Escribe José Castillo

El presidente Macri hace un par de semanas que ha decidido denominar a lo que sucede una “tormenta”. La metáfora meteorológica no es inocente: sería algo de origen “exógeno”, “impredecible” y sobre lo que, en última instancia, el gobierno no tendría responsabilidades. El secretario de Política Económica Guido Sandleris ha acuñado otro término: “minicrisis”, buscando reducir la importancia a los acontecimientos y entreviendo que “se saldría rápido”.

Se trata de una mentira total. Empecemos por los números fríos: la actividad económica sufrió una caída interanual de 5,8% en mayo, la mayor desde 2009, en plena crisis mundial. Más grave aún es ver que lo peor de las consecuencias de la devaluación todavía no pegaba a pleno en los indicadores de mayo. ¿Qué va a pasar cuando se vean estadísticamente a pleno los golpes sobre la industria (ya hay estimaciones privadas que estiman -5% en junio para el sector), las ventas (y por lo tanto el comercio) y ni qué hablar, el parate tanto en la obra pública como en la construcción privada en los próximos meses? La respuesta es clara: la proyección optimista del gobierno, que especula con que el número positivo del primer trimestre más algún “rebote” de crecimiento en el cuarto permitiría terminar 2018 con un 0,6% a favor, o incluso el 0,4%, que plantea el FMI es absolutamente incumplible. Lo más probable es que finalicemos 2018 con una recesión abierta y números cercanos a -1% o aún un poco peor.

El carácter “clasista” de esta crisis es el segundo factor que debe analizarse. En medio del vendaval el sector de intermediación financiera creció 10,8%. No es extraño, si lo cruzamos con el dato ya conocido de que la devaluación no le generó perjuicio alguno, sino que, por el contrario, sumó ganancias récord por 13.000 millones de pesos. La contracara es el aumento de las canastas de pobreza e indigencia. Ambas subieron claramente por encima del índice de inflación de junio (indigencia 4,9% y pobreza 4,1%, frente a un IPC “récord” de 3,7). Nada extraño cuando se observa que los incrementos de precios producto de la devaluación pegaron más en alimentos centrales de dicha canasta como pan, harinas y aceites. A esto tenemos que sumarle que sólo en mayo se perdieron 27.200 puestos de trabajo en blanco, según los propios datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Por eso no es casual que crezcan la pobreza e incluso la miseria extrema: la asignación universal por hijo (AUH) en septiembre de 2017 era de 1.412 pesos; desde entonces aumentó apenas 11% (a 1.578 pesos), mientras que los precios de la canasta básica subieron 27%.

Las conclusiones son claras: vamos a un incremento de la desocupación, a más pobreza e indigencia y a salarios que van a seguir perdiendo -y mucho- frente a la inflación. Del otro lado, tendremos más ganancias para los bancos, para los monopolios agroexportadores beneficiados con la devaluación pero también con la continuidad en la baja de retenciones y, por supuesto, para los acreedores externos que siguen cobrando millonadas en cada vencimiento de deuda externa.

Todo esto junto con una inflación superior a 30% y ninguna garantía de que, en cualquier momento, no tengamos una nueva corrida del dólar. Es que nada puede “estabilizarse” con una deuda externa que ya supera los 400.000 millones de dólares y con vencimientos por 50.000 millones de acá a fines de 2019. Con este nivel y velocidad de crecimiento del endeudamiento, la Argentina es absolutamente inviable. Con el plan del FMI, peor aún. La única salida es suspender inmediatamente los pagos de deuda externa y desarrollar un plan económico alternativo que priorice la reactivación y las urgentes necesidades populares. De otra manera terminaremos sumidos en el fondo de la crisis, con nuevas corridas cambiarias y bancarias y una sociedad sometida a la marginación y el hambre.

Escribe José Castillo

Mientras los salarios y jubilaciones se siguen achicando producto de la inflación, el gobierno ya empieza con las medidas para cumplir las exigencias del Fondo Monetario. Suben los pasajes de colectivos y trenes en Capital y Gran Buenos Aires. La luz aumentará 30%. Al interior del país le toca el ajuste por el lado de la reducción de las asignaciones familiares.

