Jul 22, 2024 Last Updated 10:12 PM, Jul 22, 2024

Escribe Ivan Blacutt, Izquierda Socialista/FIT-U Jujuy

La policía de Gerardo Morales reprimió violentamente a miembros de la Comunidad de Caspalá que defendían su espacio recreativo, la única cancha que posee la comunidad. La represión con gases lacrimógenos y balas de goma, alcanzó a ancianos, mujeres y niños del pueblo y terminó con 4 detenidos (que fueron dejados en libertad rápidamente).

La cancha de la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá, que fue limpiada y nivelada por sus pobladores, es un lugar que tiene un importante significado en la vida comunitaria de este pueblo, ubicado en departamento de Valle Grande, provincia de Jujuy. La comunidad reclama que el gobierno expropio el lugar sin que mediara consulta, y piden que escuela sea construida en un terreno ya destinado a tales efectos. Pese a esto, el Gobernador Gerardo Morales, y el comisionado municipal Natividad Apaza continúan con la iniciativa, ya han colocado el obrador.

Caspalá fue elegido este año por la Organización Mundial del Turismo como uno de los diez mejores pueblos del mundo, el único de Argentina. Con menos de 500 habitantes, fue elegido por su gran belleza paisajística, cultural milenaria e histórica, es también reconocido por ser  parte del sitio sagrado por donde pasaron los incas con el camino Qapaqñam. Por este motivo sus habitantes denuncian que detrás de este conflicto hay intereses inmobiliarios.

Esta semana destituyeron a una vocal de Caspalá, Rosa Apaza, que se oponía a la polémica obra del gobierno, bajo la acusación "de liderar los reclamos y manifestaciones de los vecinos".

Estos hechos recuerdan la violenta represión en Campo Verde donde los vecinos defendían también su cancha en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Morales en esa oportunidad también recurrió a las fuerzas represivas para desalojar a las familias que cuidaban el lugar y en el acto de inauguración de las obras, se había referido justamente al pueblo de Caspalá como un ejemplo en aceptar la construcción de su escuela, sin embargo tal acuerdo no era cierto.

El Gobernador Gerardo Morales, junto a sus secuaces, usurpa espacios, y se maneja como el dueño de la provincia, donde empieza obras públicas pero difícilmente las termina. Para lograr estos caprichos recurre a la represión, las amenazas y finalmente las sanciones para quienes piensan distinto.

El caso de Caspalá se encuentran enmarcado en un contexto de agravamiento y vulneración de derechos democráticos en toda la provincia. Esta situación se expresa a través de la criminalización de la pobreza, la represión a la protesta social, el uso del Código contravencional, las detenciones arbitrarias, las causas armadas y la proscripción a luchadores sociales, entre tantas otras prácticas represivas. Continúan también las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.

Estos graves hechos, donde no se hizo ninguna consulta o se buscó consentimiento previo e informado, violan el Convenio 169 de la OIT, y no respetan el artículo 75 de la Constitución Nacional a favor de los pueblos indígenas de Argentina. Lamentablemente las respuestas represivas del Gobierno no son una novedad para quienes integran la izquierda, el campo popular y de lucha en Jujuy, y para todos aquellos que de alguna manera se oponen a los designios del Gobernador.  Nos solidarizamos con los vecinos de Caspalá y repudiamos la persecución que están viviendo.

 

Escribe Fernanda Giribone, Izquierda Socialista/FIT-U Jujuy

El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó este viernes a 19 ex militares, ex policías, gendarmes y miembros del Servicio Penitenciario provincial por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La "Megacausa Jujuy" abarcó 16 causas por crímenes de privaciones ilegales de la libertad, homicidios, tormentos y violación sexual agravada. La sentencia dictó 4 penas a prisión perpetua y otras condenas que fueron desde los 5 a 25 años.

El juicio oral, el sexto que se realiza por crímenes de lesa humanidad en jujuy, había iniciado a mediados de 2018 con 23 imputados, y pedía justicia para 120 víctimas (44 desaparecidas). Durante el proceso de cuatro años de audiencias, en el que declararon unos 200 testigos, tres imputados fallecieron: el policía provincial Juan Carlos Vaca, Ramón Herrera y Carlos Alberto Ortiz, del Servicio Penitenciario provincial. Todos con condenas previas por otras causas.

