Escribe Simón Rodríguez, dirigente de la UIT-CI

La asunción el 20 de enero de Joe Biden, un veterano del partido demócrata, marca un cambio político respecto de los cuatro años del “emperador loco” Trump. El nuevo gobierno intentará que las aguas desbordadas del descontento social retornen a su cauce, pero no cerrará el capítulo de la exacerbada polarización social y política, dada la profundidad de la crisis. Internacionalmente buscará, a diferencia de Trump, actuar concertadamente con sus aliados imperialistas para sostener su dominio contra los pueblos.

El discurso inaugural de Biden reflejó de manera muy clara su orientación. Celebró la “democracia” y la “grandeza” de los EEUU, exaltó la “unidad” nacional como salida para la crisis sanitaria, económica y social. Finalmente, llamó a “volver a hacer de EEUU la fuerza dirigente para el bien” a nivel mundial. Esta versión de los demócratas de la vuelta a la grandeza perdida, no deja de recordar la consigna trumpista de “hacer a los EEUU grandes nuevamente”, aunque lo procure por métodos diferentes. Y es que el telón de fondo de las disputas entre demócratas y republicanos es la crisis de dominación del imperialismo estadounidense, acelerada durante el gobierno de Trump.

El demencial ataque de una turba de ultraderechistas al Capitolio el 6 de enero no solo fue el corolario de la derrota política y electoral de Trump, también fue un indicio de la crisis política, que se acentúa en el marco de una enorme crisis sanitaria, con más de 400 mil muertes por la pandemia del covid19, y la crisis económica y social que corre paralela a ella. Más del 10% de la población padece inseguridad alimentaria y alrededor del 15% se encuentra en la pobreza, una proporción que se duplica para la comunidad afroamericana por el racismo estructural. Estas condiciones fueron las que vieron estallar la poderosa rebelión antirracista en el verano de 2020, durante la cual más de 25 millones de personas en unas dos mil ciudades se movilizaron.

Todo ello explica que el gobierno de Biden se vea obligado a hacer algunas concesiones, atendiendo a la presión del descontento social como a la necesidad de prevenir futuros estallidos sociales. En su primera semana en el poder, firmó decenas de órdenes ejecutivas y memorandos revirtiendo, unas veces más simbólicamente que otras, muchas de las políticas de Trump. Retornó al Acuerdo de París sobre el cambio climático y a la Organización Mundial de la Salud. Se comprometió, vagamente, a promover la equidad racial. Levantó el veto al ingreso al país de personas de siete países de mayoría musulmana. Incorporó a los inmigrantes indocumentados al censo nacional. Eliminó la prohibición de ingreso de personas transgénero al ejército. Estableció algunas medidas para enfrentar la pandemia del covid19. Interrumpió la ampliación del muro en la frontera con México. Revocó el permiso para la construcción del oleoducto Keystone que atravesaba tierras indígenas para transportar crudo canadiense. Elevó el salario mínimo federal a USD$15 la hora.

El proyecto de paquete de medidas de Biden para paliar los efectos de la crisis es de USD$1,9 billones de dólares. Ya se implementaron para estos fines gastos estatales de USD$2,9 billones entre marzo y diciembre de 2020. El nuevo plan incluye las inversiones para vacunación, reapertura de escuelas, ayudas para la alimentación, pagos directos a la población y subsidios a empresas. Estas inversiones se combinarían con moratorias de desalojos y suspensiones de cobros de deudas educativas. Se han realizado comparaciones entre estas medidas y el New Deal de Roosevelt durante la década de los 1930s. En realidad las medidas actuales son mucho más modestas y es evidente que el plan de Roosevelt tampoco acabó con el desempleo o la miseria. Pero las medidas pueden generar expectativas en sectores del pueblo trabajador estadounidense.

Dado el carácter burgués e imperialista del Partido Demócrata, que es uno de los pilares del bipartidismo a través del cual gobiernan los capitalistas estadounidenses, no se propondrá realizar cambios sustanciales. Aunque puedan parecer audaces algunas de las primeras medidas de Biden, rápidamente se impondrá la negociación y la construcción del consenso bipartidista en las políticas gubernamentales. Ya una de las tímidas medidas de Biden, la suspensión por tres meses de las deportaciones, fue revocada por una corte federal.

