Escribe Gabriel Massa

Al visitar a Alicia Kirchner en Santa Cruz, Mauricio Macri se encontró con su “mejor alumna”. El diario La Nación incluso habla de “milagro” porque la provincia anuncia para 2019 un superávit de 1.440 millones de pesos. ¿Cómo logró con semejante crisis la “cuñada” Alicia este resultado? Ninguno ha dejado de pagar salarios y jubilaciones en tiempo y forma durante períodos tan prolongados. Ninguno ha atacado a los jubilados y trabajadores, en particular a los docentes y al pueblo, más que ella.

 “A fuerza de ajuste y congelamiento salarial, la gobernadora Alicia Kirchner pasó de un déficit de casi 8.000 millones de pesos (al inicio de su gestión) a un superávit de 1.440 millones de pesos” previsto para 2019. […] “La Casa Rosada puso a la cuñada de Cristina Kirchner como ejemplo a seguir a la hora de ajustar”, dijo La Nación el 30 de enero.

Esto lo logró la “mejor alumna de Macri” sobre la base de la baja de los salarios. En 2017 fueron congelados, los docentes recibieron un 8% que durante seis meses el gobierno provincial se negó a pagar argumentando que la nación se había comprometido a hacerlo. En 2018 el aumento fue de 20%. Pero para los docentes solo fue un 13%. Para 2019 en el presupuesto provincial de 58.000 millones de pesos no hay previsto ningún aumento salarial ni de jubilaciones. Mientras tanto, los alimentos son hasta un 50% más caros que en Buenos Aires, en particular por el alto costo del transporte.

Al mismo tiempo aumentaron los ingresos de la provincia por lo que recibe en dólares por regalías petroleras, por el aumento de la coparticipación federal, la recaudación de impuestos y la mayor actividad económica en petróleo, minería y pesca.
La provincia cuenta con una planta de 80.000 asalariados, incluyendo empleados públicos, jubilados, docentes, policías, trabajadores de las distintas dependencias estatales, entre ellas los municipales. “Hay quienes solucionan esto –declaró la gobernadora– dejando afuera la gente, y ahí vienen los famosos despidos. Yo busqué la sostenibilidad del empleo”.

Pero la realidad dice otra cosa: en 2016, el primer año de gobierno de Alicia Kirchner, el empleo provincial cayó 9,4%, la mayor baja de puestos de trabajo de todo el país. Una de las primeras medidas fue achicar el personal en la Secretaría de Desarrollo, dejar sin trabajo a cientos de profesores de secundaria durante meses al no regularizar los ofrecimientos de cargos y cerrar cursos y salas de jardines.

Por otra parte, el congelamiento salarial no vale para la gobernadora y los altos funcionarios: en 2017 equiparó el salario de los altos funcionarios de su administración con el de los diputados provinciales (entonces era de 40.000 pesos) y en 2018 se otorgó a sí misma y sus colaboradores un aumento salarial de 40%. Para disimularlo, esto no apareció como un aumento salarial directo, sino que en mayo del año pasado todos los altos funcionarios fueron ascendidos a un cargo superior al que tenían (por ejemplo, todos los de rango menor pasaron a ser subsecretarios y secretarios de Estado).

Mientras tanto, en 2017 y 2018 los docentes protagonizaron 180 días de conflicto e igualmente se extendieron las luchas de los trabajadores del sector judicial, los empleados del Estado y los jubilados.

En abril de 2017 frente a la casa de gobierno hubo numerosas manifestaciones masivas en reclamo de un aumento que equipare los sueldos con la canasta familiar que fueron duramente reprimidas por el gobierno provincial para sostener el ajuste.
Si esto sucede en la provincia gobernada por los Kirchner y sus socios desde hace décadas, ¿qué nos espera a los trabajadores y el pueblo si vuelven a gobernar el país?

Una vez más esto demuestra que el peronismo kirchnerista no es la salida de fondo frente al ajuste macrista. La salida es la que propone el Frente de Izquierda y los Trabajadores, con un programa por el no pago de la deuda y la estatización de las principales palancas de la economía al servicio de las necesidades de los trabajadores y el pueblo.

