Escribe Mariano Barba 

Crecen las ocupaciones de tierras en la provincia de Neuquén. Son 70.000 las familias que esperan conseguir un pedazo de tierra y una vivienda a lo largo de la provincia, mientras los planes de construcción y loteos son muy escasos. No es prioridad para ningún gobierno resolver el drama de la vivienda. Ahora fue el turno en la ciudad de Senillosa, próxima a la capital, donde unas 100 familias, cansadas de esperar alguna respuesta, ocuparon un predio municipal cercano al balneario.  La respuesta de la municipalidad no se hizo esperar, ya que con el auxilio de la policía de la provincia y la orden de un juez, se aprestaron a desalojar el predio.  Los vecinos se organizaron para resistir y fueron recibiendo el apoyo de distintas organizaciones, entre ellas el FIT-Unidad.  Desde Izquierda Socialita asistieron a apoyar la compañera Angélica Lagunas, junto a un grupo de compañeras, entre ellas Julieta Ocampo miembro del centro de estudiantes de Humanidades y Macarena Encina de la comisión de representantes de la emblemática toma Confluencia. La presencia de distintos sectores rodeando de solidaridad y apoyo a los ocupantes permitió superar el cordón policial y asistir con comida y agua a las familias ocupantes, sobre todo a los niños y embarazadas. La firmeza de los ocupantes y el creciente apoyo de organizaciones políticas y sociales obligó a las autoridades a iniciar el diálogo con los voceros de la toma y acordar un acta que encamina un compromiso de las autoridades al acceso a la tierra logrando un primer paso, como es la declaración de la emergencia habitacional en la ciudad que acompañada con la movilización y el estado asambleario de los vecinos podrá avanzar hacia soluciones más de fondo.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada (mc) bonaerense por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Luego de la reglamentación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) comenzaron a practicarse por primera vez en la historia de nuestro país los abortos voluntarios legales. Con emoción pudimos ver las primeras recetas de misoprostol autorizadas para las IVEs y por fin algo que anhelábamos: que la decisión de quienes deciden abortar sea garantizada por el Estado. Pero también aparecieron las primeras reacciones de los antiderechos, como la medida cautelar en Chaco y presentaciones similares en otras provincias. Desde Isadora, repudiamos estas maniobras de los sectores eclesiásticos y conservadores e invitamos al conjunto de las mujeres a seguir movilizadas para que la ley conquistada con la lucha se convierta en un derecho para todes.

La ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, debe ser aplicada en todo el territorio argentino. Por lo tanto, una vez sancionada la ley y reglamentada, todas las provincias tienen la obligación de implementarla. Sin embargo, en la provincia de Chaco gobernada por el peronista y “celeste” Capitanich no es así y quienes decidan interrumpir sus embarazos no podrán hacerlo (por el momento) en ese territorio, debido a una medida cautelar dictada por la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del juzgado en lo Civil y Comercial N°19 de la ciudad de Resistencia.

La jueza chaqueña, cercana al Arzobispado de Resistencia, concedió el pedido que seis reconocidos activistas locales anti ESI, anti perspectiva de género, anti derechos de la diversidad y anti derecho al aborto y así, ordenó “la suspensión de la vigencia y/o la no aplicación” de la ley en la provincia. Similar presentación hizo en la provincia de Entre Ríos, la abogada Miriam Müller, presidenta del partido NOS, que a nivel nacional se referencia con el ex candidato a presidente Juan José Gómez Centurión. Es decir que por todos los medios los antiderechos celestes buscan que la ley conquistada tras años de lucha no se cumpla.

Iglesia y Estado: asuntos separados

Las iglesias, además de impulsar este tipo de acciones judiciales también están detrás de la objeción de conciencia individual e institucional. Por eso, desde Isadora e izquierda Socialista, ya alertábamos en diciembre del año pasado que la objeción de conciencia del proyecto del ejecutivo era la puerta de entrada para que no se garantice el derecho al aborto. Por ejemplo en la provincia de Córdoba, el Hospital Privado de Córdoba y la Clínica Universitaria Reina Fabiola hicieron una publicación conjunta en la que saludaban a la objeción de conciencia institucional. Un verdadero escándalo no solo porque las instituciones no tienen “conciencia” sino porque además, buscan poner trabas y amedrentar a quienes decidan abortar.

