Escribe Malena Zetnik

Todo el equipo de redactoras de la revista “Mujer, Iglesia y Mundo” (Donne Chiesa Mondo) un suplemento mensual del diario L’Osservatore del Vaticano, renunció a sus cargos en rechazo al cambio de la dirección del periódico. Lucetta Scaraffia, ex directora del suplemento, le escribió una carta al papa Francisco explicando el porqué de su renuncia junto a otras diez periodistas. En la misma se detalla que el motivo por el cual dejan el puesto se debe a la falta de confianza y a la deslegitimación que vienen sufriendo desde diciembre pasado, cuando se designó al nuevo director del diario.

La revista publicó en febrero un informe sobre las monjas que fueron abusadas por miembros del clero, algunas de ellas obligadas a abortar o a parir un hijo no reconocido. A su vez, el año pasado había denunciado la explotación que sufren algunas religiosas que trabajan para obispos y cardenales, quienes reciben un trato servil. Sobre los abusos denunciados, Scaraffia señaló que “no fuimos nosotras quienes hablamos primero, como tal vez hubiéramos debido. No quisimos callarnos más: hubiera sido herida de modo grave la confianza que tantas mujeres habían depositado en nosotras”, disculpándose sobre por qué no habían denunciado antes los casos de abusos.

Esta renuncia masiva es sintomática y parte de la crisis de la Iglesia Católica y del Vaticano. Una institución reaccionaria, misógina y pilar fundamental del capitalismo patriarcal que está perdiendo fieles, prestigio y poder en todo el mundo. Por eso, desde Isadora e Izquierda Socialista seguimos exigiendo la separación inmediata de la Iglesia del Estado.

Entrevistamos a Miguel Angel Hernández, dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSL) y profesor de la Escuela de Sociología de la UCV (Caracas)

- ¿Qué posición asume el PSL ante la actual crisis política y social?
- Estamos de acuerdo con la mayoría de los trabajadores, de sectores populares y la juventud en que el gobierno de Maduro tiene que irse, ya que está destruyendo al país.
Pero no creemos que la solución para el pueblo trabajador sea la intervención imperialista que Trump viene impulsando desde enero, cuando Juan Guaidó se proclamó presidente. Es la derecha patronal que busca una ruptura de las fuerzas armadas para dar un golpe o incluso amenazando con una intervención militar.
Hemos sido categóricos en repudiar la intervención yanqui. Pero también repudiamos la intervención rusa que está enviando militares “asesores”.

Guaidó no es alternativa. El “Plan País”, que propuso, lo refleja. Plantea despidos, privatización de servicios, seguir pagando deuda, incluso a Rusia y China.
Por eso decimos que la salida solo puede venir de la mano de los trabajadores y el pueblo. Que se masifiquen y extiendan las movilizaciones como las realizadas los últimos días por los apagones, o las movilizaciones del 21 y el 23 de enero, o la reacción de los indígenas pemones que enfrentaron a la Guardia Nacional. Todas estas movilizaciones fueron independientes de Guaidó y los partidos que lo apoyan. Muestran que es posible que el pueblo venezolano con su movilización decida el destino del país y logre echar a Maduro e imponer un nuevo gobierno de los trabajadores y el pueblo que reorganice el país.

-¿Cuál es la situación de la clase trabajadora?
- Catastrófica. Lo más conocido es la destrucción del salario, el 70% de la población gana entre uno y dos salarios mínimos, esto es entre 18.000 y 36.000 bolívares soberanos (entre 6 y 12 dólares). Esto en un marco de hiperinflación, donde los precios se duplican cada quince o veinte días. Lo fundamental hoy no es la escasez. Hay productos, pero los trabajadores no pueden comprarlos. El salario mínimo mensual equivalía hace dos semanas a un kilo de queso. Además, se anularon de hecho los contratos colectivos. Esto lo sufre toda la clase trabajadora, incluso los que antes estaban mejor pagos, como técnicos petroleros o de electricidad o empresas siderúrgicas que ganan esos salarios. ¡En ningún país del mundo un petrolero gana 7 dólares!