Escribe Gabriel Massa

El Peronismo Federal encabezado por Sergio Massa, Miguel Pichetto, los gobernadores Juan Manuel Urtubey de Salta y Juan Schiaretti de Córdoba, hicieron su lanzamiento electoral en Mar del Plata el lunes 4 de febrero. También estuvieron los gobernadores de Chubut, Santiago del Estero, Misiones y La Rioja. Entre otros mandó un saludo el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

En su discurso de cierre del acto Massa dijo: “Pongamos de pie a la Argentina para terminar con un Gobierno que nos puso de rodillas […] A un presidente que dice que el único camino es el ajuste, desde acá, presidente, le queremos decir que hay otro camino para la Argentina”.
La pregunta es ¿si hay otro camino, por qué los representantes del Peronismo Federal en el Congreso le votaron todas las leyes a Macri? ¿Por qué no le cerraron el camino a su ajuste y a su política reaccionaria desde allí votando contra la rebaja de jubilaciones o a favor de la ley de legalización del aborto?

Es decir, el Peronismo Federal que es la quinta pata del ajuste de Macri, quiere aparecer ocupando el espacio opositor.

Pero no terminan de definir cómo hacerlo. Mientras Pichetto se declara enemigo mortal de Cristina y asegura que se va del frente si se negocia con ella, Massa coquetea con el electorado kirchnerista. Cuando Jorge Lanata intentó apretarlo por una definición contra Cristina en un reportaje radial, Massa contestó: “Yo hace nueve años que no hablo con la ex presidenta. Ahora, no me impidas a mí pedirle nada al votante de Unidad Ciudadana. Se necesita alguien que le gane a Macri en la segunda vuelta”.

Es decir, Massa asegura que él u otro candidato del Peronismo Federal podría ganarle a Macri en segunda vuelta, y Cristina no. Pero no está tan convencido. Porque las encuestas –que le otorgan en el mejor de los casos un 10%– dicen que el PF, pase lo que pase, a lo sumo quedará tercero cómodo en la primera vuelta. Por eso siguen buscando socios por todos lados, desde los centroizquierdistas Humberto Tumini de Libres del Sur y Margarita Stolbizer, hasta el duhaldista Roberto Lavagna.

Como sea, ninguno ofrece una salida a favor de los trabajadores y el pueblo.

Escribe Ezequiel Peressini, Legislador de Izquierda Socialista/FIT

El discurso del gobernador Schiaretti en la apertura de sesiones de la Legislatura de Córdoba el 1° de febrero estuvo plagado de mentiras e hipocresía. Reivindicó los veinte años de gobierno de Unión por Córdoba ocultando que él y el PJ cordobés son los responsables directos de la crisis en nuestra provincia por aplicar el ajuste de Macri y el FMI imponiendo salarios de pobreza, flexibilizando a los trabajadores estatales que sufren los contratos y monotributos.

El gobernador habló de defender a Córdoba mientras sus diputados le votaron el presupuesto ajustador a Macri que entrega las riquezas y recursos provinciales y del país a partir de de los recortes para pagar la fraudulenta deuda externa. El gobernador volvió a recurrir al “cordobesismo” para intentar diferenciarse de Macri e instalar una supuesta defensa de los intereses de la provincia contra el gobierno nacional, todo una mentira, solo defiende a los grandes empresarios que le pagan las campañas electorales, que se llevan millonarios subsidios, no pagan los impuestos y luego suspenden, despiden y cierran las fábricas, como sucede en las grandes automotrices FIAT, Renault, Volkswagen o los call centers, entre otros.

Homenajeó cínicamente, como lo hace siempre, a los 30.000 compañeros desaparecidos en manos de la dictadura militar pintándose la cara de progresista mientras fortalece el podrido aparato represivo, la narcopolicía y firma acuerdos de mano dura con Bullrich y Macri metiendo a Gendarmería en los barrios populares. Mientras, los delincuentes de guante blanco frecuentan la casa de gobierno y hacen grandes negocios con el gobierno.

