Escribe Miguel Lamas

El arresto del político opositor Alexei Navalny en Moscú el 17 de enero último desencadenó una ola de protestas por toda Rusia, con más de 40.000 personas manifestando en el centro de Moscú y miles más en casi todas las ciudades.

Los manifestantes, con consignas contra la corrupción y a favor de la liberación de Navalny, fueron violentamente reprimidos. El centro de Moscú fue cerrado y hubo 10.000 presos.

Navalny se convirtió en referente de la disidencia contra Putin, centrando su campaña contra la corrupción y la represión del régimen. Fue detenido al regresar de Alemania luego de recuperarse de un sospechoso envenenamiento. Acusa a Putin con un video de haberse construido un gigantesco Palacio de 1.000 millones de dólares en el Mar Negro, algo que aquel ha negado. Arkady Rotenberg, oligarca amigo de la infancia de Putin, declaró que él es el dueño.

Algunos sectores de la izquierda consideran a Putin como “progresivo” por sus choques políticos y económicos con Estados Unidos y la Unión Europea. Pero Putin no tiene nada de progresivo. Encabeza un régimen capitalista y dictatorial. Sus choques son en defensa de las ganancias de la nueva oligarquía rusa.

Putin consolidó la restauración del capitalismo centrando la economía en lograr rápidas ganancias para sus nuevos ricos con las exportaciones de petróleo, gas y minerales, que en los últimos dos años han bajado enormemente sus precios.

Putin intenta, como todos los gobiernos capitalistas, que la crisis la pague el pueblo y no sus amigos oligarcas. Se han ido aplicando ajustes en salud, educación y una reforma jubilatoria que subió la edad de retiro a 65 años. El salario mensual promedio de los trabajadores de Rusia es de 245 dólares, pero aún menor es el de los empleados públicos que están en 125.

Navalny es parte de un movimiento político burgués liberal que tiene apoyo de sectores del imperialismo europeo. Lo que no denuncia Navalny es que más allá de Putin y el Palacio, 98 rusos se mencionan en una lista global elaborada por la revista Forbes en la que aparecen personas cuya riqueza está valorada en más de mil millones de dólares. Esto fue obtenido de la superexplotación de los trabajadores, una política de expansión imperialista en los países que integraban la ex Unión Soviética y en otros también, y del robo de la propiedad pública con la restauración capitalista. Ocho de ellos incluso se encuentran entre los 100 más ricos del mundo. Esto es capitalismo puro. Y con todos sus peores vicios, como la corrupción de los políticos “amigos” que actúan al servicio de estos capitalistas, y la represión y superexplotación de los migrantes, que son empleados en la construcción y otros sectores industriales. Por eso las denuncias de Navalny contra la corrupción de Putin caen en terreno fértil. Su video filmando con un dron el supuesto Palacio de Putin que circuló por las redes fue reproducido 100 millones de veces (en un país de 144 millones de habitantes).

Desde la UIT-CI nos sumamos al reclamo por la libertad de Alexei Navalny y todos los presos políticos rusos por protestar contra Putin y la corrupción y su régimen represivo. Pero creemos que desde la izquierda y los trabajadores no se le debe dar ningún crédito político a Navalny, ya que su proyecto es mantener el mismo régimen social, sin Putin, pero con los mismos capitalistas super explotadores amigos del actual mandatario. 

Elecciones en Ecuador: Yaku Pérez, indigenista, podría ir a segunda vuelta

Con 99% de votos escrutados, este martes ganaba Andrés Arauz (candidato del ex presidente Correa) con el 32%; Yaku Pérez, indigenista ambientalista, lograba el 20%, siendo “la revelación” de la elección según los medios, y Guillermo Lasso, banquero neoliberal, quedaba con el 19,55%.

Yaku Perez fue una de las figuras visibles del levantamiento popular de octubre del 2019 contra el gobierno de Lenin Moreno y los acuerdos con el FMI. Antes había estado preso tres veces durante el gobierno de Correa por oponerse a proyectos mineros en defensa del agua. Representa a Pachakutik, expresión política de la Conaie, la organización indígena. Si pasa a segunda vuelta, es muy probable que se convierta en presidente. Yaku Pérez ha denunciado que se intenta un fraude para que no pase a segunda vuelta, con reconteo de actas.