- ¿Entonces cómo sobreviven los trabajadores?
- Al mísero salario se suman bonos que el gobierno otorga a través del “carné de la patria” y las cajas CLAP de comida que no llegan a la mayoría de las familias, pero sí a sectores muy grandes, teóricamente una vez al mes, tampoco con regularidad. La caja tiene harina de trigo, de maíz, aceite, las pocas proteínas que trae son lentejas y porotos negros, leche en polvo, tres latas de atún al mes. Además, muchos reciben algo de dinero que mandan los 4 millones de personas (de 30 millones de habitantes) que emigraron.
Pero todo esto no alcanza para mantener una nutrición básica. Hace unos tres años se hizo un estudio de universidades que indicaba que la población en promedio bajó de peso 8 kilos en un año. Y hay casos graves de desnutrición en varias partes del país.

- Maduro dice que es culpa de la guerra económica y del bloqueo imperialista
-Eso no es real. El gobierno acuerda precios con los empresarios desde hace años. En el sector petrolero, desde cuando gobernaba Hugo Chávez, hace negocios con empresas transnacionales. Por ejemplo con la Chevron, que anunció incluso después de las recientes sanciones de Trump que seguía operando en Venezuela, además de empresas chinas, rusas, bielorrusas, etcétera. Y recientemente firmó un acuerdo con otra empresa norteamericana.

- ¿Pero hubo sanciones imperialistas?
- Hasta febrero fueron casi simbólicas, sanciones individuales a algunos funcionarios que no afectaban a la economía. Recién ahora, desde febrero, Trump comenzó a aplicar sanciones y congeló fondos petroleros de Citigo, la empresa petrolera del Estado venezolano en Estados Unidos, por unos 10.000 millones de dólares. Estas sanciones sí afectan, pero no pueden explicar la crisis que se viene profundizando desde hace años.

- ¿Cuál fue la reacción del gobierno de Maduro ante las sanciones?
- Ni siquiera después de este bloqueo de fondos ordenado por Trump, que nosotros repudiamos, Maduro toma ninguna medida antiimperialista. ¡Dijo que iba a juntar firmas para llevar a Estados Unidos pidiendo que anule la medida! Pero ni juntaron las firmas, ni tomó ninguna medida real de represalia contra las empresas norteamericanas en Venezuela, que siguen llevándose sus ganancias normalmente, y tampoco suspendió los pagos de la deuda externa.

- ¿Cómo se llegó a esta situación, la mayor catástrofe económico-social en Latinoamérica en más de un siglo, siendo Venezuela un país con las mayores reservas petroleras del mundo?
- El país y sus trabajadores generaron una inmensa riqueza en estos años. Especialmente petróleo. Pero gran parte de esta riqueza se fue del país, y a las multinacionales. El gobierno de Maduro no es socialista ni antiimperialista. El llamado “socialismo del siglo XXI” fue una mentira. El chavismo desde el principio pactó con las petroleras multinacionales y con la propia burguesía tradicional venezolana, como el grupo Cisneros. Se dijo que había nacionalización, pero lo que hubo fueron empresas mixtas con petroleras que se llevaron inmensas ganancias como socios de Pdvsa (la petrolera estatal).

Además, se sigue pagando la deuda externa, dinero que no se usó para beneficio del pueblo sino para alimentar la fuga de capitales, a bancos tradicionales. Se pagaron más de 80.000 millones de dólares en los últimos cuatro años, ya en plena crisis. Los bancos tradicionales, Citibank, Santander, Bilbao Vizcaya, y telecomunicaciones son los sectores que más beneficios obtuvieron en todo el período chavista.

Y además en todos los negocios con las importaciones sobrefacturadas el Estado regalaba los dólares que ingresaban por petróleo, a un décimo de su valor o menos, a los “boliburgueses” y otros importadores y a las mismas multinacionales que lograron fabulosas ganancias y se las llevaron a Estados Unidos o a paraísos fiscales.
Esto generó una fuga de capitales gigantesca, más de 300.000 millones de dólares en el período chavista. Esto produjo además de la miseria, una total desinversión que está paralizando las empresas básicas, como la siderúrgica Sidor, de electricidad (lo que produce los apagones) y, lo más grave, la propia petrolera que pasó de producir 3 millones de barriles diarios a menos de un millón en la actualidad. El 94% de las exportaciones son de petróleo.