Lejos de bajar el pañuelo verde de la Campaña por el derecho al aborto, debemos seguir peleando por la implementación efectiva de la ley de IVE y contra los objetores de conciencia que buscan impedir nuestros derechos conquistados con la lucha. Y junto al verde, levantaremos el pañuelo naranja de la separación de la iglesia del Estado porque las políticas públicas y los derechos conquistados no pueden estar a merced de lo que un grupo minoritario clerical y reaccionario opine sobre nuestros cuerpos, deseos y decisiones. Por eso, exigimos que el Estado deje de financiar a la iglesia católica como paso fundamental para terminar con los privilegios económicos que gozan los miembros de la curia y que son declarados enemigos de los derechos de las mujeres lesbianas, travestis, trans y no binaries. 

Escribe Malena Lenta

Hace pocos días se hizo pública la noticia de la violación de una joven venezolana de 18 años en el primer día trabajo por parte de su jefe, Irineo Humberto Garzón Martínez, de 35 años, quien es dueño de un comercio en el barrio de Once. Pero además de la traumática situación vivida por la joven, este caso destapa un clásico modus operandi tanto de quienes se aprovechan de la situación económica crítica de las mujeres como de la connivencia de la justicia patriarcal.

Garzón Martínez sabía de la necesidad de trabajo acuciante de la joven y por eso le pidió fotos y la invitó a salir como pago para aceptarla como empleada. Ante el rechazo de la joven, no dudó en drogarla, engañándola con una bebida para poder violarla. Y aunque ella logró avisarle a su familia de lo que estaban sucediendo, cuando ésta llegó al comercio ya era tarde y la violación había ocurrido.

Pero el caso de la joven venezolana no fue único. Y al salir a la luz, llovieron denuncias de mujeres que habían vivido la misma situación con Garzón Martínez, todas ellas trabajadoras desocupadas desesperadas por un empleo. Sin embargo, la justicia patriarcal, a pesar de haberlo encontrado mientras cometía el hecho, decidió dejarlo libre y darle lugar para que amenace y calumnie a la joven y su familia. Al mismo tiempo, tanto la justicia como el gobierno se desligaron totalmente de la contención de la joven, ya que no le dieron la ayuda psicológica necesaria ni tampoco le resolvieron su situación económica que sigue siendo grave.

Por ella y por todas las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual exigimos ¡Justicia! Cárcel ya al violador Garzón Martínez. Que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad deje de mirar para el costado y garantice el presupuesto para abrir programas para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual. Por la plena implementación de la Ley Micaela para que no haya efectores del Estado sin perspectiva de género. Presupuesto ya para las mujeres y disidencias y no para la deuda externa y la iglesia.

La joven Úrsula Bahillo fue asesinada a cuchilladas por su ex pareja Matías Ezequiel Martinez, efectivo de la policía bonaerense en la localidad de Rojas. Ella era víctima de violencia de género y había radicado catorce denuncias contra Martínez. Él, se encontraba con carpeta psiquiátrica -un eufemismo para proteger a los miembros de las fuerzas represivas que cometen delitos- desde septiembre de 2020 y tenía una perimetral que no cumplió y que nadie controló.

Con mucha indignación vecinos, familiares y amigas de Úrsula reclamaron por justicia pero recibieron represión y balas de goma disparadas directamente a la cara como lo denunciaron por redes sociales.  Así actúa la maldita policía de Berni y Kicilof, reprimiendo a quienes están sufriendo por la pérdida de una amiga o hija de 18 años, mientras encubren y cuidan al femicida. Desde Isadora nos sumamos al reclamo de #JusticiaPorUrsula, exigimos cárcel a Martinez y que paguen los responsables de la represión.

Ante las cifras alarmantes de femicidios y el aumento de la violencia machista, exigimos al gobierno de Fernández que declare ya la emergencia en violencia de género con presupuesto acorde para combatirla en base al no pago de la deuda externa y al cese de los subsidios que recibe la iglesia católica y demás instituciones eclesiásticas. 

