Escribe Görkem Duru, dirigente de la UIT-CI

Las movilizaciones se han sucedido en Túnez desde la noche del 14 de enero. El levantamiento popular que comenzó en diciembre de 2010 demandando trabajo, pan y vida digna, derrocó el 14 de enero de 2011 al dictador Ben Ali, que había gobernado el país por veinticuatro años. ¡El pueblo tunecino reclama una nueva revolución! “¡A no temer! ¡Las calles pertenecen a la gente!”, dicen en las protestas masivas.

Previo al décimo aniversario de la revolución tunecina, que disparó un proceso revolucionario que se extendió a muchos países del norte de África y Medio Oriente, el gobierno tunecino declaró cuatro días de cierre y prohibición de acciones callejeras y marchas con la excusa de aplicar medidas contra la pandemia de Covid-19.

Aunque los funcionarios del gobierno del tecnócrata Mesishi, que llegó al poder en septiembre de 2020 con el apoyo de una mayoría significativa en el Parlamento (Los Hermanos Musulmanes Partido Tunecino Movimiento Nahda, el Corazón de Túnez, Regeneración, Larga Vida a Túnez, el Bloque Nacional y el Partido del Futuro están entre los que apoyaron) justificaron esta prohibición por un interés de “salud pública”, su objetivo central era impedir las movilizaciones por el décimo aniversario de la revolución. De hecho, las demandas sociales y económicas que dieron a luz al levantamiento popular que puso fin al régimen dictatorial en 2010 no se resolvieron en estos diez años. Por el contrario, las condiciones de vida de los trabajadores tunecinos son más inaceptables que entonces. Después del derrocamiento de Ben Ali el principal objetivo de los bloques gobernantes tunecinos era asegurar la continuidad de las políticas de explotación capitalista haciendo arreglos democráticos parciales dentro de los negociados de siempre. Y la forma en que amplios sectores de la izquierda tunecina entendieron el proceso revolucionario fue esencialmente formado por una perspectiva gradualista/etapista que sostenía que la democracia debería ser construida primero y que las transformaciones sociales y económicas ocurrirían después en el tiempo.

El resultado de esto fue que las masas tunecinas fueron condenadas a mayor desempleo, pobreza, explotación y desigualdad por esas conquistas democráticas parciales. La corrupción no se detuvo y continuó profundizándose, la deuda externa del país se incrementó en aproximadamente 75% desde 2010. Los partidos burgueses firmaron un acuerdo de cuatro años con el FMI en 2016 para procurar una salida a la crisis en su favor y trataron de hacer que los trabajadores paguen el costo de la crisis con nuevos planes de ajuste. Es precisamente por esta situación que tuvieron lugar más levantamientos en el país en 2013 y 2016, otra vez con las mismas demandas, a saber, trabajo, pan, y vida digna. Y ahora las masas tunecinas están nuevamente en la escena de la historia reclamando su revolución.

Hoy, con la pandemia de Covid-19 que viene desarrollándose desde hace casi un año, las condiciones de vida de los trabajadores tunecinos empeoraron aún más. Mientras el gobierno impone prohibiciones con la excusa de la “salud pública”, el desempleo oficial en el país alcanzó 18%/19% y uno de cada tres jóvenes está desempleado. En la región del Medio Oeste del país, que era el centro del proceso revolucionario que comenzó en 2010, estos índices son aún más altos. En el Medio Oeste, tradicionalmente la región del país con menos inversión, casi 50% de la población trata de vivir con $1.5/2 por día. Mientras la población carece de la posibilidad de cubrir las necesidades básicas, como una alimentación saludable y vivienda, los gobernantes pretenden que los trabajadores y la juventud muestren su alianza a una democracia “enferma”.

