Escribe Clara S. de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e Independientes)

En las últimas semanas, de espaldas al rechazo popular expresado en cientos de acciones en todo el país, el gobierno logró la adhesión de tres nuevas provincias al RIGI: Mendoza, Chubut y San Juan, que se suman así a Jujuy y Rio Negro, las primeras en votar la adhesión. En la provincia de Salta, por su parte, se aprobó la adhesión en Diputados, pero quedó en suspenso luego la votación en el Senado mientras una multitud se manifestaba afuera del recinto.

El caso de San Juan resulta emblemático de la amenaza que representa el extractivismo en los territorios y el lobby que ejercen las mineras y petroleras. En esta provincia, donde todas las promesas de crecimiento económico se mostraron falsas, donde en 2015 se sufrió el derrame de mercurio, cianuro y metales pesados sobre cinco ríos, en Jachal, en la Mina Veladero de Barrick Gold, donde hoy se atraviesa una crisis hídrica que ha aniquilado toda actividad productiva ajena a la minería, los diputados de todos los colores se han puesto de acuerdo para votar beneficios aún más cuantiosos para las empresas, con lo que lograron atraer a la minera australiana BHP, conocida por el desastre ambiental de Minas Gerais.

La votación frente al RIGI profundiza la crisis del peronismo, que tanto en San Juan como en Salta aportó los votos necesarios para que el proyecto pase, así como lo hicieron también los diputados del Frente Renovador de Sergio Massa. En la provincia de Buenos Aires, un sector del peronismo criticó a Axel Kicillof por no adherir al RIGI a tiempo para ganar la pulseada por la planta de GNL. El proyecto alternativo promovido por el mismo gobernador bonaerense condensa estas contradicciones ya que ofrece a las multinacionales las mismas garantías que el proyecto oficial.

El peronismo, en materia de extractivismo y saqueo de bienes comunes, no tiene un programa económico sustancialmente distinto, el RIGI trae un marco legal de blindaje para una matriz extractivista que se viene consolidando hace décadas y bajo todos los gobiernos. Por eso necesitamos ejercer toda la presión posible para que respondan a las necesidades de los pueblos y los territorios.

Mientras las “castas” de diputados y senadores negocian entre sí los votos, crece en todo el país la campaña plurinacional contra la adhesión al RIGI, con participación de asambleas ambientales, comunidades indígenas, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, espacios culturales y artistas que a nivel político es acompañada por el Frente de Izquierda Unidad. Vamos hacia una nueva semana de movilizaciones y actividades en todo el país para exigir a los legisladores que rechacen este régimen de saqueo.

Escribe Clara, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

A partir de una propuesta que llevamos junto a compañeres de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) y en articulación con numerosas asambleas socioambientales, lanzamos la campaña plurinacional contra la adhesión al RIGI, que rápidamente cosechó el apoyo de comunidades indígenas, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas de todo el país. Así de necesario era construir una respuesta unitaria frente a este paquete de condiciones para el saqueo, votada recientemente por el Congreso Nacional.

La pelea contra el RIGI aún no está definida, sino que todavía debe ser votada por cada provincia y municipio. Por ahora sólo la provincia de Río Negro, apresurada por disputar la planta de GNL de YPF, votó la adhesión provincial. Aunque muchas provincias desde entonces debaten hacer lo mismo. En particular Buenos Aires, que rapiña esa misma inversión con Río Negro. La campaña implica una exigencia concreta hacia los representantes de los espacios políticos, en particular del peronismo, que se llenaron la boca hablando contra el RIGI cuando se trató en el Congreso y ahora estarían abriéndole las puertas en sus provincias.

Desde el movimiento socioambiental salimos a denunciar que el RIGI no significa ningún progreso, sino destrucción ambiental, profundización de las desigualdades y de los conflictos en los territorios. Este régimen de beneficios para las empresas contempla la jerarquización de sus actividades extractivistas para el uso del agua, la energía y el suelo, por encima de las necesidades de los pueblos, su gente y sus actividades productivas locales, que también se verán afectadas.  

Este paquete es además inconstitucional, ya que violenta derechos reconocidos en la Constitución Nacional como la “no regresividad en materia de ambiente”, así como tratados internacionales vinculados a derechos ambientales, de acceso al agua y de derechos humanos. Vulnera también el derecho a la consulta libre e informada a las comunidades indígenas que habitan los territorios (convenio OIT), el derecho a la información y participación en la toma de decisiones de los pueblos sobre los territorios donde viven (Acuerdo de Escazú), y pretende pasar por encima de legislaciones locales de protección ambiental conseguidas con décadas de lucha.

La Campaña convoca a realizar acciones en cada territorio del 1 al 7 de agosto para visibilizar esta importante pelea. Reforcémosla en todo el país para exigir a diputados y legisladores que rechacen este paquete armado a medida de las multinacionales y el extractivismo.

Compartimos de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS)

El gobierno provincial de Martín Llaryora y la justicia local buscan avanzar en la criminalización de les compañeres que le vienen poniendo el cuerpo a la defensa de los territorios. Las Asambleas del Valle de Punilla hace años están organizadas y han enfrentado el desmonte, y en los últimos tiempos en particular los ataques de quienes quieren avasallar todo al paso de la construcción de la “Autovía de Montaña”, parte del plan del grupo IRSA para conformar un corredor bioceánico que potencie el saqueo extractivista.

A los cotidianos ataques que sufren por parte de las bandas de los especuladores inmobiliarios, como el reciente incendio de una vivienda en Balcón de Punilla, hace tiempo viene sumándose también el brazo judicial imputando a defensores ambientales. En esta oportunidad, seis compañeres están atravesando una denuncia por parte de las autoridades locales, buscando la cárcel de les activistas y el amedrentamiento de las asambleas. Se trata de antecedentes gravísimos en el marco de la creciente hostilidad del gobierno nacional y provincial a quienes defienden los territorios, tal como lo expresó el presidente Javier Milei el 9 de Julio en la firma del pacto al que se prestó también el gobernador cordobés.

