Escribe Claudio Funes

Sectores del peronismo están llevando adelante una campaña contra el sindicalismo combativo y la izquierda. Propagan la falsa idea de que no hemos luchado contra Macri cuando sí lo hicimos contra Cristina. Justo cuando en el Sarmiento las ferroviarias, hace unos días atrás, fueron al paro por pésimas condiciones laborales y contra la discriminación de la patronal ligada al macrismo. No mencionan, además, que apenas asumió el gobierno de Macri, en junio de 2016, se hizo un paro contra sanciones que pretendía descabezar al cuerpo de delegados y que en marzo del 2019 se realizó otro paro contra la inseguridad laboral que provocó la muerte de Sebastián Carranza.

Para ello atacan al Pollo Sobrero, la figura más reconocida del sindicalismo antiburocrático y luchador, que tiene como principal premisa consultar a la base.

Lo único cierto es que el sindicalismo combativo y la izquierda siempre participamos e impulsamos la pelea contra el ajuste de Macri y el FMI. Fueron parte importante de las jornadas contra el robo previsional de fines de 2017, que si bien fue aprobado por el Congreso significó una dura derrota para el macrismo, al no permitirle imponer la reforma laboral previamente acordada con la CGT y fundamentalmente porque provocaron la ruptura de importantes sectores populares con el gobierno de Cambiemos.

Fue el sindicalismo combativo el que se movilizó al Congreso para repudiar la aprobación del presupuesto 2019 hecho a medida del FMI.

Permanentemente exigimos a la CGT que rompa el pacto con Macri y convoque a un paro activo de 36 horas y plan de lucha. Recordemos el gran acto del sindicalismo combativo del 4 de abril de 2019 en Plaza de Mayo, en el que se denunció a la CGT por convocar a una marcha con empresarios junto a Moyano y la CTA de Hugo Yasky, el que repetía sin avergonzarse que “en 2019 no hay que hacer paros”, el mismo que hoy dice estar de acuerdo con el congelamiento salarial.

La única verdad es la realidad: los burócratas de la CGT dejaron pasar el ajuste. Si Macri pudo hacer lo que hizo fue por exclusiva responsabilidad de la burocracia de la CGT y de las CTA y del apoyo del peronismo que le votó más de cien leyes en el Congreso.

Queda claro que el objetivo de desacreditar al sindicalismo combativo y la izquierda va de la mano con el futuro pacto social de Alberto Fernández. Que las calles estén vacías para que pase el ajuste. Pero como siempre, seguiremos apoyando las luchas, haciendo lo que decidan las bases y manteniéndonos independientes de los gobiernos patronales. Lo fue en los doce años anteriores del kirchnerismo. Lo fue con Macri. Y seguirá siéndolo frente al nuevo gobierno de Alberto Fernández.

Escribe Mónica Schlotthauer, delegada ferroviaria y diputada nacional (mandato cumplido) Izquierda Socialista/FIT

La negativa de la empresa a tomar medidas de seguridad e higiene y la construcción de un vestuario para las empleadas mujeres de la línea ferroviaria del Sarmiento, provocó que hubiera un paro de 24 horas el 3 de diciembre pasado. Sorprendió al país por su demanda: “el primer paro contra la discriminación a las mujeres trabajadoras”. Y nos enorgulleció a todas las ferroviarias y feministas que desde el 2012 nos organizamos en “Mujer Bonita es la que lucha” por igualdad laboral. Y a todo el movimiento de mujeres que desde el 2015 no deja de luchar.

“Nos pasaron por arriba”, reclamaron las compañeras a Vanesa Gentile, miembro de la comisión directiva de la lista Verde de Sassia, que junto con una comitiva se hicieron presente a media jornada del paro para intentar levantarlo. Los burócratas se retiraron a un cuarto intermedio, que se transformó en “eterno”, ya que nunca más volvieron. Horas después, llegaba la declaración de la conciliación obligatoria.

Esa medida de fuerza (que fue tomada en asamblea junto a los guardas varones) terminó haciendo retroceder a la patronal ligada al gobierno de Macri, que tuvo que aceptar que el combativo cuerpo de delegados del Sarmiento y una representante de las compañeras tenga que ser parte de la discusión para resolver el problema.