Es precisamente por estas circunstancias que el país ha sido testigo de movilizaciones espontáneas en más de quince ciudades en los últimos cinco días, en principio lideradas por la juventud y los desempleados jóvenes. El gobierno trata de intimidar a las masas con represión y coerción convocando al ejército a intervenir en muchas regiones, demostrando nuevamente que el “miedo” de la gente es la principal razón de imponer las prohibiciones recientes. Trata de dinamitar los más fundamentales logros democráticos de la movilización revolucionaria de 2010 deteniendo a más de 630 jóvenes y arrestando a algunos de ellos. Los Hermanos Musulmanes, Partido Tunecino Movimiento Nahda, uno de los partidos gobernantes, llamó a su juventud, aconsejándole que no participaran de las protestas y que actúen en conjunto con las fuerzas del orden. Su intento de dividir a las masas una vez más revela su carácter contrarrevolucionario. Sin embargo, a pesar de estos intentos de intimidación, los tunecinos reclaman que “las calles pertenecen a la gente” y continúan con sus acciones demandando la liberación de los presos y el cumplimiento de sus demandas económicas y sociales. La misma consigna se escucha en las calles de Túnez: “¡La gente quiere destruir al régimen!”.

Aunque es difícil predecir cómo se desarrollarán las acciones en el país, es necesario resaltar unos pocos puntos basados en las lecciones del levantamiento popular de 2010 y las revueltas de masas que siguieron en 2013 y 2016. Dado que las demandas de la revolución apuntaban a la transformación social y económica y no serán satisfechas en el actual orden burgués, ningún gobierno que asumió en estos diez años ha sido capaz de mantener un orden estable en el país.

En estos diez años, que vieron una lucha constante entre el pueblo oprimido y los gobernantes que a veces recurren a tácticas democráticas reaccionarias para la supervivencia del orden capitalista (el discurso de unidad nacional, el Pacto de Cartago firmado en 2016) o, como vemos ahora, tratando de intimidar a las masas con la violencia. La burocracia del Sindicato General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), la más importante organización de la clase en el país con poder político significativo desde la independencia de Túnez, apoya la “transición democrática” de 2011 y asume un rol en ella, y más tarde firma el Pacto de Cartago de 2016. Estos movimientos claramente demuestran que la burocracia sindical sigue las tácticas de la reacción democrática y cuida los intereses de la burocracia más que los de la clase trabajadora. Al pedir a las masas que evite actos de violencia y considere el diálogo, declara que todavía mantiene esta posición. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las movilizaciones revolucionarias de 2010-2011 las bases de UGTT que formaban parte de la lucha presionaron desde abajo y obligaron a la burocracia sindical a tomar posición. En este sentido, está claro que la participación organizada de la clase obrera tunecina, así como de las bases de lucha dentro de la UGTT en el proceso de levantamiento, será decisiva para el desarrollo de las movilizaciones.

Amplios segmentos de la izquierda tunecina, que adoptan la postura de que debe existir un período de espera indeterminado entre las tareas democráticas y sociales de la revolución, no luchan por lograr un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo. Por eso no impulsaron, en los últimos diez años, formar una dirección política alternativa en nombre de los trabajadores tunecinos. Ésta sigue siendo la tarea más urgente de los últimos diez años y para el Túnez de hoy. Es decir, la construcción de una organización y una línea política que tenga como objetivo romper con el orden existente junto con las masas combatientes y defender la independencia política de la clase. Hoy en día, para lograr este objetivo, las masas movilizadas tienen que construir sus propios órganos de autoorganización/defensa en coordinación entre sí y desarrollar aún más esta coordinación en torno de un programa de acción de emergencia para convertirlo en un poder político alternativo. Estas son las tareas más fundamentales que tenemos por delante.

Como Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores tunecinos por el trabajo, el pan y una vida digna. ¡Apoyamos la movilización de las masas tunecinas desde un punto de vista político, programático y organizativo y hacia la ruptura con el régimen actual y el orden de explotación capitalista!

¡Liberación inmediata de todos los presos políticos! ¡Fuera el ejército y la policía de las calles!

¡Inmediata cancelación de todos los acuerdos con el FMI!

¡Expropiación de todas las instituciones públicas privatizadas sin compensación!

¡Dejar de pagar la deuda externa inmediatamente! ¡Los fondos destinados al pago de la deuda deben ser usados para mejorar los servicios de educación y de salud y crear empleos en el sector público!

