Las y los abajo firmantes, ante la persistencia y gravedad de la pandemia del Covid-19 y la crisis mundial de los planes de vacunación, exigimos que no rijan las patentes médicas para las vacunas y medicamentos para el Covid-19.

Rechazamos el manejo irresponsable de la industria farmacéutica privada, su secretismo y el incumplimiento de las multinacionales de entrega de vacuna por su búsqueda de ganancias con la pandemia.

Los gobiernos deben exigir la exención de patentes y desconocer unilateralmente esas patentes de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas para tratar el Covid-19 mientras dure la pandemia y que se coordine un plan de producción y distribución masiva de emergencia de vacunas gratis para todos los países del mundo.

Nos sumamos a las diversas iniciativas que apunten a movilizarse por la exigencia de abolición o suspensión de las patentes hasta lograr la inmunidad colectiva mundial. Entre ellas las de Médicos sin Fronteras (“No a las patentes. La salud no es un negocio”) o la solicitud presentada a la OMS por India y Sudáfrica, apoyada por 99 países, que propone la exención de patentes de herramientas médicas para tratar el Covid-19.

Primeras firmas: Carlos “Sueco” Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA y referente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Patricia Walsh, diputada nacional (m.c.). Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad. Viviana Reinoso, abogada, colectivo Juguete Rabioso.

Salud: Mónica Méndez, secretaria de Organización y Finanzas de la Cicop (Asociación Sindical de Profesionales de Salud, provincia de Buenos Aires). Reynaldo Saccone, ex presidente Cicop. Cristian Luna, secretario general SITE, Tucumán. Oscar Atienza, médico magíster en salud pública, Córdoba. Carlos Pecas Soriano, médico magíster en bioética, Córdoba. Mirta Pacin, médica pediatra, Neuquén. Ivan Sotomayor, enfermero, Autoconvocados de CABA. Raquel Osorio, Licenciada en enfermería, docente de la Escuela de Enfermería de la UNaM. Alberto Blanco, enfermero, Hospital Durand, CABA.

Intelectuales, investigadores y docentes: Juan Carlos Garberi, Dr. Ciencias Químicas, Biólogo Molecular, ex miembro Carrera Investigación Conicet y ex Director del Laboratorio de Biología y Patología Molecular. Hernán Camarero, historiador, docente e investigador Conicet. Pablo Bonavena, sociólogo y docente universitario UBA. Ricardo De Titto, historiador. Martín Mangiantini, historiador e investigador del Conicet. María Alicia Gutiérrez, profesora e investigadora UBA, integrante de la Campaña nacional por el derecho al aborto, CABA. Susana Laura Fernández. Magister en Educación, Profesora de UBA y Universidad de Jujuy (jubilada). Adriana Migliavaca, Profesora del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. José Castillo, economista, profesor e investigador UBA. Mercedes García Carrillo, bióloga y becaria posdoctoral de CONICET. Malena Lenta,  profesora e investigadora UBA, integrante de la Campaña nacional por el derecho al aborto, CABA. Silvio Schachter, arquitecto, Revista Herramienta. Jose Forni, Ex supervisor escolar CABA. Rodolfo Sánchez, Físico e Investigador de Conicet, Bariloche. Silvia Falco, ex supervisora escolar, CABA. Estela Fernández, rectora del Profesorado Juan B.Justo, CABA.

Políticas: Luis Zamora, AyL-Autodeterminación y Libertad).Marta Martínez,legisladora CABA AyL.Juan Carlos “Gringo” Giordano, diputado nacional (Izquierda Socialista FIT-U). Mónica Schlotthauer, diputada nacional electa (Izquierda Socialista FIT-U). Pablo Almeyda, legislador CABA (Izquierda Socialista FIT-U). Mercedes De Mendieta, legisladora electa CABA (Izquierda Socialista FIT-U). Noelía Agüero, legisladora electa Córdoba (Izquierda Socialista FIT-U), Laura Marrone, legisladora (mc) CABA (Izquierda Socialista FIT-U). Mercedes Trimarchi, legisladora (mc) provincia de Buenos Aires (Izquierda Socialista FIT-U). 

