Escribe corresponsal

En un pronunciamiento entregado a los ministros de salud y de educación de Nación y CABA, centenares de médicos y profesionales de la salud solicitaron la postergación del inicio de clases presenciales.

“Debido a las condiciones epidemiológicas alarmantes que estamos atravesando por la pandemia, al crecimiento de contagios, a los miles de personas fallecidas y su consecuente afectación en la capacidad del sistema de salud, como así también a la aparición de distintas mutaciones del virus en el mundo (Reino Unido, Brasil, Sudáfrica), consideramos fundamental que el Estado garantice las condiciones de cuidado de la salud integral de los/as niños/as y adolescentes, así como también de la comunidad educativa en general y de la sociedad en su conjunto, y posponga el retorno a la presencialidad obligatoria en las escuelas del país”, dice el texto.

“Investigaciones en Alemania, Gran Bretaña y los Estados Unidos desmienten la idea de que niños/as y adolescentes se contagian menos, y señalan que pueden tener consecuencias a largo plazo.” “Las experiencias de apertura de las escuelas en el hemisferio Norte son diversas y muestran resultados alarmantes: incluso en zonas con valores de circulación comunitaria más bajos que los de Argentina, no pudieron evitarse los rebrotes y se ha llegado a situaciones graves, que obligaron a dar marcha atrás por las altas cifras de contagios y muertes”

“Por eso consideramos que debe demorarse el inicio presencial y continuar virtualmente. La educación no debe ser un trofeo de puja político-partidaria. Deseamos y creemos saludable que los/as niños/as y adolescentes se reencuentren, pero ello no puede ser a costa de negar la realidad de pandemia y desigualdad”.

El colectivo “Familias por un regreso seguro”, impulsor de esta iniciativa, sigue organizando a familiares para luchar, junto a estudiantes y docentes contra los protocolos de Trota, Larreta y los gobernadores. Llamamos a todos los trabajadores a sumarse a estas coordinaciones en todo el país.

Escribe José Castillo

YPF, endeudada y en crisis, vuelve a ser noticia. En plena renegociación de una deuda impagable, generada tanto por las gestiones kirchneristas como macristas, sigue subiendo los combustibles, dándole señales y vía libre a los pulpos extranjeros que operan en el país para que hagan lo mismo. Mientras tanto, continúa el saqueo en Vaca Muerta. ¿Cuál es la salida?

Hace pocas semanas renunció a su presidencia Guillermo Nielsen, el economista liberal, pro establishment, que Alberto Fernández había puesto al frente de la compañía. Fue reemplazado por el diputado kirchnerista Pablo González, ex vicegobernador de Santa Cruz de Alicia Kirchner entre 2015 y 2019. Sin embargo, el saqueo de uno de nuestros principales recursos no renovables continua.

Repasando un poquito la historia

La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la mayor de la Argentina, creada en 1922 y que había contribuido no sólo al descubrimiento y extracción de nuestro petróleo sino incluso al desarrollo y creación de pueblos enteros (como Cutral-có o General Mosconi) fue privatizada en 1992, como parte fundamental del plan de entrega del menemismo. En 1999 fue prácticamente “regalada” a la multinacional española Repsol. Al mismo tiempo, se dio vía libre para que todos los pulpos monopólicos transnacionales del sector pudieran acceder al saqueo del recurso petrolero argentino, tanto en tierra como en la plataforma marítima. Recordemos que, en todo ese proceso de los años 90, jugaron un rol central, como campeones de la entrega, las cabezas políticas de las llamadas provincias petroleras, encabezadas por el entonces gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner. 

Pasaron los años. Repsol saqueó y vació YPF, llevando al límite de prácticamente su agotamiento a las reservas de petróleo, y también de gas, el nuevo negocio del sector. Durante los primeros años kirchneristas todo siguió igual, salvo hacer entrar en el negocio, entre 2008 y 2011, a su banquero amigo Enrique Eskenazi, que se quedó gratis con el 25% de la compañía.

La mentira de la reestatización

Cuando ya Repsol había vaciado la empresa, dejando un pasivo terrible tanto en reservas como en desastre ambiental, YPF fue parcialmente reestatizada en 2012. Las condiciones terminaron siendo escandalosas. Después de que el entonces ministro de Cristina Fernández, Axel Kicillof, asegurara que “no se iba a poner un peso”, el gobierno pagó más de 5.000 millones de dólares. 

