Escribe Adolfo Santos

La desaparición de Facundo Astudillo Castro, el 30 de abril, cuando salió de su casa en Pedro Luro para dirigirse a Bahía Blanca, coloca bajo sospecha a la policía bonaerense. No es casual que haya sido separada de la investigación del caso, ahora a cargo de la Policía Federal. A pesar de eso, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia, respaldado por el gobernador peronista Axel Kicillof, continúa defendiendo su actuación: “Se han dicho muchas cosas, pero la jueza nunca ha determinado ningún vínculo de la desaparición de Facundo con la policía” (Clarín, 16/8).  

Lejos de actuar con transparencia, Berni protege un cuerpo policial plagado de denuncias y que está estrechamente relacionado con los hechos, ya que detuvo a Facundo dos veces aquel día, aparece fotografiado por celulares policiales y se encontraron elementos personales del desaparecido en una dependencia policial. Con absoluta razón, Cristina Castro, la madre del joven, denunció: “A mi hijo lo desaparecieron”, y pidió la renuncia de Berni.

En el mismo sentido, los abogados de la familia, que han mostrado una serie de contradicciones en el procedimiento policial, acusan al ministro de Seguridad de ser responsable de movimientos irregulares para encubrir a agentes de las fuerzas de seguridad sospechados como autores materiales de la desaparición. En vez de responder a las acusaciones con argumentos, Berni contraataca usando su estilo “mano dura” para tratar de intimidar: “El abogado de la familia va a tener que responder por cada una de las barbaridades que dijo en estos días”. En las actuales circunstancias, quienes deberían responder son las autoridades de la provincia, comenzando por su gobernador, Axel Kicillof, responsable político de una policía con una historia de atrocidades que no ha sido capaz de desmantelar.

Sabina Frederic, ministra de Seguridad nacional, salió a defender a su colega bonaerense: “No podemos decir que Facundo sea el Maldonado de Berni. Las circunstancias fueron distintas”, expresó, tratando de bajar un cambio. No explica cuáles serían las circunstancias distintas, ni por qué fue separada la policía bonaerense del caso, lo que indica un claro indicio de la responsabilidad de esa fuerza en la desaparición de Facundo, tal como denuncia la madre. Si se comprueba que el cadáver hallado por pescadores en un cangrejal corresponde al de Astudillo Castro, en vez de diferencias comenzaremos a encontrar semejanzas con Santiago Maldonado, plantado por Gendarmería en el río Chubut.

La violencia institucional es patrimonio de todos los gobiernos

Diferente de lo que afirma Federic, que “estos casos de violencia vienen por inercia del gobierno anterior”, para nosotros son parte de un sistema de seguridad cuyo eje es la represión. La desaparición forzada de personas no es patrimonio exclusivo del gobierno Macri, ha estado presente en todos los gobiernos patronales. En su informe de 2015, la Correpi denunciaba que las desapariciones forzadas, que tienen como símbolos a Jorge Julio López, Luciano Arruga y Daniel Solano, acontecidas durante gobiernos peronistas kirchneristas, ya sumaban doscientas desde la vuelta de la “democracia” en 1983. Y acontecen en todos los gobiernos patronales, sin distinción de partido político, porque todos mantienen intactos los aparatos represivos, una estructura que solo se justifica cuando la concepción de seguridad se asienta en el autoritarismo y la represión.

Por eso Facundo Astudillo no es la única víctima de “violencia institucional” durante este gobierno. En mayo, Mauro Coronel, un joven santiagueño de 22 años, fue detenido por la policía del radical kirchnerista Gerardo Zamora, del Frente Cívico, y acabó muriendo en el Hospital Regional “Ramón Carrillo” como consecuencia de la brutal tortura sufrida. Este domingo 23, Franco Daniel Martínez, de 21 años, que estaba desaparecido desde el 23 de julio en Lomas de Zamora, fue encontrado ahorcado en la Reserva Ecológica. Frente a la prisa demostrada por la fiscal para cerrar el caso y cremar el cuerpo, caratulando el hecho como suicidio, los familiares se opusieron denunciando falta de investigación por parte de la policía bonaerense y exigen una investigación rigurosa.

