Escribe Marcela Martin, delegada Hospital Colonia Santa María- Punilla

El paro con asistencia a los lugares de trabajo convocado por la Multisectorial de la Salud, se dio con dispar acatamiento entre los distintos hospitales públicos de toda la provincia, pero en general fue bueno, reflejando la bronca del sector salud, ya que ATSA y el SEP (empleados públicos) no llamaron a parar y por eso en el sector privado fue más débil. Los trabajadores utilizaron la jornada para hacer carteles y para reforzar la convocatoria en las redes. Por la tarde esto se reflejó en las caravanas de varias ciudades del interior y principalmente en las calles de la ciudad de Córdoba donde arrancó con 400 autos. A su paso se fueron sumando más vehículos que llegaron a cubrir unas 20 cuadras en doble fila, mientras los integrantes del equipo de salud recibíamos la solidaridad y los aplausos de los transeúntes desde veredas y balcones. Izquierda Socialista sumó su solidaridad acompañando a Salud en Marcha. Luego de recorrer casi 50 cuadras realizamos un acto frente al “Panal” (Casa de Gobierno) allí los oradores denunciamos a Schiaretti y a su ministro de salud Diego Cardozo, se reclamó una salud pública, gratuita y de calidad, un salario básico de 50 mil pesos, la incorporación de personal, el pase a planta permanente de los precarizados, el cese de persecuciones, aprietes, y que se nos provea de todos los elementos de protección en cantidad y calidad suficiente, entre otras reivindicaciones. Al finalizar, la frase mejor recibida fue aquella con la que cerré el acto: Si no hay respuestas, el 20 de noviembre acompañando la jornada nacional  de lucha, lo repetimos con más fuerza.

Desde salud, le hemos dicho basta al gobierno nacional, al provincial y a los municipales que prefieren pagarles a los usureros sus deudas externas, antes que resolver la pandemia, el salario y la protección de los trabajadores. Fue un buen paro y una mejor caravana, pero si no hay respuestas favorables y nos obligan a volver a salir, debemos garantizar asambleas en hospitales, clínicas y demás dependencias, para que la medida sea contundente.

La multisectorial tiene el gran desafío de mantener su unidad ante los intentos, hasta ahora fallidos, del gobierno por romper esta coordinación, haciendo propuestas a las agrupaciones o sindicatos para dividirnos. Debemos concretar un plan de lucha para lograr, que esta crisis no la continuemos pagando los trabajadores.

Escribe Pablo Lopreiato, delegado de edificio CIBA de Telefónica-Movistar

Los telefónicos y las telefónicas vivimos una semana de las más movidas en años. Luego del parazo por aumento salarial del día 3 de noviembre, realizamos una caravana el jueves 5. El encuentro fue convocado por la Granate Blanca (que integramos como Lista Roja), junto con otras agrupaciones, activistas y telefónicos. La directiva Azul y Blanca brilló por su ausencia. Partimos desde el Ministerio de Trabajo y fuimos hasta Claro –repudiada por la muerte del compañero tercerizado Matías Dimuro a causa de un accidente evitable el pasado 23 de octubre–, Movistar y Telecom.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación a partir del 6 de noviembre. El gobierno se propone desmovilizar la pelea por abajo, intentando que se firme un acuerdo a la baja. La conducción reclama 22%, valor con el que aún quedamos lejos de la canasta familiar. Y mucho menos ofrecen las empresas. ¡Por eso no debemos permitirlo y tenemos que discutir cómo seguirla!

Desde la Roja, opinamos que tenemos que darle continuidad a la pelea. Y, en ese sentido, exigirle a Foetra y a la Mesa de Unidad Sindical que se pongan a la cabeza, convocando a un plenario de delegados con mandato y garantizando asambleas en cada oficina de Telecom-Cablevisión, Movistar-Telefónica y Claro para discutir un plan de lucha y reclamar el aumento salarial que necesitamos los telefónicos, acorde a la canasta familiar, que hoy supera los 73.000 pesos. Rechazar cualquier tope salarial que quiera imponer el gobierno, con la complicidad de la CGT y la CTA, junto con la UIA, y las cámaras empresarias. Y reclamar justicia por Matías Dimuro, repudiando a Claro y la contratista negrera Global Connect, responsables de la muerte del compañero. ¡La precarización mata!

En este sentido, te invitamos a participar de la charla abierta de la Roja, vía google meet, este viernes 13 de noviembre a las 17, para organizarnos y discutir cómo seguirla. ¡Te esperamos!

Escribe Alfredo Leytes, concejal electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Después de sus grandes movilizaciones contra el ajuste del intendente Llaryora y el gobernador Schiaretti al comenzar la cuarentena, los municipales de la capital han vuelto a las calles. El reclamo por el que marcharon alrededor de tres mil trabajadores el lunes pasado fue por la libertad de sus detenidos, el salario, congelado durante 2020, y el rechazo al ridículo 20% en cuotas que se completaría en marzo de 2021, cargado de sumas no remunerativas. En un país y una provincia donde la inflación crece y se devalúa la moneda esto significa continuar la rebaja salarial que Llaryora aplica desde que asumió, disminuyendo una hora la jornada laboral y el correspondiente salario, además de quitar horas extras, entre otras medidas de ajuste. Esto le permite ahorrar 350 millones de pesos mensuales.