Por supuesto que el ajuste no empieza ahora: desde el mismísimo comienzo del gobierno de Macri tenemos salarios y jubilaciones que van perdiendo poder adquisitivo frente al aumento de los precios, despidos y tarifazos. A esto tenemos que sumarle el “ajustazo” producto de la devaluación del dólar que se disparó a fines de abril pasado y generó que los precios (y en particular los alimentos como el pan, la harina y el aceite) volvieran a dispararse.

Pero esto recién empieza. Ahora tenemos nuevos anuncios. Se viene otro tarifazo en el transporte: el colectivo en Capital y Gran Buenos Aires aumentará un peso a partir del 15 de agosto, otro peso en septiembre y otro en octubre. Si sumamos todos los incrementos desde principios de año, tenemos que terminará subiendo 116% en 2108. También aumentarán los trenes. En concreto se trata de 13.000 millones de pesos anuales que se le sacan del bolsillo al trabajador sólo con este tarifazo. Cabe aclarar que estos aumentos se realizan manteniendo los subsidios que reciben las empresas de transporte, por lo que el dinero irá directamente a las arcas de estas patronales. También subirá la luz 30%.

A esto tenemos que sumarle la baja anunciada en las asignaciones familiares. Sube el piso para cobrarla (de 200 a 2.816 pesos) y baja el techo para dejar de percibirla (de 94.786 a 83.917 pesos), por lo que menos trabajadores la recibirán. Y además se eliminan los montos mayores por “zona desfavorable”. En concreto, la asignación por hijo, prenatal y ayuda escolar se reducirá en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta, Jujuy y en muchas localidades de Neuquén, Río Negro, Catamarca y hasta la provincia de Buenos Aires (en Carmen de Patagones). En concreto, hoy se cobra por hijo 1.578 pesos, pero si se vive en zona desfavorable (donde obviamente los precios de todos los productos son mayores) hasta hoy se percibían montos que van entre 3.155 y 3.578 (según la zona). Todo esto ahora se corta, y todos los trabajadores del país cobrarán solamente 1.578 por hijo. Es un recorte terrible. Para poner un ejemplo: un trabajador de estas zonas con cinco hijos y que gana en bruto 24.000 pesos, tendrá una reducción en su sueldo de bolsillo de hasta 25%. Se calcula que alrededor de 400.000 asalariados en todo el país se verán afectados por esta medida. ¡Mientras los precios se van por las nubes, habrá trabajadores que pasarán a cobrar menos todavía!

También se anunció otro recorte, que afectará a los dos millones de trabajadores que están alcanzados por el impuesto a las ganancias. A partir de ahora la “deducción por hijo” sólo la podrá hacer un cónyuge (y ya no los dos), o 50% cada uno. La consecuencia es obvia: el injusto “impuesto al salario” rebanará los sueldos más todavía a partir de ahora. Son entre 2.800 y 11.000 pesos anuales que se le sacarán del bolsillo por este concepto a cada trabajador alcanzado por este impuesto.

A todo esto, agreguémosle que el gobierno acaba de autorizar un nuevo aumento, ahora de 7,5%, para las prepagas, y la semana que viene otro de 8% en la nafta. La conclusión es obvia: todo se dio en un solo “paquete de anuncios”, hecho durante el mismo fin de semana en que la vicepresidenta Gabriela Michetti les aseguraba a los monopolios agroexportadores que se les seguirán bajando las retenciones a la soja. El ajuste de Macri y el FMI, del que esto que acaba de suceder es apenas un “primer anticipo”, tiene el claro objetivo de sacarle dinero a los trabajadores para dárselo a los especuladores financieros, a los monopolios agroexportadores y a las grandes patronales. Tenemos que pararles la mano ya mismo. Hay que reclamar un paro general de 36 horas y un plan de lucha para enfrentarlo. Y, al mismo tiempo, tenemos que oponer a todo esto otro programa económico, opuesto por el vértice, que comience por dejar de pagar la deuda externa y colocar todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Escribe Juan Carlos Giordano

La izquierda y distintas organizaciones políticas, de derechos humanos, sociales y estudiantiles nos movilizamos contra el decretazo de Macri el pasado jueves 26. También lo hizo el kirchnerismo. Izquierda Socialista llama a la más amplia unidad en las calles para anularlo, pero esto no implica ocultar lo que hizo el gobierno anterior sobre el tema.