No basta hacer declaraciones manifestando preocupación, como hace el presidente Alberto Fernández, es necesario adoptar medidas para desmantelar el aparato represivo y acabar con esta aberración que viene desde la dictadura. Exigimos la renuncia de Sergio Berni, como solicita la familia de Facundo, y la separación del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, denunciado por “displicencia bordeando la actitud dolosa” por parte de los abogados de la defensa. Es necesaria la prisión preventiva de los policías envueltos en la detención de Facundo para evitar la destrucción de pruebas y abrir una investigación independiente para examinar la actuación de la policía bonaerense en el caso Facundo Astudillo.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad 

Desde que comenzó la cuarentena, y con ella un reforzamiento del accionar de las fuerzas represivas a escala nacional, un debate cruza a la izquierda y los espacios de articulación de la lucha por los derechos humanos. El decreto presidencial 297/20 dio luz verde a una catarata de atropellos del conjunto de las fuerzas, que ya se cobró alrededor de un centenar de vidas, incluyendo desapariciones forzadas, gatillo fácil y “suicidios” en situaciones de detención. Ante este marco, desde Izquierda Socialista, en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia hemos insistido una y otra vez en que no podía dejar de señalarse la responsabilidad del gobierno nacional en la escalada represiva que estamos atravesando.

En concreto, manifestamos que es equivocado que al nivel de las consignas, que son el mensaje que masivamente buscamos instalar a la hora de desarrollar la movilización, se omita señalar la responsabilidad de los gobiernos. Algo que lamentablemente viene pasando, tanto en el EMVJ como en buena parte de las intervenciones, incluso, de nuestros compañeros del FIT Unidad.

Se rompe así con el accionar que teníamos de conjunto durante el gobierno de Macri, donde jamás dudamos en decir ante el caso de Santiago Maldonado y cada hecho represivo “el gobierno es responsable”. Creemos que levantar esa consigna cuando gobiernan macristas, y bajarla cuando gobiernan peronistas, es algo equivocado, y que, en definitiva, va a terminar minando la propia autoridad política ganada por espacios como el EMVJ.

¿El Estado y no el gobierno?

Para nosotros tiene una importancia clave combatir tanto la idea de que los efectivos de las fuerzas de seguridad, como el propio aparato del Estado, son una fuerza inerte y autónoma que hace lo que quiere sin participación del Poder Ejecutivo, del gobierno. En concreto, fue en este caso un decreto presidencial el que empoderó a las fuerzas represivas a escala nacional. Los gobiernos provinciales ejecutaron ese mandato con indicaciones particulares a las fuerzas locales. Por ende, son responsables.

Sumemos. En el caso de Facundo, Cristina Castro, su madre, insistió en la necesidad de remover al fiscal Santiago Ulpiano Martínez, un personaje con prontuario de colaboración con genocidas y que quedó a cargo de la investigación oficial del caso, colaborando permanentemente con la bonaerense y obstruyendo los pedidos de los abogados. ¿Acaso alguien niega que el apoyo del gobierno nacional al reclamo de remoción no hubiese logrado ya que se lo separe? El gobierno guarda acá también su responsabilidad política al no intervenir. Como la tiene también al sostener a Sergio Berni en su cargo.

Por último, pero no menos importante, las fuerzas de seguridad de nuestro país fueron forjadas en el período post dictadura a imagen, semejanza y necesidades de los partidos patronales. Nadie puede negar que en el ADN de la bonaerense está el PJ. A esta altura del partido está claro que las fuerzas de seguridad son cómplices de las redes de narcotráfico y de trata, de los desarmaderos de autos, de todo un volumen enorme de dinero “en negro”, y que ese universo no podría existir sin la connivencia del poder político, que incluso una y otra vez es denunciado de financiarse en ese circuito. Es lo que señalan los abogados en el caso de Facundo. La protección a ultranza del poder político local a la bonaerense no puede verse de forma escindida de los negocios turbios que hace tiempo se denuncian en torno del puerto de Bahía Blanca.

