Este 2019 comenzó con el femicidio de Celeste Castillo, de 25 años, en Santiago del Estero en manos de su pareja, un policía, quien se suicidó luego de matarla. Siguió con el femicidio de Valeria Juárez ,de 32 años, en Chaco, asesinada por su propio padre quien también se suicidó. Pero la triste lista sigue: Daiana Moyano, Joselin Mamani, Gisel Varela, Agustina Imvinkelried, Danisa Canale, Romina Ugarte y Carla Soggiu también fueron víctimas de sus parejas, ex parejas, familiares o varones que simplemente las consideraban de su propiedad al punto de decidir violarlas, golpearlas y/o directamente asesinarlas por el hecho de ser mujeres.

Una vez más debemos decir que por más aberrantes que sean estos crímenes, los femicidas no son personas con problemas de salud mental o “locos”, como suele tildárselos, sino claros exponentes de una sociedad patriarcal que insiste en cosificar el cuerpo y la vida de las mujeres y de las personas con identidades disidentes al extremo de decidir sobre la vida o la muerte. Y a pesar de las grandes movilizaciones que vienen desarrollando las mujeres al grito del #NiUnaMenos, el apoyo que cuentan de parte de la Justicia patriarcal les garantiza en gran medida que estos casos se sigan repitiendo con total impunidad. Por eso de los 259 femicidios ocurridos en el país en 2018, muy pocos cuentan con condenas a los femicidas y, en muchos casos, incluso siquiera con investigaciones sobre las causas.

Pero no se trata solo de la Justicia. El hecho de que el 20 por ciento de los femicidas sean miembros de las fuerzas de seguridad da cuenta del rol nefasto de las fuerzas represivas del Estado también en los casos de violencia de género. Son ellos quienes deben recibir las denuncias de violencia de género e, incluso, garantizar las medidas de protección de las mujeres como en los casos de restricción perimetral. Pero hacen todo lo contrario revictimizando a las mujeres y hasta garantizando la impunidad en el manejo de las escenas del crimen. Y todo esto se da con el aval de los gobiernos de turno, desde el nacional de Mauricio Macri, hasta cada uno de los gobiernos provinciales y municipales que se sacaron fotos en apoyo al #NiUnaMenos pero solo han avanzado en la reducción de los programas y los presupuestos para la atención de las mujeres en situación de violencia. Sin ir más lejos, del flamante Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, anunciado en 2017, no hay noticias de avances. Y en el presupuesto 2019 solo se han aprobado $11,36 por cada mujer para las políticas de género. Por eso decimos que los gobiernos, la Justicia y la policía también son responsables de los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. Ellos nos prefieren con miedo y sumisas para poder garantizar nuestra superexplotación.

Para terminar con los femicidios llamamos a todas a seguir en las calles movilizándonos contra la impunidad de violadores, violentos y femicidas. Reclamamos plata para el cumplimiento de la ley 26.485, de erradicación de todas las formas de violencias contra las mujeres y no para la deuda externa. Hagamos realidad el grito de #NiUnaMenos. Los gobiernos son responsables.

Escribe Mercedes Trimarchi, Dirigente de Isadora y diputada provincial electa por Izquierda Socialista/FIT

El 11 de diciembre la organización Actrices Argentinas que nuclea a más de 500 trabajadoras de teatro, cine y televisión convocó a una conferencia de prensa en la que se hizo público un secreto a voces en el medio. La actriz Thelma Fardín relató en vivo que en el año 2009, cuando ella tenía 16 años y se encontraba de gira en Nicaragua, fue violada por el actor Juan Darthés, que por entonces tenía 45 años y era el adulto responsable del grupo. La gira se dio en el marco del éxito que fue la tira “Patito feo” producida por Ideas del Sur y distribuida por Televisa.

La actriz, gracias al apoyo de sus compañeras, pudo relatar la cruda experiencia e informó que ya hizo la denuncia correspondiente en Nicaragua. Señaló que se animó a contarlo luego de muchos años, tras la denuncia pública sobre el actor que hicieron otras actrices por acoso, como la de Calu Rivero. Con el acompañamiento de la organización de las actrices que se consolidó durante este año al calor de la lucha por la legalización del aborto, Fardín pudo hacer la denuncia penal y participar de la conferencia de prensa en la que se mostró el video en el que ella misma relata cómo sucedieron los hechos.

En nuestro país, como antes sucedió en Estados Unidos con el #MeToo (Yo También), las actrices ponen en palabras lo que es una práctica patriarcal naturalizada: el sometimiento a todo tipo de situaciones de abuso, acoso y hasta violación que sufren las trabajadoras de la cultura por parte de productores, directores y hasta de quienes debían ser sus colegas actores varones.

La carta de Actrices Argentinas lo dice muy claramente: “El precio que nos ha sido impuesto a la hora de desarrollarnos profesionalmente ha sido el de callar y someternos. Según una encuesta reciente de SAGAI, el 66 por ciento de les intérpretes afirmó haber sido víctima de algún tipo de acoso y/o abuso sexual en el ejercicio de la profesión. Se parece más a una norma que a una excepción. Porque, ¿a quién vamos a denunciar? ¿Al jefe de casting? ¿Al dueño de la productora? ¿Al director de la obra o película? ¿Al maestro de teatro? Es sabido que éste es un fenómeno que ha sacudido internacionalmente a la industria del espectáculo y es funcional a ella. Hoy decimos Basta. Escúchennos: el tiempo de la impunidad para los abusadores debe terminar.