¡Establecer comités populares independientes para luchar contra la corrupción! ¡Aquellos involucrados en corrupción deben ser juzgados bajo control de estos comités!

¡El pueblo quiere destruir al régimen!

¡Por una economía centralizada y planificada!

¡Luchemos por un gobierno de los trabajadores!

                                                                      19 de enero de 2021

Socialist Core, simpatizantes de la UIT-CI

El 6 de enero una turba de cientos de ultraderechistas tomó el Capitolio, interrumpiendo la ratificación formal del resultado de la elección presidencial por parte del Senado. Cientos de fanáticos armados ocuparon el edificio durante varias horas y obligaron a los senadores a huir del lugar. La jornada dejó cinco muertos, entre ellos un policía y una atacante abatida por la policía.

Trump venía maniobrando desde antes de la elección para desconocer un resultado adverso, cuestionando la validez de los votos por correo. Luego, al perder la elección, dedicó semanas a intentar revertir en los tribunales el resultado, agitando denuncias de fraude, incluso presionando al secretario de Estado de Georgia para que cometiera fraude o al vicepresidente Pence para que no proclamara a Biden como ganador. En estas maniobras y el desconocimiento de las elecciones participó un importante número de congresistas y senadores republicanos. El 6 de enero Trump se dirigió desde una tarima a la concentración de fanáticos de ultraderecha y la exhortó a dirigirse al Capitolio a apoyar a los senadores y congresistas republicanos que objetaban el resultado electoral y a presionar a los indecisos o contrarios a impugnar la elección.

El ataque al Capitolio es un síntoma de la profundidad de la crisis del régimen político capitalista estadounidense.

Muestra también la polarización política y social cada vez más extrema, en el contexto de la mayor crisis económica y sanitaria en más de cien años. En ese marco el ataque del 6 de enero es muy grave porque representa un aumento en la confianza de la ultraderecha, alimentada por la impunidad que le han brindado por largo tiempo las autoridades en sus acciones criminales, y de manera directa por la agitación de Trump.

Los gritos al cielo de los políticos del sistema sobre la condición fundamentalmente “antiamericana” del ataque del 6 de diciembre son alardes de hipocresía. La historia estadounidense está llena precedentes, toda clase de “pogroms” en los que bandas de racistas han atacado gobiernos locales, a organizaciones obreras y comunidades afroamericanas. Y a nivel internacional son incontables los grupos criminales de extrema derecha que han recibido financiamiento y apoyo político por parte del imperialismo estadounidense.

Naturalmente, la acción se ha revertido contra Trump. Biden y los demócratas, así como numerosos medios de comunicación, han calificado el ataque como una insurrección o golpe de Estado.

La acción de la extrema derecha fue una jugada desesperada de Trump, derrotado electoral y políticamente, no con el objetivo de tomar el poder del Estado, sino para consolidar su base social de extrema derecha como parte de la disputa por el liderazgo del partido Republicano. Pero el intento de disciplinar al partido al liderazgo de Trump profundizó las divisiones. Mike Pence y Mitch McConnell no acompañaron su aventura, e incluso algunos congresistas y senadores dieron marcha atrás en su apoyo al desconocimiento de la elección luego del 6 de enero.

En realidad, en la acción no participó ningún sector de las fuerzas armadas, ni hubo un llamamiento a las fuerzas armadas a intervenir, no hubo un intento de conformar un gobierno de facto o de atrincherarse en el Capitolio y llamar a una insurrección generalizada. No hay indicios de una estrategia insurreccional o golpista. A un nivel más estructural, ningún sector importante de la burguesía está persiguiendo una estrategia de liquidar el régimen existente para realizar una contrarrevolución e imponer una dictadura.

El 11 de enero se inició un proceso de impeachment contra Trump por incitar una insurrección, aprobado dos días después por el Congreso, que de tener éxito impediría que pueda presentarse como candidato en la elección presidencial de 2024. También ha habido llamados al vicepresidente Mike Pence a aplicar la 25va enmienda y destituir a Trump. Sin embargo el impeachment sería casi simbólico ante la gravedad de los crímenes de Trump.