Se dice que en estos años hubo leyes que impidieron a las fuerzas armadas intervenir en la vida interna del país, y se reivindica por ello a los gobiernos de Alfonsín y a los Kirchner. Pero estas leyes no salieron por “los gobiernos”, sino fruto de la lucha popular de muchos años. El mismo Alfonsín que se quiere elogiar, es el de la Obediencia Debida y el Punto Final que beneficiaron a los genocidas, leyes que logramos anular años después por la movilización. Y en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner -que siempre usaron la bandera de los derechos humanos-, se dejó intacto el aparato represivo. El mismo que hizo desaparecer a Julio López, hecho ocurrido en la provincia de Buenos Aires gobernada entonces por Felipe Solá, el que ante los asesinatos de Kosteki y Santillán dijo: “Son los piqueteros que se están peleando entre ellos”.

Después de la desaparición de Julio López se supo que 70 integrantes de la Policía Bonaerense, en ese momento en funciones, se desempeñaron en campos de concentración. Nos preguntamos hoy ¿cuántos más siguen en sus cargos en el Ejército, la Armada, Fuerza Aérea, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, policías provinciales y la ex SIDE?

El kirchnerismo también mandó militares a las fronteras y gendarmes a los barrios. La ex ministra Garré pertrechó a la Gendarmería con el Proyecto X para espiar a los luchadores e infiltrarse en asambleas obreras. Y Cristina puso a Milani en el Ejército, un especialista en inteligencia, hoy preso por represor en la última dictadura.

Todos recordamos al “gendarme carancho” (el comandante de la Gendarmería Nacional Juan Alberto López Torales, conducida por Sergio Berni) cuando se dio la lucha de los obreros de Lear, quien simuló ser atropellado por un manifestante para justificar detenerlo y golpearlo brutalmente. 
Patricia Bullrich se valió de la Gendarmería K para llevar a la muerte a Santiago Maldonado, y de la Prefectura del gobierno anterior para asesinar por la espalda al joven Rafael Nahuel. Por eso la ministra siempre se negó a “tirar a algún gendarme por la ventana”, porque consideró que lo que ya había hecho el kirchnerismo es algo intocable, una “cuestión de Estado”.

El 1° de agosto se cumple un año de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, en el marco de la represión desatada por la Gendarmería Nacional contra la movilización de la comunidad Pu Lof en Cushamen, provincia de Chubut.

El 31 de julio en la sede de Télam –ocupada y en lucha por el despido de 357 compañeros– se realizó una conferencia de prensa con organizaciones de derechos humanos y con la participación de Juan Carlos Giordano en representación de Izquierda Socialista. Allí el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, denunció al gobierno de Macri: “Solo dijeron que la causa de muerte era ahogamiento con ayuda de hipotermia. No se sabe cómo, dónde, cuándo. El equipo forense nunca pudo responder a preguntas como la de cuánto tiempo estuvo en el agua Santiago, ni confirmar si había muerto el 1° de agosto. La muerte de Santiago se produjo en el marco de una irrupción ilegal y a balazos de 130 efectivos de Gendarmería en el predio de Lof Cushamen. Este gobierno ajusta, reprime y está del lado de los poderosos”, concluyó Sergio. La conferencia tuvo como objetivo convocar al acto del miércoles en Plaza de Mayo a un año de la desaparición de Santiago.

Desde Izquierda Socialista no tenemos dudas: los responsables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado son el gobierno de Macri, y en particular la ministra Bullrich y la Gendarmería Nacional. Por eso seguimos exigiendo verdad y justicia y castigo a los culpables. 
Guido Poletti

Las dos escenas sucedieron el sábado 28. La vicepresidenta Gabriela Michetti fue recibida cálidamente en la inauguración de la Sociedad Rural. Su discurso elogió a los monopolios agroexportadores y les aseguró que seguirían sus privilegios. A la misma hora, dirigentes de PRO que salieron a “timbrear” eran violentamente repudiados en los barrios obreros y populares. Esa es la foto de la Argentina actual: la de un gobierno aplaudido por los ricos y el FMI, y al mismo tiempo cada día más repudiado por los trabajadores, los jubilados y demás sectores populares, que siguen acumulando bronca anuncio tras anuncio de sus medidas de ajuste. Ese mismo sábado se anunciaron los aumentos en los boletos de los colectivos en Capital y Gran Buenos Aires y los recortes en las asignaciones familiares. A esto se sumó, un par de días después, la “novedad” de un nuevo tarifazo en la luz y la autorización a las petroleras para dejarlas subir otra vez el precio de la nafta. Mientras tanto, los precios siguen subiendo, en particular los de la canasta alimentaria. Por eso aumentan la pobreza y la miseria. Hasta la propia gobernadora Vidal tuvo que reconocer que cada día son más las personas que llegan a los comedores populares.