Las actrices somos ignoradas al denunciar y exponer los abusos. Se duda sistemáticamente de nuestras voces, de nuestros testimonios. En nuestro ámbito laboral se nos aísla frente a vivencias traumáticas que están naturalizadas, que llevan a veces años identificar y poner en palabras.  Mientras tanto, el abusador habla, actúa y trabaja con total impunidad y pretende hacer a la víctima responsable de su propio abuso.

En nuestro medio, la opresión y cosificación son moneda corriente. Se erotiza y sobreexpone a niñes y adolescentes en la industria del entretenimiento. Estamos casi siempre desprotegidas por quienes nos contratan. Por ejemplo, se envía a menores de edad de gira sin tutelaje suficiente y adecuado. En nuestro medio no hay protocolos de acción frente a casos de abuso, y la lista podría seguir, es inmensa.

Necesitamos herramientas para enfrentar estas cuestiones que además se ven agudizadas por la precariedad laboral y la falta de trabajo. Contra todas esas formas de violencia y para que esto cambie, nos ponemos a trabajar desde hoy para dar esa batalla”.

Con el lema #MiráCómoNosPonemos, las actrices convocaron a enfrentar colectivamente las situaciones de violencia sexual. De hecho, el hashtag surge parafraseando al propio Darthés, quien le dijo a la víctima “mirá cómo me pones”, obligándola a tocarle la erección. De esta manera, el victimario la responsabiliza a ella, como parte de la cultura de la violación, que lo que hace es poner a las mujeres como “responsables” de las violaciones y, a la vez, naturaliza y legitima que su lugar es el de objetos sexuales para consumo del varón.

La denuncia colectiva de las actrices fue un acontecimiento sin precedentes que nunca se había dado en el medio artístico argentino. Esta demuestra, una vez más, que estamos en tiempos de una nueva oleada de luchas del movimiento de mujeres que va contra la violencia machista, que reclama el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y en la que se rompe el silencio. Desde Isadora e Izquierda Socialista nos solidarizamos con Thelma Fardín y junto al movimiento de mujeres decimos basta de maltratos, abusos y violaciones.

Escribe Malena Zetkin

Belén Alicia Decuzzi, de 20 años, fue hallada desnuda y sin vida junto a Vela Balazar, su novio y femicida. Andrea Gabriela López, de 44 y madre de tres hijos, fue asesinada por su pareja y su cuerpo sin vida arrojado a un volquete de basura.

Estos casos no son aislados. Se suman a los 225 femicidios cometidos en 2018 sólo hasta el 31 de octubre, uno cada 32 horas, 29 femicidios vinculados y más de 250 niños y niñas que quedaron sin la protección de sus madres.

El hecho de que estos números se mantengan en cifras similares a lo largo de los años muestra la inexistencia real de políticas para la prevención de las violencias de género y el acompañamiento a las víctimas denunciantes. La Justicia patriarcal, que no condenó por femicidio a los asesinos y violadores de Lucía Pérez, es la misma que no actuó frente a las denuncias previas de Andrea Graciela López. El gobierno nacional y los provinciales, que desmantelan los programa de atención de las violencias de género y despiden a sus trabajadoras, son los responsables de estas muertes. Ellos eligen defender femicidas y violadores y pagarle al FMI una multimillonaria cifra de deuda externa antes de garantizar el presupuesto y las medidas efectivas para que las mujeres puedan acceder al derecho a una vida sin violencia.

Desde hace años, el movimiento de mujeres en las calles dejó bien claro la brutalidad que vivimos cotidianamente por el simple hecho de serlo. Desde los acosos callejeros o en el trabajo, los abusos, las violaciones, la violencia doméstica, el obstáculo al derecho al aborto hasta la desigualdad salarial, múltiples son las medidas denunciadas y a las que las instituciones estatales dicen repudiar. Pero también está bien claro que son ellos los que nos prefieren sumisas para dominarnos y explotarnos más. Por eso, tal como lo hicimos miles y miles de mujeres el pasado 3 de diciembre en todo el país reclamando justicia por Lucía Pérez, cárcel a los femicidas y expulsión de los jueces misóginos, no podemos abandonar las calles. Solo de nuestra organización depende que podamos lograr el #VivasNosQueremos.

Escribe Mercedes Trimarchi

El pasado 10 de diciembre se presentó el informe anual de Amnistía “Derechos hoy”. En él se destaca el rol de las mujeres que, en todo el mundo, estuvieron a la vanguardia de las luchas contra los gobiernos. Se hace referencia a la “marea verde” argentina por el aborto legal, a las mujeres árabes y su lucha contra la represión y a las miles de denuncias de abusos generadas por el #MeToo (Yo También) en Estados Unidos y Europa. La ola feminista que recorre el planeta tiene como protagonistas a las mujeres que salen a las calles a reclamar el fin de las violencias machistas, los femicidios, los abusos y las violaciones.

