Escribe Adolfo Santos, fue miembro del PST y hoy es dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
En el marco de la movilización para reafirmar nuestro compromiso contra la impunidad de ayer y de hoy, este 24 de marzo también marchamos para recordar y rendir homenaje a la memoria de las más de cien compañeras y compañeros asesinados y desaparecidos de nuestra corriente. Eran jóvenes, estudiantes, delegados, dirigentas y dirigentes políticos, incansables constructores del glorioso Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista.

Con una política al servicio de la clase trabajadora y el socialismo, el PST fue un baluarte en la lucha contra el “pacto social” con los empresarios, para ajustar a los trabajadores, que implementaban los gobiernos peronistas desde 1973. Desde esa trinchera combatimos a la burocracia sindical, que era un agente del gobierno entre las y los trabajadores, de Cámpora primero y Perón después. Por eso, no es casual que los primeros ataques a nuestro partido hayan comenzado antes del golpe de 1976.

En la madrugada del 7 de mayo de 1974, sufrimos el primer asesinato, cuando nuestro compañero Inocencio “Indio” Fernández salía de su casa en Maschwitz para ir a su trabajo en la fundición Cormasa, donde era subdelegado y se enfrentaba a la burocracia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Fue asesinado con un tiro de Itaka que le destrozó el pecho y su cuerpo semicalcinado, envuelto en un colchón incendiado, apareció en Campana.

Unos días después, el 29 de mayo, un grupo armado integrado por miembros de la Triple A y de la burocracia sindical de la UOM, atacó a balazos el local del PST de la localidad de Pacheco. En un hecho que tuvo repercusión nacional y quedaría recordado como “La Masacre de Pacheco”, fueron asesinados tres compañeros de reconocida actividad política sindical. Era la reacción fascista contra la combativa vanguardia de la zona norte, en donde el PST tenía influencia en una amplia franja del movimiento obrero.

Así sucedieron los primeros intentos de las bandas fascistas, integradas por sicarios de la burocracia sindical y sectores del gobierno peronista, para detener el fuerte ascenso obrero y popular iniciado con el Cordobazo que le impedía aplicar los planes patronales al gobierno peronista. En 1974, comenzaron a actuar con inusitada violencia contra la Juventud Peronista, los Montoneros y la izquierda entre quienes el PST cumplía un papel destacado en el enfrentamiento al gobierno y a la burocracia sindical. A fines de ese año, otros tres compañeros serían asesinados en un mismo día, entre ellos Cesar Robles, dirigente nacional de nuestro partido.

En septiembre de 1975 ocho militantes del PST de La Plata fueron secuestrados, torturados y fusilados. La nueva masacre por parte de las bandas fascistas, buscaba amedrentar al activismo que venía protagonizando una serie de importantes luchas. Petroquímica Sudamericana, Propulsora Siderúrgica, Astillero Río Santiago, reparticiones estatales y trabajadores y estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), eran un ejemplo de organización y lucha. En esos enfrentamientos, la militancia del PST tuvo una importante participación, de forma directa o impulsando la solidaridad obrera, estudiantil y popular con la perspectiva de luchar por una Argentina y un mundo socialista.

En marzo de 1976 llegaron los largos años de dictadura militar donde el PST continuó resistiendo junto a la clase trabajadora en la más estricta clandestinidad. Cambiaron las condiciones de militancia, fuimos proscriptos y perseguidos, pero continuamos en las luchas sindicales, editamos nuestro periódico y participamos de las restringidas posibilidades de reorganizar el movimiento obrero y los organismos de derechos humanos. Fue una actividad difícil que nos costó más de un centenar de vidas de valiosas y valiosos compañeros. Los recordamos con orgullo y decimos que fueron grandes, no por sus méritos personales, que sin duda los tenían, sino porque ofrecieron sus vidas al servicio de un proyecto inmenso, la lucha por la construcción de una Argentina y un mundo socialista.

Escribe Daniel Vera, docente, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina

El 15 de marzo se realizó en Buenos Aires el 1° Encuentro Regional de Redes de Sobrevivientes y Organizaciones Aliadas de Latinoamérica, EN NUESTRAS PALABRAS.