Entre otros delitos, se consideraron acreditados 17 homicidios, seis violaciones sexuales, 169 hechos de privación de la libertad y 126 casos de aplicación de tormentos. Hay que destacar que por primera vez en la provincia, los delitos sexuales y la violencia de género aparecieron diferenciados con el objetivo de que puedan ser considerados y juzgados como tales.

Fueron condenados a prisión perpetua Juan Carlos Jones Tamayo, jefe de la Central de Inteligencia "Área 323" del Ejército; el ex comisario José Américo Lescano y dos ex jefes de seguridad del penal de Villa Gorriti, Ceferino Narváez y Juan Carlos Lucero. Recibieron penas de entre 25 y 20 años de prisión los ex policías provinciales Bernardo Salinas (25 años), Armando Claros (20 años) y Hugo Ruíz (20 años); el ex militar Mariano Braga (24 años), el gendarme Raúl Do Canto (24 años) y los ex agentes penitenciarios de Jujuy Mario Gutiérrez (22 años); Herminio Zárate (21 años) y Orlando Ricardo Ortiz (22 años).

También fueron condenados a 15 años el ex gendarme Carlos Raúl Pérez y Rodolfo Oscar López, de la Policía Federal; a 11 años el ex policía provincial Carlos Cachambe y a penas de entre 8 y 5 años los miembros de la policía provincial Juan de la Cruz Kairuz (5 años), Virgilio Choffi (8 años), Pedro Ríos (6 años) y Roque Inés Cari (6 años). Por su parte Osvaldo Héctor Caraballo, quien fuera guardia de Seguridad Interna del penal de Villa Gorriti, resultó como el único absuelto.

Por tratarse de causas que investigaban la desaparición de trabajadores del Ingenio Ledesma y la Mina El Aguilar, este juicio podría haber avanzado en demostrar la responsabilidad civil-empresarial del genocidio de Estado, sin embargo Carlos Pedro Blaquier fue sobreseído por falta de mérito en 2015. Blaquier, ex dueño del Ingenio Ledesma SAAI, y su ex administrador, Alberto Lemos, fueron sobreseídos en un fallo irregular de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por una causa que intentaba comprobar su participación -logística y material- en el secuestros de los obreros azucareros y vecinos de la ciudad de Libertador en los sucesos conocidos como "La noche del Apagón". Si bien en el 2021 la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo absolutorio del 2015, el hecho de que injustificadamente se tardaran en resolver el tema más de 6 años, permitió la exclusión de Blaquier de este juicio comenzado en 2018, garantizando una vez más la impunidad del empresario multimillonario.

Sin embargo de las pruebas y testimonios del juicio surge la complicidad civil de directivos de empresas como Mina El Aguilar y el carácter de autor intelectual del Ingenio Ledesma, que se confirmó en el conocido hecho de que la empresa digito los secuestros, puso a disposición del Terrorismo de Estado sus camionetas así como las instalaciones edilicias, que funcionaron como centro de operaciones para el secuestro y desaparición de obreros y militantes.

Como última maniobra dilatoria la defensa de Blaquier apuntó a eximirlo por su edad, y el tribunal de primera instancia aceptó el pedido de insanía en abril de este año por lo que automáticamente Blaquier fue desvinculado de la causa, justo cuando tenía que declarar.

Organizaciones sociales y de derechos humanos se mantuvieron firmes e hicieron dar vuelta la resolución del Tribunal Oral Federal de suspender el proceso al empresario por la supuesta “incapacidad mental” y así Blaquier volvió a estar en estas causas que se dilantan desde el 2013 (La Noche de los Apagones y Causa Aredez).

Hoy, este fallo, aunque no contó con condenas ejemplares, es un logro histórico, que conllevó el esfuerzo de 4 años, en el que las víctimas pudieron dar testimonio y relatar sus historias que dieron cuenta de los asesinatos, privaciones ilegitimas de la libertad, tormentos, violaciones y torturas que se perpetraron en Jujuy en el contexto del plan sistemático de aniquilación que aplicó la última dictadura.

Pero esta pelea continúa. Carlos Pedro Blaquier tiene 95 años de edad, por lo que cada día que pasa se corre el riesgo de que sus crímenes queden impunes. Hoy más que nunca es necesario acelerar el juicio oral, para romper con la impunidad del poder económico, que aun hoy domina la región al mejor estilo feudal.

