulsamos la deliberación para definir el programa y organizar nuestra lucha

Necesitamos es una acción de conjunto, un plan de lucha en defensa de los salarios y jubilaciones, contra los despidos y contra la destrucción de nuestros convenios laborales.
Planteamos la más amplia deliberación del movimiento obrero ante la etapa que se avecina. Asambleas, plenarios de gremio mandatados por asambleas de cada lugar de trabajo, reuniones de activistas. Los trabajadores no podemos esperar más. Argentina se encuentra económica y socialmente como el conjunto de América Latina, cuyos trabajadores luchan en todos los países.

El Plenario del Sindicalismo Combativo denuncia a la burocracia sindical que pretende estatizar al movimiento obrero en un “Consejo Económico Social”. Promovemos que los trabajadores nos organicemos para enfrentar la ofensiva capitalista de la que somos víctimas, donde ellos descargan su crisis sobre nuestras espaldas.

El Plenario del Sindicalismo Combativo convoca a todos los sectores antiburocráticos e independientes del movimiento obrero a poner en pie una agenda obrera para el país y un plan de lucha para conseguirlo.

Inmediata reapertura de paritarias, defensa irrestricta de los convenios colectivos de trabajo, salarios equivalentes a la canasta familiar actualizados por inflación, otorgamiento y respeto de cláusulas gatillo, mínimo salarial y jubilatorio equivalente a la canasta básica, movilidad jubilatoria trimestral por índice de costo de vida, duplicación del importe y apertura de los planes sociales, doble aguinaldo para afrontar aumentazos, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios, reincorporación de todos los despedidos estatales, reapertura de las fábricas cerradas en los últimos años garantizada por el Estado, apertura de los libros y control obrero de los precios, anulación de los tarifazos aplicados desde 2016, estatización bajo control de los trabajadores y usuarios de todas las empresas privatizadas, no pago de la deuda externa, ruptura con el FMI, nacionalización de la banca, el comercio exterior y los recursos estratégicos, bajo control de los trabajadores, aborto legal, seguro y gratuito, autonomía política de los sindicatos, plan de lucha, resuelto en asambleas y congresos de delegados con mandato.
No al Pacto Social, no a las reformas laboral ni jubilatoria, no a la flexibilización laboral y el trabajo precarizado, blanqueo de todos los trabajadores.

Mesa nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo
20/12/2019
- Alejandro Crespo, secretario general SUTNA
- Rubén "Pollo" Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Oeste
- Romina Del Plá, secretaria general Suteba La Matanza
- Alejandro López, secretario general Ceramistas Neuquén
- Guillermo Pacagnini, secretario general CICOP
- Mariana Scayola, secretaria general ADEMYS
- Ileana Celotto, secretaria general AGD-UBA
- Angélica Lagunas, comisión directiva ATEN Neuquén
- César Latorre, delegado general Comisión Interna Hospital Italiano
- Federico Navarro, comisión interna ALUAR (Puerto Madryn)
- Gastón Vacchiani, secretario general UTS

Con el pretencioso nombre de “ley de solidaridad social y reactivación económica”, el gobierno de Alberto Fernández y el Frente de Todos ha enviado al Parlamento para un tratamiento exprés un verdadero plan de ajuste. Además de delegar súper poderes en el Presidente, el corazón de las medidas representa un robo de la movilidad a los jubilados. El objetivo de fondo del conjunto de las medidas tomadas por medio de esta ley y de varios decretos de necesidad y urgencia es garantizar el pago de la deuda a futuro, metiendo a la Argentina en una senda de ajuste contra los trabajadores y el pueblo. A tal punto que el primer artículo dispone autorizar la renegociación de la deuda, es decir, reconocer el acuerdo con el FMI y pagar una deuda usurera, ilegítima y fraudulenta.

