Escribe Malena Zetnik

A casi un mes de la elaboración final del nuevo proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito resulta una importante pelea lograr presentar nuevamente la propuesta en la Cámara de Diputados. Oficialistas de Cambiemos y “opositores” del PJ y el kirchnerismo están intentando dilatar la presentación y correr el debate por la legalización del aborto del centro de la escena en este año electoral.

Millones de personas se movilizaron por el aborto legal en la marea verde de 2018 que irradió a casi todos los países de Latinoamérica y muchas otras regiones del mundo. Y aunque se perdió la batalla del Senado, que  rechazó el proyecto, lo cierto es que se ganó la pelea en las calles y en la sociedad. Por eso este año, el 8 de marzo y en todas las movilizaciones que se dieron en lo que va del año, fueron cientos de miles las que siguieron portando el pañuelo verde y la demanda por el aborto legal sigue siendo una de las más importantes del movimiento feminista. Sin embargo, lejos de escuchar este reclamo, diputadas y diputados de todos los bloques patronales están decididos a no enfrentarse a las iglesias para lograr su apoyo en la campaña electoral a costa de los derechos de las mujeres.

El Frente de Izquierda es la única fuerza que lleva el derecho al aborto en su programa, en las calles y en el Parlamento. Nuestra compañera Mónica Schlotthauer, ferroviaria del Sarmiento que asumió la banca por la rotación del FIT, en el discurso de jura lo hizo con el pañuelo verde y por el aborto legal. El resto de las fuerzas solo lo levanta si le resulta conveniente y por presión del movimiento de mujeres, como lo vimos el año pasado. Por eso hoy Macri llama a cerrar la discusión con la propuesta de reforma del Código Penal que pretende modificar parcialmente los artículos de aborto no punible sin dar una salida de fondo al aborto clandestino que se cobra la vida de cientos de mujeres pobres al año. Mientras, el kirchnerismo y el PJ llaman a conformar un frente “anti-Macri” en unidad con los antiderechos de los pañuelos celestes.

Resulta fundamental en este marco redoblar la fuerza y organizar una gran jornada de lucha nacional para la próxima presentación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Que se presente y se discuta el proyecto ahora. No hay tiempo que perder. Somos millones y nuestra fuerza nos tiene que llevar a arrancar nuestros derechos.

Escribe Meli Sawsky

A pesar de ser una provincia “celeste” y de no haber adherido al Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), una niña de 11 años violada y embarazada por su padrastro pudo ser escuchada y acceder a su derecho.

La historia trascendió cuando la nena se sintió mal en la escuela y, al atenderla en una salita médica, se advirtió el embarazo. Fue la maestra quien la acompañó e hizo la denuncia. Actualmente el padrastro y la madre están presos. Los profesionales de la salud que garantizaron el derecho se ampararon en el Código Penal que existe desde 1921 y que dice que el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación.

Aunque nos llame la atención, lo que pasó en San Juan es que esta vez se logró la ILE. El movimiento feminista y de mujeres estuvo en estado de alerta permanente para garantizar que se cumpla la ley. Seguimos exigiendo una educación sexual laica, científica y con perspectiva de género.

El caso de Lucía no es único. En Tucumán, provincia declarada por Manzur como “provida”, hay muchas más Lucías que hoy no están siendo tapa ni noticia de ningún medio de comunicación. Por ejemplo, otra niña de 12 años ingresó unas semanas antes que Lucía al sistema público de salud, proveniente de un contexto similar de marginalidad. Igual que a Lucía, la criaba su abuela porque para su madre era imposible mantenerla. Allí la niña fue violada por su tío y quedó embarazada.

El Estado solo está para forzar a estas niñas a ser madres y perpetuar el círculo de exclusión y miseria. Seguimos gritando #NiñasNoMadres.

Corresponsal

En los últimos días comenzaron a hacerse públicas las propuestas de reforma del
Código Penal impulsadas por el gobierno de Macri y que fueron enviadas al Congreso. Una vez más intentan avanzar sobre los derechos de las mujeres. Tiremos abajo este proyecto con nuestra movilización.

Escribe Mercedes Trimarchi Diputada provincial electa Izquierda Socialista/FIT

A poco más de un año del inicio de la marea verde que instaló con fuerza en todo el país el debate por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el gobierno de Macri intenta cerrar la discusión con una propuesta de reforma del Código Penal a la que presentan como “despenalizadora” pero que, en realidad, sigue avanzando sobre los derechos de las mujeres y mantiene la clandestinidad del aborto.

El proyecto, elaborado por Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la comisión, reafirma que el aborto seguiría siendo considerado un delito según los artículos 86 y 88 del nuevo código.

