Escribe Miguel Lamas

Evo Morales pierde popularidad aceleradamente (las encuestas le dan menos de 30%). Esto es resultado del ajuste económico antipopular que aplica su gobierno con impuestazos o la baja del presupuesto universitario. Evo pretende justificarlo por la baja de los precios de exportación del gas y los minerales. Pero en realidad el ajuste busca mantener las altas tasas de ganancias para las multinacionales que siguen controlando el gas y la minería, y los terratenientes. A lo que se agrega el altísimo costo para el pueblo de una gran corrupción oficial con la obra pública (concesionada a capitales chinos).

Sin embargo, Evo Morales aspira a ser reelecto por cuarta vez en elecciones el 27 de octubre próximo. Como perdió el referéndum de febrero de 2016 por su reelección, que es inconstitucional, lo “solucionó” con un fallo del Tribunal Constitucional controlado, que dice que es un “derecho humano” ser candidato.

Otro paso fue la aprobación de una ley de partidos tramposa cuyo objetivo es impedir futuras alianzas o nuevas candidaturas. La ley estableció elecciones primarias casi un año antes de las elecciones nacionales que consolidan a nueve partidos, todos de derecha, con candidatos únicos por partido. Ninguna de las candidaturas defiende las demandas del pueblo trabajador.

Las elecciones “primarias” se realizaron el 27 de enero. El padrón nacional es de 6,5 millones pero votó una reducida cantidad de personas. Entre el millón de afiliados al MAS (muchos obligados por ser empleados públicos), solo votaron 350.000 por Evo Morales en las “primarias”. El resto no fue a votar o votó nulo.

Evo Morales, en su afán reeleccionista, podría apelar a algún fraude electoral o proscribir legalmente a alguno de los candidatos opositores con posibilidades de ganarle. En cuyo caso se profundizará una gran crisis política mientras crece el descontento popular.

Maduro asumió su nuevo mandato con dichos extravagantes, como que “había viajado al futuro” y vio que “todo se solucionaba”. Mientras los precios se duplican cada veinte días, el sueldo mínimo es de 6 dólares, los trabajadores luchan por un salario indexado y millones se van del país. La Asamblea Nacional, con mayoría opositora proimperialista, se presentó como gobierno paralelo y pidió ayuda a los militares y a la “comunidad internacional” (básicamente a Trump y a la derecha latinoamericana). Por otro lado, Maduro llamó al presidente yanqui a tener “un diálogo franco” (Clarín 19/1). A continuación la declaración del Partido Socialismo y Libertad (sección venezolana de la UIT-CI) previa a las marchas del 23 de enero.

 El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, y los partidos patronales mayoritarios en el parlamento, han convocado a una concentración en Caracas y movilizaciones regionales para el próximo miércoles 23 de enero.

Esta convocatoria ha generado expectativas en algunos sectores del pueblo. Entendemos que sectores de los trabajadores y de las comunidades populares guarden algún tipo de esperanza en que esta convocatoria de la AN pueda desembocar en una salida a la crisis brutal que vivimos.
Comprendemos que estas expectativas se basan en el rechazo mayoritario y generalizado a un gobierno hambreador, de falso socialismo, que aplica un brutal ajuste antiobrero y antipopular, haciendo pagar al pueblo venezolano las consecuencias de la más brutal crisis económica vivida por los venezolanos, creada por el gobierno, los empresarios locales y las empresas transnacionales.

No obstante, como socialistas revolucionarios que hemos adversado al actual gobierno chavista, tenemos la responsabilidad de decirle a ese pueblo que aspira terminar con esta tragedia que vivimos, que no podemos tener ninguna confianza en la Asamblea Nacional, donde están los mismos partidos que traicionaron la rebelión popular del 2017. No podemos olvidar a los más de 120 muertos en las protestas, ni los miles de heridos y detenidos que esos mismos partidos hicieron a un lado, para entrar en una mesa de negociación y posteriormente en los procesos electorales fraudulentos convocados por el gobierno.

La AN y sus partidos solo buscan reacomodarse y recuperar el apoyo popular perdido, con el objetivo de presionar al gobierno, que actualmente atraviesa una severa crisis interna, para iniciar una transición ordenada y negociada con el gobierno de Maduro, la cual contaría con el apoyo de Estados Unidos y los gobiernos patronales integrantes del Grupo de Lima.

En tal sentido, debemos decir que no es cierto que el 23 de enero se abrirá un cambio político a favor de los trabajadores y el pueblo. No podemos crearnos falsas expectativas con una convocatoria que busca solo abrir un canal de diálogo con el gobierno y sectores disidentes del chavismo. La única manera de derrotar el paquetazo de ajuste del gobierno y lograr una salida a la crisis al servicio de los trabajadores es con la movilización y la lucha obrera y popular.

