El caso de Lucía no es único. En Tucumán, provincia declarada por Manzur como “provida”, hay muchas más Lucías que hoy no están siendo tapa ni noticia de ningún medio de comunicación. Por ejemplo, otra niña de 12 años ingresó unas semanas antes que Lucía al sistema público de salud, proveniente de un contexto similar de marginalidad. Igual que a Lucía, la criaba su abuela porque para su madre era imposible mantenerla. Allí la niña fue violada por su tío y quedó embarazada.

El Estado solo está para forzar a estas niñas a ser madres y perpetuar el círculo de exclusión y miseria. Seguimos gritando #NiñasNoMadres.

Corresponsal

En los últimos días comenzaron a hacerse públicas las propuestas de reforma del
Código Penal impulsadas por el gobierno de Macri y que fueron enviadas al Congreso. Una vez más intentan avanzar sobre los derechos de las mujeres. Tiremos abajo este proyecto con nuestra movilización.

Escribe Mercedes Trimarchi Diputada provincial electa Izquierda Socialista/FIT

A poco más de un año del inicio de la marea verde que instaló con fuerza en todo el país el debate por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el gobierno de Macri intenta cerrar la discusión con una propuesta de reforma del Código Penal a la que presentan como “despenalizadora” pero que, en realidad, sigue avanzando sobre los derechos de las mujeres y mantiene la clandestinidad del aborto.

El proyecto, elaborado por Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la comisión, reafirma que el aborto seguiría siendo considerado un delito según los artículos 86 y 88 del nuevo código.

En cuanto al artículo 86, en donde se refiere al caso de los abortos no punibles, el proyecto no incorpora los avances del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2013 discriminó las causales para el acceso a la interrupción legal del embarazo: violación y peligro de la vida o la salud integral de la mujer. Tampoco refiere al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo de 2015 que adhiere a la definición de salud integral de la Organización Mundial de la Salud. Por el contrario, la modificatoria restringe el concepto de salud a la salud física y mental.

A su vez, en el artículo 88 se reafirma la penalización de la mujer que causara su propio aborto y se deja a la voluntad del juez la eximición de la pena según lo que él mismo considere. De esta manera, se le otorga un poder supremo sobre la vida de las mujeres que, además de tener que acceder al aborto en una situación de total clandestinidad, dependerán de un sistema de justicia fuertemente patriarcal como ya lo hemos visto en los casos en que las niñas son obligadas a parir o en donde las mujeres con abortos espontáneos son enviadas a prisión, como fue el caso de Belén en Tucumán.

Otro aspecto a rechazar es que el proyecto impone penas e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a prisión, a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que “abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”, según la nueva redacción del artículo 85, en otro avance para que las mujeres y personas gestantes continúen en la clandestinidad y totalmente solas.

Y finalmente resulta totalmente repudiable la propuesta de que se incorpore como delito a la lesión a la persona por nacer (artículos 95, 96 y 97), en su forma dolosa (con intención) y culposa (sin intención), lo cual le otorga un nuevo estatus jurídico al feto como si fuera un ente ajeno al cuerpo de la persona gestante e incluso lo equipara a una persona ya nacida, tal como lo reclaman los sectores antiderechos. En este punto se intenta retroceder respecto de los avances del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia del año 2013 y del fallo Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Que el derecho al aborto sea ley

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y el conjunto de las organizaciones feministas enseguida salimos a repudiar este proyecto. A pocas semanas de una nueva presentación en el Congreso del proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo, está claro que el gobierno y la Iglesia pretenden frenar esta lucha con un nuevo engaño. Por eso es importante tener claro que sin legalización del aborto voluntario garantizado por el sistema de salud de manera gratuita no vamos a terminar con las muertes, la clandestinización y la persecución de las niñas, mujeres y personas gestantes que deciden abortar. No es momento para cerrar el debate ni mucho menos para bajar nuestros pañuelos como nos propone el kirchnerismo. Aprovechemos la fuerza de la marea verde y seamos millones apoyando el nuevo proyecto de la Campaña. No dejemos las calles hasta que el aborto sea ley.

Paola, junto con su hija Milagros, venían siendo víctimas de todo tipo de violencia por parte de su pareja. Ya habían realizado numerosas denuncias, pero nunca fueron tenidas en cuenta. Esta situación desencadenó el hecho en que, defendiéndose del agresor, terminaron dándole muerte. Debido a ello, ambas fueron detenidas.

Inmediatamente se generó una autoconvocatoria de familiares, amigos, vecinos y de las organizaciones feministas en la puerta de la fiscalía para pedir su libertad.

Desde el movimiento de mujeres y los abogados denunciamos que este no es un caso aislado, sino que se repite para miles de mujeres que recurren cotidianamente a la justicia y no reciben ningún tipo de respuesta. Como lo relataba su abogado: “Lo que le pasó a Milagros y Paola no se suscribe en ese domicilio, les pasó también en el despacho del juzgado al que nunca llegaron, en los mostradores de las comisarías, los juzgados de paz’’, alegando a que no solo se toparon con la violencia en su hogar sino que también tuvieron que enfrentarlo en la Justicia claramente machista y patriarcal. Ellas habían realizado casi una decena de denuncias y jamás se les dio respuesta.

El juez estuvo de acuerdo con excarcelarlas luego de que el abogado de las víctimas planteara el contexto de violencia de género en el que vivían las mujeres. Sin embargo, la fiscal apeló asegurando que todas esas denuncias (algunas realizadas en su propia fiscalía) “no reflejan la gravedad que dicen las imputadas vivían desde hace años”. El repudio fue instantáneo y las concentraciones en la fiscalía de Malvinas primero, y luego en la de San Martín, lograron finalmente imponer la excarcelación.

