Escribe Adolfo Santos

Quedó atrás el primer año del gobierno peronista de Alberto Fernández y el Frente de Todos. Llegaron prometiendo gobernar para los sectores más vulnerables, a los que Macri había atacado sistemáticamente durante su gobierno. Fue solo un doble discurso. En los hechos, el ajuste continúa, la inflación no cede, los salarios son reajustados a la baja y la política económica se centra en las negociaciones con el FMI y el cumplimiento de sus exigencias para pagar la deuda externa. En este marco, padecemos el flagelo de la pandemia en el que el gobierno peronista destinó más recursos para socorrer a los grandes empresarios y multinacionales que los que dispuso, y dispone, para la salud del pueblo trabajador y para paliar las necesidades que genera la pobreza en los hogares humildes. Las y los trabajadores de todo el país seguimos expuestos también al contagio cuando viajamos en el transporte público hacinados y por la falta de medidas efectivas de protección en los lugares de trabajo. 

Con el gobierno del Frente de Todos el salario sigue perdiendo terreno. Con una inflación cercana a 40 por ciento, que asciende a varios puntos más en los rubros más necesarios, como alimentos y bebidas, la mayoría de los acuerdos salariales fueron cerrados a la baja, con sumas fijas y en cuotas. Es el caso de gremios importantes como metalúrgicos, mercantiles, la construcción, bancarios, sanidad, alimentación y, recientemente, ferroviarios. Peor todavía es la situación de los trabajadores estatales y los docentes. UPCN y la ATE que conduce Hugo “Cachorro” Godoy cerraron un aumento de 25 por ciento en cuatro cuotas hasta mediados de 2021, llegando al extremo de percibir solo 7 por ciento de incremento en 2020. En el caso de los trabajadores de la educación, la burocracia acordó un aumento en cuotas de 33,46 por ciento. O sea, la mayoría de los trabajadores vieron perder parte de su salario con la inflación mientras los dirigentes sindicales burocráticos no opusieron resistencia alguna.

Salario mínimo y jubilaciones: un ataque a los vulnerables 

El salario mínimo, importante valor testigo para la numerosa franja de trabajadores que están en negro, fue acordado en octubre en una reunión relámpago de la Comisión Técnica del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Las cúpulas de la CGT y de las CTA, con la presencia de la CTEP, aunque sin voto, acordaron con las cámaras patronales, y bajo la supervisión del gobierno, un reajuste de 28 por ciento, solo que, al ser en cuotas, en 2020 recibieron apenas 22 por ciento.  

Las jubilaciones, otro de los indicadores de la situación económica del pueblo trabajador, también sufrieron un duro golpe. La promesa del candidato Alberto Fernández, de que una de sus prioridades sería mantener el poder adquisitivo de los jubilados, no fue cumplida. Suspendió la vergonzosa ley de movilidad de Mauricio Macri, otorgó aumentos por decreto y estableció un mecanismo de reajuste que inexorablemente significó una pérdida para los y las jubiladas. Cobardemente, el gobierno aprovechó el proceso de movilización por la ley de interrupción voluntaria del embarazo para aprobar, junto con la oposición patronal, una movilidad jubilatoria que no contempla la inflación. Ahora el objetivo es “ahorrar” alrededor de 100.000 millones de pesos que irán a parar a los cofres del FMI. Un verdadero Robin Hood, al revés, les saca a los jubilados para darle a los banqueros.

Es un brutal ataque a un sector largamente postergado. Si consideramos la inflación oficial, las jubilaciones sufrieron pérdidas que alcanzan 8,7 por ciento. No solo no se recuperaron las pérdidas de la era Macri, sino que se profundizó el deterioro. Pero en realidad estos índices son peores. La recomposición de las jubilaciones recién se completará en marzo, ya que fue otorgada en cuotas, y todo indica que la inflación de este año puede seguir creciendo muy por encima de los índices de movilidad pautados por el gobierno. 