Pero eso no fue todo. La empresa pasó a ser una sociedad anónima de mayoría estatal, que cotiza en bolsa, con un 49% de propietarios privados, que en realidad están constituidos por grupos diversos (la mayoría transnacionales) propietarios de acciones con las que especulan en los mercados mundiales. 

La YPF “estatal” desde entonces no tuvo como centro recuperar el rol de promotor del desarrollo. Al contrario. Se dedicó a priorizar la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, con la tecnología contaminante del fracking. Para hacerlo firmó un acuerdo “secreto” con Chevrón, y después se fue asociando con todos y cada uno de los pulpos transnacionales, garantizando así el saqueo. 

Las gestiones kirchneristas, y las macristas que le siguieron, a la vez que garantizaban el negocio de estos monopolios, se dedicaron a utilizar a YPF para obtener divisas, endeudándola al extremo. Así, al día de la fecha, la empresa debe más de 6.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, aprovechando que se trata de la empresa más grande del sector, y por lo tanto la que puede fijar el precio del combustible, se la viene usando para “subir primero” el precio de estos y así, dar las excusas para que las empresas transnacionales privadas lo sigan y de esta forma puedan garantizar sus superganancias a expensas del pueblo trabajador.

Cual es la salida

El Frente de Todos continuó con el discurso de que Vaca Muerta “nos iba a salvar” iniciado por Cristina, y seguido por Macri. ¡Mentira! Vaca Muerta es saqueo a favor de las multinacionales, desastre ambiental y superexplotación -y en varios casos muerte- de los obreros petroleros sometidos al convenio más flexibilizado de la Argentina. 

YPF sigue siendo la empresa que justifica y legitima los aumentos de combustibles, como vimos escandalosamente en los últimos meses. Y el endeudamiento que se le generó la obliga a renegociar y pagar en las mismas condiciones que el resto de la deuda externa: de hecho, no es más que otra parte de la misma estafa, incluso con idénticos acreedores, como los buitres BlackRock y Fidelity.

Es urgente terminar con el saqueo de nuestro gas y petróleo. YPF debe volver a ser 100% estatal y estar gestionada por sus trabajadores y técnicos. Al mismo tiempo, se debe rescindir todos los contratos existentes con los innumerables pulpos del sector, tanto extranjeros (como Chevron, Total, Exxon) como las que tienen participación local (como Panamerican Energy con Bulgheroni o Tecpetrol de Techint). Para así construir una gran empresa estatal que integre todo el negocio petrolero desde la exploración, pasando por la extracción, el refinamiento y la comercialización. Lo mismo se debe hacer con la explotación del gas, reconstruyendo una gran empresa única, estatal, gestionada por sus trabajadores, como supo ser en su momento Gas del Estado.

Escribe Juan Carlos Giordano

Mauricio Filiberti tiene 72 años y un patrimonio de 300 millones de dólares. Rápido para los negocios y desde hace más de 40 años proveedor casi exclusivo del Estado de los químicos necesarios para potabilizar el agua, compró recientemente Edenor en sociedad con José Luis Manzano y Daniel Vila. Se la adquirieron a Marcelo Mindlin, de Pampa Energía.

Manzano fue ex ministro de Carlos Menem, el presidente peronista que remató todas las empresas del Estado en los años 90 (Edenor precisamente nació en 1992 a partir de la privatización de la estatal Segba). Marcelo Midlin viene siendo beneficiado por todos los gobiernos. Vila y Manzano, además, son socios históricos en negocios que van desde los medios de comunicación (en el grupo América) hasta el petróleo (Andes Energía) y vinos (bodega Altus). La tercera pata ahora es Filiberti, el mayor productor de cloro de la Argentina. Su principal cliente es AySA, la proveedora del servicio de agua que hoy está dirigida por Malena Galmarini, mujer de Sergio Massa.

Conozcamos un poco a Filiberti. Se lo podría llamar el hombre del yate ya que es dueño de uno de acero de 64 metros y 3 millones de dólares anclado en el Mediterráneo, con cinco cubiertas, tres piscinas, un garaje con limusina incluida, una parrilla gigantesca y una cava de vino para 500 botellas. Hasta el día de hoy no abandona su pasión por los autos, viéndoselo a bordo de un Porsche 911 Carrera. (La Nación, 31/01/2021).

Mauricio Filiberti comienza su historia a finales de los 80 con el cloro mediante su empresa Transclor S.A. También vende la materia prima para el glifosato (el cloro es un componente vital en el 85% de los agroquímicos). Filiberti es el proveedor casi exclusivo de los elementos para potabilizar el agua, teniendo de cómplice al burócrata del sindicato del gremio. José Luis Lingeri.