La connivencia del régimen con la ultraderecha

Desde su relación con Bannon hasta los actuales vínculos de su asesor Steve Miller y de su hijo Donald Jr., con los grupos fascistas, Trump no ha ocultado su simpatía con las agrupaciones de tendencias fascistas. Ante el ataque por parte de fascistas en Charlottesville, Trump les saludó como “buena gente”. Durante un debate presidencial exhortó al grupo paramilitar Proud Boys “retrocedan y esperen” (“stand back and stand by”). Criminalizó al antifascismo. Al calor de su agitación se realizaron en noviembre y diciembre movilizaciones de extrema derecha en Washington DC. El propio 6 de enero, forzado a llamar a sus legionarios a retirarse, Trump reiteró su “amor” por ellos.

Pero no se trata tan solo de Trump. Todo el partido Republicano ha considerado como un importante capital político a esa constelación de extrema derecha, que va desde evangélicos fanáticos hasta neonazis, pasando por grupos de supremacistas blancos, ultraliberales, sectas conspirativas y demenciales como Qanon, antivacunas, antisemitas, etc. Algunos ahora fingen horrorizarse como el Dr. Frankestein ante su creación, pero son corresponsables junto a Trump de haber alimentado al monstruo. Mientras que el partido Demócrata ha demostrado su incapacidad para enfrentar a este peligroso fenómeno, pues su interés ha girado constantemente en torno a llegar a acuerdos con los republicanos. Ambos partidos, pese a sus diferencias, son representantes de las multinacionales y los banqueros. Por eso luego de su elección, el discurso de Biden ha hecho énfasis en la “reconciliación”.

Diversos reportajes periodísticos muestran que el FBI ya había advertido de la amenaza que suponía la movilización reaccionaria desde al menos finales de diciembre, pero no se organizó ningún operativo para impedir que los fascistas tomaran el Capitolio. El día del ataque se realizaron muy pocos arrestos. Miembros del Servicio Secreto, la Seguridad Nacional (Homeland Security), el gobierno del Distrito de Columbia, el Pentágono, la Guardia Nacional, la Fuerza de Tareas Conjuntas, habían hablado con la prensa sobre la amenaza, pero no hicieron nada. Ante la escandalosa incompetencia, sospechosa de complicidad, el jefe de la Policía del Capitolio tuvo que renunciar. Obviamente la presidencia no coordinó ninguna acción defensiva y Homeland Security también es señalada por complicidad.

El contraste no podría ser mayor entre el tratamiento brindado por las autoridades a los grupos de ultraderecha y las protestas antirracistas del verano de 2020. Durante dichas protestas hubo alrededor de 14 mil detenidos entre el asesinato de George Floyd el 25 de mayo y la primera semana de junio. Cientos de periodistas fueron atacados por la policía, hubo decenas de manifestantes asesinados. Hasta el día de hoy permanecen en la cárcel cientos de presos políticos vinculados a las protestas. En total se desplegaron unos 100 mil guardias nacionales y militares de otros componentes para atacar las protestas. La escala de la represión no fue mayor debido a que el intento de Trump de militarizar el país fracasó por falta de apoyo en las fuerzas armadas.

Grupos de ultraderecha ya están organizando nuevos ataques para el 17 de enero en Minnesota y Michigan. Paramilitares ya habían tomado el capitolio de Michigan en abril con discursos negacionistas en relación con la pandemia, y planearon secuestrar al gobernador de Michigan en octubre.

Perspectivas ante el gobierno de Biden

Las ilusiones en “volver a la normalidad” que abrigan algunos de quienes votaron por Biden, o en que puede haber cambios positivos para el pueblo trabajador, los migrantes o el movimiento antirracista, se estrellarán contra la realidad. Biden es un político tradicional que ya gobernó junto a Obama y fue corresponsable de los programas de austeridad aplicados durante la crisis de 2007-2008. También promovió legislaciones represivas y de encarcelamiento masivo, al igual que Kamala Harris. Fue en esa vieja “normalidad” en la que se incubaron todos los elementos de la actual crisis y que facilitaron el ascenso de Trump.