La sesión inaugural se convirtió en un acto peronista de lanzamiento de campaña, con poco entusiasmo de su militancia, mostrando el desgaste de veinte años de gobierno y promesas que nunca cumplieron. En la provincia se adelantaron las elecciones y de esta manera se aceleran las negociaciones entre Unión por Córdoba y el kirchnerismo para presentar listas únicas, como ya sucede en algunos municipios del interior, con el lema de la unidad del PJ y con el objetivo de evitar que Cambiemos pueda ganar las elecciones a gobernador del próximo 12 de mayo, motivo por el cual los legisladores Martín Fresneda y Franco Sailen de Córdoba Podemos (kirchneristas) aplaudieron de pie el discurso que Schiaretti dio en la apertura de sesiones.

La propuesta de Schiaretti, sin ninguna sorpresa, es más de lo mismo: salarios de pobreza, cierre de fábricas, miserables PPP, el Plan Primer Paso con el que el gobierno le paga un miserable salario a miles de jóvenes que trabajan en distintas empresas, recorte presupuestario para la educación y la salud, planes fantasmas de vivienda que nunca aparecen y el fortalecimiento del aparato represivo dispuesto a dar palo a los que luchan y criminalizar a los jóvenes de los barrios populares con el código de convivencia. Reafirmamos que la única salida para los trabajadores, las mujeres y la juventud es seguir movilizados en las calles fortaleciendo Izquierda Socialista y al Frente de Izquierda para derrotar el ajuste de Macri, Schiaretti y el FMI.

Escribe Mónica Schlotthauer, Diputada nacional electa de Izquierda Socialista - FIT y miembro del cuerpo de delegados del Sarmiento

El soterramiento del Sarmiento se está ganando con justicia el título de mayor monumento nacional a la corrupción. Tal como lo denunciaron los ferroviarios del Sarmiento, la obra, ahora paralizada por el ajuste, se trata de un auténtico entramado de corrupción entre kirchneristas y macristas.

La obra y los negociados comenzaron en 2006. La excusa era la eliminación de los pasos a nivel de la Capital, extendiendo el trayecto bajo nivel existente entre Once y Caballito hasta Liniers. Posteriormente se llegó a afirmar ridículamente que el soterramiento se extendería hasta Moreno, sin siquiera tomar en cuenta que para hacerlo habría que plantearse un túnel subfluvial para cruzar el río Reconquista. Finalmente, el túnel subterráneo quedó planificado desde Haedo hasta Caballito. La obra iba a contramano incluso de lo que se estaba haciendo en otros ramales ferroviarios, donde actualmente se construyen puentes por arriba de los antiguos pasos a nivel.
Pasaron los años y seis anuncios fallidos sobre el comienzo de las obras. Recién en 2012 apareció una tuneladora alquilada a un costo altísimo. Los beneficiarios principales de la adjudicación de la obra fueron el consorcio encabezado por Odebrecht –que debía conseguir el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil– y Ghella, una empresa italiana en la que el Grupo Macri adquirió el 50% del paquete accionario en 2007.
La obra comenzó a tambalear cuando el BNDS no financió la operación y también se negó un crédito en Europa. Finalmente estalló el escándalo Odebrecht en Brasil. La multinacional brasileña fue desplazada y quedó Ghella al frente. El Grupo Macri trató de lavarse la cara y vendió su participación al Grupo Mindlin, que formó Sacde, una nueva firma que conservó a los directores anteriores. De esta manera el consorcio quedó conformado por Ghella, con el 71% de las acciones, y el resto para Sacde. Toda esta “sopa de letras” tenía un único objetivo, que el negocio, los subsidios y las coimas quedaran dentro de la “sagrada familia de la obra pública”.
Así llegamos a octubre de 2016, cuando se “inauguraron” por séptima vez las obras. Se suponía entonces que el gobierno de Italia y un grupo de bancos internacionales aportarían 1.100 millones de dólares de una construcción que demandaba la multimillonaria suma de 3.000 millones. Pero los fondos nunca llegaron. Así lo terminó admitiendo en octubre de 2018 la secretaria de Obras de Transporte Manuela López Menéndez, revelando que la obra se estaba realizando con la deuda emitida por Anses.
En los últimos días de 2018, el juez federal Martínez de Giorgi decretó la intervención del consorcio de empresas y designó un auditor para controlar los números entre 2008 y 2015. La AFIP consideró que hay suficientes evidencias para sostener que se dibujaron balances por más de 10 millones de dólares de los cuáles 4,5 millones se giraron al principado de Andorra.
En todo esto estaba el negociado del soterramiento mientras avanzaba la obra con la tuneladora. Hasta que la semana pasada, en el marco del ajuste acordado por el gobierno de Macri con el FMI, se anunció la paralización de la obra. Los primeros perjudicados, como siempre, fueron los trabajadores: sesenta compañeros de la Uocra del obrador del soterramiento que estaban abocados a la tarea de construir los anillos de hormigón que revisten las paredes del túnel, resultaron despedidos. A posteriori, se echó a otros cien del mismo gremio que trabajaban en la excavación.
Desde el cuerpo de delegados del Sarmiento lo dijimos desde el primer día: se trataba de una obra faraónica, una tremenda estafa al pueblo trabajador, donde se mezclaban los negocios del kirchnerismo con el macrismo. Ahora todo se paraliza: veremos si se trata del patético final, o en unos meses se vuelve a empezar para seguir facturando y llenándose los bolsillos con subsidios y coimas. Los ferroviarios del Sarmiento tenemos claro cuáles son las obras de infraestructura y mantenimiento que hay que llevar adelante para mejorar el servicio y garantizar la seguridad a los que usan el ferrocarril y a los millones que cruzan diariamente sus vías. De ahí nuestra consigna de la reestatización de todo el sistema ferroviario y entrega para la gestión a sus propios trabajadores y usuarios.