La compra de Edenor sacó a Filiberti del bajo perfil.  De Vido y D'Elía (después que el actual presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa dijera que está en contra de indultarlos) lo acusaron de ser el intermediario en la compra de Edenor. Todos se conocen. Massa es amigo de Mindlin; con Vila lo une una amistad de hace 20 años y se relaciona con Manzano. Dicen que Massa trató a Filiberti en la Fundación Nordelta en esas reuniones de “caridad” convocadas por Eduardo Costantini, donde el titular de Diputados hacía las veces de rematador en alguna subasta a beneficio. Malena Galmarini, justificó a Filiberti. "El Estado debe ser el facilitador de un empresariado nacional. Prefiero que a Edenor la compren empresarios nacionales a que la compren multinacionales”, graficó.

"No tengo banderías políticas, soy un hombre de laburo que cada peso que gano lo pongo en fierros", repite Filiberti. El año pasado Macri terminó dos horas a bordo de su yate con Juliana Awada, y es socio de Nicolás Caputo, el amigo del alma de Macri.

Edenor es la distribuidora que tiene tres millones de clientes y un área de concesión que abarca a nueve millones de personas entre el norte de la Ciudad de Buenos Aires y el noroeste del Gran Buenos Aires. Tras la compra de Edenor, Filiberti dijo: “No es un negocio para ahora, sino para mis hijos”. Tiene cinco de tres matrimonios y un sobrino, todos involucrados en sus empresas. Ya dividió su fortuna mitad y mitad con ellos. El lector podrá preguntarse: ¿Alguien puede explicar cómo puede ser que un millonario se quede con una empresa esencial para sus hijos, como lo es una empresa eléctrica? Esto es el capitalismo. Empresarios mafiosos que maman del Estado de la mano de los gobiernos de turno (en este caso del peronismo) cuando esa empresa debería ser reestatizada y puesta a funcionar bajo control de sus trabajadores para brindar un servicio accesible, eficiente y de calidad para millones que lo necesitan.

 Escribe Claudio Funes

Con la excusa de  luchar contra el Covid-19, el gobernador  peronista de Formosa Gildo Insfrán viene  utilizando  métodos  autoritarios y sometiendo al pueblo trabajador y a los sectores populares  a  tratos degradantes  e inhumanos.

Los hechos son concretos y verificables: se ha trasladado por la fuerza a centenares de personas a los  Centros de Atención Sanitaria (CAS), creados por el gobernador. Ahí se hacinan abarrotadas personas con síntomas leves, asintomáticas e incluso sin tener coronavirus (aduciendo contacto estrecho con contagiados),  obligandolas a permanecer internadas en sitios sin las mínimas condiciones de salubridad, y siendo sometidas a una larga cuarentena, en mucho casos mayor a la recomendada por las instituciones sanitarias, bajo estricta vigilancia policial.

Los casos se multiplican. Una mujer denunció haber perdido el embarazo por el internamiento. Otros denuncian que han estado confinados casi un mes, pese a que la cuarentena establecida es de catorce días y haber dado tres veces seguidas negativo en las PCR. Muchos denuncian que se los ha ido a buscar por la policía en medio de la noche, y fueron trasladados cual si fueran virtualmente “secuestrados” por las fuerzas de seguridad.

El gobierno peronista de Insfran aduce que lo que está haciendo es imponer el aislamiento a todos los que hayan estado en contacto con un infectado. Y que estos pueden hacerlo en hoteles vigilados, pagando cada uno de su bolsillo. Pero la realidad es que el pueblo formoseño es  muy pobre, por lo que la mayoría termina en un CAS, donde quedan hacinados, con falta de higiene y malos tratos.

Estas manifestaciones autoritarias del gobernador no son novedad, tienen una historia de veinticinco años. La máxima expresión es la política represiva y persecutoria contra las comunidades indígenas de la provincia que siempre tuvieron como objetivo último garantizar los negocios que implican la deforestación y la tala para el monocultivo de soja, los agrocombustibles y la extensión de la frontera petrolera. Este modelo se inició con el menemismo y se profundizó con el kirchnerismo. Por eso, pasan los años y los gobiernos (todos peronistas), mientras la provincia de Formosa continúa siendo una de las más pobres del país.

Por las denuncias de los métodos utilizados por Insfrán  para combatir la pandemia ya intervienen Human Rights Wach y Amnesty International. Hasta el vespertino francés Le Monde publicó un artículo donde lo critica duramente. El escándalo alcanzó magnitud internacional: las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Formosa alcanzaron status internacional.