Por todo esto es que creemos un error no señalar con firmeza las responsabilidades políticas ante la escalada represiva y la desaparición de Facundo Castro. Desde nuestro lugar de defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas debemos tomar como estratégico poder colaborar para que el pueblo trabajador saque la conclusión de que estos gobiernos patronales siempre operan de la mano de un apuntalamiento del poder represivo, y más en momentos de graves crisis como la actual.

El PTS, en este debate en la última reunión plenaria del EMVJ, argumentó que decir “el gobierno es responsable” en el caso de Facundo, implicaría decir “fuera Kicillof”. Esto es falso, e incluso no se condice con la propia acción del PTS, que levantó “el gobierno es responsable” en 2017 sin jamás impulsar el “fuera Macri”. Señalar la responsabilidad política es una forma de exigir respuestas a quién puede darlas, y al mismo tiempo una denuncia. Esa es la potencia y el sentido de la consigna. Al servicio de eso planteamos utilizarla.

La unidad de acción

En algunos debates en el EMVJ, algunas organizaciones nos responden que podemos tener razón con nuestra denuncia, pero que se trata de una consigna que podría dificultar la unidad de acción con el otro espacio de organismos de derechos humanos, vinculados hoy al oficialismo. A esto, nosotros respondimos, y propusimos incluso, que es completamente válido y necesario, como lo hicimos ante la desaparición de Santiago, hacer convocatorias comunes para hacer masiva la movilización, así sea con un único punto de acuerdo. Pero, por otro lado, eso debe combinarse, como hicimos en 2017, con que los materiales propios del EMVJ sostengan nuestro planteo de conjunto. Acto seguido, señalamos que veíamos poco probable que el otro sector quiera movilizarse por su nueva ubicación política y porque viene ejerciendo incluso una denuncia contra quienes se movilizan. Ante esto, la resolución del EMVJ no fue una cosa ni la otra, no se hizo una propuesta de movilización en común al otro espacio (para así clarificar quién rechaza la unidad y la movilización), ni se levantó la consigna que propusimos “el Estado y el gobierno son responsables”.

Convocar a la movilización llamando a las cosas por su nombre

Creemos que es necesario que, en primer lugar, nuestros compañeros del FIT Unidad revean su posición, y podamos, de conjunto, intervenir para que la movilización antirrepresiva en nuestro país parta de llamar a las cosas por su nombre y, con ello, a la denuncia concreta a los responsables materiales y políticos de cada crimen de las fuerzas represivas del Estado. De esa forma podremos impulsar una movilización que no se limite únicamente a reaccionar ante cada hecho, sino que también ayude a que se saquen las conclusiones necesarias de a dónde hay que apuntar para terminar con la represión. El desmantelamiento del aparato represivo del Estado y sus organismos de espionaje, conseguir justicia para cada una de sus víctimas, son tareas irresolubles mientras gobiernen los mismos ajustadores y represores de siempre.

Escribe Liliana Olivero, diputada provincial (mc) Izquierda Socialista / FIT-Unidad

Las llamas arrasan una enorme extensión de la provincia de Córdoba en los departamentos de Punilla, Colón e Ischilín. Es el incendio más grande en doce años. Miles de hectáreas de bosque nativo con todas las especies vegetales y animales que allí viven quedan reducidas a cenizas. Daños materiales irreparables, familias evacuadas, la vida de los bomberos y de los habitantes en juego son su consecuencia.