- Ante este desastre, ¿qué propone el PSL?
- Reitero que la solución no vendrá de Trump y sus aliados Guaidó y la derecha proyanqui. Como rechazamos cualquier intento de golpe o intervención imperialista decimos que el gobierno cívico-militar de Maduro se tiene que ir. Lo tiene que sacar el pueblo movilizado para que tome en sus manos su destino. Desde el PSL proponemos un gobierno de trabajadores que implemente un plan económico popular con salario de acuerdo a la canasta básica, que el petróleo sea 100% estatal, sin empresas mixtas, no pago de la deuda, un plan de importación masiva de alimentos y medidas de emergencia para reactivar la producción petrolera, electricidad y otras. Con sectores políticos y sindicales de izquierda estamos impulsando un agrupamiento amplio para impulsar la movilización obrera y popular contra el gobierno y las amenazas imperialistas y dar pelea por construir una alternativa política independiente de los trabajadores y el pueblo venezolano, distinta de Maduro, Guaidó, los militares y el imperialismo. Esta es la propuesta que venimos levantando desde el PSL y C-Cura, nuestra corriente sindical combativa.

- ¿Por qué los apagones?
- Agravando el desastre económico social hubo cinco apagones, cortes generalizados de electricidad en gran parte del país en marzo. Los cortes de electricidad provocan además que se corte el agua. Esto no tiene nada que ver con un “sabotaje” o “ataque cibernético” de Estados Unidos, como dijo Maduro. Sabemos de la crueldad imperialista, pero todo indica que esto fue por la falta de mantenimiento durante años. Esto lo dijo incluso un dirigente partidario del gobierno, Alí Briceño, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Electricidad. Briceño, además de la falta de mantenimiento, denunció que 24.000 trabajadores (de 50.000 en total), y entre ellos 14.700 ingenieros y técnicos, se fueron de Corpoelec, la empresa estatal de electricidad, y de Venezuela. Por otra parte, el sistema no es digital, por lo cual no puede ser víctima de un “ataque cibernético”.

El lunes 25 de marzo Israel lanzó un nuevo ataque con bombardeos sobre la Franja de Gaza. Repudiamos esta nueva acción criminal contra el pueblo palestino.

Esto sucede inmediatamente después de que, por decreto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la soberanía de Israel sobre las Alturas del Golán, territorio sirio ocupado desde la guerra de 1967. Ambos hechos que constituyen flagrantes usurpaciones y ataques demuestran una vez más que el enclave sionista solo puede existir sostenido por el imperialismo y con la permanente agresión a los pueblos árabes.

El sábado 16 de marzo, a menos de un mes de reiniciado el “diálogo” con la oposición patronal, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sacó nuevamente los dientes y aplastó con violencia una movilización pacífica que exigía la liberación de los presos políticos que mantiene el régimen. De lo que se trata para quienes detentan el poder es de mantener en pie la proscripción estricta del derecho a la protesta, sostener la regimentación policial de la población. Tal es el nerviosismo del régimen que desde hace más de seis meses se mantienen ocupadas las principales rotondas de Managua con empleados públicos del FSLN para impedir la realización de marchas o manifestaciones, mientras que gran parte de la capital, hacia los alrededores del palacio presidencial, se encuentra militarizada.

La violencia de Ortega y Murillo es proporcional a su temor a la movilización popular. La jornada se saldó con la detención de 164 personas, entre ellas la ex guerrillera y ex funcionaria sandinista Mónica Baltodano; seis heridos, así como varios periodistas golpeados y robados por la policía. Todos habrían sido liberados ocho horas después. No obstante, lo más importante es que el pueblo demostró nuevamente su disposición de lucha para salir de Ortega y Murillo y su desconfianza en los diálogos entre el gobierno y la burguesía opositora reunida en torno de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

“La Alianza”, como es llamada popularmente, luego de la represión declaró las negociaciones “en alto riesgo” y el lunes 18 de marzo asistió a la sede de la Escuela de Negocios de Managua, únicamente a leer un comunicado repudiando la represión. Sin embargo, no rompió categóricamente su participación en las negociaciones. La Alianza ha sido copada por los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), mientras que la mayoría de las agrupaciones campesinas, estudiantiles, sindicales y del movimiento de mujeres han desertado de ella al no apoyar los diálogos con el gobierno. La Iglesia Católica se reacomodó ante el repudio popular, retirándose de ellas, pero no para jugar un rol de mayor beligerancia sino, por el contrario, de mayor neutralidad, tal y como se desprende de las actuaciones del nuncio apostólico.