El gobierno de Fernández-Fernández borra de un plumazo la ecuación que actualizaba todas las jubilaciones teniendo en cuenta la inflación, al mismo tiempo que anula la movilidad jubilatoria de los regímenes especiales, afectando a más de 250 mil jubilados entre los cuales se encuentran los docentes nacionales, universitarios, científicos e investigadores. Todo a cambio de un bono desdoblado de diez mil pesos por única vez para quienes cobran la mínima. Esto sucede al mismo tiempo que se quita el impuesto a la renta financiera, favoreciendo los negocios de los fondos especulativos, y se rebaja el 4% de las retenciones a los pulpos petroleros que saquean los recursos naturales. El modesto aumento de las retenciones al capital agrario, actualizando la medida que había tomado Macri, como ayer, tiene por destino el pago de la deuda. A esto le llama el nuevo gobierno “reactivar la economía”.

El “congelamiento” de tarifas suma a esto otra maniobra. En primer lugar, ratifica y evita terminar con el régimen de servicios públicos privatizados desde el menemismo. Al mismo tiempo, consolida los brutales tarifazos que se produjeron en la última etapa. Sólo el último año, las tarifas de los servicios elementales aumentaron más del 85% a pesar de los subsidios millonarios que le otorga el propio Estado. Lejos ha quedado el proyecto del PJ-kirchnerismo de retrotraer el monto de las tarifas a noviembre de 2017. En el poder, gobiernan de la mano de los capitalistas beneficiados con la entrega de los servicios públicos.

El decreto presidencial que impone la doble indemnización frente a nuevos despidos llega luego de que las patronales despidieran masivamente o cerraran las fábricas. Sólo en el último año, las cifras oficiales arrojan que se perdieron 135 mil puestos de trabajo en la industria. Incluso esta medida es también cosmética, porque no sólo no prohíbe los despidos y suspensiones, sino que además permite a las patronales solicitar un “recurso preventivo de crisis” que en connivencia con la burocracia sindical pueden estar habilitadas a despedir, incluso por menos que una indemnización simple. El decreto de “doble indemnización” contrasta con la ley de “prohibición de despidos” que había votado el propio PJ-kirchnerismo y luego vetada por Macri. Atrás ha quedado la demagogia de los tiempos de “opositores”.

Ahora en el gobierno, Alberto Fernández junto con la burocracia del Smata pusieron en marcha el “contrato social” que combina todo tipo de concesiones impositivas a las patronales, junto con un nuevo régimen laboral de súper explotación obrera. Es lo que ya se implementó en el convenio petrolero en Vaca Muerta, con consecuencias fatales para los trabajadores. El plan de suspensión de todas las negociaciones paritarias “por seis meses” que tejen con las centrales sindicales completa el círculo de una reforma laboral “convenio por convenio” y un retroceso salarial sin precedentes para todos los trabajadores de la Argentina. El nuevo proyecto de ley otorga la potestad al Poder Ejecutivo de dar aumentos según su propio criterio. Con esta medida se pretende quitar a los trabajadores y a sus organizaciones el derecho a exigir y luchar por un salario que cubra las necesidades de cada trabajador y sus familias y por sus condiciones laborales.
Esta ley se enmarca en un plan más global del gobierno, que es impulsar un "pacto social" de la mano de la UIA, las grandes patronales, la burocracia sindical y la Iglesia, para llamar a los trabajadores a esperar, en pos de defender la ganancia capitalista.

El Frente de Izquierda - Unidad denuncia este nuevo ataque a los jubilados y trabajadores de la mano de una ley para complacer al FMI y los usureros de la deuda. Llamamos a todos los trabajadores a impulsar asambleas y reuniones en los lugares de trabajo para rechazar la entrega de las direcciones burocráticas de los sindicatos que pactan con el gobierno a espaldas de los trabajadores.

Nos pronunciamos por un aumento general de salarios con actualización automática según la real inflación hasta cubrir la canasta familiar, el 82% móvil para todas las jubilaciones y que la mínima cubra la canasta básica, la reincorporación de todos los trabajadores despedidos en los últimos años, la reapertura de las fábricas cerradas con control de sus trabajadores y la prohibición efectiva de despidos. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y plan de obras públicas para generar empleo genuino. Por paritarias libres. Nacionalización de las empresas privatizadas bajo control de los trabajadores. No pago de la deuda. Ruptura inmediata con el FMI. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores!

 Frente de Izquierda - Unidad (PTS - PO - Izquierda Socialista - MST)