Nos preguntamos dónde está la efectivización del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (ley 26.485) al que el gobierno no solamente no financia, sino que en el presupuesto 2019 redujo su partida, mientras destina miles de millones de dólares al pago de la deuda externa.

El gobierno es responsable. Sigue muriendo una mujer cada 18 horas a causa de violencia de género. Desde Isadora e Izquierda Socialista acompañamos a la familia de Paola y Milagros, y llamamos a todo el movimiento de mujeres a organizarnos para realizar una gran campaña nacional para que se conozca el caso de Paola, y por su absolución total. Solo la organización y la movilización presionarán a la Justicia para que no las condenen por homicidio. Exigimos también la inmediata declaración de emergencia en violencia de género y presupuesto para la ley 26.485.
Escribe: Agustina R.

Escribe Malena Zetnik

Todo el equipo de redactoras de la revista “Mujer, Iglesia y Mundo” (Donne Chiesa Mondo) un suplemento mensual del diario L’Osservatore del Vaticano, renunció a sus cargos en rechazo al cambio de la dirección del periódico. Lucetta Scaraffia, ex directora del suplemento, le escribió una carta al papa Francisco explicando el porqué de su renuncia junto a otras diez periodistas. En la misma se detalla que el motivo por el cual dejan el puesto se debe a la falta de confianza y a la deslegitimación que vienen sufriendo desde diciembre pasado, cuando se designó al nuevo director del diario.

La revista publicó en febrero un informe sobre las monjas que fueron abusadas por miembros del clero, algunas de ellas obligadas a abortar o a parir un hijo no reconocido. A su vez, el año pasado había denunciado la explotación que sufren algunas religiosas que trabajan para obispos y cardenales, quienes reciben un trato servil. Sobre los abusos denunciados, Scaraffia señaló que “no fuimos nosotras quienes hablamos primero, como tal vez hubiéramos debido. No quisimos callarnos más: hubiera sido herida de modo grave la confianza que tantas mujeres habían depositado en nosotras”, disculpándose sobre por qué no habían denunciado antes los casos de abusos.

Esta renuncia masiva es sintomática y parte de la crisis de la Iglesia Católica y del Vaticano. Una institución reaccionaria, misógina y pilar fundamental del capitalismo patriarcal que está perdiendo fieles, prestigio y poder en todo el mundo. Por eso, desde Isadora e Izquierda Socialista seguimos exigiendo la separación inmediata de la Iglesia del Estado.

Después de los debates y las grandes movilizaciones de la marea verde por el aborto legal, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto elaboró un nuevo proyecto de ley que se presentará próximamente en el Congreso. Aunque muchos sectores intentan que el debate quede de lado, la lucha no cesará hasta que el aborto sea ley.

Escribe Malena Zetnik

El fin de semana del 16 y 17 de marzo, en una plenaria que se realizó en la provincia de Córdoba y en la que participaron 190 compañeras y compañeros de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se acordó el articulado del nuevo proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En él se establece que las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar podrán interrumpir un embarazo de manera voluntaria hasta la semana 14 de la gestación en los tres subsectores del sistema de salud (público, de seguridad social y privado), de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos y con una cobertura de 100% en obras sociales, mutuales o prepagas. Además, el proyecto propone que la práctica sea incluida en el Plan Médico Obligatorio.

Para las interrupciones que superen el plazo de las catorce semanas de gestación, el proyecto prevé que la persona gestante pueda solicitar la interrupción legal del embarazo en caso de violación, o si corren riesgo su vida o su salud integral, ésta entendida como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Asimismo, se incorporaron artículos en los que se refuerza la reclamada implementación de la educación sexual integral y el acceso a la anticoncepción gratuita.

Frente a los constantes ataques de los sectores fundamentalistas y antiderechos que actualmente obstaculizan -incluso en los casos de niñas violadas- el derecho a la interrupción legal del embarazo que ya está vigente, el proyecto de ley prevé sanciones para quienes busquen coartar el ejercicio de este derecho en el ámbito de las instituciones sanitarias, desde directores hasta el personal de salud y administrativo. Al mismo tiempo, el proyecto despenaliza totalmente a las personas que deciden abortar fuera de los plazos y causales, y no incluye a la objeción de conciencia, ya que considera al aborto como una práctica de salud y como un derecho, cuyo ejercicio no puede negarse ni vulnerarse por creencias personales, religiosas o morales.

Volvamos a impulsar la marea verde para que el aborto sea ley

El próximo mes de abril volverá a presentarse el proyecto en el Congreso con muchas mejoras surgidas del debate de 2018. Sin embargo, será una tarea del movimiento feminista lograr que vuelva a debatirse y, de una vez por todas, aprobarse. En el marco de las elecciones nacionales y provinciales, el conjunto de los partidos patronales está decidido a que no se discuta y, mucho menos, a que se vote. Desde PRO, pasando por la UCR hasta el kirchnerismo y las demás variantes del PJ, todos tienen diputados, senadores y nuevos candidatos que se oponen al derecho al aborto y no quieren pagar el costo político de presentarse como antiderechos frente a las millones de personas que se han movilizado por su legalización durante todo 2018. Solo el Frente de Izquierda es la única fuerza política que no solo mantiene unánime su posición a favor de la legalización del aborto, sino que ha llevado esta demanda desde siempre en su programa.

Por eso, hoy más que nunca, necesitaremos la fuerza de la movilización en las calles, independiente de los partidos patronales, para imponer el debate en el Congreso. Al grito de exigir la separación de la Iglesia y el Estado, denunciamos a quienes priorizan las alianzas con el Vaticano antes que la vida de las niñas y las mujeres que mueren o son obligadas a ser madres. Sigamos en las calles hasta que el aborto sea ley.