Biden, con el control de ambas cámaras, demostrará una vez más que el Partido Demócrata gobierna a favor de los capitalistas, de las multinacionales, los banqueros y que no defiende los intereses de los afroamericanos, latinos, las mujeres, la clase trabajadora y demás sectores explotados y marginados. La crisis económica y social está en un punto álgido. Han fallecido más de 385 mil personas por la política criminal y negacionista de Trump ante la pandemia. Millones han perdido sus empleos y se ven amenazados por la miseria. La salud está en gran medida privatizada, pero Biden no tiene intenciones de cambiar esa situación.

La amenaza de la ultraderecha continuará. Los distintos gobiernos demócratas y republicanos y las instituciones del Estado capitalista no han tenido ningún interés en destruir a ese movimiento, tal y como quedó demostrado una vez más durante el ataque al Capitolio.

El gobierno de Biden y los demócratas tampoco pretenden destruir ese movimiento. Ellos siempre dejaron correr, desde sus gobiernos, la represión racista y el accionar de los grupos de ultraderecha. La burocracia sindical de la AFL-CIO, ligada al partido Demócrata, rechazó el ataque al Capitolio pero no tomó ninguna medida para preparar a los sindicatos para dar una respuesta No se puede confiar ni tener expectativas en ellos. Solo la movilización desde abajo puede parar a la ultraderecha.

Una propuesta para la unidad

Depende del movimiento antirracista, de los sectores populares, de las bases obreras, de las mujeres, de la juventud, poner en pie un poderoso frente que ponga a los fascistas en retirada. Experiencias como la de Boston en agosto de 2017, cuando miles de manifestantes acorralaron a unos pocos cientos de fascistas, o el propio poderoso movimiento de Black Lives Matter han demostrado que con la masividad de la movilización se puede ganar terreno y quitarle las calles a la ultraderecha. Así como el pueblo griego derrotó a los neonazis de Amanecer Dorado, de igual manera el pueblo trabajador estadounidense puede derrotar la impunidad.

Pero también será necesaria esa movilización unitaria para enfrentar la política antipopular del futuro gobierno de Biden. Con un maquillaje “democrático” y “antitrumpista” van a seguir favoreciendo a los grandes empresarios y banqueros que los apoyaron.

Es urgente convocar un encuentro nacional de organizaciones populares bajo el liderazgo de Black Lives Matter, las organizaciones comunitarias, de trabajadores, de mujeres y de la izquierda, para avanzar hacia un programa de exigencias común y una agenda de movilización. Contra la ultraderecha y también por exigencias sociales y económicas al nuevo gobierno ante la brutal crisis económica, social y sanitaria. Los Socialistas Democráticos (DSA) tienen la responsabilidad de ayudar a construir este frente unitario de lucha.

Estas son algunas propuestas iniciales para la discusión democrática de un programa unitario:

Desfinanciamiento de la policía y cárcel a los policías racistas.

Libertad a los presos políticos del movimiento antirracista.

Fin a la política de encarcelamiento masivo. Fin de la privatización de las cárceles. Cierre de los campos de concentración de inmigrantes de ICE.

No a los intentos de los demócratas de aprovechar el ataque al Capitolio para promover nuevos instrumentos legales que restrinjan el derecho a la protesta.

Juicio y castigo para Trump y los dirigentes fascistas por su rol en el ataque criminal del 6 de enero y otros ataques criminales. Basta de impunidad para la violencia de la ultraderecha.

Salud pública gratuita y universal.

Aumento del salario mínimo a $15 por hora y una renta básica universal hasta el fin de la crisis.

Igual pago por igual trabajo para hombres y mujeres.

Altos impuestos a los grandes grupos económicos y bancos. Que ese dinero y el de los recortes a los presupuestos policiales vaya a educación, salud y asistencia social.

No a la supresión de votantes, que afecta desproporcionadamente a las comunidades afroamericanas, latinas e indígenas. No al gerrymandering.

No al colegio electoral. Elecciones directas, una persona-un voto. Representación proporcional en el Congreso y abolición del Senado.