El paro fue contundente. Tener que ir a una medida de fuerza para que se hagan efectivas medidas tan necesarias como que haya vestuarios y baños para las compañeras mujeres que trabajan como jefas de trenes en la línea Sarmiento demuestra hasta dónde llega la patronal negrera de Trenes Argentinos. El paro fue decidido por las compañeras porque literalmente se cambian en un container y trabajan en condiciones indignas.

Mientras la CGT es cómplice del ajuste de Macri y Alberto Fernández aconseja “abandonar las calles” postulando un pacto social contra los trabajadores, las mujeres del Sarmiento son un ejemplo y marcan el camino a seguir. Hicieron retroceder a Orfila, titular de Trenes Argentinos, que viene aplicando una clara política de discriminación contra las mujeres. Ahora la empresa está obligada a satisfacer los reclamos dentro de los próximos días. Exigimos que cumpla y repudiamos cualquier tipo de sanción que quiera tomar en contra de las trabajadoras.

Los trabajadores resisten el desalojo y demuestran que la fábrica puede producir. Millones consumen sus productos. Por su estatización bajo control obrero.

Escribe Claudio Funes

La ocupación por parte de sus trabajadores de la papelera ubicada en Bernal, propiedad de la multinacional yanqui Kimberly Clark, ya lleva más de dos meses. Enfrentan los 200 despidos a través de un lockout (cierre patronal) de una de las más poderosas multinacionales en el rubro de artículos de higiene, que explota a decena de miles de trabajadores, más de 40.000 en el mundo y es dueña de marcas como Scott, Kleenex, Huggies y Kotex, entre otras. En nuestro país es propietaria además de una planta en Pilar (productos de protección femenina y para adultos) y otra en el parque industrial de San Luis (pañales para niños y adultos). En Bernal se producía papel higiénico, rollos para cocina, papel para faciales, servilletas y papel para pañales, entre otros productos. Todos de uso masivo.

La multinacional se niega al diálogo y quiere liquidar el conflicto. Hoy crecen las posibilidades de desalojo ante el pedido de la fiscal que interviene en la causa abierta por la denuncia de la patronal, que los acusa de usurpación.
Ante esta perspectiva el día viernes 22 de noviembre los trabajadores convocaron a un acto y conferencia de prensa donde delante de los medios y distintas organizaciones sindicales y políticas hicieron una “prueba productiva” demostrando que pueden autogestionar la planta y hacerla producir. Estuvieron presentes los dirigentes Juan Carlos Giordano, Romina del Pla, Néstor Pitrola, Christian Castillo, Jorge Altamira, Marcelo Ramal y distintos dirigentes sociales y sindicales de la zona.

El delegado Patricio Lara manifestó: “Tenemos esperanzas porque las máquinas funcionan y podemos producir. Hoy pusimos en marcha las líneas para demostrar que los trabajadores sabemos y podemos hacerlo, hemos entregado producción a hospitales y comedores porque hay necesidad de insumos de higiene en el Estado, así se podrían salvar los 200 puestos de trabajo”.
Los trabajadores se postulan para hacer producir la planta para lo cual necesitaría una ínfima inversión. Y emplazaron a Alberto Fernández y Axel Kicillof a que se pronuncien por la continuidad de la fuente de trabajo. Por ello mantuvieron una reunión con futuros ministros de los que no obtuvieron respuestas.

Los trabajadores junto con sus familias continúan resistiendo. Están dando una dura pelea realizando distintas actividades, como el papelazo en Plaza de Mayo del 4 de noviembre pasado y ahora con la exigencia al sindicato de llamar a un paro nacional de papeleros.
El cierre de la planta de Bernal es parte de un plan de ajuste global de la mutinacional. En 2018 la empresa decidió cerrar o vender todas las unidades productivas en el mundo que generan retornos bajos y que no representan en total más de 1% de los ingresos. Mientras los obreros y sus familias padecen, los especuladores de la bolsa celebran: las acciones de la compañía crecieron en el primer semestre un 13% por arriba del promedio del 10% del resto de las empresas del sector. A esta voracidad por el dinero se suma el hecho de intentar deshacerse de los delegados combativos que vienen conquistando mejores condiciones de trabajo y más salario.

Desde Izquierda Socialista nos venimos solidarizando con este conflicto desde el inicio y nos seguiremos poniendo a disposición del mismo. La solución de fondo pasa por la estatización de la planta poniéndola a funcionar bajo control obrero.