Venezuela: Huelga en Sidor

Sidor, la mayor siderúrgica estatizada en 2008, tiene más de 15.000 obreros. En los últimos días los trabajadores resolvieron ir a la huelga y movilización. Y están saliendo a la calle masivamente, en varios días junto a miles de obreros metalúrgicos, del hierro y aluminio, y de las empresas básicas de Guayana. Sus obreros denuncian que cobraron en la quincena entre 3 y 7 dólares, y exigen salarios dignos. La protesta se gestó desde las bases, pasando por encima de la burocracia sindical sometida a Maduro. 

Chile: Carabineros asesina a joven malabarista

El 5 de febrero pasado, en la ciudad de Panguipulli un carabinero (policía) de tránsito asesinó en la calle a quemarropa al joven malabarista Francisco Martínez, después de una discusión por el control de identidad. En la mañana del 8 de febrero, otro joven, Camilo Miyaki, fue asesinado en una comisaría después de ser detenido supuestamente por no tener documento de identidad. Estos hechos repudiados por la población, vuelven a mostrar el carácter asesino de la institución de carabineros que viene reprimiendo con violencia las protestas populares contra Piñera. La lista de Trabajadores Revolucionarios (PTR, MST e independientes) exige castigo a los asesinos y el fin de esta institución manchada de sangre.

Prensa UIT-CI 30.01.2021

Mientras la pademia del Covid 19 no se detiene en el mundo estalla la crisis de los planes de vacunación.

Surge claramente el rol nefasto de las multinacionales de la industria farmacéutica mundial. Vuelve a ponerse en evidencia el rol criminal del sistema capitalista-imperialista. Los propios gobiernos imperialistas como Alemania, Francia o Italia denuncian los incumplimientos de entrega de vacuna de las multinacionales como Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Los propios gobiernos capitalistas avalan el secretismo de los contratos. Se desconoce cuánto pagará por las vacunas y cómo se fijan los precios. Las multinacionales, con la gigante Pfizer a la cabeza, introducen cláusulas que las eximen de responsabilidades por efectos adversos, las blindan contra los sistemas judiciales nacionales. Mientras millones de personas se siguen contagiando y muriendo por el Covid 19, las vacunas se han convertido en un gran negocio para las multinacionales farmacéuticas.

Desde la UITCI nos sumamos a todos aquellos que luchan y reclaman por la abolición de las patentes farmacéuticas, por vacunas gratuitas para todos y un plan de producción de emergencia mundial de vacunas, con libertad de producción en cada país.

Para profundizar en porque existe esta crisis de vacunación, reproducimos partes destacadas de una nota (El Socialista N° 490. 26/1/2021) del doctor Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop (organización sindical d ellos profesionales de la salud de la Provincia de Buenos Aires, Argentina) y dirigente de Izquierda Socialista, sección de la UIT-CI de Argentina.

“El retraso en la producción de vacunas es un problema mundial del que participan todas las multinacionales farmacéuticas. Hasta el presente solo se han vacunado 64 millones de personas en todo el mundo: 20 millones en Estados Unidos, 15 millones en China, 7 millones en el Reino Unido y en Alemania, España, Italia y Francia 1,5 millones en cada uno. En Brasil 600.000 y en la Argentina 292.000. (…) El 75% de los países no ha comenzado la vacunación masiva.

¿Por qué ese retraso? El doctor Germán Velásquez, ex director del Programa de Acceso a Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, señala que las multinacionales farmacéuticas no quieren correr riesgos y no continúan la producción hasta que tengan los lotes vendidos: “Si no me las compras, no sigo”. Esta situación lleva a que sean los países imperialistas que cuentan con mayores recursos quienes se han quedado con la enorme mayoría de las vacunas. Según Amnesty International, estos países que cuentan con el 13% de la población mundial retienen el 52% de las vacunas existentes.