Con la fuerza de estas condenas, para obtener justicia por los que ya no están, y para todos los sobrevivientes, que siguen luchando.

A donde vayan los iremos a buscar.

Escribe Laura Marrone, dirigenta de Izquierda Socialista FIT-U

Ayer realizamos una sentada en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto a asociaciones y mujeres que reclamamos el resguardo del REWE, sitio de ceremonial integral del sistema de salud mapuche de la machi Betiana Cohuan Nahuel, que está siendo violentado por la represión y la prisión de la machi Betiana junto a sus 3 hermanas. 

Un conjunto de representantes de: Movimiento de Mujeres y Diversidades indígenas por el buen vivir. Colectivo Ni Una Menos, Dpto de Derechos de los pueblos de ATE nacional, Federación de Entidades argentino palestinas, Relatos de Resistencia en la Tribu, Izquierda Socialista, entre otras organizaciones. Participamos de esta acción, en el marco de la marcha de las comunidades mapuches hacia los parques nacionales en la Patagonia, para solicitar ser recibidas por el mimistro Cabandie o el Jefe de Gabinete.

Logramos que nos recibieran, pero no tuvimos respuestas a los reclamos. Por eso, seguimos junto al pueblo Mapuche acompañando su lucha.

¡No a la campaña de estigmatización del pueblo Mapuche!
Por la recuperación de territorios en manos de multimillonarios y capitalistas
Por la libertad de las presas mapuche de la lof Lafquen Winkul Mapu y restitución de sus territorios

 

Escribe Nicolás Nuñez

La película “Argentina, 1985” puede servirnos de puntapié para recuperar un poco más de este proceso singular y contradictorio que terminó con parte de los cabecillas del golpe militar tras las rejas. Para eso fuimos a los números de Solidaridad Socialista, el periódico que editaba nuestra corrriente morenista en los ‘80. Fuimos parte de esa historia.
 
Desde el comienzo del gobierno de Raúl Alfonsín, señalábamos la manipulación que el líder radical realizaba del clamor popular por el juzgamiento de los genocidas. Se explicaba entonces (Solidaridad Socialista N° 133): “nuestro país está a mitad de camino entre las naciones que, como Brasil o Uruguay, no hicieron nada contra sus terribles dictadores, y otras como Nicaragua, donde hubo una guerra que destruyó al ejército y terminó con el éxodo o encarcelamiento masivo de la antigua dictadura”. En Argentina, si bien no se había destruido al ejército, sí se había abierto un proceso revolucionario que fue el que derrumbó a la dictadura militar, y el que hizo inviable la impunidad de los principales responsables del genocidio.

Alfonsín comenzó por intentar que los propios milicos se juzgaran a sí mismos, rechazó la propuesta de una comisión bicameral y la apertura de los archivos de “inteligencia” del ejército. Esto último, algo que sigue reclamando hoy el Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Ningún gobierno ha brindado esa información clave para saber qué hicieron con los desaparecidos y las y los niños apropiados que no han recuperado aún su identidad.

En ese sentido, el juicio a las Juntas terminaba representando, al mismo tiempo, un triunfo en tanto posibilidad de sentar a las cabezas del genocidio en el banquillo de los acusados. Pero, al mismo tiempo, implicaba la maniobra de acotar los procesos sin ir a fondo por el “juicio y castigo a todos los culpables”, que era la consigna de masivas movilizaciones que se daban en paralelo a las audiencias del proceso judicial.

Así, en Solidaridad Socialista número 121 de septiembre de 1985, ante la transmisión televisiva del alegato del fiscal Julio Strassera que hoy vemos interpretado por Ricardo Darín, nuestro periódico de ese entonces señalaba: “Nos daremos el lujo de ver sudar frío, bajo la mirada de todo un país, a estos nueve genocidas. Poder ver este espectáculo es un triunfo inmenso de todo el pueblo argentino. Es en primer lugar, un triunfo de todos los trabajadores y de todos los que desde 1976 resistimos a esa dictadura infame. Es un triunfo de las Madres de Plaza de Mayo que jueves tras jueves denunciaron todos los crímenes en las situaciones más adversas. Fue esta resistencia obrera y popular la que terminó socavando hasta el derrumbe definitivo a la dictadura, y fue esta lucha la que llevó al banquillo de los acusados a los nueve comandantes”.

