Se inició el primer juicio oral por los casos de pedofilia del Instituto Próvolo, otro caso en la larga lista de abusos sexuales de la Iglesia Católica argentina. Hay que terminar con la impunidad de los curas pedófilos.

Escribe Malena Lenta, candidata a Legisladora CABA

El 18 de noviembre de 2016, Luis Batistelli, profesor de Lengua de Señas en el Instituto Próvolo para niños y niñas hipoacúsicos, fue la voz de quienes no podían hablar y se animó a denunciar públicamente los vejámenes que vivieron cotidianamente los niños y niñas en esa institución educativa religiosa, durante muchos años. Los abusadores sexuales y maltratadores denunciados fueron los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, la monja Kumiko, el monaguillo Jorge Bordón, la exdirectora Graciela Pascual, la monja Asunción Martínez, el ex empleado Luis Ojeda y el ex administrativo y jardinero Armando Gómez, quienes actuaban en total complicidad.

En la actualidad, existen distintos procesos judiciales en curso de la misma causa abierta en el Instituto Próvolo. En el primero, Jorge Bordón admitió en un juicio abreviado su responsabilidad por once abusos sexuales con acceso carnal. En otro proceso, la monja Kumiko cursa prisión preventiva y se investiga la responsabilidad de la directora de la institución. Pero a comienzos de agosto se inició el primer juicio oral y público contra Nicola Corradi, Horacio Corbacho y Armando Gómez, imputados por “abusos sexuales y corrupción de menores” en donde se sostiene que al menos violaron a 29 personas, de las cuales una de ellas tiene cinco años en la actualidad. Aunque en este momento el juicio se encuentra en cuarto intermedio hasta el 14 de agosto por el desarrollo de una pericia para determinar la punibilidad de Gómez, la propia realización del juicio resulta un importante avance en la lucha contra la impunidad de la Iglesia Católica ante los casos de violencia sexual que son denunciados día a día. Con la anuencia del supuesto Papa “progre”, Francisco, la Iglesia actual persiste en el intento de esconder y proteger al ejército de curas pedófilos que forma en su institución. Ante las denuncias públicas que se dan en todo el mundo, como mucho argumentan que serán juzgados por la “justicia divina” como lo intentaron con los casos de la escuela Marianista de Caballito, el Padre Grassi y tantos otros.

Pero en el marco del avance de las luchas del movimiento feminista en todo el mundo, esta impunidad ya empieza a quebrarse, y en Irlanda, más de 400 pederastas fueron imputados en 2018.

La Iglesia Católica, se caracteriza por una doble moral que cada vez se hace más evidente. Porque mientras por un lado nos abusan, nos violan, rechazan el derecho al aborto, a la educación sexual integral y el uso de anticonceptivos; por el otro, apoyan dictaduras y reciben millones por parte del Estado para financiar a sus curas holgazanes y violadores. Además, manejan millones de pesos del Estado en sus instituciones religiosas educativas como el siniestro Instituto Próvolo, mientras se desfinancia a la educación pública. Por eso está hoy más vigente que nunca el llamado a la inmediata separación de la Iglesia y el Estado que se convirtió en una masiva reivindicación desde 2018 ante el nefasto rol de la Iglesia desempeñado públicamente ante el debate del aborto. Por eso hoy decimos basta de impunidad y cárcel ya para todos los curas pedófilos. Justicia para las niñas y niños del Instituto Próvolo.

Escribe Mercedes Trimarchi

La Iglesia Católica pretende vender el Luna Park en 40 millones de pesos a un grupo inversor europeo. El edificio (un ícono que fue catalogado Monumento Histórico Nacional desde 2007) es actualmente propiedad de Caritas y está administrado por el Arzobispado de Buenos Aires.

Nuestra diputada Mónica Schlo-tthauer se pronunció rotundamente en contra: “es una vergüenza que la Curia quiera vender un monumento histórico para hacer un negocio inmobiliario. ¿No era Caritas la “cara buena” de la Iglesia? Mientras el pueblo trabajador sufre un brutal ajuste, el gobierno les sigue pagando sueldos millonarios a los obispos destinando todos los años 130 millones del presupuesto nacional. Esto deja en evidencia el verso del acuerdo de Macri con la Iglesia acerca de que se está en una transición para liberar al Estado de ese aberrante financiamiento.”

Schlotthauer en el último pedido de informe al Jefe de Gabinete Marcos Peña exigió información sobre el presupuesto que se destina a los cultos y entidades religiosas, sueldos de los curas y escuelas religiosas. La respuesta fue absolutamente evasiva. Con la Iglesia, igual que con las multinacionales, los acuerdos son secretos.