La burocracia sindical es cómplice del ajuste del gobierno peronista 

Esta situación de deterioro social, agravada por la pandemia, no sería posible sin la complicidad de la dirigencia sindical burocrática. Los dirigentes de la CGT han apoyado cada medida del gobierno, incluida la negociación con los usureros de la deuda externa. Se reunieron con el FMI para pedir clemencia en vez de llamar a una movilización para enfrentarlo y exigirle al gobierno que rompa esos acuerdos que nos condenan a más miseria y pobreza. Lo único que movilizó a los burócratas sindicales fue el reclamo del dinero de las obras sociales, una verdadera caja negra que manejan discrecionalmente y que sirve para mantener sus prebendas. No organizaron ninguna lucha para defender el salario u oponerse a los despidos, las suspensiones y la pérdida de derechos. Sí se reunieron con Alberto Fernández para solicitar que se aumenten los aportes de los trabajadores a las obras sociales.

Organizar la lucha para enfrentar el ajuste del gobierno 

Este 2021 será un año en el que tendremos que seguir enfrentando el fuerte ajuste que pretende imponer el gobierno. Evidentemente, no tenemos ninguna confianza en que los dirigentes burocráticos vayan a movilizar contra los planes de ajuste. Su papel es impedir que se desarrollen las luchas. Para revertir esta situación tenemos que organizarnos desde las bases para frenar este brutal ajuste. No se pueden seguir soportando las políticas de un gobierno que, con doble discurso y frases grandilocuentes como “se acabó la Argentina de los vivos”, gobierna para los grandes empresarios, a los que les otorga subsidios que favorecen sus ganancias, en desmedro de los trabajadores y los sectores populares a los que empobrece con el ajuste, vía la inflación, con la precarización laboral o con despidos. 

En 2020, en medio de las limitaciones impuestas por la pandemia, varios sectores salieron a luchar para enfrentar los despidos y las suspensiones y para exigir mejores condiciones de salario y de trabajo. Los sindicatos aceiteros protagonizaron una huelga de veinte días que paralizó terminales portuarias y el complejo agroindustrial. Hicieron retroceder a la patronal del sector y consiguieron 35 por ciento de aumento salarial en 2020, un bono anual igual a un salario, un bono pandemia de 90.000 pesos en nueve cuotas y un ajuste salarial de 25 por ciento para 2021 en dos tramos, más una revisión salarial en agosto con aplicación del IPC (Índice de Precios al Consumidor). Un importante triunfo que muestra el camino. Pero no fueron los únicos, los trabajadores de la salud, ferroviarios encabezados por la Lista Bordó del Pollo Sobrero, los del neumático, mineros y ceramistas de Neuquén, aeronáuticos de Latam, docentes de diferentes provincias, municipales de Córdoba, Algodonera Avellaneda, entre otros, también ganaron las calles demostrando una importante disposición de lucha. 

Hay que exigirle a la CGT que rompa la tregua con el gobierno, las grandes patronales y las multinacionales. Hay que organizarse desde abajo, realizar asambleas donde se pueda, o reuniones de delegados y activistas para pelear para que los salarios y las jubilaciones sean acordes a la canasta familiar. Que los desocupados cobren lo mismo que el costo de la canasta de pobreza calculada para una familia tipo, que en diciembre pasado alcanzó los 55.000 pesos. Que se frenen realmente los despidos y las suspensiones mientras dure la pandemia. Que se les exija a las patronales que cumplan con todas las medidas de protección adecuadas en cada lugar de trabajo. Que se hagan testeos masivos, se pague un salario que permita vivir a los trabajadores y sectores populares que deban aislarse y se continúe la vacunación, acelerando el ritmo, incluyendo en primer término a todos los trabajadores considerados esenciales. 

Por estas medidas, apoyando todas las luchas y por una nueva dirección combativa y democrática de la clase trabajadora venimos peleando desde el sindicalismo combativo. 

Desde Izquierda Socialista, junto al Frente de Izquierda Unidad, seguiremos luchando por estas reivindicaciones, contra el ajuste del gobierno y el FMI, por una alternativa política para los trabajadores y los sectores populares que comience por romper los acuerdos con los usureros e imponer el no pago de la deuda externa para así tener salarios, salud, educación y viviendas dignos, para que la crisis la paguen los capitalistas.