Sindical: Mariana Scayola, Secretaria General Ademys, CABA. Jorge Adaro, Secretario Adjunto Ademys, CABA. Montserrat “Tata” Gayone, Secretaria de Ambiente de la CTA de Bahía Blanca. Marcela Almeida, Secretaria Gremial ATE-Indec. Nilda Beatriz Patiño, Secretario General Docentes autoconvocados Formosa. Daniela Vergara, Secretaria de Cultura AMSAFE Rosario. Angelica Lagunas, minoría ATEN Capital. Daniela Pérez, Sec. Gral. ADOSAC- Pico Truncado. Adriana Astolfo, Sec. Adjunta ADOSAC- Pico Truncado. Betiana Gaggioli, Sec. Gral. ADOSAC - Puerto San Julián. Susana Llanos, Sec. Gral. ADOSAC – Piedrabuena. César Baudino, ex Sec. Gral. AGMER Entre Ríos. Graciela Calderón, Sec. Adjunta SUTEBA La Matanza. Olga Ortigoza, Comisión directiva SUTEBA Matanza. 

Escribe Guido Poletti

Ante el desastre generado por los grandes laboratorios multinacionales, que no están cumpliendo con la entrega de las dosis de vacunas prometidas incluso cuando en muchos casos estas ya han sido pagadas, crecen las voces en la mismísima Unión Europea amenazando llegar a expropiar las licencias.

El capitalismo imperialista está demostrando su incapacidad de atender la catástrofe de la pandemia hasta tal punto que desde el propio seno de las instituciones europeas se escuchan voces amenazando a los grandes laboratorios con el objetivo de forzar a estas farmacéuticas a ceder licencias a sus competidores para así tener más fábricas de medicamentos produciendo vacunas en los distintos países europeos.

De esta manera, el Parlamento italiano en diciembre aprobó una resolución que reclamaba el aumento de la producción de vacunas, incluyendo para su realización hasta la posibilidad de la expropiación de licencias. La semana pasada, el propio  ministro de Economía de Alemania Peter Altmaier afirmó que si las empresas no aumentan su cooperación en los próximos meses “habrá que hablar de medidas coercitivas”.

En lo más duro del conflicto abierto entre la Comisión Europea y la farmacéutica AstraZeneca, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel amenazó con activar el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que autoriza a los gobiernos nacionales a tomar físicamente el control de las fábricas de las farmacéuticas, poner funcionariosm públicos al frente de ellas, requisar la producción y expropiar las patentes.

El planteo se generaliza. Ya hace semanas que países con gran capacidad para producir genéricos, como India o Sudáfrica vienen pidiendo que se hagan de dominio público global todas las licencias y patentes relacionadas con las vacunas y medicamentos contra el coronavirus.

¿Qué demuestra todo esto? que lo que venimos sosteniendo desde la izquierda es el único camino ante el desastre de la pandemia, frente a la política criminal de los laboratorios transnacionales. Por eso insistimos con nuestra campaña internacional para que no rijan las patentes sobre vacunas y medicamentos relacionados con el COVID-19.

Escribe Atilio Salusso

El pasado miércoles 3 de febrero, el ministro de Salud brindó un informe virtual ante diputados nacionales. Por el Frente de Izquierda participaron nuestro diputado de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano y Nicolás Del Caño, quienes intimaron al ministro a dar respuestas ante la falta de vacunación del personal de salud, sus demandas aún no resueltas o preguntándole por qué aún ni siquiera se centralizó el sistema de salud para hacer frente a la pandemia. Pero el plato fuerte fue el tema de la vacuna. Hasta que hablaron nuestros diputados de izquierda, las palabras “negocios capitalistas con la vacuna” o el tema “patentes” ni se habían mencionado.

Giordano le planteó cómo puede ser que si el ministro dijo que “la vacuna AstraZeneca se hace en Argentina”, las dosis de esta multinacional no aparecen en nuestro país. Giordano describió que eso ocurre porque el gobierno, a pesar de que el presidente dijo que la vacuna debe ser un bien público global, solo actúa como intermediario del grupo Insud Pharma, que la fabrica en su planta de Garín (provincia de Buenos Aires) y la envía a México mediante un acuerdo con el magnate de ese país Carlos Slim, mientras luego AstraZeneca la patenta, vende y hace fabulosas ganancias. A su vez, Ginés dijo, refiriéndose a la vacuna Pfizer, que el gobierno entabló negociaciones para tenerla pero que “fue defraudado” a pesar incluso de que el Congreso votó una ley a medida del laboratorio transnacional. ¿Cuál es la sorpresa del ministro? Ninguna. Así actúan las multinacionales. También se supo que Argentina puso voluntarios para probar una vacuna China, pero resulta que el propio ministro dijo que el gobierno dictatorial chino le exigió a la Argentina que le compre como condición 30 millones de vacunas.

