Escribe Guillermo Sánchez Porta

Está claro que las medidas tomadas por el gobierno de Fernández y los gobernadores para frenar los contagios del Covid y las muertes están fracasando. En CABA y la mayoría de las provincias, pese a esta catástrofe, se sigue con la presencialidad. En Buenos Aires solo en el primer cordón hay virtualidad, mientras que en ciudades como Bahía Blanca o Mar del Plata se sigue en presencialidad como en todo el interior de la provincia. ¡Y Kicillof quiere obligar a la docencia a que asista a las escuelas para “atender alumnos sin conectividad”, en vez de garantizar computadoras y conectividad gratuita!

Pero, además, la política salarial firmada por Ctera también fracasó. Ya fue superada la “primera cuota trimestral” por la inflación y el salario inicial está a menos de la mitad de la canasta familiar. Por eso hay luchas docentes autoconvocadas en provincias como La Rioja, siguen los planes de lucha de Ademys en CABA y de los Suteba Multicolores y hubo una jornada nacional de la docencia opositora. En Santa Cruz, Alicia Kirchner le aplicó una multa de 12 millones de pesos a Adosac por rechazar una conciliación obligatoria, atacando el derecho de huelga como los gobiernos más reaccionarios.
Es vergonzoso que Ctera y los gremios provinciales sigan con su tregua, apoyando al gobierno y su ajuste. Es necesario exigirles que llamen a un paro nacional por salarios, contra la pandemia y contra la presencialidad, por vacunas para todos ya, computadoras y conectividad gratuitas, nombramientos y pago de salario de emergencia a docentes sin trabajo.

Mientras, llamamos a apoyar la lucha docente en CABA y en todas las provincias, a profundizar la organización democrática de la docencia en lucha y la coordinación nacional para que puedan triunfar.
 

Muchas veces denunciamos cómo las empresas aprovechan la pandemia para aumentar sus ganancias a costa del sacrificio de los trabajadores. Es el caso de Sullair Argentina, empresa de compresores, generadores eléctricos y maquinarias industriales.

Un informe de la comisión interna de delegados, del Sindicato de Comercio, denuncia que el pasado 29 de abril fueron convocados a una audiencia por el Ministerio de Trabajo para solicitar un régimen especial de suspensiones amparadas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
La empresa declaró haber presentado un listado con los trabajadores alcanzados por las suspensiones, lo que fue negado por la comisión interna. La maniobra consistía en que el sindicato y los delegados le habiliten una lista de suspendidos por la cual habían cobrado el ATP durante todo el año y tributado apenas el aporte a la obra social.

La comisión interna declaró que jamás recibió la notificación de las suspensiones, que estaban trabajando normalmente y que la empresa no está pasando por apremios o restricciones que exijan las suspensiones. Y, correctamente, rechazaron el planteo de Sullair. Por el momento, frenaron la “avivada” de la patronal, que venía embolsando los subsidios recibidos del gobierno.
Lamentablemente, ese régimen de suspensiones fue parte del acuerdo entre la UIA y la CGT en abril de 2020. Las traiciones de los burócratas de la CGT las pagan los trabajadores.

Corresponsal

Escribe Martín Fú

La clínica San Andrés, situada en Caseros, está cerrada. La muerte de su dueño y la sucesión de los herederos dejó a ciento cuarenta y cuatro trabajadores en la calle. En plena pandemia, una clínica de la provincia de Buenos Aires, en donde más casos diarios se registran, está tomada por médicos, enfermeros, radiólogos, instrumentadores y técnicos, es decir, sus trabajadores, que reclaman a las autoridades sanitarias su reapertura. La clínica es el lugar donde se atienden miles de afiliados del IOMA y de PAMI.

Los cierres, hace algunos meses, de la clínica Sagrado Corazón en Hurlingham, con ciento veinte camas, y de la clínica Mariano Pelliza de Munro, con ciento cuarenta camas, alertan una vez más sobre un sistema de salud privado vaciado y al borde del colapso.

La clínica San Andrés cuenta con noventa camas de internación y doce unidades de terapia intensiva (UTI) con sus respectivos respiradores. Para los trabajadores resulta insólito que, en plena segunda ola del coronavirus, se prescinda de infraestructura sanitaria y personal capaz de dar atención especial a los adultos mayores.