Pero no es solo ajuste salarial. También pretende reformar el estatuto municipal endureciendo las sanciones, limitando el derecho a la protesta y desarrollando una municipalidad paralela mediante los “servidores urbanos” que hacen el trabajo de los municipales a cambio de un plan social. Por eso avanza con sumarios y pedidos de cesantía. Para este ataque cuenta con el apoyo de Schiaretti, que en la marcha anterior mandó a la policía a reprimir salvajemente, dejando el saldo de ocho detenidos (dos siguen presos) y varios heridos, como la compañera Erika, baleada en un ojo.

La razón de este ataque al bolsillo y a las condiciones de trabajo es el pago de la deuda externa municipal, calculada en 150 millones de dólares. El peronismo cordobés prioriza el pago a los usureros a costa de los trabajadores y de los vecinos. Ataca al único sector que aún conserva salarios dignos, como ya lo hizo con los trabajadores de Luz y Fuerza y los de UTA.

Pero el gobierno no la tiene fácil. Las movilizaciones multitudinarias de los municipales muestran su predisposición para luchar. Sin embargo, para derrotar este ataque muchos compañeros reclaman pelear todos juntos, ya que salir separados por reparticiones resta contundencia a las medidas. También se acentúa el reclamo de que se consulte a la base para que sea ella quien resuelva cómo continúa el plan de lucha, terminando con las medidas convocadas a última hora con el argumento de que el gobierno no se entere.

Lo que es una verdadera traición es la actitud de las dos CTA y las dos CGT (sobre todo de la Rodríguez Peña, de la que forman parte) que dejan pasar el ajuste de  Llaryora y  Schiaretti. Los municipales en las calles se han ganado el derecho de exigirles que convoquen a medidas de solidaridad con su lucha. Si ganan los municipales ganamos todos.

Tras dieciocho meses sin aumento salarial, el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza (Stmlm) cerró un acuerdo con el municipio desoyendo el mandato expresado por las bases en distintas asambleas. Reclamábamos un aumento que nos permita alcanzar la canasta básica, pero el sindicato cerró un acuerdo muy por debajo. El sueldo básico de la categoría más baja pasó de 10.000 a 12.500 pesos aproximadamente. Para “votarlo” llamaron a una discusión express, se dio una hora de reloj para que se contemple la propuesta, y  firmaron el acuerdo sin que la mayoría pudiera debatir. La propuesta aceptada incluye un ítem de “ayuda alimentaria extraordinaria”, lo cual da cuenta de que el municipio paga salarios de hambre. Este ítem ni siquiera es remunerativo, por lo cual no lo cobran los compañeros y compañeras de planta transitoria ni los jubilados, que son los que en peor situación se encuentran. Frente a este acuerdo vergonzoso que firmó la conducción gremial, un grupo de delegados, junto con varios trabajadores, se dirigió al sindicato a pedirle explicaciones al secretario general, Daniel Troncoso, quien no solo no dio la cara sino que mandó a reprimir con patotas armadas con palos y cadenas a los trabajadores que se manifestaron, entre los que había varios jubilados. Repudiamos la represión de parte de la conducción del sindicato y le reclamamos a Espinoza el pase a  planta permanente del personal contratado, salarios que alcancen la canasta familiar, condiciones dignas y elementos de trabajo.

El gobierno cerró con los gremios ferroviarios una paritaria de 7% sin retroactivos, logrando de esta forma la rebaja salarial impuesta a todos los trabajadores dependientes del Estado nacional.

Lo firmado, sin hacer ningún tipo de consulta a las bases, por las conducciones de los cuatro gremios ferroviarios (Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Señaleros y Apdfa) es una entrega desvergonzada que nos roba, por un lado, la actualización pendiente del último trimestre de la paritaria 2019-2020, dejándonos 20% por debajo de la inflación del año pasado. Por otro lado, roba la recomposición salarial de marzo a esta parte (período en el que se calcula en un 40% la pérdida del poder adquisitivo, según el Indec), otorgando a partir de octubre 7 por ciento. De bolsillo son 4.900 pesos para la categoría más baja, que es lo que venía pagando el gobierno por ser personal esencial. Además, cambiaron el retroactivo por una suma fija de 10.000 pesos más 4.000 a cuenta de futuros aumentos. Así acumulamos más de 50% de pérdida salarial entre el año pasado y lo que va de este.

Esta rebaja está en sintonía con la reducción del déficit fiscal, de 4,5 %, en el presupuesto 2021, hecho a la medida de las exigencias del FMI, que ya tiene media sanción en el Congreso. Con esto queda demostrado que la fuga de capitales del macrismo la pagará Alberto Fernández a costa de los bolsillos del pueblo trabajador. No le alcanza al gobierno con declararlos esenciales y pedir que le pongan el lomo durante todo este tiempo que lleva el aislamiento social por la pandemia. Ahora pide que comprensión de la difícil situación económica siendo las familias trabajadoras las que más padecemos esta crisis.

Todo este saqueo salarial cuenta con la complicidad de la traidora dirigencia sindical que cierra filas para que pase el ajuste mientras evitan, desvían y revientan cualquier intento de lucha y resistencia a estos planes. 

Como muestra de repudio a esta entrega salarial, desde el cuerpo de delegados de la línea Sarmiento y la Bordó Nacional, convocaron a una concentración en repudio en la base Castelar sin distinción de colores gremiales. Y, además, para coordinar la exigencia de un aumento de salarios de 40%, del pago de los retroactivos adeudados, de paritarios votados por la base y de un plan de lucha de todas las líneas, para diciembre, donde se vuelve a reunir la mesa de negociación paritaria.