Socialist Core, simpatizantes de la UIT-CI

El 6 de enero una turba de cientos de ultraderechistas tomó el Capitolio, interrumpiendo la ratificación formal del resultado de la elección presidencial por parte del Senado. Cientos de fanáticos armados ocuparon el edificio durante varias horas y obligaron a los senadores a huir del lugar. La jornada dejó cinco muertos, entre ellos un policía y una atacante abatida por la policía.

Trump venía maniobrando desde antes de la elección para desconocer un resultado adverso, cuestionando la validez de los votos por correo. Luego, al perder la elección, dedicó semanas a intentar revertir en los tribunales el resultado, agitando denuncias de fraude, incluso presionando al secretario de Estado de Georgia para que cometiera fraude o al vicepresidente Pence para que no proclamara a Biden como ganador. En estas maniobras y el desconocimiento de las elecciones participó un importante número de congresistas y senadores republicanos. El 6 de enero Trump se dirigió desde una tarima a la concentración de fanáticos de ultraderecha y la exhortó a dirigirse al Capitolio a apoyar a los senadores y congresistas republicanos que objetaban el resultado electoral y a presionar a los indecisos o contrarios a impugnar la elección.

El ataque al Capitolio es un síntoma de la profundidad de la crisis del régimen político capitalista estadounidense.

Muestra también la polarización política y social cada vez más extrema, en el contexto de la mayor crisis económica y sanitaria en más de cien años. En ese marco el ataque del 6 de enero es muy grave porque representa un aumento en la confianza de la ultraderecha, alimentada por la impunidad que le han brindado por largo tiempo las autoridades en sus acciones criminales, y de manera directa por la agitación de Trump.

Los gritos al cielo de los políticos del sistema sobre la condición fundamentalmente “antiamericana” del ataque del 6 de diciembre son alardes de hipocresía. La historia estadounidense está llena precedentes, toda clase de “pogroms” en los que bandas de racistas han atacado gobiernos locales, a organizaciones obreras y comunidades afroamericanas. Y a nivel internacional son incontables los grupos criminales de extrema derecha que han recibido financiamiento y apoyo político por parte del imperialismo estadounidense.

Naturalmente, la acción se ha revertido contra Trump. Biden y los demócratas, así como numerosos medios de comunicación, han calificado el ataque como una insurrección o golpe de Estado.

La acción de la extrema derecha fue una jugada desesperada de Trump, derrotado electoral y políticamente, no con el objetivo de tomar el poder del Estado, sino para consolidar su base social de extrema derecha como parte de la disputa por el liderazgo del partido Republicano. Pero el intento de disciplinar al partido al liderazgo de Trump profundizó las divisiones. Mike Pence y Mitch McConnell no acompañaron su aventura, e incluso algunos congresistas y senadores dieron marcha atrás en su apoyo al desconocimiento de la elección luego del 6 de enero.

En realidad, en la acción no participó ningún sector de las fuerzas armadas, ni hubo un llamamiento a las fuerzas armadas a intervenir, no hubo un intento de conformar un gobierno de facto o de atrincherarse en el Capitolio y llamar a una insurrección generalizada. No hay indicios de una estrategia insurreccional o golpista. A un nivel más estructural, ningún sector importante de la burguesía está persiguiendo una estrategia de liquidar el régimen existente para realizar una contrarrevolución e imponer una dictadura.

El 11 de enero se inició un proceso de impeachment contra Trump por incitar una insurrección, aprobado dos días después por el Congreso, que de tener éxito impediría que pueda presentarse como candidato en la elección presidencial de 2024. También ha habido llamados al vicepresidente Mike Pence a aplicar la 25va enmienda y destituir a Trump. Sin embargo el impeachment sería casi simbólico ante la gravedad de los crímenes de Trump.

