Escribe Malena Zetnik
El pasado 1° de febrero un editorial del diario La Nación titulado “Niñas madres con mayúsculas”, que hizo énfasis en el supuesto “instinto materno” que tendrían las niñas de 11, 12 o 13 años embarazadas, despertó un repudio generalizado. En medio de su cruzada contra la marea verde y el derecho a decidir no es casualidad que este diario, históricamente vocero de la rancia Iglesia Católica y de los genocidas, no dijera una sola palabra sobre las violaciones que sufren las niñas que quedan embarazadas en esas edades. En cambio, pretendieron embellecer la situación al defender la revictimización y tortura de niñas como la pequeña jujeña de 12 años obligada a parir, a la que se le negó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Resultaron tan aberrantes las palabras de la nota que organismos internacionales como Unicef salieron a repudiarla. Y hasta los propios trabajadores del diario hicieron público un furibundo rechazo a la línea editorial, incluso en el difícil momento que atraviesan, con setenta trabajadores despedidos de su planta de impresión. Que quede bien claro: la maternidad en la infancia no es por instinto, es por violación.
Escribe Malena Zetnik
El caso de la niña jujeña de 12 años violada y obligada a realizarse una cesárea demuestra el rol aberrante del gobierno patriarcal y la Iglesia a quienes no les importa ninguna vida. Frente a esta violencia se vuelve más necesaria que nunca la pelea por la legalización del aborto.
El pasado 18 de enero se llevó adelante la cesárea a la niña de 12 años que fue violada por un hombre de 60 años en San Pedro, Jujuy. Esta medida fue festejada por el gobierno de Morales y sus funcionarios, especialmente el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, como un logro en el que supuestamente se cumplió con el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), al mismo tiempo en que se “salvaron las dos vidas”. Sin embargo, este hecho solo puede calificarse como el eslabón final de una cadena de aberrante vulneración de derechos a esta niña impulsada por la Iglesia y los funcionarios del gobierno de Jujuy a quienes poco les importan los derechos de las mujeres y, mucho menos, de esta pequeña.
En primer lugar, la niña fue violada por un vecino que la amenazó de muerte. Al contarle a su madre y ser llevada al centro de salud, no se cumplió el protocolo requerido en los casos de violación para prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual. Semanas después, cuando la joven se presentó en el hospital Materno Infantil por un fuerte dolor, los mismos profesionales de la salud objetores de conciencia dilataron los tiempos para informar la situación y, sobre todo, se negaron a garantizar la ILE en los plazos perentorios. Es más, torturaron a la niña haciéndola esperar con el argumento de que debía “madurar al feto” y lograr que siga con vida fuera del saco gestacional.
Con el accionar de los grupos antiderechos que violaron también el derecho a la intimidad de la niña acosándola y haciendo público el caso, los tiempos se aplazaron más y en el hospital argumentaron que se garantizaría el derecho de la niña al ILE mediante una cesárea. No obstante, cabe mencionar que la cesárea no está contemplada entre los métodos de interrupción del embarazo de la Organización Mundial de la Salud, y no es lo que la niña y su madre habían solicitado. Este mecanismo dilatorio y tortuoso al que se la expuso no es nuevo. Se repite en todo el país, tal como pasó en Chaco en noviembre pasado, en donde otra niña de 13 años desnutrida, falleció luego de haber sido forzada a parir. Por eso, además del nefasto rol de la Iglesia Católica, denunciamos como responsables de esta violación de derechos al propio gobernador Gerardo Morales y al ministro de salud por negar el derecho de la niña y poner en riesgo su Salud.
Hoy más que nunca señalamos la importancia de la legalización del aborto para que dejen de ser las mujeres y niñas pobres las que sean obligadas a parir o a morir por abortos clandestinos. Por eso seguimos en las calles, en ese sentido nos movilizamos a la casa de Jujuy en CABA junto con organizaciones feministas y de izquierda para repudiar al gobernador Morales y a su ministro de Salud. También reclamamos cárcel ya a todos los violadores. Basta de abuso sexual en las infancias. Inmediata educación sexual integral y separación efectiva de la Iglesia y el Estado. #NiñasNoMadres #InfanciasLibresDeViolenciaMachista.
Este 2019 comenzó con el femicidio de Celeste Castillo, de 25 años, en Santiago del Estero en manos de su pareja, un policía, quien se suicidó luego de matarla. Siguió con el femicidio de Valeria Juárez ,de 32 años, en Chaco, asesinada por su propio padre quien también se suicidó. Pero la triste lista sigue: Daiana Moyano, Joselin Mamani, Gisel Varela, Agustina Imvinkelried, Danisa Canale, Romina Ugarte y Carla Soggiu también fueron víctimas de sus parejas, ex parejas, familiares o varones que simplemente las consideraban de su propiedad al punto de decidir violarlas, golpearlas y/o directamente asesinarlas por el hecho de ser mujeres.
