Clarín y distintos medios trataron de emparentarlo con Menem y otros casos de corrupción por candidatearse con causas judiciales en curso. Pero Daniel Ruiz es lo opuesto a los corruptos que abundan en los partidos patronales. Se trata de un preso político, militante del PSTU que lleva más de nueve meses encarcelado por haber sido parte de las masivas movilizaciones contra la reforma jubilatoria en diciembre de 2017, y que desde la cárcel va a ser candidato de las listas del FIT-Unidad en Chubut.
El pasado jueves 27 de junio se realizaron dos acciones reclamando su libertad. Por la mañana, en Comodoro Py una delegación internacional acompañada por Mónica Schlotthauer, diputada de Izquierda Socialista, hizo la presentación de un recurso legal para ampliar el respaldo a Ruiz. Por la tarde, en el Congreso de la Nación una audiencia pública organizada por nuestra compañera diputada Mónica Schlotthauer, los familiares y compañeros de Ruiz desbordó la Sala 3 del Anexo de Diputados, donde contó con la presencia de referentes políticos como Romina Del Plá y Juan Carlos Giordano del movimiento obrero, como Rubén “Pollo” Sobrero y Jorge Adaro, dirigentes de las distintas organizaciones de izquierda, Juan Grabois, de la CTEP, dirigentes de organismos de derechos humanos que forman parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, del CELS y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. ¡Basta de presos por luchar!
Sergio Zacarías, de 52 años, apareció muerto en Perú y Venezuela, a pocas cuadras de la Casa de Gobierno. Falleció de hipotermia. Murió de frío y de hambre. Era una de las 20.000 personas que, oficialmente, están “en condición de calle” en la Ciudad de Buenos Aires, eufemismo con el que se encubre a los que viven marginados del sistema, sin trabajo, casa ni comida.
Hay decenas de miles de niños mendigando, durmiendo en cajeros automáticos, debajo de las autopistas, en ochavas. Hace más de una década que el macrismo gobierna la ciudad más rica del país. En toda la Argentina más del 50% de los jóvenes menores de 30 años viven en la pobreza. Pero para pagar miles de millones de dólares al FMI el gobierno sí tiene plata. Esto es capitalismo. Para terminar con esta miseria hay que romper con el FMI.
El pasado 19 de mayo, cerca de las 2 de la tarde, en la localidad de Martín Coronado, en un operativo de seguridad, la policía baleó una camioneta donde iban diez amigos. El resultado fue la muerte de Diego Cagliero, de 30 años. Este es solo un caso de los tantos que suceden en los barrios en los cuales las fuerzas represivas del Estado matan a un pibe cada veintisiete horas.
El 16 de julio se realizará una marcha a los tribunales de San Martín a partir de las 10 para exigir el esclarecimiento del caso, prisión efectiva para los responsables y luchar contra el gatillo fácil.
Desde Izquierda Socialista acompañamos el reclamo de familiares y amigos de Diego Cagliero. Pedimos justicia por todas las víctimas a mano de las fuerzas de “inseguridad”. ¡Fuera Bullrich y la doctrina Chocobar!
Editorial
Finalmente se cerraron las listas. Tenemos a Juntos por el Cambio, el nuevo nombre con el que se presenta el macrismo, como si con ello pudiera disimular la bronca popular creciente ante sus políticas de hambre. Al peronismo kirchnerista con su Frente de Todos. Y a los restos de Alternativa Federal con Consenso Federal. Entre los seis candidatos de estas fórmulas patronales tenemos a cinco peronistas (Pichetto, Cristina, Alberto Fernández, Lavagna y Urtubey). El único que no se reclama de ese origen es el presidente Macri.
El cambalache de robarse dirigentes de una lista a otra duró hasta el último minuto del cierre de listas. Las escenas de dirigentes “panqueques” saltando de un lugar a otro dieron una nueva muestra de la podredumbre de la política tradicional de nuestro país.
A partir de ahora se lanzan las campañas millonarias, miles de entrevistas en programas de televisión, la propaganda hasta el hartazgo. Es que de esto se trata para estos candidatos patronales: llegó la hora de prometer cualquier cosa. Sin embargo, todos, en lo esencial, sostienen lo mismo: juran y perjuran que van a cumplir con los pagos de deuda externa y que no van a romper con el Fondo Monetario Internacional. Y es en lo único en que dicen la verdad, ya que “para ser presidenciables” ante el establishment empresario local e internacional esa es justamente la carta de presentación. Alberto Fernández pone más énfasis en que “va a haber que renegociar con el FMI”, cosa que también dice Lavagna en voz más baja y que aceptan hasta los economistas del macrismo.