Ginés develó la política del gobierno cuando dijo “nosotros con los negocios privados no nos metemos”. ¿Dónde está entonces la campaña sobre el rol del Estado que pregona el gobierno? Además, no es cierto que el gobierno no se mete, sino que sí se mete, pero para favorecer el negocio capitalista privado de laboratorios y farmacéuticas.

Cuando apareció en la interpelación la palabra “patente” por parte de nuestros diputados, Ginés dijo “a mí no me pueden decir nada porque escribí libros sobre el tema”. Pero no se trata de escribir libros, sino que hay que proceder en consecuencia, más cuando hay antecedentes de desconocimiento de patentes y de producción local de medicamentos que posibilitaron combatir el Sida en Sudáfrica o Brasil.

En definitiva, el ministro reconoció que su gobierno “nacional y popular” sigue administrando a una Argentina semicolonial sin adoptar ninguna política para combatir los negocios privados con la vacuna y emprender la producción nacional de la misma, como lo reclamamos con el proyecto de ley que hemos presentado desde Izquierda Socialista, o como lo reclaman otros países o plantea Médicos sin Fronteras, entre otras organizaciones en el mundo.     

Texto completo del proyecto presentado por nuestro diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista en el FIT Unidad) en la Cámara de Diputados de la Nación el jueves 4 de febrero de 2020 (6954-D-2020).

Proyecto de ley

Por un plan de emergencia para producir millones de vacunas que combatan el Covid 19 rechazando las patentes médicas y el negocio capitalista de laboratorios y farmacéuticas

Art. 1: Declárase la prioridad sanitaria para el combate de la pandemia del Covid 19 poniendo los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura necesarios para lograr la producción a gran escala de las vacunas requeridas para la inmunización de la población.

Art. 2: El Poder Ejecutivo Nacional debe implementar todas las acciones económicas, comerciales y de cualquier otra índole para tal fin, empezando por desconocer las patentes médicas que rigen para las vacunas y medicamentos para combatir la pandemia, quedando facultado por esta ley para intervenir laboratorios y empresas farmacéuticas extranjeras y del país, a fin de contar con todos los insumos y tecnología necesarios.

Art. 3: El plan de producción, distribución y aplicación masiva de vacunas debe ser de manera gratuita y puesta a disposición inmediata para millones que lo necesitan, el cual debe ser controlado, administrado y gestionado por profesionales y trabajadores de la salud, científicos, académicos, epidemiólogos y demás profesionales, personalidades y organizaciones que apoyen.

Art 4: Destínese todos los fondos necesarios para solventar el presente proyecto comenzando por la suspensión inmediata de los pagos de deuda externa y los que resulten de la implementación de un verdadero impuesto especial a las ganancias de bancos, multinacionales, laboratorios, oligarcas y grandes empresarios.

Art. 5: De Forma.

Fundamentos

La pandemia del Covid 19 sigue haciendo estragos en todo el mundo con millones de contagiados y muertos, mientras se anuncian nuevos rebrotes y oleadas. Ante esa escena catastrófica estamos asistiendo a otra, ya que es inconcebible, que a pesar del gran logro conquistado con la vacuna, un puñado de multinacionales farmacéuticas y laboratorios están privando a millones del derecho humano esencial a curarse al imposibilitar, merced a la existencia de las patentes, la producción a gran escala de la misma lo cual permitiría inmunizar y salvar millones de vidas. Dicho en otras palabras, el capitalismo generó esta pandemia y ahora es el mismo capitalismo imperialista que por su sed de ganancia y a pesar de que se descubrió la vacuna, impide la cura masiva.

Por eso saludamos la campaña que vienen impulsando distintas organizaciones como Médicos Sin Fronteras para que “no haya patentes médicas y que las vacunas, medicamentos y diagnósticos para el COVID-19 lleguen realmente a todas las personas del mundo”, reclamando que los gobiernos exijan “la exención de patentes de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas mientras dure la pandemia”, pronunciándose por el “No a las patentes de medicamentos, vacunas y diagnósticos durante la pandemia”.

Es sabido cómo actúan las multinacionales farmacéuticas y laboratorios. Pero los gobiernos capitalistas vienen cobijando y fomentando sus grandes ganancias, incluso haciendo contratos millonarios secretos y de “confidencialidad”. Estamos hablando de cifras siderales. Según distintas fuentes, Pfizer en 2019 obtuvo beneficios netos por 16.272 millones de dólares; AstraZeneca por 6.600 millones de dólares; Johnson y Johnson por 15.100 millones y Moderna pasó su cotización de mercado de 7.600 a 45.350 millones de dólares.