¿Y el secretario de derechos humanos?

Ante esta situación el gobierno de Alberto Fernández envió a Formosa al secretario de Derechos humanos Horacio Pietragalla. Este comenzó banalizando los hechos, diciendo que no se produjeron violaciones a los derechos humanos “porque en la provincia no había, como en la dictadura, centros clandestinos de detención”. Finalmente, ante el repudio a sus declaraciones, se limitó a finalizar su visita señalando que “pudimos constatar hechos aislados que generaron el repudio de personas que vieron vulnerada su libertad”. Y dio todo el apoyo al gobernador Insfran y sus métodos de “luchar contra la pandemia”. ¡El gobierno que vive hablando  de los derechos humanos apoya las barbaridades actuales de  Gildo Insfrán y sus nefastos antecedentes!

Fue recién ante el creciente repudio popular y el papelón mundial, que el gobernador se vio obligado a flexibilizar su régimen sanitario y habilitar a hacer cuarentena en el propio domicilio. 

Cambiemos no tiene autoridad para denunciar nada

De toda esta situación se viene aprovechando la oposición patronal de Juntos por el Cambio, que busca llevar agua para su molino de cara a las elecciones, denunciando demagógicamente a Insfrán.   

No tienen autoridad moral ni política para hacerlo. Recordemos que durante el gobierno de Macri, con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad desapareció Santiago Maldonado, asesinaron a Rafael Nahuel y la gendarmería reprimió todo tipo de protestas obreras y populares.

Hoy, Gerarado Morales, gobernador de Jujuy y Rodolfo Suárez, de Mendoza, ambos radicales, son grandes ajustadores y represores en sus respectivos distritos. Ni el PRO ni la UCR tienen autoridad  para hablar de derechos humanos.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo decimos con todas las letras: repudiamos el autoritarismo y la brutalidad del gobernador Gildo Insfrán. Y denunciamos el apoyo que le brindan Alberto Fernández y Cristina y el doble discurso de un gobierno que se titula “de los derechos humanos”.

La conclusión, una vez más, es que los gobiernos patronales, sean nacionales o provinciales, de todo signo político, están al servicio de la ganancia capitalista, por ello cotidianamente violan todo tipo de derechos mientras hacen crecer la miseria entre el pueblo trabajador y los sectores populares. Una vez más, sólo la izquierda es consecuente defensora de los derechos humanos.

Escribe Claudio Funes

Desde que la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de Amado Boudou a cinco años y diez meses por la causa Ciccone Calcográfica se está discutiendo si debe volver o no a la cárcel. Mientras tanto, el ex vicepresidente de Cristina sigue en su casa, con todos los lujos, en “prisión domiciliaria”.

En este lapso, Boudou consiguió que se le redujera diez meses el tiempo que debería pasar encerrado. Así, ya estaría cumpliendo la mitad de su condena y podría pedir permiso para salidas transitorias.  Reforzando la posibilidad de no volver a prisión.

La condena a Boudou, dictada en su contra el 7 de agosto de 2018 fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal y el ya mencionado fallo de la Corte. Las pruebas son contundentes: Boudou es un corrupto.

Pero el kirchnerismo desarrolla una intensa campaña por su libertad a través de una solicitada que se publicó en distintos medios periodísticos y en redes sociales. En ella se advierte una “persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia Kirchnerista”. Lleva la firma de, entre otros, el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva  y del ex presidente de Ecuador, Rafael Correa. La solicitada agrega: “estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población”.

El kirchnerismo habla de “presos políticos”, ubicando en esa categoría a Boudou. Obviamente que detrás de todo esto está la búsqueda de impunidad para la propia Cristina Fernández, involucrada como cabeza en innumerables causas de corrupción durante su gestión.

Mientras tanto el macrismo se mantiene expectante ante los vaivenes de la situación. Ellos también llevaron adelante grandes negociados cuando fueron gobierno, fueron tan corruptos como los kirchneristas y tienen abiertos innumerables juicios, destapados por la misma justicia patronal que va y viene de acuerdo a los distintos momentos políticos.

Para nosotros la discusión es bien concreta: Amado Boudou no es un preso político, es un político corrupto condenado, es un hombre educado que utilizó sus cargos en el gobierno para hacerse de dinero sucio. Como corrupto debe cumplir en la cárcel su condena a prisión efectiva y devolver todo el dinero robado al pueblo. Lo mismo le cabe a todos los políticos patronales, del signo político que sean, que se vienen enriqueciendo a costa de robarle al pueblo trabajador.