Una vez más debemos decir que por más aberrantes que sean estos crímenes, los femicidas no son personas con problemas de salud mental o “locos”, como suele tildárselos, sino claros exponentes de una sociedad patriarcal que insiste en cosificar el cuerpo y la vida de las mujeres y de las personas con identidades disidentes al extremo de decidir sobre la vida o la muerte. Y a pesar de las grandes movilizaciones que vienen desarrollando las mujeres al grito del #NiUnaMenos, el apoyo que cuentan de parte de la Justicia patriarcal les garantiza en gran medida que estos casos se sigan repitiendo con total impunidad. Por eso de los 259 femicidios ocurridos en el país en 2018, muy pocos cuentan con condenas a los femicidas y, en muchos casos, incluso siquiera con investigaciones sobre las causas.
Pero no se trata solo de la Justicia. El hecho de que el 20 por ciento de los femicidas sean miembros de las fuerzas de seguridad da cuenta del rol nefasto de las fuerzas represivas del Estado también en los casos de violencia de género. Son ellos quienes deben recibir las denuncias de violencia de género e, incluso, garantizar las medidas de protección de las mujeres como en los casos de restricción perimetral. Pero hacen todo lo contrario revictimizando a las mujeres y hasta garantizando la impunidad en el manejo de las escenas del crimen. Y todo esto se da con el aval de los gobiernos de turno, desde el nacional de Mauricio Macri, hasta cada uno de los gobiernos provinciales y municipales que se sacaron fotos en apoyo al #NiUnaMenos pero solo han avanzado en la reducción de los programas y los presupuestos para la atención de las mujeres en situación de violencia. Sin ir más lejos, del flamante Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, anunciado en 2017, no hay noticias de avances. Y en el presupuesto 2019 solo se han aprobado $11,36 por cada mujer para las políticas de género. Por eso decimos que los gobiernos, la Justicia y la policía también son responsables de los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. Ellos nos prefieren con miedo y sumisas para poder garantizar nuestra superexplotación.
Para terminar con los femicidios llamamos a todas a seguir en las calles movilizándonos contra la impunidad de violadores, violentos y femicidas. Reclamamos plata para el cumplimiento de la ley 26.485, de erradicación de todas las formas de violencias contra las mujeres y no para la deuda externa. Hagamos realidad el grito de #NiUnaMenos. Los gobiernos son responsables.
Escribe Mercedes Trimarchi, Dirigente de Isadora y diputada provincial electa por Izquierda Socialista/FIT
El 11 de diciembre la organización Actrices Argentinas que nuclea a más de 500 trabajadoras de teatro, cine y televisión convocó a una conferencia de prensa en la que se hizo público un secreto a voces en el medio. La actriz Thelma Fardín relató en vivo que en el año 2009, cuando ella tenía 16 años y se encontraba de gira en Nicaragua, fue violada por el actor Juan Darthés, que por entonces tenía 45 años y era el adulto responsable del grupo. La gira se dio en el marco del éxito que fue la tira “Patito feo” producida por Ideas del Sur y distribuida por Televisa.
La actriz, gracias al apoyo de sus compañeras, pudo relatar la cruda experiencia e informó que ya hizo la denuncia correspondiente en Nicaragua. Señaló que se animó a contarlo luego de muchos años, tras la denuncia pública sobre el actor que hicieron otras actrices por acoso, como la de Calu Rivero. Con el acompañamiento de la organización de las actrices que se consolidó durante este año al calor de la lucha por la legalización del aborto, Fardín pudo hacer la denuncia penal y participar de la conferencia de prensa en la que se mostró el video en el que ella misma relata cómo sucedieron los hechos.
En nuestro país, como antes sucedió en Estados Unidos con el #MeToo (Yo También), las actrices ponen en palabras lo que es una práctica patriarcal naturalizada: el sometimiento a todo tipo de situaciones de abuso, acoso y hasta violación que sufren las trabajadoras de la cultura por parte de productores, directores y hasta de quienes debían ser sus colegas actores varones.
