Escribe Clara, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

A partir de una propuesta que llevamos junto a compañeres de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) y en articulación con numerosas asambleas socioambientales, lanzamos la campaña plurinacional contra la adhesión al RIGI, que rápidamente cosechó el apoyo de comunidades indígenas, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas de todo el país. Así de necesario era construir una respuesta unitaria frente a este paquete de condiciones para el saqueo, votada recientemente por el Congreso Nacional.

La pelea contra el RIGI aún no está definida, sino que todavía debe ser votada por cada provincia y municipio. Por ahora sólo la provincia de Río Negro, apresurada por disputar la planta de GNL de YPF, votó la adhesión provincial. Aunque muchas provincias desde entonces debaten hacer lo mismo. En particular Buenos Aires, que rapiña esa misma inversión con Río Negro. La campaña implica una exigencia concreta hacia los representantes de los espacios políticos, en particular del peronismo, que se llenaron la boca hablando contra el RIGI cuando se trató en el Congreso y ahora estarían abriéndole las puertas en sus provincias.

Desde el movimiento socioambiental salimos a denunciar que el RIGI no significa ningún progreso, sino destrucción ambiental, profundización de las desigualdades y de los conflictos en los territorios. Este régimen de beneficios para las empresas contempla la jerarquización de sus actividades extractivistas para el uso del agua, la energía y el suelo, por encima de las necesidades de los pueblos, su gente y sus actividades productivas locales, que también se verán afectadas.  

Este paquete es además inconstitucional, ya que violenta derechos reconocidos en la Constitución Nacional como la “no regresividad en materia de ambiente”, así como tratados internacionales vinculados a derechos ambientales, de acceso al agua y de derechos humanos. Vulnera también el derecho a la consulta libre e informada a las comunidades indígenas que habitan los territorios (convenio OIT), el derecho a la información y participación en la toma de decisiones de los pueblos sobre los territorios donde viven (Acuerdo de Escazú), y pretende pasar por encima de legislaciones locales de protección ambiental conseguidas con décadas de lucha.

La Campaña convoca a realizar acciones en cada territorio del 1 al 7 de agosto para visibilizar esta importante pelea. Reforcémosla en todo el país para exigir a diputados y legisladores que rechacen este paquete armado a medida de las multinacionales y el extractivismo.