La historia ya tiene varias semanas. En el listado anterior de precios cuidados solo figuraba una leche, y de segunda marca. Se trataba de La Armonía, producida por Mastellone, el grupo monopólico del sector. Aparecía con un precio de 25,47 pesos, pero era imposible encontrarla. Mastellone la había hecho “desaparecer” de las góndolas, mientras presentaba todas las variedades de su primera marca, La Serenísima, con valores de 45 pesos de piso y en muchos casos arriba de los 50.

Ahora, en el listado de los 64 productos “congelados” aparece una nueva leche de La Serenísima, La Martona, de tercera calidad, a un precio de 35,80. ¡De un plumazo subieron la leche 40%, y encima cambiándola por una de peor calidad!
La cadena de la leche es una muestra del escándalo de la formación monopólica de precios: compran la leche a los tambos a 10,66, priorizan lo que más le rinde (la exportación, la producción de quesos o las leches más caras) y luego, si sobra algo, recién abastecen los productos con precios populares.

Esta es la explicación de por qué la Argentina, un país con una importante industria láctea, hoy tiene un litro de leche entre los más caros del mundo, superior a Chile donde (haciendo la conversión del tipo de cambio) cuesta 39,68, Brasil (27,03), Uruguay (33,75), e incluso Francia (32,83), Italia (33,81), España (26,95) y los propios Estados Unidos (32,14) (datos de Iprofesional). En el país de las vacas los hijos de la clase trabajadora cada día tienen menos acceso a algo tan básico como la leche.

El gobierno anunció que se ofrecerán 120.000 kilos por semana de asado, vacío y matambre a 149 pesos (480.000 kilos por mes). Se trata de otra burla al pueblo trabajador.

Esto representa solo el 0,19% de lo que se faena, por lo que encontrar esas ofertas será un milagro. Ya se aclaró que se venderá en la feria minorista del Mercado Central y en las bocas de expendio de los frigoríficos que firmaron el acuerdo con el gobierno. En concreto, apenas veintiún puestos de venta en todo el país.

Pero eso no es lo peor. Los propios frigoríficos ya aclaran que no se tratará de carne de “primera calidad”. Agregamos nosotros, ni de segunda ni de tercera. Se venderá hueso y grasa, cortes de vacas de más de 500 kilos, o incluso carne de toro, extremadamente dura, exactamente lo contrario de lo que estamos acostumbrados a comprar en la carnicería (carne de novillo o ternera). En realidad, es la resaca que los frigoríficos exportadores no pueden vender. Una auténtica vergüenza.

Ninguna de las medidas del gobierno va a parar la astronómica suba de precios, que se está comiendo el bolsillo de los trabajadores. Se trata del zorro cuidando el gallinero. Su prioridad es garantizarle las superganancias a las grandes empresas monopólicas y a las cadenas de híper y supermercados (una de las cuales, La Anónima, es propiedad de la familia del viceministro de Hacienda Miguel Braun). Si se quisiera realmente parar la inflación se deberían implementar las siguientes medidas:

Precios máximos a todos los productos de la canasta familiar
Lo contrario de “precios cuidados” o la actual payasada que propone el gobierno. Se trata de implementar precios teniendo en cuenta el real poder adquisitivo de los trabajadores y sus necesidades, y no “negociados” garantizando la rentabilidad empresaria. Con exigencia y control de que aparezcan en las góndolas. Y sanciones de verdad a quien viole estos precios, desabastezca o los venda en el mercado negro, con fuertes multas, clausuras y hasta expropiaciones a los infractores.

Eliminación del IVA y su reemplazo por impuestos a los ricos y a las grandes empresas
De un plumazo bajaríamos el 21% a la inmensa mayoría de los productos de la canasta familiar, que se trasladaría a un aumento del poder de compra.