Organizado por la asociación civil Aralma (que trabaja en la visibilización y erradicación de la violencia que padecen bebes, niños, niñas, adolescentes), nos reunimos representantes de organizaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú y Venezuela. Muchas de esas organizaciones eran de Abusos Eclesiásticos, como la que yo representaba. Escuchar en primera persona el accionar de la Iglesia Católica, confirma algo que ya sabíamos: es una institución intrínsecamente misógina y pedófila, y sigue muy vigente el “espíritu” de la Inquisición. Al estar siempre aliada al poder, hace que esa asimetría del abuso tenga rasgos clasistas.

La lucha contra la imprescriptibilidad del delito de todo tipo de abuso a niñas, niños y adolescentes es una urgencia. Coincidimos que, como lucha política que es, debemos exigir a los estados su urgente accionar. También coincidimos en que los derechos conquistados se lograron luchando en las calles, y que esta lucha también es internacional, sobre todo para enfrentar una organización que lleva el nombre de “católica” (que significa universal). La “calle virtual” nos da la posibilidad de visibilizar nuestro reclamo y la solidaridad con las víctimas de otros lugares, ya que el amedrentamiento y la coacción son moneda corriente en el accionar de la iglesia. Hay muches compañeres que temen por sus vidas.

Fue una jornada muy intensa y emocionante, ya que quienes somos sobrevivientes sabemos que nuestro cuerpo es el lugar del delito, como dice Eneas Espinoza de la Red Chilena. Todes quienes participamos somos militantes de distintas causas, y que nos encontraron en ese momento luchando contra el abuso, como parte de la lucha de clases.

¡Separación ya de las Iglesias de los Estados!

El próximo 24 de marzo es clave. A 48 años del inicio de la última dictadura cívico militar, estamos ante un gobierno ultraderechista con una política negacionista respecto de los crímenes de los milicos y en buena medida apologista de su accionar. El presidente Javier Milei no ha escatimado intervenciones públicas para poner en duda el número de las y los 30.000 desaparecidos, mientras su vice continúa su campaña en pos de la liberación de los genocidas detenidos y, desde su asunción, su principal actividad ha sido visitar cuarteles en los que se rinde homenaje a criminales condenados.

El plan económico del gobierno en estos primeros meses, en suma, ratifica un rumbo que nos recuerda a Martínez de Hoz y a Cavallo, la destrucción de los ingresos de la clase trabajadora y sectores obreros populares por la vía de la licuación del salario, y el apoyo férreo del Fondo Monetario Internacional, como decía Rodolfo Walsh una “miseria planificada”.

Un plan de estas características necesita ser aplicado con medidas represivas como busca el “protocolo anti-protestas” de la ministra Patricia Bullrich. Algo que va de la mano del intento vía “Ley Ómnibus” de modificar el código penal, prohibir las asambleas dentro de los lugares de trabajo y terminar con el derecho a la protesta de docentes, trabajadores de la salud y estatales.

En este contexto se alienta a los genocidas a reclamar al gobierno que cumpla su promesa de amnistía o, como hizo el represor Alberto Pardellas, a comparecer en los juicios diciendo que la apropiación de niños se hizo bajo “un sentido humanitario”. Recordemos que se trata de un crimen en concurso hasta el día de la fecha en que la verdadera identidad de cientos sigue siendo privada. Además, se rindió homenaje a Horacio Losito, un represor condenado a prisión perpetua quien integró la compañía de comandos de Aldo Rico y de Eduardo Marcelo Villarruel, el padre de la vicepresidenta.

Este 24 nos proponemos marchar con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, contra la impunidad de ayer y de hoy, contra el ajuste y la represión del Milei, el FMI y los gobernadores, para defender todas las conquistas de derechos democráticos en nuestro país. La lucha por estos derechos, el salario, las jubilaciones, la salud y educación públicas puede derrotar el plan del gobierno, como cayó la Ley Ómnibus.

Reivindicaremos en las calles a las y los 30.000 detenidos desaparecidos y a nuestros compañeros y compañeras de nuestro antecesor, el glorioso Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que cayeron combatiendo a la Triple A y a la dictadura.

Son 30.000, fue genocidio, castigo y cárcel común para todos los genocidas.