Como todos los años, los emprendedores inmobiliarios y agropecuarios aprovechan la sequía para provocar incendios. No es casual que el fuego haya comenzado en Ischilín, donde se dio la discusión del desmonte con rolado para la cría de ganado, y continuado en Punilla, donde inmobiliarias y mineras han puesto su mira.

Pero, al parecer, ningún costo, ambiental, material o de vidas humanas, es importante frente a los negocios de los especuladores inmobiliarios y del agronegocio que, con la complicidad de los gobiernos, nos han llevado a este tremendo desastre.

El gobierno peronista de Schiaretti es el gran responsable de este crimen contra nuestro medioambiente. Nunca se cumplieron los presupuestos mínimos de la ley 26.331, ni la actualización que debe realizarse cada cinco años con participación de las y los cordobeses. Y hoy, de la manera más cínica, Schiaretti sale a hacer declaraciones diciendo que se otorgará una ayuda a las familias por las pérdidas ocasionadas por los incendios.

Durante años el gobierno estafó a la población con el “impuesto al fuego” recaudando millones que casi nunca llegaban a los cuarteles de bomberos, quienes en muchas localidades incluso son voluntarios y no cobran sueldo. La provincia compró tres pequeños aviones hidrantes que no alcanzan para cubrir toda la superficie, es como ir a apagar los incendios con un balde de agua. ¡Plata hay!, pero la usan para pagar la deuda externa provincial, tomada para construir obras enormes que sirvieron para juntar votos pero no para resolver las más urgentes necesidades de la población, como la construcción de puentes y caminos en lugares en los que son sumamente necesarios. Ese es el caso de Casa Bamba, barrio en las afueras de La Calera, donde hoy los vecinos están atrapados entre el fuego y un río que está crecido porque abrieron las compuertas del dique San Roque. ¿Buscan que Casa Bamba, un lugar muy codiciado, desaparezca junto con sus habitantes? Hace dos años allí hay un puente peatonal que nunca fue puesto y se está herrumbrando, mientras la minera Camarassa, que pretende explotar la reserva hídrica, colocó un portón en el camino que impide el libre tránsito.

Debemos exigir que se investigue a fondo para descubrir y castigar a los responsables de esta masacre ambiental. Que respondan con sus patrimonios y se indemnice a todas las familias afectadas por la catástrofe.

Hoy es fundamental que se declare la emergencia ambiental en toda la provincia, que parta de la prohibición de la instalación de todo emprendimiento inmobiliario y minero para preservar lo poco que queda de monte nativo y remediar lo destruido.

Se hace evidente que necesitamos una nueva ley de bosques, discutida por las poblaciones y asambleas zonales donde están las personas más interesadas en preservar nuestro ambiente.

Es urgente un cambio de raíz en el sistema de producción que, en lugar de priorizar las ganancias millonarias de unos pocos vía la destrucción y saqueo de nuestros recursos, planifique la economía democráticamente sobre la base de las necesidades de la clase trabajadora y los pueblos y que combata el cambio climático y la destrucción ambiental.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con acciones en cada provincia, la convocatoria con el lema #BastadeFalsasSoluciones ganó las calles multiplicando los reclamos que van de lleno contra un elemento central de la política del gobierno, la depredación ambiental al servicio del pago de la deuda.

El detonante de la convocatoria que se empezó a gestar hace algunas semanas fue claramente el acuerdo por la importación de las megafábricas de cerdos que quieren cerrar el canciller Felipé Solá, el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández con la dictadura capitalista de China. Pero lo cierto es que la propia realidad del país fue agregando otros temas de peso en la convocatoria. Las quemas de los humedales que no dan tregua, los incendios en Córdoba que se dispararon en estos días, los cada vez más terroríficos datos del volumen del desmonte en el Norte del país también son parte del mismo panorama.

¿Qué une todos estos fenómenos? El hecho de que el propio Fernández, y de esto ha quedado incluso registro fílmico, le puso como garantía de pago a los bonistas el avance en el saqueo de los recursos y bienes naturales de nuestro país.