Anular los tarifazos y reestatizar las privatizadas
A nadie se le escapa que una de las causas de la inflación son los feroces tarifazos de los servicios públicos, así como el aumento constante del precio “liberado” de los combustibles. Además de anularlos, hay que reestatizar estas empresas, incluyendo las de todo el complejo gasífero y petrolero, lo que permitiría tener tarifas populares para quien las necesite y un valor de la nafta y el gasoil que no dependa de las superganancias de los monopolios del sector, sino de los reales costos de extracción argentinos, infinitamente inferiores.
Nacionalización del comercio exterior
Muchos productos esenciales de la mesa del trabajador, como el pan y los fideos, se hacen con insumos que se exportan (como el trigo). Lo mismo pasa con la carne. Los monopolios exportadores priorizan colocar esos bienes a precios internacionales en el exterior. Por eso aumentan a precio dólar. Así, este año el pan aumentó 80%, la harina 164% y los fideos 90%. La creación de un ente estatal de comercio exterior que decida cuánto se exporta y cuánto se destina al mercado interno permitiría “desenganchar” los precios de los alimentos de los vaivenes del dólar.

Aumento de emergencia de salarios y jubilaciones
Por supuesto que no podemos confiar en el gobierno de Macri ni en ningún otro gobierno patronal para la implementación de estas medidas. Ya tenemos el ejemplo de lo que hizo el kirchnerismo, que hasta intervino el Indec para “esconder” la inflación. Lo que nos queda es defender con uñas y dientes el poder adquisitivo de los trabajadores, exigiendo aumentos para que nadie gane menos que la canasta familiar, y la indexación mensual de los salarios, jubilaciones y planes sociales de acuerdo a la inflación. Luchando es posible alcanzarlo: los docentes neuquinos lo lograron el año pasado, tras una feroz pelea, gracias a la conducción combativa de Aten Capital que dirigió ese conflicto.

Escribe José Castillo

El peronismo kirchnerista viene insistiendo que se podría realizar una política distinta de la del ajuste de Cambiemos, de “redistribución de la riqueza” o “nacional y popular”. Para ello solo bastaría, afirman, sentarse a renegociar el acuerdo con el FMI y “reestructurar” los pagos de deuda externa. Axel Kicillof, Agustín Rossi y otros dirigentes kirchneristas insisten que esto se podría hacer sin romper con el Fondo. Existen ejemplos, argumentan, como el de Portugal.

Se trata de una falsedad absoluta. Portugal, al igual que los otros países más “pobres” de la Unión Europea, se vio fuertemente afectado por la crisis mundial abierta en 2007. Portugal fue violentamente endeudado para salvar a los bancos en quiebra, como también Grecia, Irlanda, España e Italia. E inmediatamente se le exigió un salvaje plan de ajuste, monitoreado por el FMI.
Este ajuste comenzó en 2011, primero bajo el gobierno de José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (del Partido Socialista) y luego bajo el de Pedro Passos Coelho (Partido Social Demócrata). Se cumplieron a rajatabla todas las exigencias del FMI: se redujo el gasto social, se bajaron 12,5% los sueldos de los empleados públicos, se extendió su jornada de trabajo de 35 a 40 horas, se congeló el salario mínimo, se aumentó el IVA de 10% a 23%, se aumentó la edad jubilatoria y se inició un agresivo programa de privatizaciones. Se puso en marcha, además, una terrible reforma laboral donde se redujeron las indemnizaciones por despido y se facilitaron los mecanismos para que las empresas echen trabajadores, se redujeran los pagos de horas extras, se achicaran las vacaciones y disminuyó el subsidio al desempleo.