 El sostenimiento económico a la Iglesia Católica fue ratificado por leyes de la última dictadura militar y ningún gobierno posterior las derogó. Desde el FIT-Unidad estamos por la total separación de la iglesia del Estado. ¡Que los curas busquen trabajo! Las creencias religiosas son privadas y las deben solventar quienes la profesan.

Escribe Nicolás Núñez, Candidato a legislador porteño

El 1 de agosto se cumplen dos años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Su familia y los organismos de derechos humanos siguen peleando contra el cierre de una causa que, controlada por el gobierno, busca hasta el día de hoy garantizar la impunidad de la gendarmería.

Santiago tenía 28 años cuando se acercó a solidarizarse con la comunidad mapuche de Cushamen, en Esquel, Chubut. Ese día un operativo represivo ilegal por parte de la gendarmería irrumpió en el territorio de la comunidad y persiguió a balazos a quienes se encontraban protestando por la libertad de Facundo Jones Huala, líder mapuche apresado y luego deportado a Chile en base a testimonios forzados bajo tortura. El registro fílmico de la represión fue ocultado por la gendarmería. Quedaron sí algunos audios de las comunicaciones entre los gendarmes: “Hay que quemarles las casas, esa es la misión”, “Necesito apoyo, repito, estoy repartiendo fuego”, “Estamos haciendo fuego de escopetas y estamos avanzando”, “Fuego al negro”, “¡Bien escopetero!”, “¡Avancen, avancen!”.

Santiago desapareció ese día, y su cuerpo fue encontrado dos meses después, el 17 de octubre, en el mismo Río Chubut que supuestamente había sido registrado varias veces, y a metros de donde había ocurrido la represión.

El operativo del primero de agosto había sido comandado por Pablo Noceti, el abogado de genocidas y entonces jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de Bullrich, presente en la región para colaborar con la represión impulsada por los gobernadores patagónicos al pueblo mapuche. Mientras tanto, periodistas que operaron como cloacas del Bullrich y los servicios de inteligencia como Claudio Andrade de Clarín y Jorge Lanata, diseminaron versiones de todo tipo sobre el paradero de Santiago, y la inminente violencia del pueblo mapuche. Elisa Carrió llegó a decir en un debate televisivo que “había un 20% de posibilidades de que este chico esté en Chile”. Mientras tanto, los teléfonos de la familia de Santiago eran pinchados, invirtiendo la responsabilidad en la desaparición y posando la sospecha sobre quienes encabezaron el reclamo de justicia, y se animaron a decir frente a una Plaza de Mayo colmada: “¡Fuera Bullrich!”

Al día de hoy la justicia considera que nadie es responsable de la muerte de Santiago, los defensores del gobierno dicen que es su culpa por haberse sumergido en un río sin saber nadar. Pero los hechos de la represión son contundentes, y las dudas sobre el peritaje abundantes: billetes en los bolsillos de Santiago que habría resistido intactos dos meses bajo el agua; el ocultamiento de la sentencia forense de una “muerte violenta”, la no correspondencia de la temperatura del río Chubut con la requerida para la crioconservación, entre otras. Por eso seguimos reclamando que no se cierre la causa y se realice una investigación independiente.

A pesar del masivo repudio, el caso de Santiago devino en una mayor represión y luz verde al gatillo fácil. El asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel en noviembre de 2017 y la posterior implantación de la “Doctrina Chocobar” así lo ratificaron. Hoy el “Servicio Cívico Voluntario” a cargo de la fuerza asesina gendarme, avalado por Alberto Fernández, demuestra una búsqueda clara de apuntalar y legitimar los poderes represivos del Estado. La pelea por justicia para Santiago va de la mano del enfrentamiento a estas políticas de regimentación social y de la defensa del derecho a la protesta.

Santiago se transformó en bandera y ejemplo para nuevas generaciones que sacaron conclusiones de qué significaba ser solidario con causas justas y enfrentarse al gobierno y su aparato represivo. Hoy y para siempre su rostro estará presente en cada lucha popular, junto al de cada uno de nuestros mártires caídos por luchar.
¡Santiago Maldonado, Presente!

Escribe Graciela Calderón, secretaria adjunta Suteba La Matanza y candidata a diputada nacional

Este 2 de agosto se va a cumplir un año de la masacre donde fallecieron los compañeros Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, docente y auxiliar respectivamente, de la escuela N°49 de Moreno, a causa de una explosión ocurrida por falta de mantenimiento en la instalación de gas del edificio.

Una vez más, la desidida y la falta de inversión de parte los gobiernos de distintos signos políticos ocasionan muertes evitables para el pueblo trabajador. Tal como lo hicimos en su momento, responsabilizamos tanto al gobierno provincial de Vidal como al municipal de Festa (kirchnerista) por las muertes ocurridas.