Sabemos que no son tareas sencillas. Pero la movilización masiva y coordinada en todo el país puede abrir el camino de cambio.

Convocar a un Encuentro nacional sería un gran paso para coordinar las luchas. La otra gran tarea pendiente es la necesidad de construir una alternativa política unitaria de la izquierda por fuera del bipartidismo. Se necesita superar la división existente en la izquierda anticapitalista. Sería muy importante que los Socialistas Democráticos (DSA), que es la organización más numerosa de la izquierda, sean parte de esta construcción. Deberían dar el paso de romper con el Partido Demócrata. Es necesario avanzar hacia la construcción de un partido amplio, unitario e independiente de la izquierda. Los cambios de fondo solo los puede llevar a cabo un gobierno del conjunto de la clase trabajadora y los sectores explotados y oprimidos.

Socialist Core, Simpatizantes de la Unidad Internacional de trabajadoras y trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
15 de enero 2021

Los aberrantes y repudiables hechos del Capitolio, de los Estados Unidos, muestran la gravedad de la crisis política del imperialismo.

Escribe Miguel Sorans, dirigente Izquierda Socialista, de Argentina, y de la UIT-CI

Las imágenes del 6 de enero de cientos de ultraderechistas y simpatizantes de Trump, asaltando e irrumpiendo en el Capitolio han sido de un lógico impacto mundial. Son hechos inéditos que muestran la gravedad de la crisis que sufre el imperialismo norteamericano y también el peligro que representa el trumpismo como movimiento de ultraderecha, reaccionario y racista. Muchos lo han calificado de un intento de “golpe de estado” y parte de un “plan insurreccional” para impedir que asuma Biden y sostener a Trump en el poder.

Desde ya que eso era lo que quizás creían muchos de los y las participantes neofascistas y racistas que irrumpieron violentamente en el Capitolio. Pero no consideramos que se haya tratado un intento de golpe de estado. No era ese el plan de Trump y menos aun de algún sector de la burguesía y las FFAA yanquis.

En realidad, se trató más de un manotazo de ahogado de Trump, que intentaba, con esa movilización reaccionaria, seguir manteniendo su popularidad en ese movimiento ultraderechista de la sociedad norteamericana. Esa acción fue otra expresión de su derrota política. No de alguien que está en ascenso. Sino derrotado y en retroceso.  

Era previsible que Trump siguiera con nuevas acciones provocativas de su campaña sobre que hubo “fraude” y que “le robaron la elección”. Con esa acción antidemocrática no pretendía concretar un golpe de estado sino fortalecer, hacia el futuro, su base social neo fascista y sostener el control del Partido Republicano.

Tan solo estaba que ni lo apoyó, en su impugnación a Biden, el vicepresidente Pence. El jefe de los republicanos de la Cámara de Representantes. Kevin Mc Carthy calificó la acción de “antiestadounidense” e “inaceptable”. El ex presidente republicano, George Bush repudió la acción y a Trump expresando que “así es como se discuten las elecciones en una republica bananera”.

Ningún sector militar adhirió. Pudo haber apoyo o dejar correr de un sector de la policía, hasta hubo quienes se sacaron selfis con los racistas. También pudo haber policías que dispararon. Una mujer, ex miembro de la fuerza aérea y simpatizante de Trump, murió, y se habla de otros muertos y heridos. Pero como lo han denunciado voceros del movimiento antirracista Black Lives Matter, otra reacción policial hubiera existido si se trataba de una protesta afroamericana.

Tal rechazo hubo al asalto al Capitolio, en la dirigencia republicana y las amenazas de hacerle juicio político, que al otro día Trump tuvo que salir con un mensaje “aceptando” que Biden debe asumir. Aunque también haya anunciado que no va a concurrir a su asunción.