En cuanto al artículo 86, en donde se refiere al caso de los abortos no punibles, el proyecto no incorpora los avances del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2013 discriminó las causales para el acceso a la interrupción legal del embarazo: violación y peligro de la vida o la salud integral de la mujer. Tampoco refiere al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo de 2015 que adhiere a la definición de salud integral de la Organización Mundial de la Salud. Por el contrario, la modificatoria restringe el concepto de salud a la salud física y mental.

A su vez, en el artículo 88 se reafirma la penalización de la mujer que causara su propio aborto y se deja a la voluntad del juez la eximición de la pena según lo que él mismo considere. De esta manera, se le otorga un poder supremo sobre la vida de las mujeres que, además de tener que acceder al aborto en una situación de total clandestinidad, dependerán de un sistema de justicia fuertemente patriarcal como ya lo hemos visto en los casos en que las niñas son obligadas a parir o en donde las mujeres con abortos espontáneos son enviadas a prisión, como fue el caso de Belén en Tucumán.

Otro aspecto a rechazar es que el proyecto impone penas e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a prisión, a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que “abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”, según la nueva redacción del artículo 85, en otro avance para que las mujeres y personas gestantes continúen en la clandestinidad y totalmente solas.

Y finalmente resulta totalmente repudiable la propuesta de que se incorpore como delito a la lesión a la persona por nacer (artículos 95, 96 y 97), en su forma dolosa (con intención) y culposa (sin intención), lo cual le otorga un nuevo estatus jurídico al feto como si fuera un ente ajeno al cuerpo de la persona gestante e incluso lo equipara a una persona ya nacida, tal como lo reclaman los sectores antiderechos. En este punto se intenta retroceder respecto de los avances del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia del año 2013 y del fallo Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Que el derecho al aborto sea ley

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y el conjunto de las organizaciones feministas enseguida salimos a repudiar este proyecto. A pocas semanas de una nueva presentación en el Congreso del proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo, está claro que el gobierno y la Iglesia pretenden frenar esta lucha con un nuevo engaño. Por eso es importante tener claro que sin legalización del aborto voluntario garantizado por el sistema de salud de manera gratuita no vamos a terminar con las muertes, la clandestinización y la persecución de las niñas, mujeres y personas gestantes que deciden abortar. No es momento para cerrar el debate ni mucho menos para bajar nuestros pañuelos como nos propone el kirchnerismo. Aprovechemos la fuerza de la marea verde y seamos millones apoyando el nuevo proyecto de la Campaña. No dejemos las calles hasta que el aborto sea ley.

Paola, junto con su hija Milagros, venían siendo víctimas de todo tipo de violencia por parte de su pareja. Ya habían realizado numerosas denuncias, pero nunca fueron tenidas en cuenta. Esta situación desencadenó el hecho en que, defendiéndose del agresor, terminaron dándole muerte. Debido a ello, ambas fueron detenidas.

Inmediatamente se generó una autoconvocatoria de familiares, amigos, vecinos y de las organizaciones feministas en la puerta de la fiscalía para pedir su libertad.

Desde el movimiento de mujeres y los abogados denunciamos que este no es un caso aislado, sino que se repite para miles de mujeres que recurren cotidianamente a la justicia y no reciben ningún tipo de respuesta. Como lo relataba su abogado: “Lo que le pasó a Milagros y Paola no se suscribe en ese domicilio, les pasó también en el despacho del juzgado al que nunca llegaron, en los mostradores de las comisarías, los juzgados de paz’’, alegando a que no solo se toparon con la violencia en su hogar sino que también tuvieron que enfrentarlo en la Justicia claramente machista y patriarcal. Ellas habían realizado casi una decena de denuncias y jamás se les dio respuesta.

El juez estuvo de acuerdo con excarcelarlas luego de que el abogado de las víctimas planteara el contexto de violencia de género en el que vivían las mujeres. Sin embargo, la fiscal apeló asegurando que todas esas denuncias (algunas realizadas en su propia fiscalía) “no reflejan la gravedad que dicen las imputadas vivían desde hace años”. El repudio fue instantáneo y las concentraciones en la fiscalía de Malvinas primero, y luego en la de San Martín, lograron finalmente imponer la excarcelación.

Nos preguntamos dónde está la efectivización del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (ley 26.485) al que el gobierno no solamente no financia, sino que en el presupuesto 2019 redujo su partida, mientras destina miles de millones de dólares al pago de la deuda externa.

El gobierno es responsable. Sigue muriendo una mujer cada 18 horas a causa de violencia de género. Desde Isadora e Izquierda Socialista acompañamos a la familia de Paola y Milagros, y llamamos a todo el movimiento de mujeres a organizarnos para realizar una gran campaña nacional para que se conozca el caso de Paola, y por su absolución total. Solo la organización y la movilización presionarán a la Justicia para que no las condenen por homicidio. Exigimos también la inmediata declaración de emergencia en violencia de género y presupuesto para la ley 26.485.
Escribe: Agustina R.