Construir una alternativa de izquierda

Se aprecia mucho más el verdadero carácter del nuevo gobierno a la luz de las recientes exigencias sociales como salud pública universal, desfinanciamiento de los cuerpos policiales para invertir en educación y asistencia social o ante el problema de la destrucción ambiental y el cambio climático.

Biden ya gobernó durante 8 años como vicepresidente de Obama y en su larga carrera legislativa, ha sido promotor de leyes que profundizan la criminalización de la pobreza y castigan especialmente a las comunidades más oprimidas, como los negros y los latinos. Durante las protestas antirracistas aclaró que está en contra de disminuir el presupuesto millonario de las policías. Las intenciones de aprovechar el ataque al Capitolio para promover nueva legislación contra el “terrorismo doméstico”, que terminen usándose para criminalizar la protesta y los movimientos sociales, también tienen precedentes en los aportes de Biden a legislaciones como la Ley Patriota aprobada luego del 11 de septiembre de 2001.

La rivalidad con la potencia capitalista china continuará, pero procurando presiones concertadas con el imperialismo europeo. Biden mantendrá un apoyo férreo al Estado colonial y racista de Israel. No está claro si retomará el acuerdo nuclear con Irán, o si volverá al giro de Obama en la relación con Cuba. En relación con Venezuela se reiteró el apoyo al autodenominado gobierno interino de Guaidó. No se levantan las criminales sanciones petroleras contra un país arruinado por el saqueo boliburgués desde mucho antes.

Aunque la medida contra el oleoducto Keystone fue recibida con entusiasmo por el activismo ambientalista y las comunidades indígenas que lucharon por años para lograr esa conquista, Biden no pretende abandonar los subsidios al fracking. Incluso la suspensión del otorgamiento de concesiones petroleras en el Ártico es solo temporal.

Socialist Core (simpatizantes de la UIT-CI) planteó, luego del ataque derechista al Capitolio, una propuesta programática para la unidad del movimiento antirracista, la juventud, el movimiento de mujeres y el movimiento de trabajadores, tomando las principales exigencias de las protestas antirracistas del año pasado y atendiendo a la necesidad de levantar un importante frente que luche contra la extrema derecha y por una agenda de reivindicaciones ante el gobierno de Biden y el Partido Demócrata.

Por otro lado, la construcción de un partido independiente de izquierda es un paso imprescindible para ofrecer una perspectiva distinta al eterno reciclaje del “mal menor” entre los dos partidos de la burguesía. La organización Socialistas Democráticos de EEUU (DSA) podría cumplir un rol fundamental en la construcción de esta alternativa si rompe con el Partido Demócrata, llevando a la práctica una decisión ratificada desde hace muchos años en sus conferencias nacionales. Es crucial que deje de ser el “ala izquierda” de los demócratas. De lo que se trata es de que los millones que se han movilizado heroicamente el verano del año pasado, que han protagonizado centenares de huelgas, tengan finalmente su propia herramienta política, para luchar por los verdaderos cambios de fondo y por un gobierno de los asalariados, los explotados y oprimidos.

Escribe Görkem Duru, dirigente de la UIT-CI

Las movilizaciones se han sucedido en Túnez desde la noche del 14 de enero. El levantamiento popular que comenzó en diciembre de 2010 demandando trabajo, pan y vida digna, derrocó el 14 de enero de 2011 al dictador Ben Ali, que había gobernado el país por veinticuatro años. ¡El pueblo tunecino reclama una nueva revolución! “¡A no temer! ¡Las calles pertenecen a la gente!”, dicen en las protestas masivas.

Previo al décimo aniversario de la revolución tunecina, que disparó un proceso revolucionario que se extendió a muchos países del norte de África y Medio Oriente, el gobierno tunecino declaró cuatro días de cierre y prohibición de acciones callejeras y marchas con la excusa de aplicar medidas contra la pandemia de Covid-19.