No es con negociaciones a espaldas del pueblo trabajador ni con la injerencia del imperialismo y sus gobiernos aliados de la región que se resolverá la tragedia económica y social que padece el pueblo venezolano. Una intervención yanqui no traería nada bueno para el pueblo, y condenamos a quienes irresponsablemente la invocan. Pero tampoco se resolverá la crisis entregando un cheque en blanco a Guaidó y los partidos patronales de la AN.

Nuestro partido insiste en afirmar que solo con la movilización unitaria, autónoma e independiente de las trabajadoras, los trabajadores y el pueblo, que marque distancia de los partidos representados en la AN y en el Gran Polo Patriótico-PSUV, podremos derrotar al gobierno y su paquetazo de ajuste antiobrero y antipopular. Debemos confiar en nuestras propias fuerzas organizadas y movilizadas en las calles del país.

Hay que seguir el ejemplo de los docentes, quienes hoy desbordan a su dirigencia burocrática y preparan un paro contra el gobierno. Así como también seguir el camino de las trabajadoras y trabajadores del Hospital Universitario de Caracas quienes, con su movilización masiva y unitaria, dividieron a sectores del chavismo que se sumaron a la lucha contra la directiva corrupta del hospital, por la recuperación de los recursos que se robaron y por salario igual a la canasta básica.

Es necesario que las trabajadoras y trabajadores continuemos la lucha iniciada el año pasado por salarios dignos indexados mensualmente, en defensa de las contrataciones colectivas y contra las tablas salariales impuestas por el gobierno en el sector público. Que cada vez más sectores se sumen a la lucha y que la movilización de las trabajadoras y trabajadores empalme con la lucha que en las comunidades comienza a desarrollarse por comida y servicios públicos, masificando y generalizando la protesta en la calle contra el gobierno y su paquete de ajuste antiobrero y antipopular.
El Partido Socialismo y Libertad (PSL) y su corriente sindical C-Cura, como parte integrante de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, y de otras instancias unitarias en las distintas regiones del país, exigirá no ser furgón de cola de los sectores patronales y seguiremos promoviendo la movilización obrera y popular independiente para conquistar un plan económico popular que parta de lograr un salario igual a la canasta básica indexado mensualmente, un plan de importación de alimentos y medicinas, el no pago de la deuda externa, que el petróleo sea 100% estatal sin empresas mixtas ni transnacionales, confiscación de los bienes de los corruptos e importadores fraudulentos, y que todos esos recursos se utilicen para salud, educación, salarios, jubilaciones, vivienda, recuperación de Pdvsa y las empresas básicas y para el impulso de una reforma agraria que otorgue tierras, insumos y apoyo técnico a los campesinos pobres, siempre teniendo como perspectiva la necesidad de un gobierno de la clase trabajadora.

19 de enero de 2019

El 8 y el 9 de enero 200 millones de trabajadores de India han estado en huelga general convocada por diez centrales sindicales de izquierda. Los huelguistas se sentaron en las vías paralizando los ferrocarriles y los piquetes recorrieron los centros de trabajo. El gobierno de Narendra Mori intenta imponer una nueva ley sindical para impedir las huelgas. Pero le salió el tiro por la culata. La gigantesca medida fue contra esa ley y por aumento salarial. Y están dispuestos a continuar la lucha.

Evo Morales acudió a la asunción presidencial de Jair Bolsonaro en Brasilia. Las declaraciones de Morales excedieron lo que podría haber sido un gesto diplomático: llamó “hermano” a Bolsonaro y dijo “somos socios estratégicos que miran el mismo horizonte, la patria grande”.

Pocos días después, el 12 de enero, fue detenido por la policía y enviado a Italia sin ningún trámite judicial ni pedido de extradición Cesare Battisti, un antiguo miembro de grupos armados de la izquierda italiana de la década del ‘70. Battisti, de 67 años, estuvo cuarenta años exiliado en Francia y Brasil, dedicado a escribir novelas. Ambos países se negaron a entregarlo a la Justicia italiana por considerar que no había garantías de un juicio justo y conducta pacífica y legal de Battisti. Pero el nuevo gobierno neofascista italiano de Matteo Salvini le pidió a Bolsonaro que lo entregara, pero ya se había ido a Bolivia. Bolsonaro le exigió a Evo que lo entregara. El hecho fue repudiado incluso por algunos dirigentes del MAS gobernante.

La huelga indefinida ya cumplió una semana y abarca a mil escuelas públicas. Piden más presupuesto educativo, aumento salarial y menos alumnos por aula (hoy 35 en promedio). Tiene apoyo de los padres y madres de alumnos y también de sectores de izquierda como la ISO (International Socialist Organization) y Democratic Socialists of America, que organizaron la campaña “tacos for teachers” (tacos mexicanos para los profesores) que contó con decenas de miles de aportes. También se solidarizaron el senador Bernie Sanders y la joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez (ambos de los llamados “demócratas socialistas”).