Este 26 de noviembre se realizaron elecciones de delegados de junta interna y de edificio de ATE en el Indec para el período 2019-2021. Por primera vez desde la intervención del instituto en 2007 se presentaron dos listas. Desde Estatales en Marcha e Izquierda Socialista dimos una pelea para poder formar una lista de unidad para enfrentar de la mejor manera la nueva situación que se viene, de ajuste general y de incertidumbre en el instituto en particular.

Planteamos seguir luchando por el pase a planta permanente, con estabilidad inmediata, de todos los compañeros, sin importar modalidad de contratación; por la jerarquización de la planta actual y de todos los trabajadores, incluyendo los compañeros de maestranza.
Además, mantener la independencia dentro del organismo de los gobiernos de turno. Exigir, de manera urgente, que se ponga en funcionamiento la Comisión de Igualdad de Oportunidad y Trato (CIOT), donde podremos denunciar la violencia y maltrato institucional de pares. Poner en vigencia un protocolo contra la violencia de género y seguir formando parte e impulsando la lucha de las mujeres y disidencias.

Y poner en pie asambleas generales regulares por edificio, para generar mandatos y pliego de reivindicaciones de los distintos sectores. En lo inmediato, reclamar las mejoras edilicias necesarias y un bono de fin de año para la totalidad de los trabajadores del Indec.
Lamentablemente, los compañeros del PTS no quisieron ser parte de la lista, instalando una campaña divisionista y plagada de mentiras.
Pero, a pesar de ello, se pudo conformar la Lista 100, a la que se incorporaron aún más activistas independientes. Compañeros con diferentes trayectorias, algunos venimos de defender las estadísticas públicas confiables y otros son más recientes, pero todos con el mismo objetivo de impulsar la democracia sindical y la defensa de los puestos de trabajo y los salarios. Desde Estatales en Marcha e Izquierda Socialista, participaron Marcela Almeida (a Secretaria Gremial) y Gabriela Soroka (a Secretaria de Géneros y Derechos Humanos) del Índices de Precios de Consumo, y Hernando Rodríguez de Estadísticas del Comercio Exterior (a delegado de Roca).

Ganamos con el 70 % de los votos. Agradecemos a todos los trabajadores que apoyaron nuestras propuestas y nuestra lista. Nos espera un camino de construcción de este nuevo espacio de organización para dar las peleas que se nos vienen.

Estatales en Marcha

Escribe Adolfo Santos

Las paralizaciones parciales de los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, colocaron en debate un tema importantísimo. La compra de vagones usados a España y Japón por parte de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), que contienen un mineral prohibido por su peligrosidad (Asbesto), coloca en serios riesgos la salud de quienes trabajan expuestos a este mineral, pudiendo afectar también a los usuarios.

Los vehículos adquiridos tienen entre sus componentes piezas de asbesto o amianto, un material cancerígeno, cuya utilización está prohibida en más de 50 países, incluida Argentina, desde hace 20 años. Con el pasar del tiempo cuando ese material se descompone y entra en contacto con el aire, puede ser inhalado. Una sola fibra de asbesto instalada en los pulmones puede producir cáncer, o enfermedades respiratorias como la fibrosis, que lleva a la muerte.

Una verdadera bomba de tiempo instalada entre millones de personas por irresponsabilidad de las autoridades de Sbase que realizaron la compra sabiendo que los coches contenían asbesto entre sus componentes. Pero este riesgo también es de responsabilidad de las autoridades del subte de Madrid y de Japón, que realizaron la venta después que la prohibición de la utilización del amianto estaba en vigor. Nos solidarizamos con la justa lucha de los trabajadores del subte. Apoyamos las acciones judiciales iniciadas por la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro contra las autoridades argentinas, españolas y japonesas. Denunciamos la irresponsabilidad de las autoridades que no adoptan medidas urgentes para resolver el problema. Junto con los trabajadores, exigimos la inmediata substitución de todas las formaciones que tengan amianto y que se inicie un urgente programa de protección a los afectados por el asbesto. Estos son los males que acarrea la privatización de este servicio público esencial, el cual debería estar en manos del Estado bajo control de sus trabajadores y usuarios.