La connivencia del régimen con la ultraderecha

Desde su relación con Bannon hasta los actuales vínculos de su asesor Steve Miller y de su hijo Donald Jr., con los grupos fascistas, Trump no ha ocultado su simpatía con las agrupaciones de tendencias fascistas. Ante el ataque por parte de fascistas en Charlottesville, Trump les saludó como “buena gente”. Durante un debate presidencial exhortó al grupo paramilitar Proud Boys “retrocedan y esperen” (“stand back and stand by”). Criminalizó al antifascismo. Al calor de su agitación se realizaron en noviembre y diciembre movilizaciones de extrema derecha en Washington DC. El propio 6 de enero, forzado a llamar a sus legionarios a retirarse, Trump reiteró su “amor” por ellos.

Pero no se trata tan solo de Trump. Todo el partido Republicano ha considerado como un importante capital político a esa constelación de extrema derecha, que va desde evangélicos fanáticos hasta neonazis, pasando por grupos de supremacistas blancos, ultraliberales, sectas conspirativas y demenciales como Qanon, antivacunas, antisemitas, etc. Algunos ahora fingen horrorizarse como el Dr. Frankestein ante su creación, pero son corresponsables junto a Trump de haber alimentado al monstruo. Mientras que el partido Demócrata ha demostrado su incapacidad para enfrentar a este peligroso fenómeno, pues su interés ha girado constantemente en torno a llegar a acuerdos con los republicanos. Ambos partidos, pese a sus diferencias, son representantes de las multinacionales y los banqueros. Por eso luego de su elección, el discurso de Biden ha hecho énfasis en la “reconciliación”.

Diversos reportajes periodísticos muestran que el FBI ya había advertido de la amenaza que suponía la movilización reaccionaria desde al menos finales de diciembre, pero no se organizó ningún operativo para impedir que los fascistas tomaran el Capitolio. El día del ataque se realizaron muy pocos arrestos. Miembros del Servicio Secreto, la Seguridad Nacional (Homeland Security), el gobierno del Distrito de Columbia, el Pentágono, la Guardia Nacional, la Fuerza de Tareas Conjuntas, habían hablado con la prensa sobre la amenaza, pero no hicieron nada. Ante la escandalosa incompetencia, sospechosa de complicidad, el jefe de la Policía del Capitolio tuvo que renunciar. Obviamente la presidencia no coordinó ninguna acción defensiva y Homeland Security también es señalada por complicidad.

El contraste no podría ser mayor entre el tratamiento brindado por las autoridades a los grupos de ultraderecha y las protestas antirracistas del verano de 2020. Durante dichas protestas hubo alrededor de 14 mil detenidos entre el asesinato de George Floyd el 25 de mayo y la primera semana de junio. Cientos de periodistas fueron atacados por la policía, hubo decenas de manifestantes asesinados. Hasta el día de hoy permanecen en la cárcel cientos de presos políticos vinculados a las protestas. En total se desplegaron unos 100 mil guardias nacionales y militares de otros componentes para atacar las protestas. La escala de la represión no fue mayor debido a que el intento de Trump de militarizar el país fracasó por falta de apoyo en las fuerzas armadas.

Grupos de ultraderecha ya están organizando nuevos ataques para el 17 de enero en Minnesota y Michigan. Paramilitares ya habían tomado el capitolio de Michigan en abril con discursos negacionistas en relación con la pandemia, y planearon secuestrar al gobernador de Michigan en octubre.

Perspectivas ante el gobierno de Biden

Las ilusiones en “volver a la normalidad” que abrigan algunos de quienes votaron por Biden, o en que puede haber cambios positivos para el pueblo trabajador, los migrantes o el movimiento antirracista, se estrellarán contra la realidad. Biden es un político tradicional que ya gobernó junto a Obama y fue corresponsable de los programas de austeridad aplicados durante la crisis de 2007-2008. También promovió legislaciones represivas y de encarcelamiento masivo, al igual que Kamala Harris. Fue en esa vieja “normalidad” en la que se incubaron todos los elementos de la actual crisis y que facilitaron el ascenso de Trump.

Biden, con el control de ambas cámaras, demostrará una vez más que el Partido Demócrata gobierna a favor de los capitalistas, de las multinacionales, los banqueros y que no defiende los intereses de los afroamericanos, latinos, las mujeres, la clase trabajadora y demás sectores explotados y marginados. La crisis económica y social está en un punto álgido. Han fallecido más de 385 mil personas por la política criminal y negacionista de Trump ante la pandemia. Millones han perdido sus empleos y se ven amenazados por la miseria. La salud está en gran medida privatizada, pero Biden no tiene intenciones de cambiar esa situación.