Un gran paso adelante en la coordinación de la lucha ambiental

Es contra esta realidad que se plantó una respuesta de fisonomía nacional y por primera vez se avanzó en crear instancias de coordinación entre una enorme cantidad de organizaciones ambientales contra la explotación animal y las organizaciones del Frente de Izquierda Unidad, donde se pusieron por delante puntos en común por los cuales llamar a movilizar. Así se logró cubrir el país entero con actos que tuvieron distintas formas de acuerdo a la situación sanitaria y represiva de cada provincia. Desde Izquierda Socialista nos sumamos y fuimos parte de la preparación de la jornada codo a codo con el conjunto de las agrupaciones.

Así, por ejemplo, en el Sur del país estuvimos presentes en el Centro Cívico de Bariloche, movilizados sumando a la convocatoria los reclamos contra la megaminería, el proyecto Amarillo Grande, de extracción de uranio en la provincia de Río Negro, y la restitución de la ley 3.981 anticianuro. También en Río Gallegos nuestra juventud hizo una enorme pintada en apoyo a la jornada. En Neuquén nos movilizamos incorporando el reclamo por el rechazo a la represa sobre el río Nahueve, en una convocatoria que contó con las adhesiones de la asamblea por el agua del norte neuquino y la mesa campesina del norte neuquino.

En la Ciudad de Buenos Aires se dio una gran convocatoria a la Plaza de Mayo, que además de los reclamos de la jornada tuvo la tarea de evitar que la policía de Larreta se lleve detenidos a dos compañeros, para lo cual se realizó una gran sentada delante de la infantería y el patrullero evitando el traslado y logrando su liberación. Fue un gran ejemplo de unidad de acción en las calles que tenemos que seguir forjando. En La Plata se realizó una concentración con el acompañamiento muy importante de las adhesiones de la Asamblea de Vecinos Contaminados de Berisso, Ensenada y La Plata, Asamblea Salvemos al Monte, la Asamblea Vecinal Barrio Norte, Espacio de Inundados y la Asamblea de Inundados de Tolosa.

En Rosario, donde venimos siendo parte de las movilizaciones de la Multisectorial por los Humedales, el lunes se cortó el puente Rosario-Victoria, y el 25 se movilizó confluyendo con el 25A. Al enterarse de la situación en la Plaza de Mayo, se resolvió sostener la convocatoria para también hacer fuerza contra las detenciones. En Córdoba se hizo una vigilia de doce horas delante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde a los reclamos nacionales se le sumaron los de los incendios en las sierras. En Santiago del Estero realizamos junto a los compañeros de XR (Rebelión o Extinción) intervenciones en la avenida principal.

En las provincias donde se volvió a Fase 1 y la situación represiva no lo permitió, se siguió la jornada activamente por las redes. Así como también se dieron importantes adhesiones a la jornada nacional, como la de la CTA de Bahía Blanca junto a diversos espacios ambientales, la Cátedra de Educación y Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur y centros de estudiantes.

La lucha sigue

La jornada del 25A logró dar visibilidad a un conjunto de reclamos urgentes contra la política del gobierno y dejó sentado un camino por el cual seguir organizándose. Desde Izquierda Socialista creemos que tenemos ahora que darle continuidad a la coordinación en cada provincia por cada una de las reivindicaciones concretas y comenzar a preparar el 25 de septiembre otra jornada nacional en el marco de una nueva Huelga Mundial por el Clima. ¡Manos a la obra!

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

La periodista de C5N Mariela Fernández contó en el programa que conduce junto a Claudio Rígoli que durante su infancia había sido víctima de abuso. Rápidamente, en las redes sociales se vieron mensajes de acompañamiento y aliento a la periodista, quien relató lo que había sufrido siendo niña y que luego de años pudo poner en palabras. Ella dijo: “Yo les voy a contar que fui víctima de abuso a mis 10 años, y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras, me daba vergüenza. Mi mamá no se daba cuenta. El que descubre la situación es mi hermano menor. Él pone en palabras lo que había visto, y ahí a mí me corren de ese lugar”. Y agregó: “En casa no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial, simplemente nos corrimos, se cortó el vínculo con la familia. Esto pasaba hace tiempo, cuando se callaba porque daba vergüenza”.

