El gobierno de Evo Morales en 2016 perdió un referéndum para modificar la Constitución y permitir su cuarta reelección. Tuvo 51,4% de votos válidos en contra y 48,6% a favor. Pese a eso, en 2017 forzó una sentencia del Tribunal Constitucional y hace pocos días el Tribunal Electoral autorizó la reelección por cuarta vez de Evo Morales y Álvaro García Linera. Ambos tribunales son casi totalmente dependientes del gobierno del MAS, que fue quien nombró a sus integrantes. Además un año antes de las elecciones nacionales (diciembre 2019) hizo una ley que establece elecciones “primarias” con requisitos totalmente antidemocráticos, ya que impiden en los hechos que se presenten partidos de izquierda o de los trabajadores.

En repudio a esta sentencia violatoria del referéndum de 2016, y a la ley de partidos, el 6 de diciembre se cumplió un paro nacional convocado por los Comités Cívicos y por algunas federaciones de maestros, la Central Obrera Departamental de Chuquisaca y otras organizaciones. La dirección burocrática de la Central Obrera Boliviana, que apoya a Evo Morales, se opuso al paro. Este tuvo un cumplimiento bastante importante, pero irregular, ya que no se hizo efectivo en gran parte de los sectores productivos, aunque sí hubo bloqueos que paralizaron el transporte en las ciudades y manifestaciones de decenas de miles de personas.

Según las encuestas, el 75% de la población se opone a la reelección. Y sólo la falta de alternativas populares frena que esto crezca aún más. El principal oponente electoral a Evo Morales es el ex presidente (2003 a 2005) Carlos Mesa, aquel que en su momento había caído producto de la rebelión popular.

La cuestión de fondo, como sucede con otros gobiernos llamados del “socialismo del siglo XXI” (Venezuela, Nicaragua, Ecuador), es que no se ha resuelto ninguno de los principales problemas del pueblo trabajador. La insurrección popular de 2003 contra el gobierno de Sánchez de Losada exigía la llamada “agenda de octubre”, cuyo punto principal era la nacionalización y expulsión de las multinacionales del gas y que con ese excedente económico se crearan fuentes de trabajo. Hoy las transnacionales siguen dueñas del gas y de los minerales. Y también de las grandes extensiones de tierras destinadas a la agroindustria. Continúan la desocupación, la precarización laboral y la miseria en el campo, que obligan a migraciones masivas. Aunque hubo algunas mejoras en estos años, fue gracias a los altos precios de minerales y gas. Pero ahora bajaron y la economía capitalista exige un ajuste económico antipopular que el gobierno comenzó a aplicar gradualmente. Esto generó la ruptura de gran parte de los trabajadores con el gobierno de Evo Morales.

Está planteada una situación que hace posible incluso un fraude electoral masivo del gobierno para lograr ganar las elecciones (como Maduro en Venezuela) y una agudización de la crisis política con levantamientos populares.

Escribe Gabriel Massa

La llegada a la presidencia mexicana de Andrés Manuel López Obrador (conocido por sus iniciales, AMLO) ha sido presentada por la prensa mundial como un “giro a la izquierda” en la política de ese país. Los medios denominados “progresistas” escriben largas editoriales, o lo muestran en su ceremonia de asunción con los pueblos originarios.

Buscan de esa manera revitalizar a la ya muy golpeada ola “chavista” del “socialismo del siglo XXI”, “nacional y popular” o de los llamados gobiernos progresistas, varios de los cuales ya no gobiernan, repudiados por votos castigo a sus políticas antipopulares, o aplican el ajuste en sus propios países en medio de la más feroz represión, como los casos de Ortega en Nicaragua, o Maduro en Venezuela. El propio AMLO invitó a su asunción al mismísimo dictador Nicolás Maduro, que tuvo que escuchar fuertes repudios a su presencia.
¿Se trata de un nuevo gobierno que, así sea tímidamente, va a iniciar una política independiente del imperialismo yanqui y a favor de las clases populares? La realidad es otra.

Así lo expresa el artículo “AMLO impone continuidad e impunidad”, publicado en la edición 410, noviembre-diciembre de 2018, de El Socialista, periódico de nuestra organización hermana mexicana, el Movimiento al Socialismo (MAS), miembro de la Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), algunos de cuyos párrafos reproducimos a continuación:

“A pocos días de asumir la presidencia de México, López Obrador (AMLO) ha dado una muestra más de continuidad a las medidas y políticas neoliberales que más afectan a nuestra nación, pues además de no modificar las contrarreformas impuestas por Peña Nieto a favor de los grandes capitales, salvo la educativa, decidió frenar los cambios […]

Nuestra soberanía nacional fue tremendamente lesionada con la reforma energética, al ser un país productor de petróleo, permitiendo la apropiación de su explotación a las grandes transnacionales. Además ha decidido aceptar alegremente a un grupo de “consejeros” de la oligarquía mexicana, encabezados por Salinas Pliego. […]