Aunque los funcionarios del gobierno del tecnócrata Mesishi, que llegó al poder en septiembre de 2020 con el apoyo de una mayoría significativa en el Parlamento (Los Hermanos Musulmanes Partido Tunecino Movimiento Nahda, el Corazón de Túnez, Regeneración, Larga Vida a Túnez, el Bloque Nacional y el Partido del Futuro están entre los que apoyaron) justificaron esta prohibición por un interés de “salud pública”, su objetivo central era impedir las movilizaciones por el décimo aniversario de la revolución. De hecho, las demandas sociales y económicas que dieron a luz al levantamiento popular que puso fin al régimen dictatorial en 2010 no se resolvieron en estos diez años. Por el contrario, las condiciones de vida de los trabajadores tunecinos son más inaceptables que entonces. Después del derrocamiento de Ben Ali el principal objetivo de los bloques gobernantes tunecinos era asegurar la continuidad de las políticas de explotación capitalista haciendo arreglos democráticos parciales dentro de los negociados de siempre. Y la forma en que amplios sectores de la izquierda tunecina entendieron el proceso revolucionario fue esencialmente formado por una perspectiva gradualista/etapista que sostenía que la democracia debería ser construida primero y que las transformaciones sociales y económicas ocurrirían después en el tiempo.

El resultado de esto fue que las masas tunecinas fueron condenadas a mayor desempleo, pobreza, explotación y desigualdad por esas conquistas democráticas parciales. La corrupción no se detuvo y continuó profundizándose, la deuda externa del país se incrementó en aproximadamente 75% desde 2010. Los partidos burgueses firmaron un acuerdo de cuatro años con el FMI en 2016 para procurar una salida a la crisis en su favor y trataron de hacer que los trabajadores paguen el costo de la crisis con nuevos planes de ajuste. Es precisamente por esta situación que tuvieron lugar más levantamientos en el país en 2013 y 2016, otra vez con las mismas demandas, a saber, trabajo, pan, y vida digna. Y ahora las masas tunecinas están nuevamente en la escena de la historia reclamando su revolución.

Hoy, con la pandemia de Covid-19 que viene desarrollándose desde hace casi un año, las condiciones de vida de los trabajadores tunecinos empeoraron aún más. Mientras el gobierno impone prohibiciones con la excusa de la “salud pública”, el desempleo oficial en el país alcanzó 18%/19% y uno de cada tres jóvenes está desempleado. En la región del Medio Oeste del país, que era el centro del proceso revolucionario que comenzó en 2010, estos índices son aún más altos. En el Medio Oeste, tradicionalmente la región del país con menos inversión, casi 50% de la población trata de vivir con $1.5/2 por día. Mientras la población carece de la posibilidad de cubrir las necesidades básicas, como una alimentación saludable y vivienda, los gobernantes pretenden que los trabajadores y la juventud muestren su alianza a una democracia “enferma”.

Es precisamente por estas circunstancias que el país ha sido testigo de movilizaciones espontáneas en más de quince ciudades en los últimos cinco días, en principio lideradas por la juventud y los desempleados jóvenes. El gobierno trata de intimidar a las masas con represión y coerción convocando al ejército a intervenir en muchas regiones, demostrando nuevamente que el “miedo” de la gente es la principal razón de imponer las prohibiciones recientes. Trata de dinamitar los más fundamentales logros democráticos de la movilización revolucionaria de 2010 deteniendo a más de 630 jóvenes y arrestando a algunos de ellos. Los Hermanos Musulmanes, Partido Tunecino Movimiento Nahda, uno de los partidos gobernantes, llamó a su juventud, aconsejándole que no participaran de las protestas y que actúen en conjunto con las fuerzas del orden. Su intento de dividir a las masas una vez más revela su carácter contrarrevolucionario. Sin embargo, a pesar de estos intentos de intimidación, los tunecinos reclaman que “las calles pertenecen a la gente” y continúan con sus acciones demandando la liberación de los presos y el cumplimiento de sus demandas económicas y sociales. La misma consigna se escucha en las calles de Túnez: “¡La gente quiere destruir al régimen!”.

Aunque es difícil predecir cómo se desarrollarán las acciones en el país, es necesario resaltar unos pocos puntos basados en las lecciones del levantamiento popular de 2010 y las revueltas de masas que siguieron en 2013 y 2016. Dado que las demandas de la revolución apuntaban a la transformación social y económica y no serán satisfechas en el actual orden burgués, ningún gobierno que asumió en estos diez años ha sido capaz de mantener un orden estable en el país.