La agrupación opositora disidente Unidad Nacional Azul y Blanco fue la que convocó la movilización, la primera desde octubre y que se llevó a cabo pese a las amenazas del gobierno de reprimir. El 27 de febrero el gobierno había sacado de la cárcel a cien de los 777 presos políticos, aunque sin libertad plena, sino un régimen de casa por cárcel. Una nueva liberación de presos se limitó a solo cincuenta presos más en marzo. Los presos han denunciado torturas y maltratos, muchos de ellos han sido enjuiciados y condenados utilizando la ley “antiterrorista” de Ortega, aprobada en el marco de la rebelión del año pasado. Se han aplicado condenas absurdas como las del 16 de febrero contra tres dirigentes campesinos, de 159 a 216 años de cárcel.

Lo que lleva al autodenominado Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional orteguista a emprender la farsa de la negociación es su preocupación por la crisis económica, por la que se espera una caída del PIB del 11% este año, agravada por sanciones del imperialismo yanqui que limitan el acceso al endeudamiento en el mercado financiero de EE.UU. Los objetivos del régimen con los diálogos son el cese de las sanciones y patear hacia el año 2021 una reforma para regir el proceso electoral presidencial. Para los empresarios opositores el objetivo es el adelanto de las elecciones y la “normalización” del país. Los intereses y las aspiraciones populares realmente no están contenidas en dichos diálogos.

Apoyamos la lucha del pueblo nicaragüense por la libertad de sus presos políticos, por la restitución del derecho a la protesta y por el fin de la dictadura de Ortega y Murillo. Para avanzar en esa dirección es necesario lograr la unidad de los sectores populares, estudiantiles, campesinos y obreros en instancias de coordinación sin la participación de capitalistas, para articular una política unitaria de los de abajo contra la dictadura, sin la injerencia del imperialismo o los empresarios, que por sus propios intereses de clase son siempre los más prestos a conducir el proceso de luchas hacia el pantano de la negociación con tal de obtener concesiones mezquinas por parte del régimen. Desde la Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI) llamamos al conjunto de la izquierda y el movimiento obrero de Latinoamérica a asumir el internacionalismo y denunciar a la dictadura nicaragüense, tal y como en la década del ´70 se hizo ante el somocismo.

Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
20 de marzo de 2019

El 17 de marzo se realizó la Conferencia de Unificación de ARPT (Alternativa Revolucionaria del Pueblo Trabajador) y FUERSA (Fuerza Revolucionaria Socialista Antiimperialista). Ambas organizaciones se encontraban unidas mediante un comité de enlace en el marco de la UIT-CI desde 2017. La organización unificada se denominará ARPT y su periódico Fuerza. En la conferencia estuvo presente Gabriel Schwerdt, representante del Comité Ejecutivo de la UIT-CI.

En Bolivia hay elecciones en octubre próximo. Evo Morales forzó ilegalmente su “cuarta” reelección y solo permite legalidad electoral para el MAS y nueve partidos de derecha tradicional. Evo pierde popularidad por su pacto con los terratenientes del agronegocio, las multinacionales petroleras y mineras, y como consecuencia de las medidas de ajuste económico antipopular. Aunque hay luchas populares de resistencia, no se unen por la total entrega de la conducción de la Central Obrera Boliviana (COB) al gobierno.

La conferencia ARPT FUERSA resolvió seguir impulsando la reconstrucción del Partido de los Trabajadores (fundado por congreso de la COB en 2013), la lucha por recuperar la COB para las bases y el movimiento hacia una cumbre del Pueblo que agrupe a las organizaciones de los trabajadores e indígenas independientes sobre la base de a sus demandas y defensa de recursos naturales contra las multinacionales.