Hoy a un año de este indignante hecho, seguimos sufriendo en carne propia la falta de inversión y mantenimiento en estructuras edilicias de Vidal y los intendentes, que en su mayoría kirchneristas, son corresponsables de esta situación. Este invierno hubo centenares de escuelas en la provincia que tuvieron que suspender las clases porque no funcionaban las estufas o habría problemas con las instalaciones eléctricas y de gas. Miles y miles de estudiantes tuvieron que perder clases o pasar frío cursando en aulas congeladas.

La muerte de Sandra y Rubén dio impulso en 2018 a un enorme proceso de movilización, que tuvo su epicentro en Moreno donde hubo marchas de más de 10.000 docentes, estudiantes y vecinos, y recorrió toda la provincia, con más de mil escuelas que decidieron en asambleas junto a la comunidad educativa suspender las clases por problemas de infraestructura. A un año de esta de esta verdadera masacre queremos retomar este ejemplo y por eso nos vamos a movilizar el próximo 2 de agosto en Moreno exigiendo como lo hiciéramos hace un año: ¡basta del ajuste de Vidal y los intendentes! Que se declare la emergencia educativa provincial para solucionar de una vez por todas los problemas de infraestructura, y que la plata salga de los pagos a la ilegítima deuda externa y de los subsidios a la educación privada y a la iglesia. ¡Basta de jugar con la vida de docentes, auxiliares y alumnos!

Escribe José Castillo, candidato a Diputado Nacional CABA

“Necesitamos un dólar alto. Siempre lo creí. Tenemos la certeza que un dólar subvaluado nos condena al peor escenario. Con este dólar subvaluado no vamos a conseguir dólares para producir”. Son palabras del propio Alberto Fernández en un reportaje con el periodista Roberto Navarro.

Fernández propone la devaluación como si eso fuera a beneficiar a los trabajadores. Falso: lo que generará es una mayor inflación y, como consecuencia, un deterioro superior de los salarios y las jubilaciones. Habrá ganadores, por supuesto: los monopolios exportadores, que recibirán más pesos por igual cantidad de dólares y a los que encima se les promete eliminar las retenciones (así lo aseguró Guillermo Nielsen, El Cronista, lunes 29/7). Y, por supuesto, será un gran premio para todos los especuladores que, “avisados” de la devaluación, se empezarán a pasar al dólar luego de hacer sus diferencias con las tasas en pesos, con una super-ganancia final incomparablemente más alta que la obtendrían en cualquier otro país del mundo.

Alberto Fernández se explayó incluso sobre cómo sería esa devaluación. El mecanismo consistiría en no renovar las Leliqs a medida que vayan venciendo, por lo que todo ese dinero, en manos de los bancos irían indefectiblemente al dólar, provocando la suba de su precio. Maliciosamente el macrismo propagandizó esto como que un futuro gobierno del Frente de Todos iba a “defaltear” las Leliqs, lo que fue inmediatamente desmentido por los economistas del peronismo kirchnerista. Demostrando con esto, una vez más, que sienten “horror” por la mera mención de dejar de pagar aunque sea una pequeña parte del endeudamiento.

El planteo de Alberto Fernández puso al desnudo la opción de hierro: si se bajan los intereses de las Leliqs (hoy en el astronómico valor de 60%) o no se las renueva, los bancos llevan todo eso al dólar y provocan una feroz devaluación. Si se mantienen las Leliqs como están, las tasas de interés por las nubes revientan a los endeudados y hacen imposible cualquier crédito o reactivación de la economía. En ambos casos, los ganadores son los bancos y los especuladores financieros. La única salida a este laberinto es justamente la que nunca mencionarían ni Macri ni Alberto y Cristina y sólo está en el programa del Frente de Izquierda: la necesidad de nacionalizar la banca y el comercio exterior, para así terminar con la bicicleta financiera y la fuga de capitales, proteger al pequeño ahorrista, volcar todo ese dinero a dar crédito barato para el consumo popular y que las divisas no queden en manos de los monopolios exportadores o los especuladores financieros.

Alberto Fernández quiere hacernos creer que una devaluación generará las divisas que el país necesita, porque aumentaría las exportaciones. Como muestra basta un botón: en los primeros seis meses de 2019, tras una devaluación mayor al 100% y con una cosecha record, el superávit de balanza comercial (exportaciones menos importaciones) alcanzó apenas a 6.000 millones de dólares. ¡El agujero a cubrir por los pagos de deuda de los próximos cuatro años es de 150.000 millones! Inalcanzable por donde se lo mire. Por eso insistimos: ninguna salida es viable sin suspender inmediatamente los pagos de deuda. Una vez más: sólo lo propone el Frente de Izquierda Unidad.