En estos diez años, que vieron una lucha constante entre el pueblo oprimido y los gobernantes que a veces recurren a tácticas democráticas reaccionarias para la supervivencia del orden capitalista (el discurso de unidad nacional, el Pacto de Cartago firmado en 2016) o, como vemos ahora, tratando de intimidar a las masas con la violencia. La burocracia del Sindicato General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), la más importante organización de la clase en el país con poder político significativo desde la independencia de Túnez, apoya la “transición democrática” de 2011 y asume un rol en ella, y más tarde firma el Pacto de Cartago de 2016. Estos movimientos claramente demuestran que la burocracia sindical sigue las tácticas de la reacción democrática y cuida los intereses de la burocracia más que los de la clase trabajadora. Al pedir a las masas que evite actos de violencia y considere el diálogo, declara que todavía mantiene esta posición. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las movilizaciones revolucionarias de 2010-2011 las bases de UGTT que formaban parte de la lucha presionaron desde abajo y obligaron a la burocracia sindical a tomar posición. En este sentido, está claro que la participación organizada de la clase obrera tunecina, así como de las bases de lucha dentro de la UGTT en el proceso de levantamiento, será decisiva para el desarrollo de las movilizaciones.

Amplios segmentos de la izquierda tunecina, que adoptan la postura de que debe existir un período de espera indeterminado entre las tareas democráticas y sociales de la revolución, no luchan por lograr un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo. Por eso no impulsaron, en los últimos diez años, formar una dirección política alternativa en nombre de los trabajadores tunecinos. Ésta sigue siendo la tarea más urgente de los últimos diez años y para el Túnez de hoy. Es decir, la construcción de una organización y una línea política que tenga como objetivo romper con el orden existente junto con las masas combatientes y defender la independencia política de la clase. Hoy en día, para lograr este objetivo, las masas movilizadas tienen que construir sus propios órganos de autoorganización/defensa en coordinación entre sí y desarrollar aún más esta coordinación en torno de un programa de acción de emergencia para convertirlo en un poder político alternativo. Estas son las tareas más fundamentales que tenemos por delante.

Como Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), nos solidarizamos con la lucha de los trabajadores tunecinos por el trabajo, el pan y una vida digna. ¡Apoyamos la movilización de las masas tunecinas desde un punto de vista político, programático y organizativo y hacia la ruptura con el régimen actual y el orden de explotación capitalista!

¡Liberación inmediata de todos los presos políticos! ¡Fuera el ejército y la policía de las calles!

¡Inmediata cancelación de todos los acuerdos con el FMI!

¡Expropiación de todas las instituciones públicas privatizadas sin compensación!

¡Dejar de pagar la deuda externa inmediatamente! ¡Los fondos destinados al pago de la deuda deben ser usados para mejorar los servicios de educación y de salud y crear empleos en el sector público!

¡Establecer comités populares independientes para luchar contra la corrupción! ¡Aquellos involucrados en corrupción deben ser juzgados bajo control de estos comités!

¡El pueblo quiere destruir al régimen!

¡Por una economía centralizada y planificada!

¡Luchemos por un gobierno de los trabajadores!

                                                                      19 de enero de 2021

Escribe Adolfo Santos

El 25 de enero de 1987 falleció Nahuel Moreno. Probablemente, las nuevas generaciones de militantes, simpatizantes y activistas no conozcan la trayectoria y contribuciones de quien fue el fundador de nuestra corriente histórica en la década del ’40 y el principal dirigente del trotskismo latinoamericano. Por eso, cada año recordamos sus principales aportes al servicio de la construcción del partido revolucionario y de una organización socialista revolucionaria mundial.

El asesinato de León Trotsky a manos de un agente estalinista, en 1940, y la pérdida de importantes cuadros durante la Segunda Guerra Mundial dejaron inconclusa y muy debilitada la tarea fundamental de construir la IV Internacional. El Programa de Transición, uno de los grandes legados de Trotsky, no era suficiente si no se conseguía avanzar en una organización independiente de los trabajadores para luchar por sus intereses. 