Lo del Capitolio fue otra expresión de lo que ya definimos en la UIT-CI como de extrema polarización que no existe en otros países. “Esta polarización ha crecido con la crisis social combinada con la rebelión antirracista, el crecimiento del movimiento obrero, de mujeres o contra el cambio climático” (declaración de la UIT-CI. 11/11/2020). En esa declaración advertíamos que “Trump pierde pero se consolida como líder de una extensa franja social ultraconservadora, reaccionaria y racista (…)  Trump se apoya en millones de personas de la tradicional base social de racistas, neofascistas, grupos de odio de supremacistas blancos, milicias armadas de la derecha, de xenofobia visceral, odio a feministas, ambientalistas” (…) Millones creen en el discurso “locoide” de que Biden puede “llevar al socialismo”, que se “va a Cuba y Venezuela” y que Biden es parte de la “ultraizquierda” que va a “destruir” los Estados Unidos. A mayor crisis social, crisis económica y luchas populares, mayor crecimiento del polo racista y fascistizante” (idem).

Todo esto se puso de manifiesto en las bandas de racistas y supremacistas blancos que intervinieron en el asalto al Capitolio.

Cuando asumió Trump en 2016 lo definimos como un personaje neofascista. Lo que también señalamos que eso no era igual a que el gobierno de Trump pudiera transformar al régimen político norteamericano en fascista. O sea, pasar de una democracia burguesa imperialista a una dictadura del estilo Mussolini o Hitler.

Y eso se ha confirmado con la culminación del gobierno de Trump por medio de una derrota política electoral. Luego de una rebelión popular de masas contra su gobierno y su represión policial racista luego del crimen de George Floyd.

Trump fortaleció la grave polarización social y al ya existente movimiento de masas racista, supremacista blanco, facho, antisemita, homofóbico, etc. que existe en los Estados Unidos. Por eso no se puede minimizar que haya obtenido más de 70 millones de votos. Pero el marco de lo sucedido el 6 de enero en el Capitolio es la derrota político-electoral de Trump. Por eso está por verse cual será el futuro político de Trump. Habrá que ver si la acción del 6 de enero no termina volviéndose en su contra.

Para colmo, el día anterior a la acción sobre el Capitolio, el Partido Republicano hasta perdió las elecciones de senadores en Georgia. Esta derrota deja empatado el Senado con lo cual los republicanos pierden el control del Senado luego de muchos años de dominarlo.  Además, es la primera vez que un candidato de origen afroamericano, considerado progresista, del Partido Demócrata gana una senaduría en ese estado.

Otra victoria para Biden y los demócratas. No hay que perder de vista que la derrota de Trump ha sido la expresión electoral de la gran rebelión popular antirracista que desató el crimen de George Floyd. Esa lucha sigue presente y vigente. Y eso lo va a sufrir el nuevo gobierno capitalista de Biden.

Todo esto ratifica que en Estados Unidos existe una crisis política inédita y grave para el país que es el eje del imperialismo mundial. Lo que vendrá no es tanto un peligro de golpe de estado sino la continuidad de esa crisis global social económica, política y militar. Un imperialismo aún dominante, pero en una crisis cada vez más profunda. Crisis que va al compás de la crisis del sistema capitalista-imperialista y de las luchas y polarización social mundial.

La perspectiva es hacia nuevas expresiones de crisis política pero ahora en el mismo gobierno demócrata de Biden. Porque tiene que enfrentar una grave crisis social, económica y de salud por la pandemia del Covid19.

La crisis social puede traer nuevo ascenso en las luchas sindicales o antirracistas, pero también más sectores que se vayan hacia la ultraderecha. O sea, que se siga fortaleciendo la polarización social tan particular de los Estados Unidos y que haya mayores acciones violentas de los grupos de ultraderecha racistas y de supremacistas simpatizantes o fanáticos de Trump. Ese peligro no es menor y será parte de la realidad a combatir.

En este marco, sigue siendo clave la tarea y el desafío, no exclusivo de la UIT-CI sino de toda la izquierda que se reclama anticapitalista, de poder avanzar en la construcción de una alternativa política de izquierda independiente.

9/1/2021

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Miles de estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad, se movilizan contra la designación inconsulta de Melih Bulu como rector de la prestigiosa universidad de Bogaziçi en Estambul.