Por supuesto, el peronismo kirchnerista se postula para “terminar con el gobierno de Macri” y promete que, tras esa renegociación con el Fondo, vendrá una nueva política económica, de “redistribución de la riqueza” o “nacional y popular”. ¡Mienten alevosamente! Saben que no hay renegociación progresiva alguna con el FMI y que lo que llevarán adelante es más ajuste. Es que de eso se trata esta carrera electoral entre los partidos patronales: saber quién será el ejecutor del mayor ajuste que se vendrá en los próximos años para seguir pagando la usuraria deuda externa.
Por eso decimos que, frente a todos esos candidatos, con un mismo programa, solo hay una alternativa: la de los únicos que decimos que no hay salida para el pueblo trabajador si no rompemos con el FMI y dejamos de pagar la deuda externa. Ese es el primer punto del Frente de Izquierda-Unidad. Somos los únicos que planteamos que para que haya salario y jubilaciones dignas, trabajo, educación, salud y vivienda hay que terminar con esa estafa histórica que viene de la época de la dictadura, con ese barril sin fondo que se lleva toda nuestra riqueza.
El FIT-Unidad sale a dar la pelea pidiendo el voto para que no solo le “ganemos” a Macri, sino que también derrotemos al FMI y su ajuste. Apelamos a los trabajadores que pelean por su salario y por la defensa de sus puestos de trabajo, a las mujeres que luchan por el aborto legal, a los pibes y docentes que pelean en defensa de la educación pública, a los trabajadores de la salud que defienden el hospital público, a los vecinos de los barrios que salen a reclamar contra los apagones y los tarifazos. Porque somos el auténtico voto útil salimos a debatir en todos los lugares de trabajo, en las fábricas, en las oficinas, en las escuelas, en los barrios, a instalar a nuestra fórmula presidencial y a todos nuestros candidatos. Para estar más fuertes para pelear no solo contra el actual ajuste sino también contra el que se vendrá. Para que logremos meter más diputados que estén en todas las luchas. Y, sobre todo, para fortalecer una auténtica alternativa: la de los que peleamos por un gobierno distinto, de los que nunca gobernaron: los trabajadores y la izquierda.
Escribe José Castillo
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ratificó que el juicio que está llevando adelante el fondo buitre Burford contra la Argentina por la estatización del 51% se realizará en el país del Norte. Se perfila así otro final parecido al del juez Griesa: nos van a condenar a pagar 3.500 millones de dólares que, una vez más, saldrá un mayor ajuste sobre nuestro pueblo.
El asunto entero es un escándalo. Todo comenzó cuando en 2008 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner le planteó a Repsol el ingreso como socio a la compañía del Grupo Eskenazi, amigo de la pareja presidencial. Para hacerlo los Eskenazi debían pagarle a Repsol 1.685 millones de dólares. Pero no pusieron un peso. Se acordó entre Repsol, Eskenazi y el gobierno kirchnerista que Repsol se cobraría con las utilidades de la propia compañía, que año a año no se reinvertirían sino que directamente se repartirían a los accionistas, y así, en este “pasamanos”, Eskenazi le pagaría a Repsol.
El problema es que YPF se seguía descapitalizando. Como no se invertía un solo peso en exploración, cada vez se iban agotando más las reservas de gas y petróleo. Finalmente, ante el evidente planteo de Repsol de retirarse, el gobierno de Cristina en 2012 estatizó el 51% del paquete accionario. Como recordamos más de una vez, rápidamente quedaron en el olvido las bravuconadas de Axel Kicillof: el ministro procedió a pagarle 8.900 millones de dólares (sumando bonos e intereses) en concepto de la estatización.
¿Pero qué pasó con el Grupo Eskenazi? La empresa fue rápidamente a la quiebra, quedando sin pagar unos 2.000 millones de dólares a un grupo de bancos que habían salido de garantes de la operación con Repsol. Ahí es donde aparece el fondo buitre Burford, que compra un juicio de reclamo de Eskenazi contra el propio gobierno argentino y ahora hace una exigencia astronómica, donde suma capital, punitorios, perjuicios por ganancias futuras y así llega a 3.500 millones de dólares. En todo esto terminó la maniobra del doble discurso kirchnerista de una supuesta argentinización de YPF que tenía como objetivo garantizarle un negocio a sus amigos los Eskenazi, de la misma calaña que Cristóbal López o Lázaro Báez.
El gobierno de Macri aprovecha todo este entuerto para confundir y decir que lo que estuvo mal fue la estatización de YPF. Nosotros sostenemos justamente lo opuesto: decimos que no hay que poner un solo peso más, desconocer la jurisdicción norteamericana para estos juicios y estatizar el resto del paquete accionario de YPF. Junto con esto hay que rescindir todas las concesiones a los otros pulpos petroleros privados, nacionales y extranjeros, y reconstruir una YPF 100% estatal que integre todo el negocio, desde la exploración, la extracción, el refinado y la comercialización, gestionada por sus propios trabajadores.