Con esa comprensión, desde muy joven, Moreno se sumó a un puñado de dirigentes internacionalistas para abocarse con todas sus fuerzas a la reconstrucción de la IV Internacional. Como él mismo reconoció, la mayor parte de su militancia política estuvo dedicada a trabajar por la construcción del partido mundial. Así lo entendía Moreno, “[…] la construcción de los partidos nacionales y la internacional es un proceso combinado […]”.  

Una vida al servicio de la construcción del partido revolucionario  

Hugo Miguel Bressano Capacete, quien fue conocido como Nahuel Moreno, nació el 24 de abril de 1924 en Alberdi, provincia de Buenos Aires. Con solo 18 años se incorporó a círculos trotskistas, ambiente de tertulias y discusiones de café. Preocupado por el escaso contacto de esos grupos con los trabajadores, Moreno comenzó a reunirse con jóvenes obreros del barrio de Villa Crespo con los que estudió el ¿Qué hacer?, de Lenin, y los terminó ganando para el trotskismo. En 1943 escribió su primer texto, El partido, en el que concluyó: “Lo urgente, lo inmediato, es aproximarnos a la vanguardia proletaria y rechazar como oportunista todo intento de desviarnos de esa línea […]”. 

Con esa idea, en 1944, junto con esos jóvenes obreros de Villa Crespo Moreno fundó el Grupo Obrero Marxista (GOM)). Mateo Fossa, un dirigente sindical que en 1938 se entrevistó con Trotsky en México, lo orienta sobre cómo introducirse en el movimiento obrero. En 1945, el GOM tuvo una importante participación en apoyo a la huelga del frigorífico Anglo-Ciabasa, que contaba con 12.000 obreros, a partir de lo cual captaron destacados activistas de esa lucha. Comenzaba así una nueva etapa. Moreno y su grupo rompieron definitivamente con el “trotskismo de los bares” y se fueron a vivir a Villa Pobladora, en Avellaneda. Al año siguiente editaron su primer periódico, Frente proletario, y reunían casi cien militantes, en su mayoría obreros. 

Desde esa experiencia, Moreno impulsó a lo largo de su vida partidos ligados a la clase trabajadora y sus luchas. Como escribió en El partido, aquel documento precursor: “Nos empalmaremos en el movimiento obrero, acercándonos y penetrando en las organizaciones donde este se encuentre para intervenir en todos los conflictos de clase”. Así lo hizo de forma consecuente, a pesar del obstáculo que significaba el naciente peronismo, un proyecto nacionalista burgués, que en esa época iba a ganar la mayoría de la clase trabajadora a partir de otorgar importantes concesiones. Sin embargo, nuestra corriente siempre llamó a no confiar en ese proyecto, ya que por su carácter, de conciliación de clases, la mayoría de esas conquistas se iban a acabar perdiendo.  

Contra la corriente, Moreno continuó llamando a construir una alternativa de la clase trabajadora. Con ese objetivo construyó el Partido Obrero Revolucionario (POR), el Partido Socialista de la Revolución Nacional (PSRN), Palabra Obrera, el PRT, el PST y el MAS. Siempre tratando de enraizarlos en el movimiento obrero y sus luchas con propuestas que respondían a sus intereses inmediatos e históricos de disputar el poder para los trabajadores.

La IV Internacional, otra de sus obsesiones 

En 1948 se realizó en París el II Congreso de la IV Internacional. El GOM envió a Moreno como delegado. Allí conoció a los principales dirigentes trotskistas y fue informante del punto sobre América latina. Ese mismo año, por su crecimiento y las actividades desarrolladas, el GOM se convirtió en partido. En diciembre se fundó el Partido Obrero Revolucionario (POR). Moreno escribió su primer trabajo teórico, Cuatro tesis sobre la colonización española y portuguesa en América, donde cuestiona la visión de la mayoría de la izquierda que le daba un carácter feudal a ese proceso.  

En ese congreso de 1948, el primero después de la muerte de Trotsky, se eligió la dirección, encabezada por los dirigentes Michel Pablo, griego, y Ernest Mandel, belga. Moreno, que a pesar de su juventud ya había iniciado un proceso de construcción partidaria luchando contra la marginalidad del trotskismo, la definió como una dirección inexperta, formada en ámbitos intelectuales y no en la lucha de clases. Sostuvo duras polémicas con ella. Ese fue uno de los méritos de Moreno, haber intervenido con una política correcta en un momento difícil en que la dirección de la Internacional, debilitada por la muerte de Trotsky y presionada por procesos objetivos, fue conducida a serios desvíos. 