El pasado viernes primero de enero, el presidente Erdogan designó como rector de la universidad de Bogaziçi a Melih Bulu, miembro del partido del gobierno. Esto generó un malestar generalizado en la comunidad universitaria, principalmente por parte de los estudiantes que desde el lunes protestan junto a docentes y otros sectores políticos y sindicales, que apoyan sus reclamos. Piden la renuncia de Melih, y exigen poder elegir a su rector. Las protestas se extendieron a otras universidades y ciudades que están apoyando la lucha de las y los estudiantes de Bogaziçi.

La universidad de Bogaziçi es una de las universidades más prestigiosas de Turquía, aglutina alrededor de 15 mil estudiantes, y era uno de los últimos bastiones de la resistencia contra el avance del gobierno reaccionario de Erdogan. En 2016, el presidente modificó un decreto ley para poder designar de forma directa a rectores de las universidades, siendo la de Bogaziçi una de las últimas que aún elegía sus rectores. Es por eso que tanto estudiantes como docentes de la universidad protestaron y se manifestaron contra la designación a “dedo”. El movimiento denuncia que atenta contra la democracia de la universidad y pretende socavar la libertad académica al tratarse de un simple personero del gobierno de Erdogan.

En medio de las protestas, el gobierno desató una fuerte represión aduciendo la ilegalidad de la protesta, llevándose detenidos a decenas de manifestantes. Incluso buscando manifestantes por sus domicilios y llevándolos detenidos. Si bien la mayoría ya fueron liberados, los procesos judiciales que criminalizan las protesta siguen.

Los universitarios movilizados formaron una plataforma con el nombre de “Solidaridad con Bogazici”. Se están haciendo actos y concentraciones en las puertas de las universidades y en las calles. El reaccionario y represor gobierno de Erdogan teme a una posible extensión del movimiento de solidaridad. Dado la simpatía que está teniendo en los sectores populares.

El Partido por la Democracia Obrera (İşçi Demokrasisi Partisi - İDP) y su juventud, sección turca de la UIT-CI, apoya y hace un llamado internacional a una campaña de solidaridad para con la lucha de la comunidad universitaria de Bogaziçi, a la que la UIT-CI adhiere. Por eso llamamos a enviar expresiones de solidaridad con la consigna de “ Boğaziçi öğrencilerinin mücadelesini destekliyoruz - Apoyamos la lucha de l@ estudiant@s de Boğaziçi “, con una foto, a nuestro mail uitcuartainternacional@gmail.com.

Unidad Internacional de trabajadoras y trabajadores - Cuarta Internacional

7 de enero de 2021

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El año 2020 ha sido un año difícil en todo el mundo. Una situación inédita afectó severamente el funcionamiento de todas las sociedades. A la crisis económica del capitalismo mundial se sumó una pandemia que ha ocasionado numerosas muertes en todo el planeta, poniendo al descubierto el desastre de la salud pública en el mundo capitalista, consecuencia de años de desinversión y ajustes.

Venezuela no escapó a la situación. Nuestro país que ya era víctima de una pavorosa crisis, agravada por las sanciones impuestas por el imperialismo norteamericano, vio llegar el coronavirus profundizándose la crisis social y humanitaria que ya padecían los trabajadores, trabajadoras y sectores populares.

El gobierno de Maduro aprovechó el confinamiento para perseguir y criminalizar a los que protestaran, convirtiendo la cuarentena en un instrumento de represión y persecución al personal sanitario que se atrevía a mostrar el desastre de los hospitales, y contra periodistas que intentaban reflejar cifras de contagios distintas a las oficiales.

A medida que fueron pasando los meses, sectores populares afectados por el hambre y la crisis de los servicios públicos, comenzaron a salir nuevamente a las calles, empalmando con millones que en todo el mundo retomaban las movilizaciones contra los ajustes gubernamentales.

El 2020 llega a su fin cruzado por las dos pandemias que han afectado al pueblo venezolano y a los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, por una parte la crisis social y sanitaria, y por otra el coronavirus. El reto para el nuevo año que comienza es profundizar la lucha de la clase obrera y de todos los pueblos contra sus gobiernos ajustadores. En Venezuela arreciar la pelea contra el paquetazo hambreador de Maduro, por un Plan Obrero y Popular y contra la represión.

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