Escribe Isadora, mujeres en lucha (Izquierda Socialista + independientes)

Mila Zurbriggen referente juvenil del grupo de derecha “generación libertaria” denunció la existencia de favores sexuales para acceder a cargos jerárquicos dentro del espacio de “La Libertad Avanza” de Milei y Ramiro Marra.

Repudiamos estas prácticas patriarcales que muestren cómo se reproduce la violencia política en el espacio de los libefachos, que venimos denunciando como representantes de la reacción patriarcal.

Milei viene impulsando un discurso de odio contra las mujeres y disidencias. No nos sorprende que lleve adelante este tipo de prácticas repudiables. El espacio de Milei impulsa el ataque a nuestros derechos conquistados como el derecho al aborto obtenido gracias a la movilización de la #MareaVerde y la Educación Sexual Integral.

En un país donde ocurrieron 22 feminicidos y transfemicidios sólo en el mes de enero, Milei niega la violencia de género contra la que venimos luchando en las calles con el #NiUnaMenos y dijo que si fuera presidente eliminaría el Ministerio de  Mujeres géneros y diversidad mostrando el peligro que representan para nosotras y nosotres.

Tenemos que seguir organizades y en las calles para enfrentar los atropellos de los neofacistas que, al mismo tiempo que piden bala para quienes cortan las calles por un plato de comida, quieren a las mujeres encerradas en la casa y a las disidencias dentro del placard.

Escribe Isadora, mujeres en lucha (Izquierda Socialista + independientes)

Hoy 7 de febrero inicia un nuevo juicio por el femicidio de Lucia Perez. Lucía tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016 fue drogada, violada y asesinada por Matías Farías y Pablo Offidani en Mar del Plata. Luego de su femicidio, su cuerpo fue lavado por los victimarios y tirado con ayuda de Alejandro Maciel en la puerta del hospital de la zona. El caso de Lucia suscitó indignación social y miles de mujeres en la Argentina realizaron el primer paro con una gran movilización el 19 de octubre de ese año para reclamar justicia y exigir que se cumpla con el #NiUnaMenos #VivasNosQueremos, bandera de la lucha del movimiento de feminista a nivel mundial.
¿Por qué hay un nuevo juicio? Porque en 2018 tras un fallo basado en argumentos misóginos los tres acusados por el femicidio de Lucia fueron absueltos de los cargos de violación y femicidio y sólo fueron condenados a 8 años de prisión por venta de drogas. Gracias a la pelea de su familia y las organizaciones feministas se inició el Jury (juicio a los jueves) a Gomez Urso y Viñas que absolvieron a los femicidas y violadores y el juicio fue anulado.
Este 7 de febrero vuelven a estar en el banquillo de los acusados: Matías Gabriel Farías y Juan Pablo Offidani. Alejandro Alberto Maciel murió sin ser condenado por el femicidio de Lucia.

Desde Isadora Mujeres en Lucha reclamamos cárcel ya para Farías y Offidani por femicidas.
¡Presupuesto para la prevención de las violencias de género!

El gobierno es responsable.

JUSTICIA POR LUCIA PEREZ!

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda-Unidad

Finalmente se conoció el veredicto condenatorio para las dos acusadas por la muerte del niño pampeano. La madre, Magdalena Espósito Valenti y su pareja, Abigail Paéz fueron declaradas culpables del delito de “homicidio calificado por alevosía y ensañamiento”. Páez, además, fue condenada por abuso sexual gravemente ultrajante. Si bien la pena (años que pasarán en la cárcel) se conocerá en una próxima audiencia el 13 de febrero, la calificación del delito que hizo el tribunal derivará, correctamente, en prisión perpetua para ambas.

El caso no puede dejar de provocar conmoción por los hechos aberrantes que se fueron relatando a lo largo de las diferentes audiencias. En el tiempo que duró el juicio se evidenció que Lucio vivió todo tipo de violencias, maltratos, abusos, aislamientos y golpes que finalmente terminaron con su vida. Un verdadero calvario para un niño que apenas sobrevivió cinco años. Más allá del alivio con el que se vivió la condena, es importante reflexionar acerca de la situación de las niñeces en nuestro país.