Uno de los más graves errores de esa dirección fue su capitulación a los partidos comunistas que seguían al aparato de la URSS, encabezado por Stalin, y a los nacionalismos burgueses en Latinoamérica, Asia y África, así como también posteriormente al castrismo y el sandinismo. Moreno alertó que esa orientación oportunista llevaba a renunciar a la construcción de partidos revolucionarios y al hundimiento de la Internacional.  

En los años ’70 entabló una dura polémica contra la política de elevar la táctica de la guerrilla, que se había mostrado exitosa para la revolución cubana, al plano estratégico. El grupo encabezado por Mandel definió impulsar la guerrilla en Latinoamérica. Moreno sostuvo que esa orientación llevaría al desastre a generaciones enteras de luchadores y sería contraproducente para el desarrollo de la revolución latinoamericana. La sistemática liquidación de los grupos guerrilleros, al tiempo que se iniciaba un proceso de ascenso obrero estudiantil en la región, acabaron dándole la razón a Moreno. 

Pasaron treinta y cuatro años de la muerte de Moreno y los hechos continúan corroborando sus aciertos políticos. Haber apoyado a los nacionalismos burgueses, a las direcciones “progresistas”, a los gobiernos frentepopulistas, al castro-chavismo, al falso “socialismo del siglo XXI” y sus variantes, como el sandinismo, fue un gran error de muchos sectores del trotskismo, en especial del mandelismo, y fue un freno para el desarrollo de una dirección revolucionaria. Por eso reivindicamos las enseñanzas de Moreno, de luchar por la movilización de masas, por la independencia de clase, por la construcción de partidos revolucionarios y reconstruir la IV Internacional.

*Para conocer la obra de Nahuel Moreno recomendamos visitar www.nahuelmoreno.org

“El gobierno de la Ciudad convoca al regreso a la presencialidad en las escuelas sin condiciones de salubridad en medio del alza de contagios por el corona virus”, manifestó el legislador por el Frente de Izquierda Unidad (FITU) en representación de Izquierda Socialista, Pablo Almeida.

El legislador solicitó una entrevista con la ministra de Educación, Soledad Acuña, para manifestarle la preocupación de familias y docentes por la decisión del gobierno de Larreta de imponer el retorno a la presencialidad en las escuelas a partir del 17 de febrero. Almeida afirmó que, dado que la trasmisión del virus se ha incrementado por encima de los indicadores epidemiológicos recomendados es riesgoso el regreso en febrero. Más aun si no están garantizadas mínimas condiciones de salubridad para el desarrollo de la actividad educativa presencial.

A su vez reclamó que el ministerio dé a conocer el protocolo con el que autoriza el retorno a la presencialidad y la lista de contagios que se han registrado en la burbujas del ciclo 2020 y en las colonias de verano a la fecha. Informe la lista de escuelas refaccionadas durante el año 2020 y los arreglos que en las mismas se realizaron para ser acondicionadas a una presencialidad segura en relación a la pandemia covid 19 y al dengue. En particular requirió “un informe de los sistemas de ventilación y m2 por alumno previstos en cada aula y la colocación de mosquiteros en todas las dependencias de las escuelas.”

Respecto a la vacunación, requirió el cronograma de la misma y afirmó que ésta debe incluir a la totalidad del personal que trabaja en las escuelas, incluyendo al personal de limpieza, comedores y a la planta no docente de apoyo a la integración de niños de la modalidad especial.

Dada la notoria insuficiencia nutricional de los bolsones entregados en el ciclo 2020, la falta de dispositivos y conectividad por parte de un número considerable de la población escolar, solicitó se revisen las partidas presupuestarias previstas para garantizar que este año 2021 los bolsones sean adecuados a una nutrición sana y que ningún estudiante o docente quede sin conexión virtual. A tal fin, propuso la reasignación de fondos previstos para el pago de deuda con bancos y entidades financieras, que deberían suspenderse durante el año 2021.  

