Escribe Guillermo Sánchez Porta

Con la asunción del gobierno peronista de Alberto Fernández, muchos docentes creyeron que finalmente el gobierno podría comenzar a recuperar la vapuleada educación pública argentina. Pero, salvo en el doble discurso, nada de eso ocurrió ni ocurrirá.

Esta semana ese doble discurso recibió un golpe importante cuando Adriana Puiggrós, pedagoga muy reivindicada por el peronismo kirchnerista y demás sectores llamados “progresistas”, decidió renunciar a su cargo de viceministra de Educación. Se dice que era crítica y tenía diferencias con Trotta, hombre que viene de ser rector de la universidad privada UMET. Seguramente algunas diferencias tenían. Puiggrós quedó golpeada cuando declaró que el gobierno de Fernández iba a dejar de realizar las “evaluaciones externas” del Operativo Aprender y las pruebas Pisa, fundamentando correctamente que eran evaluaciones que no servían para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, que se involucran con el rol docente-alumno y sus condiciones sociales específicas y que estaban al servicio de los empresarios de la educación privada.

Esta correcta denuncia, que desde hace muchos años Izquierda Socialista, la agrupación Docentes en Marcha y la oposición de los gremios docentes en general venimos alertando y polemizando con el peronismo kirchnerista, fue rechazada por Trotta y el gobierno, aclarando que van a seguir con las evaluaciones externas y el PISA. Entonces, aunque el historial político y de la función pública de Puiggrós no avalan un accionar muy diferente de lo que hace el gobierno de Fernández (recordemos que apoyó la Ley Federal de Educación de Menem, fue diputada nacional de la Alianza y funcionaria de De la Rúa, ministra de Educación del gobierno bonaerense de Felipe Solá, por ejemplo), su perfil “progresista” le daba cuerpo a la política de Trotta.

Esta semana al gobierno se le cayó una máscara más y deja a Trotta gobernando el sistema educativo con empresarios de la UIA, oligarcas de la Sociedad Rural y reaccionarios de la Iglesia Católica y el Consejo Federal de Educación, sin la imagen del doble discurso progresista. Nada, absolutamente nada bueno para la educación pública puede salir de esa yunta.

Las idas y venidas del gobierno en educación desde el inicio de la pandemia muestran a un Trotta tratando de avanzar en la aplicación de planes privatistas y retrocediendo ante el rechazo de la docencia y la comunidad educativa en general. Se negaba a suspender las clases presenciales. Improvisó mal, sin trabajar con la docencia ni las familias, las “clases virtuales”, presionando a los docentes a presentar muchísimo material a los alumnos (para “mostrar” que se estaba haciendo mucho), que ni ellos ni sus familias podían sostener. Inventó un absurdo “protocolo burbuja” para regresar a las clases presenciales, que retiró por el repudio de familias y docentes. Después largó una “prueba” de clases presenciales con el gobierno de San Juan, con menos alumnos por turno, que en menos de una semana obligó a la provincia a volver a Fase 1 de cuarentena y suspender las clases por el avance de los contagios. El intento sanjuanino animó a Larreta a improvisar las “escuelas Ciber” en CABA (que los alumnos fueran a las escuelas a usar las computadoras), pero todo indica que tendrán que retroceder también. Trotta apretó a docentes, padres y alumnos con que en julio empezarían los exámenes virtuales. Ahora dice que no habrá exámenes, que se pasará de curso directamente y que en 2021 se tomarían las evaluaciones. Nadie puede apostar qué se terminará decidiendo.

Lo único en que Fernández, Trotta y los gobernadores tienen claridad e implementan en todo el país, es en el ajuste salarial y laboral a los docentes y en sostener los subsidios a la educación privada aunque las escuelas públicas se caigan a pedazos.

Desde Izquierda Socialista seguiremos luchando para defender una escuela pública con el presupuesto necesario para salarios e infraestructura, renacionalizando el sistema educativo, donde el gobierno nacional vuelva a ser el responsable de su sostenimiento. Y que el dinero necesario salga de suspender los pagos de la deuda externa y de dejar de subsidiar a la educación privada.

Escribe Jorge Adaro, secretario general adjunto de Ademys

El pasado lunes, Ademys convocó a su séptima asamblea virtual ante el anuncio del gobierno de Larreta y su ministra Acuña del regreso a las aulas (en este caso “ciberaulas”) en CABA. De la asamblea participaron más de quinientos docentes, quienes de manera unánime votaron el rechazo a esta posibilidad, pronunciándose de manera clara que, mientras haya pandemia, a las escuelas no se vuelve. 

También se expresaron los otros reclamos por los que venimos llevando adelante acciones de denuncia y movilización desde Ademys, como la situación de miles de docentes que han sido cesanteados, sin posibilidad de tomar nuevos cargos, con actos públicos sin transparencia y con ofrecimiento solamente de cargos que el gobierno considera esenciales. O el congelamiento de nuestros salarios al no pagar el porcentaje para el mes de julio que decidió Larreta en la mesa salarial de marzo.

