Escribe Juan Carlos Giordano

Macri y los gobernadores volvieron a aumentar la luz. Lo hacen a pesar del repudio popular. Cambiemos gobierna para las privatizadas y el lucro capitalista. El kirchnerismo critica el tarifazo pero no plantea ninguna salida de fondo. El Frente de Izquierda llama a anular los tarifazos, echar a Edenor y Edesur y pelea por la reestatización de las privatizadas.

La luz va a aumentar un 55% en promedio este año. La suba tarifaria promedio de Edenor y Edesur (Capital y conurbano) entre enero de 2016 y febrero de este año alcanzó el 4.300 por ciento (Deuco, Página12, 2/02). También aumentarán el gas, 35%, y el agua.

El gobierno justifica los tarifazos diciendo que se pagaba poco por los servicios esenciales en el gobierno anterior (el valor de un café o una pizza) y que las privatizadas vienen trabajando “a pérdida”. Con ese discurso las ganancias empresariales dolarizadas vienen subiendo una barbaridad. ¿En qué país del mundo las tarifas aumentaron en algunos casos un 5.000%? En la Argentina de Macri, donde beneficia directamente a empresarios amigos. Algunos venían haciendo grandes negocios con el kirchnerismo, como Marcelo Mindlin, titular de Edenor, y otro es amigo directo de Macri, Nicolás Caputo, de Edesur (ver recuadro).

Si en Capital y en el conurbano el gobierno anterior mantuvo bajas las tarifas fue por miedo a subirlas a poco de ocurrir el Argentinazo. Eso no quiere decir que las empresas “perdieran plata”, ya que recibían subsidios millonarios. Recordemos la masacre de Once, con 52 muertos, culpa de la ex patronal TBA de los ferrocarriles, que mientras se llevaba los subsidios del kirchnerismo a las islas Caimán, no invertía un peso en el ferrocarril.
Ahora, con Macri, estos empresarios se quedan no solo con los tarifazos que paga el pueblo sino también con los altos subsidios. ¿Qué hacen con esos fondos millonarios? Engordan sus bolsillos.

La segunda mentira macrista dice que si se aumentaban las tarifas se iban a evitar los cortes de luz. Pero los cortes subieron un 40% comparando diciembre de 2018 con el mismo mes del año anterior a pesar de que el consumo fue menor.

¡Basta de privatizadas!

Desde el Frente de Izquierda apoyamos todas las acciones tendientes a anular los tarifazos, como la quema de boletas que hicimos junto al resto de la izquierda y el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia el pasado jueves en Congreso. La burocracia sindical debería tomar esta bandera en los sindicatos porque cada tarifazo es un robo al salario. Pero esta consigna (¡abajo el tarifazo!) debe ir acompañada de un programa que exija la nulidad de todas las concesiones (privatizaciones por 95 años) de la luz y demás servicios esenciales, sin indemnización, ya que son las empresas las que deben reparar el perjuicio que le vienen provocando al pueblo trabajador. Hay que terminar con la privatización de 1992, en plena década de entrega por parte del peronismo menemista, que destruyó Segba, Hidronor y Agua y Energía Eléctrica, las tres empresas estatales que proveían electricidad, provocándose una desintegración total, dividiéndose en varias empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras.

Luchamos para echar a Edenor y Edesur procediendo inmediatamente a la inmediata reestatización de esas empresas. Es decir, que el Estado se haga cargo del servicio bajo estricto control, gestión y administración de sus trabajadores y organizaciones de usuarios.

Un servicio público esencial como la luz (vale esto también para el gas, el petróleo o el transporte, como los ferrocarriles) no debe estar en manos privadas y el lucro capitalista. Es un verso que los capitales privados nos van a salvar. Tampoco va la política de que “deben ser privados porque hay que controlarlos bien”. Miremos lo que hace el ENRE (ver recuadro).

La salida de fondo por la reestatización la hacemos valer tanto ahora contra Macri, como lo hicimos bajo el gobierno peronista anterior. El kirchnerismo no dice que hay que reestatizar las privatizadas. Kicillof dijo “no somos “antiempresa”. Y Mariano Recalde (ex titular de Aerolíneas) señaló que el kirchnerismo “quiere que las empresas ganen pero no tanto”. Es decir, en caso de ganar las elecciones, van a mantener la privatización como un gran negocio capitalista privado. Por eso es que en las luchas y en las elecciones el Frente de Izquierda levanta esta medida de fondo contra Macri y la falsa opción del kirchnerismo.