Los gobiernos han dispuesto miles de millones de dólares sacados de los presupuestos nacionales para subsidiar a las farmacéuticas para que desarrollen las vacunas, y están gastando miles de millones más para comprarlas. Pero han firmado con ellas acuerdos donde las compañías obtuvieron plazos de entrega flexibles, protección de patentes e inmunidad de ser responsabilizados si algo sale mal, blindándolas contra los sistemas judiciales nacionales como la reciente ley 27573 votada en Argentina por las variantes peronistas y la oposición patronal de Juntos por el Cambio, a pesar de la férrea oposición del Frente de Izquierda Unidad. Los gobiernos        imperialistas de Alemania, Francia o      Italia denuncian   los incumplimientos de entrega de la vacuna Pfizer, Moderna o AstraZeneca, pero pactaron contratos leoninos y secretos con ellas. Lo mismo hizo el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX, por su sigla en inglés), la alianza de más de 190 países que está comprando a las farmacéuticas 2.000 millones de dosis.

El acaparamiento por parte de los principales países es claramente repudiable. Según Amnesty International, los países que representan solo el 13% de la población mundial retienen el 52% de las vacunas existentes. La Unión Europea encargó 2.300 millones de dosis cuando solo tiene 450 millones de habitantes. Canadá se ha asegurado suministros equivalentes a cinco veces su población. Israel, que se lo pone de ejemplo, ha pagado mucho más cara la vacuna a cambio de concesiones leoninas, privando de la vacuna al pueblo palestino.

El retraso en la producción de vacunas es un problema mundial del que participan todas las multinacionales farmacéuticas. El doctor Germán Velásquez, ex director del Programa de Acceso a Medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, denuncia que “las patentes están destruyendo la campaña de vacunación”. Es que las vacunas se han desarrollado gracias a cuantiosos subsidios estatales pero, patentes mediante, las multinacionales se han adueñado de lo que en su origen es patrimonio de la humanidad. Es repudiable que gocen de un acceso libre a las investigaciones realizadas en laboratorios públicos o universitarios y ahora carezcan de la obligación de compartir sus propios resultados.

No es ninguna utopía luchar por lo que estamos planteando. En la historia hay muestras de movilizaciones y repudios a las patentes y abusos de las multinacionales. En 1922, por ejemplo, el Laboratorio Lilly intentó patentar la insulina pero tuvo que desistir ante la presión de médicos y la opinión pública. Durante la II Guerra Mundial, los inventores del procedimiento para la producción industrial de penicilina declinaron patentarlo por razones humanitarias. En 1997 el gobierno sudafricano en su necesidad de hacer frente al SIDA promulgó la Medicines Act que, pese a la frontal oposición de EE.UU., suspendía las patentes anti retrovirales. Brasil en 2001 desconoció la patente del medicamento Nelvinavir (Roche) contra ese mal. También en ese año, durante la llamada crisis del ántrax, EE.UU. y Canadá hicieron uso de la facultad de suspender la patente de la ciprofloxacina que poseía Bayer, produciéndolo masivamente como genérico.

La presión social provocó que la OMC (Organización Mundial de Comercio) emitiera la Declaración de Doha en 2001 -de la cual es firmante Argentina- que da carta de naturaleza al derecho de los países a activar licencias obligatorias para medicamentos esenciales dirigidos a luchar contra problemas de salud pública. Pero Estados Unidos y la Unión Europea están haciendo inviable la aplicación de este recurso, con la complicidad tanto de la OMC como de la OMS, organismos cómplices de las potencias imperialistas.

Luchar contra las patentes para vacunas y medicamentos que son patrimonio de la humanidad es tarea de la hora. Como fueron los casos de la vacuna Salk contra la poliomielitis y la penicilina, cuyos inventores Jonas Salk y Alexander Fleming no patentaron dichas vacunas.

Una coalición de 99 países liderada por India y Sudáfrica ha solicitado a la Organización Mundial del Comercio que ceda los derechos de propiedad intelectual para que los fabricantes de medicamentos genéricos puedan comenzar a producir las vacunas. Lo mismo vienen reclamando Médicos sin Fronteras, la reconocida ONG Oxfam, Amnesty International, Frontline Aids (Ayudas de primera línea) y Global Justice Now (Justicia global ahora). En estos días se pronunció en el mismo sentido la rectora de la Universidad Federal de San Pablo, Brasil, entre muchas otras personalidades.