Por otra parte, la existencia de las patentes impide a cualquier país o empresa producirlas. Velásquez remarca que la industria ha desarrollado las vacunas gracias a cuantiosos subsidios estatales pero, patentes mediante, las multinacionales se han adueñado de lo que en su origen es patrimonio de la humanidad. “Las patentes están destruyendo la campaña de vacunación y hay que cambiar el sistema de patentes”, concluye. No satisfechos con utilizar los subsidios estatales para la producción, los monopolios exigen además a los gobiernos la inmunidad judicial frente a los reclamos que pudieran plantearse por efectos colaterales. Para ello obtienen leyes que los favorecen, como es el caso de nuestro país (Argentina), donde los diputados peronistas y los de Juntos por el Cambio sancionaron una ley con la sola oposición del FIT Unidad.

Hemos mencionado la iniciativa de noventa y nueve países encabezados por India y Sudáfrica que proponen la suspensión de las patentes mientras dure la pandemia. Esta semana se pronunció la rectora de la Universidad Federal de San Pablo, Brasil, en el mismo sentido, uniéndose a un número creciente de instituciones como Oxfam, Amnesty International y Médicos sin Fronteras. El gobierno argentino que es firmante de esta declaración debe impulsar y, si es necesario, desconocer unilateralmente las patentes de vacunas y medicamentos encarando la producción local para enfrentar la pandemia.” (…)

“Desde Izquierda Socialista (…) reclamamos la abolición de las patentes farmacéuticas que, junto con el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como lo plantea el Frente de Izquierda Unidad, deben servir para sostener el esfuerzo de todo el pueblo trabajador para terminar con la pandemia”

Escribe Simón Rodríguez, dirigente de la UIT-CI

La asunción el 20 de enero de Joe Biden, un veterano del partido demócrata, marca un cambio político respecto de los cuatro años del “emperador loco” Trump. El nuevo gobierno intentará que las aguas desbordadas del descontento social retornen a su cauce, pero no cerrará el capítulo de la exacerbada polarización social y política, dada la profundidad de la crisis. Internacionalmente buscará, a diferencia de Trump, actuar concertadamente con sus aliados imperialistas para sostener su dominio contra los pueblos.

El discurso inaugural de Biden reflejó de manera muy clara su orientación. Celebró la “democracia” y la “grandeza” de los EEUU, exaltó la “unidad” nacional como salida para la crisis sanitaria, económica y social. Finalmente, llamó a “volver a hacer de EEUU la fuerza dirigente para el bien” a nivel mundial. Esta versión de los demócratas de la vuelta a la grandeza perdida, no deja de recordar la consigna trumpista de “hacer a los EEUU grandes nuevamente”, aunque lo procure por métodos diferentes. Y es que el telón de fondo de las disputas entre demócratas y republicanos es la crisis de dominación del imperialismo estadounidense, acelerada durante el gobierno de Trump.

El demencial ataque de una turba de ultraderechistas al Capitolio el 6 de enero no solo fue el corolario de la derrota política y electoral de Trump, también fue un indicio de la crisis política, que se acentúa en el marco de una enorme crisis sanitaria, con más de 400 mil muertes por la pandemia del covid19, y la crisis económica y social que corre paralela a ella. Más del 10% de la población padece inseguridad alimentaria y alrededor del 15% se encuentra en la pobreza, una proporción que se duplica para la comunidad afroamericana por el racismo estructural. Estas condiciones fueron las que vieron estallar la poderosa rebelión antirracista en el verano de 2020, durante la cual más de 25 millones de personas en unas dos mil ciudades se movilizaron.

Todo ello explica que el gobierno de Biden se vea obligado a hacer algunas concesiones, atendiendo a la presión del descontento social como a la necesidad de prevenir futuros estallidos sociales. En su primera semana en el poder, firmó decenas de órdenes ejecutivas y memorandos revirtiendo, unas veces más simbólicamente que otras, muchas de las políticas de Trump. Retornó al Acuerdo de París sobre el cambio climático y a la Organización Mundial de la Salud. Se comprometió, vagamente, a promover la equidad racial. Levantó el veto al ingreso al país de personas de siete países de mayoría musulmana. Incorporó a los inmigrantes indocumentados al censo nacional. Eliminó la prohibición de ingreso de personas transgénero al ejército. Estableció algunas medidas para enfrentar la pandemia del covid19. Interrumpió la ampliación del muro en la frontera con México. Revocó el permiso para la construcción del oleoducto Keystone que atravesaba tierras indígenas para transportar crudo canadiense. Elevó el salario mínimo federal a USD$15 la hora.