La amenaza de la ultraderecha continuará. Los distintos gobiernos demócratas y republicanos y las instituciones del Estado capitalista no han tenido ningún interés en destruir a ese movimiento, tal y como quedó demostrado una vez más durante el ataque al Capitolio.

El gobierno de Biden y los demócratas tampoco pretenden destruir ese movimiento. Ellos siempre dejaron correr, desde sus gobiernos, la represión racista y el accionar de los grupos de ultraderecha. La burocracia sindical de la AFL-CIO, ligada al partido Demócrata, rechazó el ataque al Capitolio pero no tomó ninguna medida para preparar a los sindicatos para dar una respuesta No se puede confiar ni tener expectativas en ellos. Solo la movilización desde abajo puede parar a la ultraderecha.

Una propuesta para la unidad

Depende del movimiento antirracista, de los sectores populares, de las bases obreras, de las mujeres, de la juventud, poner en pie un poderoso frente que ponga a los fascistas en retirada. Experiencias como la de Boston en agosto de 2017, cuando miles de manifestantes acorralaron a unos pocos cientos de fascistas, o el propio poderoso movimiento de Black Lives Matter han demostrado que con la masividad de la movilización se puede ganar terreno y quitarle las calles a la ultraderecha. Así como el pueblo griego derrotó a los neonazis de Amanecer Dorado, de igual manera el pueblo trabajador estadounidense puede derrotar la impunidad.

Pero también será necesaria esa movilización unitaria para enfrentar la política antipopular del futuro gobierno de Biden. Con un maquillaje “democrático” y “antitrumpista” van a seguir favoreciendo a los grandes empresarios y banqueros que los apoyaron.

Es urgente convocar un encuentro nacional de organizaciones populares bajo el liderazgo de Black Lives Matter, las organizaciones comunitarias, de trabajadores, de mujeres y de la izquierda, para avanzar hacia un programa de exigencias común y una agenda de movilización. Contra la ultraderecha y también por exigencias sociales y económicas al nuevo gobierno ante la brutal crisis económica, social y sanitaria. Los Socialistas Democráticos (DSA) tienen la responsabilidad de ayudar a construir este frente unitario de lucha.

Estas son algunas propuestas iniciales para la discusión democrática de un programa unitario:

Desfinanciamiento de la policía y cárcel a los policías racistas.

Libertad a los presos políticos del movimiento antirracista.

Fin a la política de encarcelamiento masivo. Fin de la privatización de las cárceles. Cierre de los campos de concentración de inmigrantes de ICE.

No a los intentos de los demócratas de aprovechar el ataque al Capitolio para promover nuevos instrumentos legales que restrinjan el derecho a la protesta.

Juicio y castigo para Trump y los dirigentes fascistas por su rol en el ataque criminal del 6 de enero y otros ataques criminales. Basta de impunidad para la violencia de la ultraderecha.

Salud pública gratuita y universal.

Aumento del salario mínimo a $15 por hora y una renta básica universal hasta el fin de la crisis.

Igual pago por igual trabajo para hombres y mujeres.

Altos impuestos a los grandes grupos económicos y bancos. Que ese dinero y el de los recortes a los presupuestos policiales vaya a educación, salud y asistencia social.

No a la supresión de votantes, que afecta desproporcionadamente a las comunidades afroamericanas, latinas e indígenas. No al gerrymandering.

No al colegio electoral. Elecciones directas, una persona-un voto. Representación proporcional en el Congreso y abolición del Senado.

Sabemos que no son tareas sencillas. Pero la movilización masiva y coordinada en todo el país puede abrir el camino de cambio.