Al cierre de nuestra edición recibimos la información de que ante el planteo de la Gremial de Abogados, le fue concedida la excarcelación bajo caución real al compañero Cristian Díaz, prisionero político de Israel en Argentina.

“La Sala II de la Cámara de Apelación nos dió la razón y revocó el fallo del Juez Lijo que nos había denegado la excarcelación”, comunicaron los abogados. Sin embargo, la Sala II le plantea al Juez que fije una caución real para hacer posible la liberación de Cristian. En caso de que la caución sea muy alta, los abogados deberán apelar.

Desde Izquierda Socialista venimos acompañando esta aberración judicial que constituye el proceso contra Cristian Díaz, cuyo objetivo es quebrar la solidaridad de la clase trabajadora, sectores populares y la juventud con la causa Palestina. No lo van a lograr. Al pueblo palestino no lo van a doblegar y a nosotros no nos van a hacer callar. Seguiremos reclamando la inmediata e incondicional libertad del compañero Cristian.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista FITU

Distintos organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y políticas presentaron denuncias contra el protocolo antipiquetes y la brutal represión del gobierno y la Ministra Bullrich, con operativos repletos de violencia y abusos en Congreso ante la fallida votación de la reaccionaria Ley Ómnibus.

Desde que asumió el gobierno ultraderechista de Milei venimos advirtiendo que el plan de guerra contra las y los trabajadores, las mujeres y los sectores populares solo puede pasar con una brutal represión. Por eso, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el protocolo antipiquetes con el objetivo de atacar el derecho a la protesta y generar miedo a quienes salgan a las calles a enfrentar sus políticas de hambre y saqueo. Pero desde el 20 de diciembre la izquierda, el sindicalismo combativo, organismos de derechos humanos, asambleas barriales y sectores de la cultura, entre otros, nos encontramos en las calles enfrentando operativos represivos donde se violan los derechos humanos, como se demostró los días dónde se discutió la Ley Ómnibus.

Tan escandalosa fue la represión, que el juez Casanello tuvo que citar a la Ministra para que dé explicaciones ante el pedido de inconstitucionalidad del protocolo, pidió poner “límites al accionar policial” y que el protocolo se “adecue a derecho y a los pactos internacionales que adhiere Argentina”. Por supuesto, la Ministra defendió la represión amparada en el resultado electoral.

La Comisión Provincial por la Memoria junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura realizó un informe dónde se denuncian más de 285 lesionados y heridos por balas de goma y gases tóxicos, entre ellos 35 periodistas y defensores de derechos humanos. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) denunció que el operativo a cargo de cuatro fuerzas (gendarmería, prefectura, policía federal y de la ciudad) terminó con 23 detenciones, la mayoría de ellas realizadas en forma de casería a personas que desconcentraban o se encontraban en las zonas aledañas a Congreso. También que las fuerzas represivas disparaban balas de goma intencionalmente de la cintura para arriba, incluso a la cara de los manifestantes. Entre los heridos por esta metodología propia de los carabineros de Chile, se encuentra Matías Aufieri de CEPROH, quien podría perder la visión a causa de estas lesiones en uno de sus ojos.

La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia denunció “métodos novedosos” en la represión, dónde se rociaba a los manifestantes a mansalva con un gas amarillo que tiene un químico que produce ceguera temporal, broncoespasmos y problemas respiratorios sobre sus víctimas y quemaduras y picazón en el cuerpo por horas. Este gas fue denunciado por ATE e H.I.J.O.S como OC MK-9, que según expertos es mucho más severo y potencialmente letal que el gas lacrimógeno.

Todas estas denuncias fueron parte de la audiencia pública realizada el jueves pasado por las bancas del Frente de Izquierda Unidad en el Congreso Nacional, de la cual participamos como Izquierda Socialista, donde estuvieron personalidades como Norita Cortiñas de Madres Línea Fundadora y organismos de derechos humanos que presentaron sus informes junto a heridos y víctimas de la represión.
Como demostró el triunfo popular contra la Ley Ómnibus, la movilización y las acciones masivas en la más amplia unidad son el camino para derrotar el protocolo antipiquetes y defender el derecho a la protesta, el DNU y el plan motosierra de Milei. Este 8M y 24M tenemos la tarea de llenar las calles por nuestros derechos.