La bronca popular hizo que en 2015 el gobierno perdiera las elecciones y fuera reemplazado por una coalición entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Bloque de Izquierda conducido por Antonio Costa. Las luchas populares, que hoy continúan, hicieron que algunas pocas medidas se revirtieran (como la semana de 35 horas o algunos aumentos del salario mínimo). Pero lo sustancial del ajuste estructural fue mantenido por el actual gobierno. Portugal hoy es un país con una de las legislaciones laborales más flexibilizadas de Europa. Una terrible reforma inmobiliaria prácticamente echó de sus casas a centenas de miles de inquilinos. Lisboa y Porto son ejemplos del drama de vivienda que viven los trabajadores portugueses, con sus miles de casas cerradas y ofrecidas a la especulación de las cadenas de hotelería internacional. Los jóvenes sobreviven con empleos ultraflexibilizados, miles de ellos enganchándose como pueden al boom del turismo, haciendo de mozos o guías turísticos por monedas. El deterioro de la infraestructura física, producto del recorte del gasto, es visible por todos lados.

Los tibios números de crecimiento económico de Portugal que, como vimos, en nada mejoraron la vida de los sectores populares, quieren ser utilizados por el kirchnerismo para mostrarnos que “se puede” implementar otro programa sin romper con el FMI. Pasan por alto que primero el Fondo exigió, y logró, las famosas reformas estructurales, previsional y laboral, que ahora reclama en la Argentina. También que Portugal no tenía el cúmulo de vencimientos de deuda que nosotros tenemos acumulados para los próximos tres años (150.000 millones de dólares). Desde este punto de vista, la economía argentina está en una situación más parecida a la griega que a la portuguesa. Y en Grecia, bajo el gobierno de Tsipras, las “renegociaciones” con el Fondo también se llevaron adelante, y varias veces. Costándole al pueblo griego ¡14 reducciones de la jubilación!, flexibilizaciones laborales, privatizaciones y una caída sin precedentes de su calidad de vida.
El “caso portugués” es una falacia. Sin romper con el Fondo y dejar de pagar la deuda, recorreremos el camino de ese país, de Grecia, o de tantos otros que se sometieron a los innumerables planes del FMI. No hay renegociación “progresiva” posible. Eso es lo que venimos pregonando incansablemente desde el Frente de Izquierda.

Escribe Martín Fú

El actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, fue procesado por la justicia federal por su participación en la última dictadura militar como agente de la Dirección de Inteligencia de la siniestra Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) del genocida Ramón Camps.

La jueza Alicia Vence, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín N° 2, decretó su procesamiento por considerar que existen pruebas suficientes que lo vinculan como “partícipe necesario penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos, agravado dado que se trataba de perseguidos políticos”, en el caso de varios militantes comunistas.

Desde la Comisión Ana María Martínez venimos denunciándolo como partícipe del secuestro y posterior asesinato de nuestra compañera Ana María al figurar su nombre y firma en un informe de infiltración del PST (partido antecesor a Izquierda Socialista).

Garello está sindicado también en causas de secuestros, torturas y desapariciones. Hemos realizado pedidos de juicio político que fueron acompañados desde nuestras bancas legislativas, como el caso del jury de 2017 presentado por la legisladora provincial de entonces y ahora diputada nacional Mónica Schlotthauer, desestimado por Cambiemos, Unidad Ciudadana y el Frente Renovador, o la audiencia pública en el Congreso Nacional durante el mandato del diputado Juan Carlos Giordano.

Esta noticia llega a días de un nuevo pedido de jury de enjuiciamiento presentado por la Comisión Provincial de la Memoria, el Serpaj y la Comisión Ana María Martínez, entre otros. Fabián Uriel Fernández Garello es actualmente fiscal general de Mar del Plata y hasta el momento goza del respaldo político del procurador general de la provincia, Augusto Conte Grand y gran parte de la Suprema Corte bonaerense. Garello tiene una aceitada relación con la política, llegó a formar parte de las listas del Partido Justicialista en 1995.

Desde Izquierda Socialista celebramos este procesamiento fruto de años de movilización y seguiremos exigiendo el pedido de destitución del fiscal para que pueda ser juzgado y encarcelado por crímenes de lesa humanidad.