Escribe Fernanda Giribone, Izquierda Socialista/FIT-U Jujuy

El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó este viernes a 19 ex militares, ex policías, gendarmes y miembros del Servicio Penitenciario provincial por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La "Megacausa Jujuy" abarcó 16 causas por crímenes de privaciones ilegales de la libertad, homicidios, tormentos y violación sexual agravada. La sentencia dictó 4 penas a prisión perpetua y otras condenas que fueron desde los 5 a 25 años.

El juicio oral, el sexto que se realiza por crímenes de lesa humanidad en jujuy, había iniciado a mediados de 2018 con 23 imputados, y pedía justicia para 120 víctimas (44 desaparecidas). Durante el proceso de cuatro años de audiencias, en el que declararon unos 200 testigos, tres imputados fallecieron: el policía provincial Juan Carlos Vaca, Ramón Herrera y Carlos Alberto Ortiz, del Servicio Penitenciario provincial. Todos con condenas previas por otras causas.

Entre otros delitos, se consideraron acreditados 17 homicidios, seis violaciones sexuales, 169 hechos de privación de la libertad y 126 casos de aplicación de tormentos. Hay que destacar que por primera vez en la provincia, los delitos sexuales y la violencia de género aparecieron diferenciados con el objetivo de que puedan ser considerados y juzgados como tales.

Fueron condenados a prisión perpetua Juan Carlos Jones Tamayo, jefe de la Central de Inteligencia "Área 323" del Ejército; el ex comisario José Américo Lescano y dos ex jefes de seguridad del penal de Villa Gorriti, Ceferino Narváez y Juan Carlos Lucero. Recibieron penas de entre 25 y 20 años de prisión los ex policías provinciales Bernardo Salinas (25 años), Armando Claros (20 años) y Hugo Ruíz (20 años); el ex militar Mariano Braga (24 años), el gendarme Raúl Do Canto (24 años) y los ex agentes penitenciarios de Jujuy Mario Gutiérrez (22 años); Herminio Zárate (21 años) y Orlando Ricardo Ortiz (22 años).

También fueron condenados a 15 años el ex gendarme Carlos Raúl Pérez y Rodolfo Oscar López, de la Policía Federal; a 11 años el ex policía provincial Carlos Cachambe y a penas de entre 8 y 5 años los miembros de la policía provincial Juan de la Cruz Kairuz (5 años), Virgilio Choffi (8 años), Pedro Ríos (6 años) y Roque Inés Cari (6 años). Por su parte Osvaldo Héctor Caraballo, quien fuera guardia de Seguridad Interna del penal de Villa Gorriti, resultó como el único absuelto.

Por tratarse de causas que investigaban la desaparición de trabajadores del Ingenio Ledesma y la Mina El Aguilar, este juicio podría haber avanzado en demostrar la responsabilidad civil-empresarial del genocidio de Estado, sin embargo Carlos Pedro Blaquier fue sobreseído por falta de mérito en 2015. Blaquier, ex dueño del Ingenio Ledesma SAAI, y su ex administrador, Alberto Lemos, fueron sobreseídos en un fallo irregular de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, por una causa que intentaba comprobar su participación -logística y material- en el secuestros de los obreros azucareros y vecinos de la ciudad de Libertador en los sucesos conocidos como "La noche del Apagón". Si bien en el 2021 la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo absolutorio del 2015, el hecho de que injustificadamente se tardaran en resolver el tema más de 6 años, permitió la exclusión de Blaquier de este juicio comenzado en 2018, garantizando una vez más la impunidad del empresario multimillonario.

Sin embargo de las pruebas y testimonios del juicio surge la complicidad civil de directivos de empresas como Mina El Aguilar y el carácter de autor intelectual del Ingenio Ledesma, que se confirmó en el conocido hecho de que la empresa digito los secuestros, puso a disposición del Terrorismo de Estado sus camionetas así como las instalaciones edilicias, que funcionaron como centro de operaciones para el secuestro y desaparición de obreros y militantes.

Como última maniobra dilatoria la defensa de Blaquier apuntó a eximirlo por su edad, y el tribunal de primera instancia aceptó el pedido de insanía en abril de este año por lo que automáticamente Blaquier fue desvinculado de la causa, justo cuando tenía que declarar.

Organizaciones sociales y de derechos humanos se mantuvieron firmes e hicieron dar vuelta la resolución del Tribunal Oral Federal de suspender el proceso al empresario por la supuesta “incapacidad mental” y así Blaquier volvió a estar en estas causas que se dilantan desde el 2013 (La Noche de los Apagones y Causa Aredez).

Hoy, este fallo, aunque no contó con condenas ejemplares, es un logro histórico, que conllevó el esfuerzo de 4 años, en el que las víctimas pudieron dar testimonio y relatar sus historias que dieron cuenta de los asesinatos, privaciones ilegitimas de la libertad, tormentos, violaciones y torturas que se perpetraron en Jujuy en el contexto del plan sistemático de aniquilación que aplicó la última dictadura.

Pero esta pelea continúa. Carlos Pedro Blaquier tiene 95 años de edad, por lo que cada día que pasa se corre el riesgo de que sus crímenes queden impunes. Hoy más que nunca es necesario acelerar el juicio oral, para romper con la impunidad del poder económico, que aun hoy domina la región al mejor estilo feudal.

Con la fuerza de estas condenas, para obtener justicia por los que ya no están, y para todos los sobrevivientes, que siguen luchando.

A donde vayan los iremos a buscar.