Escribe Mariano Barba

En 2017, cuando el precio internacional del gas era de 3,80 dólares por millón de BTU (la unidad de medida que se toma en la industria del gas), el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren decidió entregar subsidios que consistían en pagarle 7 dólares por millón de BTU a las empresas que concretaran inversiones con el sistema de fracking. Se buscaba así garantizar las ganancias de las grandes empresas gasíferas. Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint, y Compañía General de Combustibles, de Eduardo Eurnekian, son algunas de las firmas que más se beneficiaron con este programa.

¿Qué pasó desde entonces? Tecpetrol recibió ese subsidio acordado para una inversión determinada y para una producción de 8 millones de metros cúbicos por día de gas, pero en realidad extrajo 17 millones por día del yacimiento Fortín de Piedra con la misma inversión; es decir, está cobrando más del doble, teniendo así garantizado por el subsidio una ganancia superextraordinaria. El conflicto con el gobierno se da porque ante el déficit fiscal, Macri y el secretario de Energía que reemplazó a Aranguren, Gustavo Lopetegui, recortan ese subsidio, y quieren restringir su pago para las liquidaciones del gas producido desde septiembre de 2018 en adelante, no extendiéndolas ante las nuevas producciones. El gobierno y las petroleras tironean por la plata: Macri para pasársela a los acreedores de deuda, tal como se acordó en el ajuste con el Fondo, Techint y los otros pulpos petroleros para seguir ganando a costa de un subsidio que pagamos todos. Ninguna de las dos cosas le sirven al pueblo trabajador: hay que terminar con esos subsidios, reestatizar todo el negocio petrolero y gasífero y parar la contaminación que se genera con el fracking. Pero ese dinero debe ser reconducido a resolver las urgentes necesidades de trabajo, salario, educación, salud y vivienda, no a pagar la deuda externa.

Los dueños de Edesur son Nicolás Caputo, el “amigo de la infancia” de Macri, y ENEL (empresa italiana con mayoría accionaria); Marcelo Mindlin de Edenor, y Rogelio Pagano de Edelap. Mindlin, por su parte, es dueño de Pampa Energía y también está en el negocio del gas y el petróleo, compró hace años los activos de Petrobras.

Comparando 2015 con 2018, Edenor registró un incremento en sus ingresos por servicios (ventas) del orden de 1.118%, y Edesur obtuvo una mejora de 821% en el mismo período. A su vez, el incremento de sus resultados operativos (ganancias por ventas menos costos de producción) fue de 223% para Edenor y 215% para Edesur.

Transener (concesionaria de transmisión eléctrica de alta tensión) obtuvo un aumento en sus ingresos de 290% y en sus resultados operativos del orden de 1.250%. Por su parte, Pampa Energía tuvo un incremento en sus ingresos de 554% (CEPIS, Página12, 4/2). ENEL, además, aspira ganar 4.000 millones de euros hasta 2019 en Latinoamérica y 17.300 millones de euros en el mundo.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se supone que debería cuidar a los usuarios contra las empresas. Pero al frente del organismo encargado de regular a Edenor y a Edesur está Andrés Chambouleyrón, que trabajó hasta antes de asumir en el bufete estadounidense Compass Lexecon, dedicado a asesorar a las empresas multinacionales en sus litigios contra Estados soberanos en tribunales internacionales. Además, fue uno de los ideólogos de los tarifazos en la luz y el gas junto al ex CEO de Shell y ex ministro Juan José Aranguren. Chambouleyrón se formó en la Fundación Mediterránea, la cuna económica de donde salió Domingo Cavallo. Como se dice, el lobo a cuidar las ovejas.

Ante los tremendos cortes de luz el ENRE no hace nada. Los usuarios afectados en diciembre de 2018 aumentaron 40 por ciento según el propio organismo. ¿Qué hizo? Nada. Las empresas ofrecieron un “resarcimiento” de 290 pesos promedio por usuario. Una vergüenza total.