Convocar a un Encuentro nacional sería un gran paso para coordinar las luchas. La otra gran tarea pendiente es la necesidad de construir una alternativa política unitaria de la izquierda por fuera del bipartidismo. Se necesita superar la división existente en la izquierda anticapitalista. Sería muy importante que los Socialistas Democráticos (DSA), que es la organización más numerosa de la izquierda, sean parte de esta construcción. Deberían dar el paso de romper con el Partido Demócrata. Es necesario avanzar hacia la construcción de un partido amplio, unitario e independiente de la izquierda. Los cambios de fondo solo los puede llevar a cabo un gobierno del conjunto de la clase trabajadora y los sectores explotados y oprimidos.

Socialist Core, Simpatizantes de la Unidad Internacional de trabajadoras y trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)
15 de enero 2021

Hoy el gobierno nacional, a 15 dias de la aprobación en la cámara de senadores, anuncia la promulgación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. A partir de su publicación el aborto hasta la semana 14 será legal en todo el país. Quienes luchamos por conquistar este derecho, hoy celebramos y reafirmamos que este triunfo es producto de la luchas de décadas del movimiento feminista en argentina, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal , Seguro y Gratuito , de la marea verde que no abandonó las calles. El gobierno nacional quiere instalar que este es un triunfo del oficialismo, incluso omitiendo la participación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en la promulgación de la ley, tal como lo hizo con el proyecto presentado por Alberto Fernandez.

Desde Isadora decimos que si el aborto legal se conquistó, fue por la lucha que dimos en las calles por nuestro derecho a decidir y en particular porque nunca bbajamos nuestro pañuelo verde ni confiamos en níngún gobierno, y decimos que este triunfo nos fortalece para seguir peleando por todos nuestros derechos. Y sobre todo, queremos que la marea verde se expanda por todo América Latina, como está ocurriendo en Chile y que el movimiento feminista refuerza la lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.

A pesar de que la ley entra en vigencia en todo el país sin necesidad de adhesiones provinciales, sabemos que las iglesias y los sectores más conservadores de nuestro país continuaran intentando obstaculizar el acceso al aborto, amparados en las negociaciones que tuvieron con el gobierno, en concreto en los artúculos que permiten la objeción de conciencia, que obstaculiza nuestro derecho a decidir. Por eso debemos seguir organizades, y se plantea más que nunca la necesidad de la separación de las iglesias y del estado. Nuestra pelea por la aplicación de una educación sexual laica, científica y con perspectiva de género en todo el sistema educativo.

Una vez promulgada la ley el movimiento feminista tiene la tarea de garantizar presupuesto para la aplicación efectiva de la ley contra el ajuste en el sistema salud, y que lo que se destina hoy para el pago de deuda externa se utilice para garantizar el derecho al aborto y para acabar con la violencia de género y en el combate contra la pandemia.

Más fuertes por el triunfo de nuestra lucha por el aborto, la marea verde tiene la tarea de exigir la implementación efectiva del aborto legal y vamos por todos nuestros derechos. Estamos haciendo historia, y no vamos a parar hasta terminar contra toda forma de violencia de género y por todos nuestros reclamos.

Isadora, mujeres en lucha
(Izquierda Socialista + independientes)

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop e integrante de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El decreto presidencial conocido el viernes 8 lejos de sentar reglas para enfrentar el rebrote, es una contradicción en sus términos: un “decreto” que no “decreta”, sino que “sugiere” medidas a los gobernadores y a los municipios que pueden o no tomarlas. Es la renuncia a una política centralizada para enfrentar el nuevo pico. De esta manera, cada jurisdicción podrá dictar las normas que vayan fijando los intereses económicos patronales locales.

Un rebrote de incierto futuro

El gobierno del Frente de Todos acaba de reconocer que a partir del 14 de diciembre pasado estamos viviendo un ascenso en el número de contagios diarios. Un estudio hecho por infectólogos de hospitales del conurbano sobre el AMBA muestra que desde esa fecha los contagios diarios han trepado hasta alcanzar la misma cantidad que a principios de agosto y continúan en crecimiento.