Sin dudas, las mujeres estamos haciendo historia en el mundo y en la Argentina. Este año, se logró imponer en el país del papa Francisco que se debata el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nos enfrentamos al gobierno de Macri y a todos los partidos patronales que estuvieron y están en contra de nuestro derecho a decidir. Un millón de personas nos movilizamos durante las vigilias del 13J y el 8A para #QueSeaLey. Se hicieron pañuelazos en las escuelas exigiendo la aplicación de la educación sexual laica, científica y con perspectiva de género. Al calor de estas luchas se coló el reclamo por la separación de la Iglesia del Estado, luego del rol nefasto que jugaron la reaccionaria Iglesia Católica y demás sectores antiderechos. Se puso en debate su financiamiento y se hicieron miles de apostasías colectivas en todo el país.

Este año también la marea verde llegó a Trelew, al Encuentro Nacional de Mujeres más austral en estos 33 años. Decenas de miles lograron imponer que la próxima sede sea en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Y a dos años del femicidio de Lucía Pérez, por quien hicimos el primer paro de mujeres, miles marchamos a Plaza de Mayo contra la justicia patriarcal que dejó impunes a sus violadores y femicidas. Con Isadora estuvimos presentes en todas estas luchas. Te invitamos a que te sumes a nuestra organización para fortalecer estas peleas. Sigamos en las calles hasta conquistar todos nuestros derechos.

Escribe Malena Zetnik

Ante el fallo misógino en el juicio por el femicidio de Lucía Pérez, el movimiento de mujeres prepara acciones de repudio contra la impunidad de los responsables y contra la justicia patriarcal.

Lucía Pérez tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016 fue drogada, violada y asesinada por Matías Farías y Pablo Offidani en la zona de la playa La Serena, en Mar del Plata. Luego de su femicidio, su cuerpo fue lavado por los victimarios y tirado con ayuda de Alejandro Maciel en la puerta del hospital de la zona. La aberrante noticia del caso suscitó indignación social y miles de mujeres en la Argentina realizaron el primer paro con una gran movilización el 19 de octubre de ese año. En el Estado Español, Chile, México y en otros países, las mujeres también se movilizaron ese día para reclamar justicia y exigir que se cumpla con el #NiUnaMenos #VivasNosQueremos, bandera de la lucha del movimiento de mujeres a nivel mundial. Pero a dos años, la justicia patriarcal marplatense pretende dejar impune el caso.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata, conformado por Pablo Javier Viñas, Juan Facundo Gómez Urso y Aldo Daniel Carnevale, planteó en su fallo del pasado 26 de noviembre que Farías y Offidani solo eran culpables de tenencia y tráfico de estupefacientes y los condenó a ocho años de prisión. Mientras que absolvió a Alejandro Maciel. Pero lo repudiable no solo es la impunidad para los femicidas, que además son hijos del poder local, sino también los argumentos misóginos en los que se basa el fallo.

El tribunal justifica que tres hombres adultos que le vendían drogas a una adolescente menor de edad y mantuvieron relaciones sexuales seguidas de su muerte no tienen ninguna responsabilidad en el hecho, basándose en la conducta sexual de la víctima derivada de mensajes de su celular. El fallo concluye que “de los chats analizados surge claramente que sus vivencias en ese sentido alejan por completo la posibilidad de que hubiera sido sometida sin su voluntad”. Asimismo, absuelve a los victimarios a partir de apreciaciones en las que indican que como Farías “compró facturas y una Cindor” a la joven “estas actitudes no son las asumidas habitualmente por las personas con intención de cometer un hecho tan aberrante”.

Lamentablemente, este tipo de afirmaciones, que reniegan de todos los estudios sobre las características de la violencia sexual y que responsabilizan a la víctima no son nada nuevo ni en la Argentina ni en el mundo. Basta recordar en el Estado Español el fallo que garantizó la impunidad de un grupo de amigos autodenominado “La manada” que cometió una violación colectiva de una joven durante las fiestas de San Fermín. El fallo se basa en que la joven “no se defendió lo suficiente” como para probar que había sido violada.

Ni olvido ni perdón a los femicidas violadores

Este tipo de fallos busca legitimar la cultura de la violación con la culpabilización de la víctima por su propia muerte y la naturalización de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Pero frente a ello, volvieron a salir a la calle y el pasado 27 de noviembre más de 600 mujeres independientes y de diferentes organizaciones se autoconvocaron en la plaza de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires para realizar una asamblea. Surgieron repudios al fallo en redes sociales y en diferentes espacios públicos. En los próximos días se convocará a un nuevo paro de mujeres y movilización para exigir justicia por Lucía Pérez. No vamos a permitir que esta vez sea la justicia patriarcal la que vuelva a asesinarla con su misógino fallo. Por eso desde Isadora Mujeres en Lucha reclamamos cárcel ya para Farías, Offidani y Maciel por femicidas. ¡Abajo el tribunal misógino! ¡Presupuesto ya para la prevención de las violencias de género! El gobierno y la Justicia son responsables.