Escribe Atilio Salusso

Siempre los gobiernos le echan la culpa a la abundancia de lluvias por las inundaciones. Lo hacen para encubrir sus políticas de deforestación y la falta de obras.

“El bosque actúa como una esponja natural. Si tenemos cultivos de pastos o soja la lluvia cae a una altura de 40 o 50 centímetros del suelo, sobre las pasturas. No es lo mismo que en el bosque, donde el agua cae sobre las copas de los árboles, después escurre, va aminorando la velocidad y llega con menor fuerza”, explican los especialistas. Y agregan: “En el caso de las inundaciones con grandes superficies desmontadas el agua escurre superficialmente. A su vez, produce un ascenso de la napa freática que está cada vez más cerca de la superficie e influye en las inundaciones que terminan siendo producto de un combo: el Niño, la deforestación que reduce la protección y la falta de obras”, agregan. La sentencia es clara: “Cuanto menos bosques haya, habrá más inundaciones” (Página12, 30/1).

La Argentina está entre los diez países del mundo que más destruyen sus bosques. El gobernador peronista de Chaco, Domingo Peppo, la semana pasada fue obligado a derogar los permisos que había concedido para un mayor desmonte por las denuncias de distintas organizaciones ambientalistas.

La superficie deforestada entre enero y diciembre de 2018 en cuatro provincias –Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco– fue de 112.766 hectáreas, arrasando áreas protegidas. El 40% de esa superficie pertenece a bosques protegidos.

Desde que se sancionó la Ley de Bosques (26.331) en 2007 –que establece los “presupuestos mínimos de protección ambiental para la restauración y conservación de los bosques nativos” –hasta fines de 2017, se deforestaron 2,6 millones de hectáreas de las cuales más de 840.000 eran bosques protegidos. La implementación de la ley continúa enfrentando serios escollos en las provincias por la complicidad de los gobiernos locales y la Secretaría de Medio Ambiente del macrista Sergio Bergman.

Durante 2018 la provincia con mayor deforestación fue Santiago del Estero (con 34.751 hectáreas, de las cuales 23.910 eran bosques protegidos). Le sigue Chaco (con 33.972 y 14.744 respectivamente), luego Formosa y la Salta de Urtubey, donde la deforestación alcanzó 20.047 hectáreas, 2.050 arrasadas ilegalmente.