Si aumentan los contagios, aumentan las muertes. La cantidad de muertes diarias alcanzó el mismo nivel que había a principios de agosto. Los casi 45.000 decesos acumulados desde el comienzo son la misma cantidad de habitantes de una ciudad como Río Tercero. En esta ciudad, la explosión dolosa de una fábrica militar en 1995 dejó siete muertos y 300 heridos, lo que en su momento fue considerada una verdadera tragedia nacional. Cuánto más lo es ahora, en que debemos lamentar la muerte, no de siete, sino de una cantidad igual a la totalidad de los habitantes de esa ciudad.

Según el trabajo citado, el 85 % de la población sigue siendo susceptible al virus. “No aprendimos de la Europa actual […] Este invierno vamos a estar en el infierno con la segunda ola, si no conseguimos vacunar a un alto porcentaje de la población, especialmente a los que están en riesgo […]” Pero no basta la vacuna. Para estos infectólogos, además de la continuación de las medidas de cuidado, son importantes “los hisopados y el rastreo de contactos”, con lo que coincidimos. Veamos, entonces, que hace el gobierno peronista y la oposición patronal de Cambiemos.

La política del gobierno ante el nuevo auge de la pandemia

Fruto de los desaciertos del gobierno peronista de Alberto Fernández y de los gobernadores peronistas, radicales y de PRO, hemos llegado a la actual situación de ascenso de los contagios y las muertes. Para esto fue decisivo el levantamiento cada vez más irrestricto de las medidas de aislamiento y la casi nula actividad de testeo y rastreo que podría haber regulado el aflojamiento de las restricciones y detectado los focos de contagio. Lejos de eso, gobierno peronista y oposición patronal no buscaron satisfacer las necesidades de salud del pueblo trabajador sino los requerimientos de los grandes empresarios y multinacionales de volver a la “normalidad” para mantener sus ganancias. Así fue como la aglomeración en los lugares de trabajo sin prevención y el transporte público de la “nueva normalidad” ayudaron a diseminar el virus mucho más que las “juntadas” de los jóvenes, tan condenadas por todos los partidos patronales.

Al mismo tiempo, se desarrolla una importante campaña mediática contra los encuentros sociales a los que demoniza como causantes del contagio y oculta el papel que juega la “normalización” de la actividad económica. Hacen aparecer a las víctimas como los responsables de su propia enfermedad y enmascaran las verdaderas causas sociales de la extensión de la misma.

Lo que habría que hacer y no se hace

Una de las principales críticas de la comunidad científica internacional ha sido que en casi ningún país hubo un mando centralizado de la lucha contra la pandemia. Esa crítica le cabe al gobierno de Alberto Fernández. Es necesario centralizar una campaña nacional que incorpore los testeos y rastreos sistemáticos en función de criterios de salud pública. No puede ser que haya testeos para quienes puedan pagarlo y no alcance para las campañas públicas. Por eso, junto con la centralización de los recursos hospitalarios públicos y privados, deben serlo también los laboratorios clínicos y puestos al servicio de una campaña nacional, como por ejemplo hizo Irlanda.

El gobierno también debe sostener económicamente a los trabajadores y sectores populares (incluidas las ayudas económicas a los pequeños comerciantes, propietarios de restaurantes, bares, talleres, etcétera) que deban aislarse y pagarle un salario que les permita vivir. También debe proteger a los trabajadores de salud, no solo con el salario adecuado sino también completando y aumentando los planteles frente a la contingencia. 

El gobierno peronista ha hecho gran alharaca de la llegada de 300.000 dosis de vacuna Sputnik V. Asimismo, en los próximos meses arribarán la vacuna de AstraZeneca y la Pfizer. Para firmar los contratos, el peronismo y la oposición patronal de Juntos por el Cambio han aprobado una ley vergonzosa que otorga inmunidad legal a los monopolios farmacéuticos. Pero, que existan distintas vacunas no garantiza la cobertura contra el Covid-19. Por el contrario, la pelea entre los monopolios farmacéuticos por las ganancias de las vacunas conspira contra la producción masiva necesaria para que la reciba una gran mayoría de la población mundial y, consecuentemente, pueda ser erradicada la pandemia. La existencia de las patentes monopólicas impide que otros países produzcan las vacunas como así también los reactivos para análisis, medicamentos y otros insumos necesarios para enfrentar la pandemia. De esa escasa producción, los grandes países imperialistas ya tienen comprometido el 52%, a pesar de que nuclean solo a un 13% de la población del planeta.