El relato de la periodista conmovió a muchas personas. Incluso se puede ver en él algo que es similar a otros y es que, luego de años de sufrir en silencio, se logra poner en palabras situaciones de abuso sexual sufridas durante la infancia o la adolescencia. Sin dudas, hay un trabajo individual y personal necesario para poder contarlo y sobre todo en un programa de TV, pero más allá de ese valioso proceso interno lo que es muy importante de destacar es el acompañamiento que hoy existe dentro del movimiento feminista y que pegó un salto en los últimos años al calor de las movilizaciones y luchas contra la violencia de género. Esto es lo que permite que muchas víctimas de abuso puedan dejar de verse como culpables y poder contar ese “secreto” guardado muchas veces bajo la amenaza del abusador. Algo que quizás era impensable años atrás, por vergüenza o por miedo, hoy empieza a ser escuchado y acompañado socialmente.  

La Justicia patriarcal garantiza la impunidad

El abuso sexual hacia las infancias y adolescencias tiene números escalofriantes. Según estimaciones de la Organización Mundial para la Salud (OMS), una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños sufre abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, se estima que por la complejidad del fenómeno, solo el 10% de los casos son denunciados y solo entre el 1% y el 2% de los casos denunciados recibe condena.

El grado de impunidad en este tipo de delitos es altísimo y se debe a la desastrosa intervención de la Justicia patriarcal que vulnera los derechos de, justamente, los más vulnerables. Ejemplo de ello es la aplicación del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) y teorías derivadas como “memorias implantadas”, “sugestionabilidad” y “confabulación”, hipótesis que la comunidad científica no aprueba y que son utilizadas al servicio de desacreditar los testimonios de las víctimas. Por eso denunciamos el accionar de la Justicia patriarcal, que con estos métodos no escucha y revictimiza a niñas, niños y adolescentes.

Es esta misma Justicia la que llama “desahogo sexual” a una violación en grupo en Chubut. Es la que mira para otro lado cuando las pibas son desaparecidas por las redes de trata que actúan con total impunidad. Es también la que condena a las mujeres que abortan. Y es la misma Justicia que les otorgó la domiciliaria a violadores y femicidas cuando comenzaron los primeros contagios de Covid-19 en nuestro país.

Con educación sexual se puede avanzar en la prevención

La pelea por la educación sexual lleva años, y más allá de las limitaciones que tiene la redacción actual de la ley 26.150, es una herramienta muy importante para abordar en todos los niveles educativos temas como el cuidado y el respeto del cuerpo, las distintas formas de violencia y maltratos, los estereotipos de género, entre tantos otros. A pesar de su escasa aplicación, es gracias a la lucha de las docentes que llevan la ESI a las aulas que se han logrado detectar varios casos de abusos en los que se logró intervenir. Por eso decimos que la Ley de Educación Sexual es una conquista del movimiento feminista y es una herramienta para la docencia pero, sobre todo, es un derecho para les estudiantes que debe ser garantizado sin obstáculos.

Por eso exigimos que se cumpla en todo el país y, a la vez, que sea laica, científica y con perspectiva de género. La educación sexual debe aplicarse en todos los niveles educativos acompañada por capacitaciones en servicio y gratuitas para el conjunto de la docencia. Exigimos a los gobiernos la creación de los dispositivos necesarios, con un plan de atención y abordaje para niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos, de acompañamiento, visitas y asistencia a las familias en estas condiciones tan graves. Para todo esto se necesita presupuesto de manera urgente y ese dinero bien podría salir del no pago de la deuda externa.