Y en forma aparentemente contradictoria, decidió cancelar el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco, apoyándose en una consulta nacional sumamente cuestionada por sus enormes limitaciones. Pero en realidad lo fundamental fue la negociación alcanzada con el multimillonario Carlos Slim, quien declaró que no veía problema en invertir en el aeropuerto en Santa Lucía, como propuso López Obrador. […] Al tomar esa decisión, prometió no afectar a ninguna de las empresas que venían construyendo en Texcoco y negociar con ellas para extender sus contratos en Santa Lucía. Es la misma fórmula: tranquilizar a las grandes empresas capitalistas, nacionales y transnacionales, garantizándoles continuar con los grandes negocios. Y ya está por arrancar otro jugoso negocio para las constructoras y transnacionales: el Tren Maya, donde repetirá en pocos días una nueva “consulta” con ese y otros temas. […]

Mientras tanto la clase trabajadora tendramos que seguir sobreviviendo con salarios de miseria, controlados por sindicatos charros (burocráticos) o directamente por Contratos de Protección Patronal, pues el gobierno de AMLO no eliminará la contrarreforma laboral del 2012. […]

Como bien señalan nuestros compañeros del MAS, ante la nueva presidencia de AMLO, lo que se requiere es reorganizar a la clase trabajadora, sobre nuevas bases, realmente democráticas, clasistas, independientes del gobierno y combativas. Para ello, dicen correctamente nuestros compañeros, “es urgente la construcción de una verdadera alternativa política de izquierda, socialista y revolucionaria, en la que estamos empeñados, para que se proponga cambiar de raíz este país para terminar realmente con la enorme desigualdad y la explotación capitalista”.

“Arde París” ha sido el titular de diferentes medios periodísticos que reflejaron así las consecuencias de la manifestación popular de los llamados “chalecos amarillos” del sábado 1° de diciembre en la capital de Francia. Miles en las calles de París y de todo el país enfrentaron y desbordaron la represión policial del gobierno conservador de Macron.
Hubo centenares de detenidos y cerca de cien heridos. Fue el punto más alto de una protesta que se inició días atrás contra el intento del gobierno de Macron de aumentar el combustible, que pasaría de 0,80 a 1,30 euros, lo cual llevaría a un aumento general de precios. Durante toda la semana se mantuvieron barricadas en los peajes y bloqueos a depósitos de combustible.
Los rebeldes, sin dirección ni organización sindical o política reconocida, se identifican con chalecos amarillos, que son de uso obligatorio en las rutas francesas. La mayoría de ellos son sectores populares de los pueblos y las ciudades que utilizan sus autos y motos para ir a trabajar.

Este aumento del combustible es parte del ajuste capitalista que viene aplicando Macron. Los trabajadores y el pueblo de Francia han sufrido un deterioro de sus condiciones de vida. Los aumentos no sólo se encuentran en el sector energético, sino también en la canasta básica donde por ejemplo, legumbres, mantecas y papas han aumentado entre 9% y 11,2%. Antes Macron buscó una reforma laboral contra los ferroviarios y trabajadores públicos.
Esta rebelión popular se dio justo cuando se reunía en Buenos Aires, Argentina, el G20 con la presencia de los Trump, Merkel, Macron, May, Erdogan, Xi Jinping, Putin, Macri o Temer. Son el imperialismo, el FMI y sus gobiernos capitalistas que en nombre de las multinacionales y el capital financiero pactan nuevos ajustes contra la clase trabajadora y los pueblos del mundo.

La rebelión de los “chalecos amarillos” es parte de la misma lucha que llevan adelante los pueblos del mundo contra el FMI, la deuda externa o el ataque al salario y las jubilaciones. Por eso los socialistas revolucionarios de la UIT-CI nos solidarizamos con esta lucha por derrotar este aumento de combustible.
Los manifestantes también expresaron el odio al gobierno capitalista de Macron y muchos reclamaron “Macron dimisión”. La gravedad del ajuste como de la represión hacen necesario que los “chalecos amarillos” se unan a los trabajadores, a las mujeres y a la juventud francesa para exigir a las centrales sindicales que se convoque a una huelga general contra el ajuste y el gobierno de Macron.
Llamamos a la más amplia solidaridad internacional en apoyo a la movilización popular de Francia contra el aumento del combustible, por la libertad de los manifestantes y contra la represión.

Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
1° de diciembre de 2018

Escribe José Castillo

Alguien podrá preguntarse si, en la disputa con Trump, los chinos representan algún polo “progresista”. Nada de eso. El gobierno de Xi Jinping es una dictadura, comandada por un partido que sólo de nombre continúa denominándose “Partido Comunista Chino”, que ha restaurado totalmente el capitalismo en ese país. China se ha transformado hace varias décadas en una semicolonia al servicio de las ganancias de las grandes transnacionales. Así están presentes allí las más importantes empresas yanquis y europeas. Asociadas a ellas, ha crecido también una capa de grandes capitalistas chinos, varios de los cuales integran las listas de “los multimillonarios del planeta”. La revista Forbes registra, a este año, la presencia de 259 multimillonarios de origen chino. Uno de los más renombrados, Jack Ma, el dueño de Alibaba, poseedor de una fortuna de 38.000 millones de dólares, acaba de anunciar su afiliación al Partido Comunista chino. No es algo novedoso, ya hace una década que dicho partido cambió su estatuto, para denominarse el partido “de los obreros, campesinos y los compañeros capitalistas”.