Los medicamentos son patrimonio de la humanidad y, así como la penicilina y la vacuna para la poliomielitis nunca fueron patentadas, hay que suspender las patentes, en el camino de abolirlas, para poder producir todos los insumos necesarios.  El gobierno ha firmado, junto con 99 países encabezados por la India y Sudáfrica, un pedido de suspensión transitoria de patentes durante la pandemia. Obviamente los países imperialistas se han negado. Debemos reclamar que se tome esa medida en forma unilateral y encarar su producción local.

Desde Izquierda Socialista venimos peleando por el conjunto de estas medidas y reclamamos la abolición de las patentes farmacéuticas que junto con el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como lo plantea el Frente de Izquierda Unidad, debe servir para sostener el esfuerzo de todo el pueblo trabajador para terminar con la pandemia.

Escriben: Jorge Ávila y José “Pepe” Rusconi. Ex trabajadores y delegados gremiales de Propulsora, militantes del PST y de Izquierda Socialista en el FIT-U
 
Pocas semanas antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, asesinaron en La Plata a Carlos Scafide. Fue la noche del 13 de enero de ese terrible año.
 
"Carlitos" era trabajador de Propulsora Siderúrgica de Ensenada (hoy Siderar), activista de la camada de luchadores que había echado a la burocracia sindical de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de esa fábrica, aunque nunca fueron reconocidos oficialmente por el sindicato. Carlitos militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), antecesor de Izquierda Socialista. Era un reconocido y muy querido compañero en la fábrica y en el partido, pero también en la comunidad ensenadense.

Cuando lo asesinaron, el PST ya venía de sufrir varios golpes, como la Masacre de Pacheco y la Masacre de La Plata, convirtiéndose en el decimosexto asesinado del partido bajo los gobiernos de Juan Domingo e Isabel Perón.
 
Aquella noche de enero, bandas fascistas de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) y de la Triple A, que se identificaron como personal del Ejército, secuestraron de casa de su madre a Carlitos. Secuestraron al “Pampa” Delaturi, también obrero y activista de Propulsora, y a Peláez, un activista del Astillero Rio Santiago.

Al día siguiente aparecieron sus cadáveres dinamitados y acribillados. Una asamblea de Propulsora resolvió parar desde el miércoles de madrugada hasta el sábado por la tarde. En Astilleros resolvieron paros progresivos hasta el viernes. Se solidarizaron con medidas de fuerza, Petroquímica Sudamericana y Metalúrgica OFA. La Coordinadora de Gremios en Lucha llamó a un paro para el siguiente martes, al que se sumó una línea de micros y varios comercios de Ensenada. Se realizó un acto cuando enterraron a los compañeros, al cual asistieron 600 trabajadores de Propulsora (aproximadamente la mitad del personal de la fábrica).

En el acto, José “el Petiso” Páez, histórico dirigente de Fiat del Sitrac Sitram y del “Cordobazo”, habló en nombre de la dirección nacional del PST. Señaló que “la única posibilidad que tenemos los trabajadores de frenar estos ataques es nuestra movilización y nuestra organización para la defensa, en cada fábrica, en cada barrio, en cada lugar de trabajo; denunciando la tolerancia del gobierno y exigiendo la investigación y el castigo del salvaje crimen”.

Desde Izquierda Socialista, a 45 años del asesinato de Carlos Scafide, seguimos exigiendo juicio y castigo a los responsables de su muerte. Carlitos es un ejemplo para las nuevas generaciones de militantes revolucionarios, porque dio su vida por la clase obrera y por el socialismo. Desgraciadamente, su vida fue truncada a los veintinueve años. Pero aun así, su ejemplo y su lucha inconclusa continúan vigentes para aquellos jóvenes y viejos militantes que seguimos luchando por la revolución socialista.

Carlos Scafide, compañeros asesinados y detenidos-desaparecidos del PST, ¡Presentes! ¡Hasta el socialismo, siempre!