Escribe Gabriel Massa

Al visitar a Alicia Kirchner en Santa Cruz, Mauricio Macri se encontró con su “mejor alumna”. El diario La Nación incluso habla de “milagro” porque la provincia anuncia para 2019 un superávit de 1.440 millones de pesos. ¿Cómo logró con semejante crisis la “cuñada” Alicia este resultado? Ninguno ha dejado de pagar salarios y jubilaciones en tiempo y forma durante períodos tan prolongados. Ninguno ha atacado a los jubilados y trabajadores, en particular a los docentes y al pueblo, más que ella.

 “A fuerza de ajuste y congelamiento salarial, la gobernadora Alicia Kirchner pasó de un déficit de casi 8.000 millones de pesos (al inicio de su gestión) a un superávit de 1.440 millones de pesos” previsto para 2019. […] “La Casa Rosada puso a la cuñada de Cristina Kirchner como ejemplo a seguir a la hora de ajustar”, dijo La Nación el 30 de enero.

Esto lo logró la “mejor alumna de Macri” sobre la base de la baja de los salarios. En 2017 fueron congelados, los docentes recibieron un 8% que durante seis meses el gobierno provincial se negó a pagar argumentando que la nación se había comprometido a hacerlo. En 2018 el aumento fue de 20%. Pero para los docentes solo fue un 13%. Para 2019 en el presupuesto provincial de 58.000 millones de pesos no hay previsto ningún aumento salarial ni de jubilaciones. Mientras tanto, los alimentos son hasta un 50% más caros que en Buenos Aires, en particular por el alto costo del transporte.

Al mismo tiempo aumentaron los ingresos de la provincia por lo que recibe en dólares por regalías petroleras, por el aumento de la coparticipación federal, la recaudación de impuestos y la mayor actividad económica en petróleo, minería y pesca.
La provincia cuenta con una planta de 80.000 asalariados, incluyendo empleados públicos, jubilados, docentes, policías, trabajadores de las distintas dependencias estatales, entre ellas los municipales. “Hay quienes solucionan esto –declaró la gobernadora– dejando afuera la gente, y ahí vienen los famosos despidos. Yo busqué la sostenibilidad del empleo”.

Pero la realidad dice otra cosa: en 2016, el primer año de gobierno de Alicia Kirchner, el empleo provincial cayó 9,4%, la mayor baja de puestos de trabajo de todo el país. Una de las primeras medidas fue achicar el personal en la Secretaría de Desarrollo, dejar sin trabajo a cientos de profesores de secundaria durante meses al no regularizar los ofrecimientos de cargos y cerrar cursos y salas de jardines.

Por otra parte, el congelamiento salarial no vale para la gobernadora y los altos funcionarios: en 2017 equiparó el salario de los altos funcionarios de su administración con el de los diputados provinciales (entonces era de 40.000 pesos) y en 2018 se otorgó a sí misma y sus colaboradores un aumento salarial de 40%. Para disimularlo, esto no apareció como un aumento salarial directo, sino que en mayo del año pasado todos los altos funcionarios fueron ascendidos a un cargo superior al que tenían (por ejemplo, todos los de rango menor pasaron a ser subsecretarios y secretarios de Estado).

Mientras tanto, en 2017 y 2018 los docentes protagonizaron 180 días de conflicto e igualmente se extendieron las luchas de los trabajadores del sector judicial, los empleados del Estado y los jubilados.

En abril de 2017 frente a la casa de gobierno hubo numerosas manifestaciones masivas en reclamo de un aumento que equipare los sueldos con la canasta familiar que fueron duramente reprimidas por el gobierno provincial para sostener el ajuste.
Si esto sucede en la provincia gobernada por los Kirchner y sus socios desde hace décadas, ¿qué nos espera a los trabajadores y el pueblo si vuelven a gobernar el país?

Una vez más esto demuestra que el peronismo kirchnerista no es la salida de fondo frente al ajuste macrista. La salida es la que propone el Frente de Izquierda y los Trabajadores, con un programa por el no pago de la deuda y la estatización de las principales palancas de la economía al servicio de las necesidades de los trabajadores y el pueblo.