“Es una vergüenza que no nos den la posibilidad de abrir las puertas y poder ayudar en esta pandemia”. “No es solamente la fuente laboral, te hablo de poder ayudar a salvar vidas, que es lo que aprendimos y fuimos formados”, declaró Alicia Rey, jefa del servicio de cirugía de la clínica (Chicago Tribune, 7/5/2021). Desde el gobierno de Buenos Aires, el ministro de Salud, Daniel Gollán, se excusó diciendo: “No nos podemos meter porque es un asunto entre privados”. Los intereses económicos de los empresarios no pueden preponderar en medio de una pandemia sobre las necesidades de miles de enfermos y trabajadores que prestan un servicio esencial a toda la comunidad. 

Los trabajadores continúan con la ocupación, turnándose y manteniendo la clínica para que pueda estar operativa. Izquierda Socialista viene solidarizándose con esta lucha acompañando el reclamo, como dicen ellos, de que se estatice bajo control y administración de sus trabajadores para seguir combatiendo la pandemia y mantener la fuente de trabajo de todo el personal de salud que hoy se expone al avance del Covid-19.

El martes 11, más de un centenar de trabajadores del Hospital de Niños de San Justo cortaron la ruta 4 (Camino de Cintura) en protesta contra el magro acuerdo salarial de 32% en dos cuotas firmado por la burocracia de Troncoso, del sindicato municipal, a espaldas de los compañeros y las compañeras. Nos hicimos presentes compañeros de Izquierda Socialista junto con nuestra compañera Mónica Méndez, secretaria de organización de Cicop, y Olga Ortigoza, de la comisión directiva del Suteba La Matanza.

Esta acción se suma a las realizadas la semana pasada por las compañeras y los compañeros del hospital Germani, de Laferrere, y del Policlínico de San Justo. Los salarios de los trabajadores de la salud de La Matanza son los más bajos de todo el conurbano bonaerense y en muchos casos ni siquiera alcanzan la canasta básica, calculada según cifras oficiales en 60.000 pesos. Asimismo, hay médicos y enfermeras que aún no cuentan con las dos dosis de la vacuna. Es una vergüenza que quienes están dejando su vida por salvar la vida del pueblo trabajador del Covid-19 cobren salarios de pobreza y no reciban la protección adecuada para trabajar en pandemia. Seguiremos dando todo nuestro apoyo a estos trabajadores heroicos.

Corresponsal

Escribe Pedro Rodríguez, referente de la oposición en UTA

Este martes 11 se realizó la tercera jornada de cortes de los choferes autoconvocados de las zonas norte, oeste y sur del AMBA junto con los cuerpos de delegados de las líneas 60 y 540/553 que reclaman un aumento salarial de 100.000 pesos de bolsillo y un plan de vacunación para todos los choferes, ya que son esenciales y aún no recibieron una sola dosis.

Esta lucha se da por la enorme bronca que existe en la base, que viene soportando años de reducción salarial con el condimento de que esta paritaria debería haber cerrado en enero, pero la burocracia de Fernández no mueve un dedo para defender lo que firmaron en las diferentes actas prometiendo un básico de bolsillo de 71.000 pesos a partir de enero y 80.000 en mayo. Mientras se sigue posponiendo el acuerdo, los choferes están apenas superando el salario básico para no ser pobres. ¡Siguen  jugando con el sueldo de los trabajadores!

¿Por qué se dilata el acuerdo salarial?

Atada a las paritarias se encuentra la negociación entre el gobierno y las patronales del transporte por los subsidios. Reciben desde hace años millones de pesos sin que esa plata se invierta en más frecuencias, coches o mejores salarios. Los gobiernos garantizan las ganancias de patronales como Dota o Metropol sin que haya ningún beneficio para el pasajero o el chofer. La conducción de UTA y la oposición burocrática (la agrupación Palacios) juegan a favor de sus patronales, por eso no mueven un dedo ante el atraso salarial.

Para poder terminar con esto debemos barrer a las dos alas de la burocracia y para eso debemos fortalecer esta coordinación, que se extienda al interior del país donde los choferes sufren despidos, cierres de empresas y meses sin cobrar salarios. Que se extienda a los choferes de larga distancia y se pueda golpear con un solo puño. Tenemos el ejemplo de los trabajadores de la salud de Neuquén que, por fuera de la burocracia sindical, se autoorganizaron y lograron un aumento salarial de 53 por ciento.

¡Aumento salarial de 100.000 pesos y vacunas para todos los choferes!