El proyecto de paquete de medidas de Biden para paliar los efectos de la crisis es de USD$1,9 billones de dólares. Ya se implementaron para estos fines gastos estatales de USD$2,9 billones entre marzo y diciembre de 2020. El nuevo plan incluye las inversiones para vacunación, reapertura de escuelas, ayudas para la alimentación, pagos directos a la población y subsidios a empresas. Estas inversiones se combinarían con moratorias de desalojos y suspensiones de cobros de deudas educativas. Se han realizado comparaciones entre estas medidas y el New Deal de Roosevelt durante la década de los 1930s. En realidad las medidas actuales son mucho más modestas y es evidente que el plan de Roosevelt tampoco acabó con el desempleo o la miseria. Pero las medidas pueden generar expectativas en sectores del pueblo trabajador estadounidense.

Dado el carácter burgués e imperialista del Partido Demócrata, que es uno de los pilares del bipartidismo a través del cual gobiernan los capitalistas estadounidenses, no se propondrá realizar cambios sustanciales. Aunque puedan parecer audaces algunas de las primeras medidas de Biden, rápidamente se impondrá la negociación y la construcción del consenso bipartidista en las políticas gubernamentales. Ya una de las tímidas medidas de Biden, la suspensión por tres meses de las deportaciones, fue revocada por una corte federal.

Construir una alternativa de izquierda

Se aprecia mucho más el verdadero carácter del nuevo gobierno a la luz de las recientes exigencias sociales como salud pública universal, desfinanciamiento de los cuerpos policiales para invertir en educación y asistencia social o ante el problema de la destrucción ambiental y el cambio climático.

Biden ya gobernó durante 8 años como vicepresidente de Obama y en su larga carrera legislativa, ha sido promotor de leyes que profundizan la criminalización de la pobreza y castigan especialmente a las comunidades más oprimidas, como los negros y los latinos. Durante las protestas antirracistas aclaró que está en contra de disminuir el presupuesto millonario de las policías. Las intenciones de aprovechar el ataque al Capitolio para promover nueva legislación contra el “terrorismo doméstico”, que terminen usándose para criminalizar la protesta y los movimientos sociales, también tienen precedentes en los aportes de Biden a legislaciones como la Ley Patriota aprobada luego del 11 de septiembre de 2001.

La rivalidad con la potencia capitalista china continuará, pero procurando presiones concertadas con el imperialismo europeo. Biden mantendrá un apoyo férreo al Estado colonial y racista de Israel. No está claro si retomará el acuerdo nuclear con Irán, o si volverá al giro de Obama en la relación con Cuba. En relación con Venezuela se reiteró el apoyo al autodenominado gobierno interino de Guaidó. No se levantan las criminales sanciones petroleras contra un país arruinado por el saqueo boliburgués desde mucho antes.

Aunque la medida contra el oleoducto Keystone fue recibida con entusiasmo por el activismo ambientalista y las comunidades indígenas que lucharon por años para lograr esa conquista, Biden no pretende abandonar los subsidios al fracking. Incluso la suspensión del otorgamiento de concesiones petroleras en el Ártico es solo temporal.

Socialist Core (simpatizantes de la UIT-CI) planteó, luego del ataque derechista al Capitolio, una propuesta programática para la unidad del movimiento antirracista, la juventud, el movimiento de mujeres y el movimiento de trabajadores, tomando las principales exigencias de las protestas antirracistas del año pasado y atendiendo a la necesidad de levantar un importante frente que luche contra la extrema derecha y por una agenda de reivindicaciones ante el gobierno de Biden y el Partido Demócrata.

Por otro lado, la construcción de un partido independiente de izquierda es un paso imprescindible para ofrecer una perspectiva distinta al eterno reciclaje del “mal menor” entre los dos partidos de la burguesía. La organización Socialistas Democráticos de EEUU (DSA) podría cumplir un rol fundamental en la construcción de esta alternativa si rompe con el Partido Demócrata, llevando a la práctica una decisión ratificada desde hace muchos años en sus conferencias nacionales. Es crucial que deje de ser el “ala izquierda” de los demócratas. De lo que se trata es de que los millones que se han movilizado heroicamente el verano del año pasado, que han protagonizado centenares de huelgas, tengan finalmente su propia herramienta política, para luchar por los verdaderos cambios de fondo y por un gobierno de los asalariados, los explotados y oprimidos.