“Juicio del siglo: una farsa que absolvió a la muerte”, decían las páginas centrales del periódico posterior al fallo (Solidaridad Socialista N°133 del 12/12/85). Allí se señalaba la contradicción de un fallo que reconocía los crímenes perpetrados por los milicos pero daba penas irrisorias. Por caso: “Agosti, culpable de torturas y robos reiterados, recibió cuatro años y seis meses de prisión. Mucho menos de los ocho que puede alcanzar quien roba una billetera en un colectivo”.

¿Qué había pasado? Respondíamos: “todo indica que los jueces decidieron acoplarse a la política seguida desde hace dos años por el gobierno alfonsinista, y que está destinada a impedir el juzgamiento y castigo de los miles de oficiales y de cómplices civiles que actuaron en el proceso. Para ello, recurrieron a la maniobra de considerar al genocidio como si fuera un delito común, cometido individualmente por algunos de los oficiales”. Sin embargo, no dejábamos de reconocer que la perpetua a Videla y Massera representaba “un triunfo del pueblo”, aunque lo que primaba era el “estupor ante la blandura” del fallo en general.

Todo esto, señalado hace casi cuarenta años, se ratifica en una perspectiva histórica donde hasta el día de hoy primó la impunidad, siendo que de más de 600 centros clandestinos de detención que hubo en todo el país, tenemos alrededor de apenas mil sentencias firmes a los milicos genocidas. Esto es así porque después del juicio a las Juntas lo que vino fueron las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”, y luego los indultos del gobierno peronista de Menem en los ‘90. Si luego se logró la nulidad de dichas leyes y de los indultos fue gracias a la continuidad de la lucha contra la impunidad y al cambio de relaciones de fuerza generado por el Argentinazo de diciembre de 2001.

Hoy el peronismo kirchnerista hace loas de haber descolgado el cuadro de Videla, pero durante su gobierno Cristina puso a uno de esos genocidas impunes a cargo del ejército, César Milani.
 
Un reclamo revolucionario y vigente

La impunidad para los milicos siempre fue también para los cómplices civiles (empresarios), eclesiásticos y políticos patronales. Recordaba aquel Solidaridad Socialista que la UCR había sostenido durante el golpe 310 intendentes, y hasta el embajador en los Estados Unidos. Por su parte, el Partido Justicialista mantuvo en funciones 169 intendentes. Por eso es tan de fondo la pelea por el juicio y castigo a todos los culpables. Los partidos patronales siempre buscaron y seguirán buscando la forma de limitar el juzgamiento, porque en última instancia, ir a fondo implicaría ir también contra los mismos intereses económicos y políticos de ajuste, sometimiento y entrega del país tanto bajo la dictadura como bajo los gobiernos radicales, peronistas y macristas.
En ese camino seguiremos peleando. 30.000 compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, ¡Presentes!

Escribe Nicolás Nuñez

Uno de los puntos más fuertes de “Argentina, 1985” es la representación del testimonio de Adriana Calvo Laborde. La actriz Laura Paredes interpretó sus palabras desde el mismo exacto lugar en el que Adriana, con los nueve milicos acusados sentados a su espalda, dio cuenta de cómo había parido a su hija en el patrullero en el que la trasladaban de un centro clandestino a otro. Sin embargo, justamente ella, su hija, Teresa Laborde, en estos días dio cuenta de que la película se toma una “licencia” en el guión con la que no acuerda, dado que su madre aún después de todo lo padecido y a diferencia de lo enunciado por la actriz en la película, nunca se fue del país.

El de 1985 no fue su primer testimonio, sino que también lo había hecho ante la Conadep, y desde entonces no fue su último aporte a la lucha contra la impunidad. Fue cofundadora en 1984 de la  Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y una figura clave en la pelea por el avance de los juicios a los genocidas. Durante los gobiernos peronistas kirchneristas fue permanente su presencia en la lucha contra la impunidad y la represión, y por la aparición con vida de Jorge Julio López. Adriana falleció en 2010, pero esta película viene a ratificar que sigue presente en cada paso que da en nuestro país la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.


 

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