La violencia hacia las infancias es moneda corriente. Desde los gobiernos, sean peronistas del Frente de Todos o de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, con su política permanente de exclusión de las infancias y desfinanciación en áreas específicas contra la vulneración de derechos de las niñeces, hasta las propias prácticas violentas de crianza en el ámbito doméstico, hacen que hoy las niñeces se encuentren en un verdadero estado de vulnerabilidad. La Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes (2019-2020) de Unicef Argentina revela que el 59% de chicas y chicos entre 1 y 14 años experimentó prácticas violentas de crianza; el 42%, castigo físico (incluye formas severas, como palizas y golpes con objetos), y el 51,7%, agresión psicológica (como gritos, amenazas, humillaciones). Datos que hacia el 2022 se mantuvieron estables. A su vez, los datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, para el el tercer trimestre de 2022 establece que 8 de cada 10 niñas, niños y adolescentes sufrieron violencia por parte de sus progenitores.

Más allá de los datos, de lo que se trata es de dejar de naturalizar la violencia hacia las infancias para terminar con ella. Esta es una de las tantas tareas que llevamos adelante desde el movimiento feminista. Por eso repudiamos la campaña orquestada por los sectores reaccionarios que arengó frases como “la violencia no tiene género” o “el silencio de las feministas” que puso el foco en que la madre de Lucio y su pareja llevaban el pañuelo verde. Alentando campañas homofóbicas y en contra de la lucha por el derecho a decidir. Como si el hecho de ser lesbianas y pelear por el derecho al aborto tuviera algo que ver con las prácticas aberrantes que provocaron el asesinato del niño pampeano.

La falta de presupuesto es el principal obstáculo para garantizar derechos.

La ley 26.061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes se sancionó en septiembre 2005, y la 26.150 que crea el Programa de educación sexual integral, un año después en octubre de 2006. O sea que ya están al borde de alcanzar la mayoría de edad y sin embargo, seguimos peleando por presupuesto para capacitación y su verdadera implementación. Alertamos que la Ley Lucio próxima a aprobarse en el Senado, se convertirá en papel mojado, si no se le destina presupuesto para ser aplicada y que verdaderamente se capacite a quienes están en la función pública y trabajan con las infancias.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda-Unidad denunciamos al gobierno nacional del Frente de Todos y también a los provinciales (sean peronistas, radicales, kirchneristas y macristas) que vienen sosteniendo una política de recorte presupuestario en áreas tan sensibles para las niñeces como son la salud y la educación. Políticas de ajuste que están al servicio de cumplir con el acuerdo del FMI y pagar la deuda externa. De esta manera se desfinancian políticas públicas y así, llegamos a otra cifra lamentable: la mayoría de las niñas y niños en Argentina se encuentran en situación de pobreza. Si los distintos gobiernos patronales con sus insuficientes “Políticas de Estado” siguen mirando para otro lado, lamentablemente tendremos más casos como el de Lucio en el que ya no quedará más nada por hacer. Por eso, debemos seguir exigiendo el fin de las violencias hacia las infancias y junto a ello, presupuesto para garantizar todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Demandas que solo lograremos con la movilización independiente de los gobiernos patronales que son los responsables de esta grave situación.

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial por Izquierda Socialista/FIT Unidad

En 2022 en Argentina hubo 233 femicidios, de ellos 19 sucedieron en Córdoba. Y comenzamos 2023 con cifras sumamente alarmantes y resonados casos de búsquedas de compañeras que casi siempre culminan en escenarios espantosos e indignantes.

En Córdoba la realidad demuestra que la desinversión es total en cuanto a la atención a las problemáticas que nos afectan a las mujeres y disidencias. Los números son escalofriantes: tres femicidios y transfemicidios en enero, seis en los últimos dos meses: Norma Quiñones, Rocío Lezcano, Sofía Sosa, Valeria Oviedo y Sofía Bravo asesinadas en el interior provincial y Anahí Bulnes, desaparecida desde el 5 de diciembre y cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado pero las investigaciones indican que el asesino sería Santiago Campos Matos, quien se encontraba en libertad a pesar de haber sido denunciado por abuso sexual contra niñeces en 2019.

Mientras tanto el gobierno de Schiaretti levanta anuncios rimbombantes en cuanto a políticas de género inexistentes y sin presupuesto y sostiene, además, como bandera de campaña electoral un Ministerio de la Mujer que es un cascarón vacío: con programas completamente desfinanciados, con la precarización laboral de las trabajadoras a través de becas, contratos y monotributo y con la falta de respuesta integral ante las demandas en todo el territorio provincial.