El gobierno argentino, firmante de esta declaración, debe impulsar y desconocer unilateralmente las patentes de vacunas y medicamentos, encarando la producción local para enfrentar la pandemia. El presidente Alberto Fernández dijo en Davos que la vacuna debe ser un “bien público global”. También lo hizo el presidente de Francia, Emmanuel Macrón, y el dictador chino Xi Jinping. Pero es un saludo a la bandera, porque no actúan en consecuencia, llamando a desconocer las patentes y obligando a sus empresas a que lo hagan.

En agosto de 2020, el gobierno peronista del Frente de Todos anunció la producción de la vacuna Oxford AstraZeneca, la cual iba a ser llevada a cabo por el multimillonario empresario kirchnerista Hugo Sigman, uno de los hombres más ricos de Argentina (Grupo Insud Pharma) en sociedad con el magnate mexicano Carlos Slim. Sigman se dedica a la industria farmacéutica y tiene plantas en Argentina y presencia en 40 países. Recientemente ha inaugurado la planta de Garín (Argentina) donde se realiza la producción del principio activo transferido por AstraZeneca. También el gobierno anunció la prueba en el país de la fase 3 para la vacuna Pfizer, a la que se presentaron 4.500 voluntarios en el Hospital Militar. ¡Pero la vacuna no aparece!

Precisamente, la coproducción de la vacuna entre Argentina y México demuestra que nuestro país puede dar un gran impulso al desarrollo de la producción de la vacuna, solo si usa esa producción en beneficio del país y no de AstraZeneca o empresarios como Slim.

La lucha por vacunas para todos y la liberación de las patentes está planteada como una necesidad urgente. El gobierno argentino debe impulsar la producción de millones de vacunas (compartidas en forma mancomunada con otros gobiernos y países) haciendo uso de toda la capacidad instalada en el país, obligando al Grupo Insud y al resto de los laboratorios y farmacéuticas a que pongan toda su tecnología, capacidad instalada y profesional, bajo apercibimiento de ser intervenidas y/o estatizadas.

Si el gobierno argentino junto a casi 100 países de la OMC suscribió la suspensión de las patentes durante la pandemia, ¿por qué no da el paso por desconocerlas y hace una campaña regional y mundial para que se logre en otros países? Es cierto que Estados Unidos y los principales Estados de la Unión Europea (entre ellos el gobierno supuestamente ´progresista` del PSOE y Podemos), Australia o Japón se oponen, pero hay que librar esa batalla.

Impulsamos un gran movimiento con pronunciamientos de científicos, profesionales de la salud, trabajadores y personalidades que quieren combatir la pandemia y acciones como las de las organizaciones que hoy se movilizan en Brasil para repudiar al gobierno de ese país por estar en contra de que se levanten las patentes, lo que permitiría que el inmunizador se produzca en su versión genérica.

Mientras damos esta pelea, señalamos que este proyecto de ley se enmarca en una salida global y de fondo que levanta la izquierda, por la abolición definitiva de todas las patentes y un sistema nacional único de salud, estatizando los laboratorios, la industria farmacéutica y la medicina privada poniéndolos bajo control y gestión de sus trabajadoras y trabajadores para terminar con el negocio capitalista de la salud y así poder garantizar al pueblo trabajador el disfrute de una salud pública, universal, gratuita y de excelencia.

Desde Izquierda Socialista y la UIT-CI (Unidad Internacional de trabajadoras y trabajadores-Cuarta Internacional) nos sumamos a todos aquellos que reclaman contra las patentes farmacéuticas, por vacunas gratuitas para todos y un plan de producción de emergencia mundial de las mismas con libertad de producción en cada país. El presente proyecto de ley va en ese sentido.

Escribe Atilio Salusso

"La ley permite que el presidente expropie una fábrica para la seguridad del país. ¿Cuándo se hará cargo el presidente Biden de la fábrica de vacunas covid Pfizer en Kalamazoo y comenzará a operar las 24 horas del día, los siete días de la semana? Cientos de miles murieron. Envíe tropas a Kalamazoo", le reclamó el famoso cineasta y documentalista Michael Moore al flamante presidente de Estados Unidos a través de su twitter.

De esta manera le salió al cruce a Biden quien había dicho al recibir la primera dosis de la vacuna que "no había nada de qué preocuparse".

El reclamo de Moore obedece a la crisis tremenda ocasionada por el faltante de vacunas culpa de las multinacionales. Y con su audaz propuesta, muestra una salida ante la emergencia para que el Estado yanqui se haga cargo de producir millones de vacunas para combatir el mal.