Almeida advirtió que la falta de vacantes se reitera este año lectivo, sin que el gobierno del PRO garantice el derecho de miles de niñes y adolescentes que nuevamente quedan por fuera del sistema, por lo cual solicitó el gobierno de una solución atento a que se agravará pues el presupuesto 2021 se ha reducido a la mitad para la construcción de escuelas.

El legislador, finalmente se solidarizó con el reclamo efectuado por la asociación Ademys y otros sindicatos para que se garantice el nombramiento de todos los cargos docentes vacantes, se aumenten las plantas funcionales de docentes y de personal de limpieza, y se garantice la actualización salarial de los trabajadores de la educación al alza del costo de vida registrada en la ciudad que solo para el 2020 fue del 40%.

Cabe consignarse que, de aceptarse el pedido, la entrevista debería realizarse en forma virtual dado que el legislador Almeida y la propia ministra se encuentran afectados por covid 19, lo que nos exime de comentarios sobre la gravedad de la situación epidemiológica.

CONTACTO PRENSA

Legislador Pablo Almeida.  Celular:  1133770008

Asesora en educación Laura Marrone:  1168829255

Escribe Mariana Scayola, secretaria general de Ademys e integrante de Izquierda Socialista 

El gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal de Cambiemos han puesto en debate, en plenas vacaciones de enero, el retorno de las clases presenciales. Lo que podría parecer un sano interés por la educación, que en 2020 quedó demostrado que no es tal, es en realidad una insólita y apresurada puesta en escena para arrancar su pelea electoral, sin ningún pudor ante un tema tan sensible para todas las familias.

Todos, docentes, familias, estudiantes y quienes trabajan en el circuito educativo (transportes escolares, quioscos, librerías, etcétera) deseamos que, de una vez por todas, se termine esta insoportable situación de pandemia y podamos volver a las clases presenciales. Para los docentes es intolerable otro año de trabajo en la virtualidad, superexplotados, sin la conectividad ni la tecnología necesarias, buscando desesperadamente, a tiempo completo, cómo mantener el contacto con nuestros estudiantes. 

Para los alumnos es complicadísimo tratar de estudiar y tener continuidad dentro de esta situación. Las familias ya no sabemos cómo organizarnos para trabajar y mantener la atención y el cuidado de nuestros hijos, además de que estudien virtualmente. ¿Pero es posible el regreso a las aulas de manera segura para los alumnos, los docentes y sus familias?

Este hartazgo social general por la pandemia, que sigue creciendo, con chicos que no van a las escuelas, quiere ser aprovechado por Cambiemos y el peronismo en el terreno electoral. Somos claros y categóricos, a Cambiemos y al gobierno peronista no les interesa en realidad resolver cómo sostener la educación de nuestros pibes. Y como no tienen ninguna respuesta a esta problemática pandemia-educación presencial solo hacen anuncios pomposos vacíos, dicen que “este año las clases serán presenciales”, “habrá clases desde marzo”, “desde febrero”, tratando de mostrarse como los más interesados. El problema es que ninguno puede responder a una pregunta simple y práctica, cómo combinar la educación presencial sin aumentar exponencialmente la pandemia, cómo irán a la escuela, cuántos chicos por aula, cuántos días, cómo hacer clases virtuales y presenciales sin nombrar el doble o el triple de docentes, cómo garantizar el distanciamiento social de los niños, cómo mantener ventiladas las aulas, qué hacer con las escuelas cuya infraestructura es deficiente, donde no hay agua potable ni baños en condiciones. Su única respuesta es “lo estamos evaluando, estamos armando y consensuando los protocolos”. O sea, cuando se intenta avanzar en algo concreto se les caen las caretas al gobierno peronista y a la oposición patronal de Cambiemos. 