Les compañeres están siendo convocados a declarar en un juzgado a 200 kilómetros de distancia encareciendo los ya elevados costos del proceso de defensa. Y por eso están impulsando una colecta de fondos a la que invitamos a sumarse. Así mismo, se están juntando firmas en un pronunciamiento por el cierre de las causas (dejamos en historias y linktree). Proponemos desde BFS además impulsar una campaña de subida de fotos con mensajes de apoyo como “Basta de perseguir a les defensores ambientales de Punilla”, “defender el monte no es delito”.

Todo nuestro apoyo a les compañeres de Punilla y de cada rincón del país donde se lleve adelante la protección de los bienes comunes y los territorios frente a la depredación extractivista.

El gobierno provincial cordobés de Martín Llaryora y la justicia local buscan avanzar en la criminalización de les compañeres que le vienen poniendo el cuerpo a la defensa de los territorios. Las Asambleas del Valle de Punilla hace años están organizadas y han enfrentado el desmonte, y en los últimos tiempos en particular los ataques de quienes quieren avasallar todo al paso de la construcción de la "Autovía de Montaña", parte del plan del grupo IRSA para conformar un corredor bioceánico que potencie el saqueo extractivista.

A los cotidianos ataques que sufren por parte de las bandas de los especuladores inmobiliarios, como el reciente incendio de una vivienda en Balcón de Punilla, hace tiempo viene sumándose también el brazo judicial imputando a defensores ambientales. En esta oportunidad, seis compañeres están atravesando una denuncia por parte de las autoridades locales, buscando la cárcel de les activistas y el amedrentamiento de las asambleas. Se trata de antecedentes gravísimos en el marco de la creciente hostilidad del gobierno nacional y provinciales a quienes defienden los territorios, tal como lo expresó el presidente Javier Milei el 9 de Julio en la firma del pacto al que se prestó también el gobernador cordobés.

Les compañeres están siendo convocados a declarar en un juzgado a 200km de distancia encareciendo los ya elevados costos del proceso de defensa. Y por eso están impulsando una colecta de fondos a la que invitamos a sumarse. Así mismo, se están juntando firmas en un pronunciamiento por el cierre de las causas. Proponemos desde BFS además impulsar una campaña de subida de fotos con mensajes de apoyo como "Basta de perseguir a les defensores ambientales de Punilla", "defender el monte no es delito".

Todo nuestro apoyo a les compañeres de Punilla y de cada rincón del país donde se lleve adelante la protección de los bienes comunes y los territorios frente a la depredación extractivista.

¡Fuerza Asamblea Ambiental Santa María y Asambleas De Punilla!

Escribe “Tata” Gayone, Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha Bahía Blanca

El 21 y 22 de junio de 2024, se realizó en Bahía Blanca el 3º Encuentro de la Red de Comunidades Costeras, con la participación de sesenta integrantes representando a veinte asambleas y agrupaciones que habitan los territorios costeros desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego y la Colectiva ribereña de la localidad de Magdalena.

Los debates  estuvieron centrados en la defensa del mar y los territorios costeros, intercambio que se vio fortalecido por la participación de nuevas localidades que informaron sobre la situación social, política y ambiental que se está enfrentando en cada provincia, proponiendo ejes de acción y estrategias para fortalecer y organizar la resistencia a los proyectos petroleros extractivistas.

Se rechazó la continuidad de la fase exploratoria petrolera que se está llevando adelante en aguas ultraprofundas, cercanas a las costas de las provincias de Buenos Aires y Tierra del Fuego; la ampliación del polo petroquímico y el puerto petrolero en Bahía Blanca, Ingeniero White y Puerto Rosales. El encuentro también se pronunció contra la instalación de la planta de GNL de la multinacional malaya Petronas e YPF y el intento de avance del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, que implicaría la construcción de un oleoducto, desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada.

Se resolvieron dos ejes  de acción: la articulación entre la lucha de las comunidades que defienden sus territorios y los sectores que  enfrentan el plan Motosierra del gobierno de Milei, el RIGI y la Ley Bases, el Protocolo represivo de Bulrich y la extensión de los proyectos de educación ambiental, que ya se venían desarrollando.

La radio abierta en Plaza Rivadavia dio cierre al encuentro en una tarde muy fría, que se fue animando al calor de las intervenciones de cada comunidad costera y las presentaciones musicales. Las palabras de Mónica Dambolena, madre de Juan Cruz Manfredini,  una de las víctimas de la precarización laboral impuesta por las  empresas al servicio del puerto y el polo petroquímico, dejaron en claro la complicidad del gobierno, la justicia y los organismos de control. Las inversiones de las multinacionales lejos de mejorar la vida de las comunidades contaminan y matan, dejándonos cada vez más pobres. Complicidad en favor de las multinacionales que llevó al intendente bahiense del Frente de Todos a convocar a todas las fuerzas políticas, universidades, sindicatos y cámaras empresariales a apoyar la instalación de la Planta exportadora de GNL de Petronas en Ingeniero White, dando por sentada la necesidad de aprobar el RIGI.

A los acuerdos extractivistas por arriba, el encuentro le respondió con la rotunda defensa de los derechos adquiridos, la exigencia de la libertad para las y los cinco detenidos y el desprocesamiento para todos los que luchan.

Desde Ambiente en Lucha participamos del Encuentro y nos disponemos a difundir e impulsar las resoluciones que allí se tomaron.