El gobierno de Hacemos por Córdoba no pone un centavo para la lucha contra la violencia de género porque no es prioridad. Así quedó demostrado en el presupuesto 2023: se destinan, por ejemplo, 79 millones de pesos para refaccionar el Museo de la Mujer, en cambio solo se destina un millón de pesos para la creación de los Punto Mujer del interior provincial, donde se profundiza la violencia y crece el número de femicidios y transfemicidios.

Desde Isadora seguimos denunciando que el Ministerio de la Mujer y el gobierno de Schiaretti son responsables de esta terrible situación. Exigimos presupuesto ya para programas, refugios y toda contención necesaria para las víctimas de violencia de género; basta de precarización laboral a las trabajadoras del Polo de la Mujer. Exigimos justicia por las víctimas de femicidio y cárcel para sus asesinos.
Este 8 de febrero junto a la Asamblea Niunamenos Córdoba, a un mes del 8M, volvemos a las calles al grito de ¡Basta de femicidios y transfemicidios! ¡Los gobiernos son responsables!

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora porteña electa Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
En Argentina se estima que hay veinticinco millones de mujeres y, según el Indec, la mitad se encuentra en situación de pobreza. Cerca de cuatro millones de ellas ni siquiera logran cubrir lo que se necesita para comer, es decir que están bajo la línea de indigencia. Esta realidad por la que transitan millones, lejos está de ser transformada por las políticas del gobierno peronista del Frente de Todos. Es más, al ritmo de la inflación, de los aumentos de tarifas y el ajuste en los programas sociales, se profundizará. El presupuesto 2023 con “perspectiva de género” votado en el Congreso por peronistas, radicales, kirchneristas y de Cambiemos, trae un recorte importante en áreas particularmente sensibles para las mujeres y disidencias como Educación y Salud. Recorte que exigen desde las oficinas de Washington y que el superministro Massa cumple a rajatabla. La letra del acuerdo firmado con el FMI que contrae mayor deuda externa y más ajuste para la clase trabajadora y los sectores populares.  
Veamos algunos números que muestran a las mujeres como jefas de los hogares más humildes y al gobierno como responsable de esta situación. La canasta básica alimentaria que marca la línea de indigencia, actualmente es de 62.105 pesos para una familia de cuatro integrantes. La jubilación mínima (mayoría mujeres) asciende a 60.124 pesos. No alcanza para salir de la indigencia. El Programa Acompañar, destinado a mujeres e integrantes del colectivo LGBTI+ en situación de violencia de género, equivalente a un Salario Mínimo (llegará a 69.500 pesos en marzo de 2023) es solo por seis meses. La Asignación Universal por Hijo (AUH) donde la mayoría de las titulares son mujeres, es de 9.795 pesos. Una verdadera miseria.

Al respecto, nada ha hecho el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (que debería bregar por el bienestar de las mujeres y disidencias) para terminar con las violencias de género, entre las que se encuentra la violencia económica. Hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala en sus declaraciones que la pobreza impacta más gravemente sobre las mujeres. Pero ni antes Elizabeth Gomez Alcorta ni ahora Ayelén Mazzina dan respuesta al aumento de la feminización de la pobreza. Es más, acompañan el recorte de los planes sociales que anuncia de manera rimbombante Victoria Tolosa Paz, al frente de la cartera de Desarrollo Social.

Desafíos del movimiento feminista hacia el 2023

El pasado 25 de noviembre, en el marco de la movilización contra la violencia de género, organizaciones feministas de izquierda e independientes del gobierno denunciamos en Plaza de Mayo la precarización de nuestras vidas, porque el supuesto “fin del patriarcado” anunciado en enero del 2021 por Alberto Fernandez nunca llegó. Lo que continúa son los femicidios, transtravesticidios, las violaciones y la miseria como único destino para las mujeres y disidencias de nuestro país.

Desde Isadora y como parte del Frente de Izquierda Unidad denunciamos las políticas que llevan adelante tanto el gobierno nacional como la oposición patronal de Macri, Bullrich y Larreta. Siguen en su “grieta” por arriba pero para ajustarnos acuerdan en todo. Lo mismo los liberfachos de Millei y Espert que se presentan como distintos pero buscan arrasar con todos nuestros derechos, incluido el derecho al aborto conquistado con la #MareaVerde.

Por eso, hacia el 2023 las mujeres y disidencias debemos seguir por el camino de la movilización independiente del gobierno y de los partidos patronales que avalan el ajuste. Y en el plano político electoral, hay que fortalecer al Frente de Izquierda Unidad  que viene impulsando en el Congreso y en las calles la pelea por cada uno de nuestros derechos con un programa alternativo, feminista y socialista.