Para esconder esta política montan una campaña pretendiendo responsabilizar a los docentes de “no querer trabajar” y a los sindicatos de “poner todo tipo de trabas para no retornar a la presencialidad”. ¡Nada más lejos de la realidad! Los docentes preferiríamos, sin dudarlo, volver a las escuelas, estar con nuestros alumnos, dar clases normalmente, salir de esta desgastante virtualidad. Por otra parte, aunque el gobierno nacional, y el de Larreta en particular, quieran ocultarlo, todos sus planes de regreso parcial a las clases presenciales fracasaron por absurdos e impracticables, no porque “los gremios peronistas kirchneristas” los hayan boicoteado. Así ocurrió en CABA, Santiago del Estero, La Pampa, San Juan y otras provincias, donde en 2020 intentaron “retomar la presencialidad”. Y los únicos gremios que denunciamos lo irreal y mentiroso de sus planes fuimos los combativos, Ademys y los Suteba Multicolor.  

Durante 2020 luchamos en todo el país. Los Suteba Multicolor enfrentando la política de Kicillof de precarización a través del plan Piedas y los ATR. La docencia combativa de Santa Cruz exigiendo la realización de congresos provinciales y planes de lucha por parte de la Adosac. La minoría multicolor en Aten Capital denunciando al gobierno y a la burocracia sindical. La docencia mendocina frenó la reforma de la ley provincial de educación. Los docentes de Misiones autoconvocados lograron un aumento salarial frente a la pasividad de la burocracia. El plenario docente opositor de Córdoba se movilizó contra la reforma del estatuto. Y Ademys enfrentó la ofensiva aperturista de Larreta y Acuña.

Otro hecho que el gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal de Cambiemos tratan de ocultar es que en todo el mundo han dado marcha atrás con los planes para retomar la presencialidad escolar no bien la pandemia volvía a agravarse. No se puede sostener la mentira de que los chicos no son transmisores asintomáticos.  

Además, el gobierno peronista trata de instalar que el retorno a la presencialidad solo dependería de sus “protocolos”, escondiendo que los docentes tuvimos una pérdida salarial de entre 10% y 20% según la jurisdicción el año pasado, que estamos teniendo un salario inicial debajo de la línea de pobreza, que hay decenas de miles de docentes que no han sido designados en cargos durante 2020 y, en consecuencia, ni siquiera han cobrado. Que han generado trabajo docente precarizado con los planes Piedas y ATR. Por eso, aunque la burocracia sindical de Ctera y demás gremios no lo digan, además de los protocolos para la pandemia hoy el tema laboral y salarial es fundamental para cualquier regreso a clases, semipresenciales o virtuales.

La única solución para sostener la educación de nuestros hijos es que el gobierno nacional del Frente de Todos, los gobernadores de todo signo político, radicales y de PRO, decidan hacer una fuerte inversión extraordinaria en educación pública y salarios. Además de garantizar un salario inicial igual a la canasta familiar, se debe nombrar a todos los docentes necesarios, en blanco y bajo convenio, terminando con todos los programas educativos tercerizados y flexibilizados que, aprovechando la pandemia, el gobierno nacional ha generalizado. 

Si se quiere armar un protocolo para una educación semipresencial (yendo algunos días algunos alumnos y otros días de manera virtual) hay que invertir en la infraestructura escolar garantizando espacios con la ventilación adecuada y que permitan el distanciamiento, mayor cantidad de auxiliares de limpieza y elementos de higiene.  

Hay que nombrar docentes, el doble o el triple, los que sean necesarios, para que cada uno se haga cargo de los alumnos en presencialidad y de los que no van a la escuela y estudian de manera virtual. 

Sobre todo, hay que garantizar computadoras y conectividad gratuita para todos los docentes y los estudiantes para poder sostener la virtualidad.  

Ninguna de estas medidas fue propuesta por el gobierno de Alberto Fernández, por Cambiemos ni por los gobernadores peronistas. Insistimos, lo de ellos es solo propaganda política pensando en las elecciones de este año. Ellos son los verdaderos responsables de que haya o no educación para nuestros hijos.

Para Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, hay que invertir todo el dinero necesario para atacar la crisis del coronavirus, la crisis social y defender la escuela pública en pandemia. Para eso hay que romper con el FMI y dejar de pagar la fraudulenta deuda externa. Hay que cobrarles fuertes impuestos a las multinacionales, a los grandes empresarios y a los bancos, como lo planteamos desde el FIT Unidad. Dejar de subsidiar el negocio de la educación privada y nacionalizar la escuela pública. Llamamos a luchar por estas medidas de fondo.