Escribe Miguel Lamas

Gran parte de los medios de información hablan del “gran éxito” de Israel en la lucha anti-Covid, señalando que ya vacunó al 30% de su población, de nueve millones de habitantes, con la primera dosis de Pfizer, mientras que 8% ya recibió la segunda. Esto contrasta efectivamente con índices muy bajos de vacunación en Europa y los Estados Unidos, y casi nulos en los países semicoloniales. ¿Pero de qué es “ejemplo” Israel?

En primer lugar, y como sucede históricamente con el Estado racista de Israel, es ejemplo de discriminación. El plan de vacunación contra el Covid-19 abarca solo a los ciudadanos israelíes, incluidos los 600.000 colonos sionistas de Cisjordania, pero excluye a los casi cinco millones de palestinos que viven en Cisjordania y la Franja de Gaza bajo la ocupación militar israelí.

Además, Israel mantuvo todo el año 2020, y mantiene, en plena pandemia el bloqueo de la Franja de Gaza, lo que impide aún más el buen funcionamiento de su sistema de salud, sometido a medio siglo de ocupación y más de un decenio de bloqueo, ya que no puede atender las necesidades de su población. La pandemia de Covid-19 y la falta de acceso justo a las vacunas no han hecho más que agravar la discriminación y la desigualdad que sufre la población palestina.

Mientras el pequeño territorio de Gaza permanece bloqueado, Cisjordania está ocupada militar y económicamente en sus mejores tierras. Se apropiaron hasta del agua dulce para sus 600.000 colonos, que privan a los palestinos de medios de vida. Es decir, los territorios palestinos que abarcan solo una quinta parte de la Palestina histórica (el resto es del Estado de Israel) están bloqueados u ocupados y totalmente sometidos económicamente. La Autoridad Palestina es una formalidad sin recursos ni soberanía.

La pandemia se convirtió en otra herramienta del sionismo para destruir la sociedad palestina y seguir intentando expulsar a su población hacia otros países árabes.

Israel, campo de prueba de Pfizer y desastre social

El Estado de Israel, en medio de una crisis política, tendrá elecciones en marzo. Su gobernante, el primer ministro Benjamin Netanyahu, está siendo fuertemente cuestionado por corrupción. Intenta aparecer como “el salvador” de Israel contra el Covid-19.

El acuerdo con Pfizer, además del altísimo precio pactado de 38 dólares por cada dosis (en Europa es de 24 dólares), convierte a todo el país en un campo de pruebas porque el Estado de Israel se comprometió a entregar de inmediato a Pfizer todas las historias clínicas de los vacunados.

Lógicamente, a la empresa farmacéutica, además de vender millones de vacunas, le interesa tener en sus manos y usar en su beneficio económico la máxima información posible sobre los efectos secundarios y la inmunidad que vaya generando su vacuna. Las de Pfizer y Moderna son las primeras vacunas de ARN de la historia de la humanidad, una nueva tecnología aún no suficientemente probada, que recibieron luz verde por parte de las autoridades estadounidenses y europeas por la vía de la emergencia sanitaria. Así no hay datos claros sobre si puede prevenir la transmisión del virus y proteger a largo plazo.

Como sucede en casi todos los países del mundo, las consecuencias económicas de la pandemia en el sistema capitalista son durísimas y profundizan la desigualdad social entre los mismos ciudadanos israelíes. Mientras sectores económicos vinculados a las altas tecnologías no solo siguieron trabajando plenamente, sino que prosperaron en estos meses, otros se encuentran al borde del colapso. Las familias más pobres quedan al margen del sistema educativo por mala conexión a internet y por falta de computadoras. Hay centenares de miles de nuevos desocupados y también de ocupados que son obligados a aumentar su carga laboral sin aumento salarial.

Es decir, Israel, lejos de ser un “ejemplo” ante la pandemia, muestra y agudiza el carácter racista, genocida y profundamente explotador del Estado sionista.