En ese marco, las declaraciones de Macri de que todo se trata de una “tormenta” y que hay que “tener confianza en que la recuperación llegará en 2019” no convencen a nadie. Ven que, así como las políticas de ajuste previas nos llevaron a esta crisis, el pacto Macri-FMI nos conducirá a un pozo aún más profundo, de donde solo saldrán ganando, como siempre, las grandes patronales y los pulpos especuladores. Por eso Macri cae en todas las encuestas. Esta vez junto con Vidal y Rodríguez Larreta.

El peronismo en todas sus variantes, por su parte, lleva adelante una oposición sólo en el discurso. No solamente se niega a enfrentar de verdad el ajuste, sino que lo aplica en sus provincias. Los gobernadores están enfrascados en negociar cómo zafa cada uno, negociando con el gobierno nacional para que le toque recortar menos que a su vecino. Para eso no tienen problema en mostrarse y hasta elogiar al gobierno nacional, como lo vimos esta semana en Córdoba, en la visita y las recorridas conjuntas de Macri con el gobernador Schiaretti. Del lado del kirchnerismo, ahora tenemos a Cristina Kirchner que pasa del “silencio” a aparecer como oradora en un próximo acto en el Smata con Pignanelli, uno de los burócratas más odiados, el que hace pocos meses era el sindicalista “preferido” de Macri y quien está dejando pasar la flexibilización laboral en su gremio. Con todas estas idas y venidas, no resulta extraño que la burocracia sindical de la CGT, vinculada por mil lazos al peronismo, siga garantizando la tregua con el gobierno, archivando cualquier atisbo de medida de lucha luego del paro general del 25 de junio, que cada vez queda más lejos en el tiempo.

Mientras el gobierno sigue adelante con el ajuste, en muchos lugares se sale a pelear. Así lo hacen los docentes de Capital, provincia de Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Corrientes. O los trabajadores del Astillero Río Santiago, que se movilizaron por miles a la calle enfrentando las mentiras tanto de Macri como de Lanata. O los despedidos de Télam, que siguen firmes en su lucha. Por eso sigue teniendo plena vigencia el reclamo a la CGT y las CTA de que se le dé continuidad al parazo de fines de junio con una nueva medida de fuerza nacional, ahora de 36 horas, como parte de un plan de lucha para enfrentar el ajuste de Macri y el FMI. Ganas de luchar y movilizarse sobran, como lo van a demostrar una vez más las mujeres marchando el próximo 8A para que se apruebe el aborto legal en el Senado.

En este proceso de lucha contra el ajuste de Macri y el FMI, la alternativa no es el peronismo. Todos sus sectores apuestan a dejar pasar el ajuste y se postulan para el 2019. Así lo hacen los eventuales candidatos como Urtubey, Pichetto, Solá o Massa. También el kirchnerista Agustín Rossi, que se sinceró la semana pasada al explicar que, si llegan al gobierno, “iban a reconocer el acuerdo con el FMI”. Por eso la salida viene por izquierda. Desde el FIT decimos que a la crisis hay que oponerle un plan económico de emergencia obrero y popular, no para “el 2019”, sino para resolver hoy la crisis. Rompiendo con el FMI y suspendiendo inmediatamente los pagos de deuda externa para poner todo ese dinero que hoy se destina a los pulpos usureros al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.

Lo que necesitamos es construir una nueva dirección sindical y política para la clase trabajadora. Para eso tenemos que fortalecer al Frente de Izquierda y al sindicalismo combativo. Para apoyar todas las luchas, para coordinarlas para que ganen, para estar más fuertes para enfrentar el ajuste de Macri y el FMI y para postular al FIT frente a las falsas opciones de los partidos patronales. Te invitamos a sumarte a esta tarea.