Paritaria 2020 de Cicop: Seguimos luchando por una recomposición salarial

Escribe Mónica Méndez, Secretaria Organización y Finanzas Cicop

Luego de un año atravesado por la pandemia, concluyó la paritaria 2020 para los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires, a la que también están incorporados los residentes. El congreso de delegados aprobó por amplia mayoría el acuerdo salarial que significó un aumento promedio de 44,6% y para el ingresante de 48,1%. Para el resto de los estatales el aumento fue del 38,7%, lo que nos marca que lo conseguido fue producto del plan de lucha y arrancado al gobierno de Axel Kicillof. En medio de la pandemia y la crisis sanitaria, desde Cicop realizamos caravanas, paros, jornadas de protesta, aplausos y abrazos a los hospitales y centros de salud. Quienes participaron del congreso de delegados son conscientes de la dificultad con la que tuvimos que convivir para reclamarle al gobierno. Muchos se refirieron a este tema durante la sesión. Dentro del acuerdo logramos que se nos otorgue la licencia complementaria extraordinaria, luego de meses de negativa por parte de Kicillof. Este aspecto es muy importante, ya que necesitamos descansar luego de un año que nos dejó extenuados.

Venimos de un atraso salarial muy importante; por lo tanto este aumento, si bien está por encima de la mayoría de las paritarias, no resuelve la crisis salarial. Por ejemplo, un ingresante va a cobrar 59 mil pesos, totalmente insuficiente. Es por ello que debemos encarar el 2021 profundizando el reclamo de aumento salarial, a sabiendas que el gobierno provincial, con el apoyo del conjunto del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio (con la única excepción de los diputados del Frente de Izquierda), votaron un presupuesto destinando menos fondos para 2021 a la salud,en un ajuste que llega también a otras áreas. Aun así saldremos a las calles y seguiremos reclamando por una verdadera recomposición salarial y un aumento del presupuesto en base al no pago de la deuda externa. 

Elecciones en Cicop

Los días 3, 4 y 5 de marzo se desarrollarán las elecciones en nuestro sindicato. Cicop nuclea a 15 mil afiliados distribuidos en 80 hospitales y centros de salud de la provincia de Buenos Aires. Renovaremos nuestro Consejo Directivo Provincial, Congresales y las Comisiones Directivas en los hospitales. Así lo definimos en nuestro congreso de delegados, ya que los cargos están vencidos desde el 20 de agosto. Todo, por supuesto, si las condiciones sanitarias lo permiten.

Desde Izquierda Socialista volvemos a integrar la lista de unidad que se conformó en la anterior elección. Convencidos de que hay que seguir apostando a la unidad para luchar contra el ajuste del gobierno y por un cambio de fondo para la salud pública en la provincia. La lista la conforman distintos espacios políticos junto a sectores independientes, como parte de expresar en la misma a quienes juegan un rol de dirección en los hospitales y sumando a quienes se incorporan a la construcción del gremio en las luchas, como lo son las y los compañeros que se han autoconvocado en el Hospital Posadas y hoy formaron una lista para disputar la comisión directiva en ese hospital, así como tantos otros. Por fuera de esta lista, se presenta el PTS, con una actitud para nosotros equivocada, ya que no apuesta a la construcción unitaria y paciente de la organización, manteniéndose aislados. Desde la izquierda y en particular Izquierda Socialista, seguiremos bregando por mantener a nuestro sindicato independiente de cualquier gobierno y ayudando a la organización de cada hospital, para fortalecer esta herramienta de lucha que es la Cicop.

Corresponsal

La movilización de los jubilados lograron un bono

Escribe Angélica Lagunas, comisión directiva por la minoría de Aten Capital

A la difícil situación económica que vivimos los trabajadores/as activos/as, se suma la de los/as jubilados/as, que vienen siendo saqueados a pesar de haber aportado toda su vida y son el blanco de los ajustes de todos los gobiernos. 

Desde las directivas seccionales, minorías y agrupaciones Multicolor de ATEN Neuquén consideramos necesario movilizarnos ante la definición del gobierno de otorgar un bono en negro a los empleados público y docentes activos y que había excluido a las y los jubilados. Hicimos un llamamiento a todos los movimientos de jubilados/as a unificar los reclamos para superar los límites de luchar separados por gremios y para que definamos de conjunto qué medidas unitarias llevar adelante. El patrón es el mismo: tenemos que unirnos para defender nuestras conquistas y recuperar la actualización salarial según el costo de vida.

Junto a los movimientos de jubilados y gracias a las acciones callejeras logramos que la burocracia sindical kirchnerista de Aten convoque también a movilizar luego de una lluvia de críticas por abajo. Así logramos que el gobierno les pague el 80% del bono que recibimos los activos y ahora nos disponemos a seguir organizando la pelea para recuperar el costo de vida que nos robaron en el 2020. La plata que hoy se lleva el FMI la queremos para salarios y jubilaciones.