La carta de Actrices Argentinas lo dice muy claramente: “El precio que nos ha sido impuesto a la hora de desarrollarnos profesionalmente ha sido el de callar y someternos. Según una encuesta reciente de SAGAI, el 66 por ciento de les intérpretes afirmó haber sido víctima de algún tipo de acoso y/o abuso sexual en el ejercicio de la profesión. Se parece más a una norma que a una excepción. Porque, ¿a quién vamos a denunciar? ¿Al jefe de casting? ¿Al dueño de la productora? ¿Al director de la obra o película? ¿Al maestro de teatro? Es sabido que éste es un fenómeno que ha sacudido internacionalmente a la industria del espectáculo y es funcional a ella. Hoy decimos Basta. Escúchennos: el tiempo de la impunidad para los abusadores debe terminar.
Las actrices somos ignoradas al denunciar y exponer los abusos. Se duda sistemáticamente de nuestras voces, de nuestros testimonios. En nuestro ámbito laboral se nos aísla frente a vivencias traumáticas que están naturalizadas, que llevan a veces años identificar y poner en palabras. Mientras tanto, el abusador habla, actúa y trabaja con total impunidad y pretende hacer a la víctima responsable de su propio abuso.
En nuestro medio, la opresión y cosificación son moneda corriente. Se erotiza y sobreexpone a niñes y adolescentes en la industria del entretenimiento. Estamos casi siempre desprotegidas por quienes nos contratan. Por ejemplo, se envía a menores de edad de gira sin tutelaje suficiente y adecuado. En nuestro medio no hay protocolos de acción frente a casos de abuso, y la lista podría seguir, es inmensa.
Necesitamos herramientas para enfrentar estas cuestiones que además se ven agudizadas por la precariedad laboral y la falta de trabajo. Contra todas esas formas de violencia y para que esto cambie, nos ponemos a trabajar desde hoy para dar esa batalla”.
Con el lema #MiráCómoNosPonemos, las actrices convocaron a enfrentar colectivamente las situaciones de violencia sexual. De hecho, el hashtag surge parafraseando al propio Darthés, quien le dijo a la víctima “mirá cómo me pones”, obligándola a tocarle la erección. De esta manera, el victimario la responsabiliza a ella, como parte de la cultura de la violación, que lo que hace es poner a las mujeres como “responsables” de las violaciones y, a la vez, naturaliza y legitima que su lugar es el de objetos sexuales para consumo del varón.
La denuncia colectiva de las actrices fue un acontecimiento sin precedentes que nunca se había dado en el medio artístico argentino. Esta demuestra, una vez más, que estamos en tiempos de una nueva oleada de luchas del movimiento de mujeres que va contra la violencia machista, que reclama el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y en la que se rompe el silencio. Desde Isadora e Izquierda Socialista nos solidarizamos con Thelma Fardín y junto al movimiento de mujeres decimos basta de maltratos, abusos y violaciones.
Escribe Malena Zetkin
Belén Alicia Decuzzi, de 20 años, fue hallada desnuda y sin vida junto a Vela Balazar, su novio y femicida. Andrea Gabriela López, de 44 y madre de tres hijos, fue asesinada por su pareja y su cuerpo sin vida arrojado a un volquete de basura.
Estos casos no son aislados. Se suman a los 225 femicidios cometidos en 2018 sólo hasta el 31 de octubre, uno cada 32 horas, 29 femicidios vinculados y más de 250 niños y niñas que quedaron sin la protección de sus madres.
El hecho de que estos números se mantengan en cifras similares a lo largo de los años muestra la inexistencia real de políticas para la prevención de las violencias de género y el acompañamiento a las víctimas denunciantes. La Justicia patriarcal, que no condenó por femicidio a los asesinos y violadores de Lucía Pérez, es la misma que no actuó frente a las denuncias previas de Andrea Graciela López. El gobierno nacional y los provinciales, que desmantelan los programa de atención de las violencias de género y despiden a sus trabajadoras, son los responsables de estas muertes. Ellos eligen defender femicidas y violadores y pagarle al FMI una multimillonaria cifra de deuda externa antes de garantizar el presupuesto y las medidas efectivas para que las mujeres puedan acceder al derecho a una vida sin violencia.
Desde hace años, el movimiento de mujeres en las calles dejó bien claro la brutalidad que vivimos cotidianamente por el simple hecho de serlo. Desde los acosos callejeros o en el trabajo, los abusos, las violaciones, la violencia doméstica, el obstáculo al derecho al aborto hasta la desigualdad salarial, múltiples son las medidas denunciadas y a las que las instituciones estatales dicen repudiar. Pero también está bien claro que son ellos los que nos prefieren sumisas para dominarnos y explotarnos más. Por eso, tal como lo hicimos miles y miles de mujeres el pasado 3 de diciembre en todo el país reclamando justicia por Lucía Pérez, cárcel a los femicidas y expulsión de los jueces misóginos, no podemos abandonar las calles. Solo de nuestra organización depende que podamos lograr el #VivasNosQueremos.