El capitalismo chino ha permitido enriquecerse a esos millonarios locales y a innumerables empresas transnacionales gracias a favorecer la superexplotación de los trabajadores, a los que se obliga a jornadas extenuantes, por salarios de hambre y reprimiendo cualquier protesta u organización sindical independiente. No es casual que recién en los últimos años, cuando el crecimiento de las luchas obreras obligó a aumentar los salarios desde ese piso de hambre y superexplotación, muchas empresas comenzaron a trasladarse a otros países del sudeste asiático. Y el crecimiento de la economía china se redujo de los dos dígitos de las dos décadas pasadas al actual 6% e incluso menos. La actual pelea entre Trump y el gobierno chino expresa, entonces, una disputa en el marco de una crisis de la economía mundial donde se achican los negocios para ambos.
Los acuerdos que se han firmado entre Xi Jinping y Macri, en el marco de la reunión del G20, por su parte, nada bueno dejarán para nuestro país: no son más que una oportunidad de negocios “compartida” entre esos mismos capitalistas chinos y los grandes pulpos locales al servicio del saqueo de nuestros recursos.

Escribe José Castillo

El G20 es una organización creada para realizar reuniones “de consulta” entre jefes de Estado de los países miembros. Este tipo de encuentros nacieron cuando el capitalismo imperialista empezó a sufrir las consecuencias de la crisis económica global hace ya cuarenta años. Así fue que en 1973 se realizó la primera reunión entre las seis más importantes economías imperialistas de entonces: Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. En 1976, con la incorporación de Canadá, se popularizó como Grupo de los 7 (G7). Buscaban mecanismos de coordinación para tratar de evitar las consecuencias más agudas de la crisis y, a la vez, descargar sus consecuencias sobre los países dependientes y semicoloniales. El G7 mantuvo sus reuniones desde entonces, con la incorporación formal de la Unión Europea a partir de 1992. Desde 1997 se comenzó a invitar a esas reuniones a Rusia, pasando definitivamente a denominarse G8 desde 2002.

En el marco de las fuertes crisis económicas de los años ´90 (el efecto Tequila mexicano en 1994, el Sudeste Asiático en 1997 o la rusa en 1998) y del nacimiento del movimiento antiglobalización en las movilizaciones de Seattle de 1999 contra la OMC, se decidió crear un nuevo organismo: el G20. Formalmente, los ministros de Finanzas de las potencias del G8 “invitaron” a sus pares de otros países (llamados “emergentes”, en la práctica los países semicoloniales y dependientes más grandes) a discutir políticas económicas comunes. En concreto, se trataba de una suerte de apriete sobre esos países para que aceptaran las políticas de ajuste, privatización, libre comercio y saqueo que definían las potencias imperialistas.

En 2008, en medio de la nueva crisis mundial, esta vez con epicentro en los Estados Unidos, el gobierno yanqui, con acuerdo de europeos y japoneses, decidió comprometer con más fuerza a los demás gobiernos en sus políticas de salvataje a los bancos (billones de dólares fueron direccionados para evitar sus quiebras, a costa de feroces ajustes sobre los trabajadores de todos los países). Así nació formalmente el G20 con reuniones anuales, llamadas cumbres de presidentes. A los países del antiguo G8 más la Unión Europea se les sumaron once: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía. La primera reunión del G20 se realizó en 2008 y desde ahí las cumbres se celebraron sucesivamente todos los años, siendo esta la 13°.
En los hechos, las reuniones sólo aprueban los consensos que surgen desde las potencias imperialistas. Los demás países no deciden nada, jugando un rol para que los eventos parezcan “más representativos”. Aun así, las verdaderas decisiones internacionales sean políticas o económicas nunca se tomaron en un G20. Como muestra digamos que en solo dos de las últimas cinco reuniones se alcanzaron consensos mínimos.

Y las declaraciones que surgen, muchas veces unilateralmente de parte de algún país imperialista, nunca son a favor de las clases trabajadoras y los pueblos. Así, en la última reunión de 2017 en Hamburgo, el gobierno de Trump informó que los Estados Unidos se retiraban del acuerdo de París sobre reducción de gases para evitar el calentamiento del planeta. Por todo esto, lo más probable es que no se den grandes definiciones en la Cumbre de Buenos Aires, más allá de alguna declaración final formal de compromiso. Claro que, como tanto la economía como el propio dominio imperialista del planeta por parte de los Estados Unidos está en crisis, es posible que observemos nuevos capítulos de la llamada “guerra comercial” con China (se habla de una reunión bilateral Trump-Xi Jinping), de las disputas con Rusia en relación con el debate sobre el desarme nuclear, el reparto de influencias en Irán y Siria.
Como vemos, esta cumbre, como todas las anteriores, será un foro más donde los poderes imperialistas discutirán y alcanzarán acuerdos (o no) acerca del reparto en el saqueo de los pueblos y las riquezas del planeta.