Esta grave situación de la docencia no es exclusiva de CABA. Por ejemplo, en Córdoba la bronca crece por el incumplimiento del acuerdo salarial firmado por el gobierno de Schiaretti y la burocracia celeste de Monserrat, de UEPC. A esto se agrega otra medida del gobierno que profundiza el ajuste, ya que la cobertura de cargos vacantes en primaria la harían con docentes que trabajan en distintos programas fuera de convenio, obligados a cambiar de funciones y dejando miles de docentes sin trabajo. Por eso realizarán una movilización exigiendo actos públicos para que los cargos sean tomados por quien corresponde. 

En Santa Fe, a instancias de la oposición a la burocracia de Sonia Alesso (Amsafe-Ctera), encabezada por la dirección combativa de Amsafe Rosario, hay acciones de autoconvocados que repudian el bono de 3.000 pesos del gobierno de Perotti, mientras siguen los salarios congelados desde 2019. 

Las maestras en Neuquén se movilizan contra el ataque a las escuelas especiales, rechazando un anteproyecto oficial de educación “inclusiva” que busca liquidarlas y flexibilizar las condiciones laborales. 

En provincia de Buenos Aires hay un plan de acción con caravanas y actos, impulsado por las seccionales Multicolor de Suteba por los problemas de infraestructura, por actos públicos para la cobertura de cargos, contra la falta de pagos, mientras reclaman que Suteba Central rompa la tregua y llame a un plan de lucha. 

Como lo aprobamos en el Encuentro Nacional de Docentes en Marcha, es necesario que todas estas luchas se unifiquen en una sola pelea contra el ajuste del gobierno de Fernández y los gobernadores, por eso exigimos que Ctera llame a medidas gremiales nacionales. Y hacemos un llamado a los sindicatos, seccionales y agrupaciones opositoras a realizar una reunión nacional que permita la coordinación de todas las luchas, hoy aisladas por la burocracia de Ctera.

Escribe Javier Leonforte

El 18 de agosto, una patota atacó violentamente a las trabajadoras de Algodonera Avellaneda que defienden un piquete de huelga en la puerta de la empresa, en el parque industrial de Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe. Dos compañeras terminaron hospitalizadas, pero los matones no pudieron doblegar el bloqueo. 

La valiente resistencia de las compañeras y los compañeros se alimentó en la fuerza de una lucha que lleva ya varios meses reclamando aumento salarial. Hoy perciben sueldos de hambre, de solo 25.000 pesos, cuando la patronal es multimillonaria. 

La patota actuó instigada por la empresa y el abogado del Grupo Vicentin, amparada por la complicidad del gobierno peronista de Omar Perotti, de la burocracia sindical de la Asociación Obrera Textil (AOT), de la CGT, y la policía de Santa Fe, que liberó la zona. 

El Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) abordó el apoyo a esta lucha en su cuarto plenario del 12 de agosto y posteriormente su mesa nacional resolvió dos declaraciones en apoyo a las obreras, impulsando una campaña de solidaridad en todo el movimiento obrero. Responsabilizamos al Grupo Vicentin, a su abogado, Héctor Vizcay, y a la policía que liberó la zona por este ataque y las secuelas que puedan tener las compañeras heridas. Luego, el juez Santiago Banegas ordenó a la policía desalojar el piquete de las trabajadoras y los trabajadores textiles, pero la huelga continúa firme. 

Se trata de una lucha testigo contra la política de despidos, reducción de salarios y precarización laboral que el gobierno de Alberto Fernández busca imponer para continuar con el pago de la deuda externa y rescatar a empresarios corruptos y vaciadores, como los del Grupo Vicentin.

Escribe Diego Martínez

El pasado miércoles 19 se llevó adelante una reunión virtual, convocada por nuestro partido, de trabajadores del gremio de pasteleros y de la alimentación.

Participaron compañeras y compañeros de La Nirva, Noly, Lagomarsino, pizzería Cabildo, Mostaza, Nucha, Bread Real Food y Oralí, entre otros.

La reunión fue coordinada por Pablo Montenegro, del cuerpo de delegados del Ferrocarril Sarmiento.

Nuestro compañero Pollo Sobrero dio inicio al encuentro con un informe en el que hizo hincapié en este marco, dado por un ajuste en curso acordado por el gobierno junto a las patronales y la burocracia sindical, mediante el que se dejan pasar despidos, suspensiones, rebajas salariales y no se llevan adelante las paritarias en muchos gremios. Además resaltó la lucha de Latam como ejemplo a seguir para enfrentar la política del gobierno y las patronales.

El gremio de pasteleros es uno de los que tienen la paritaria congelada. Está siendo muy castigado por la crisis, que comprende no solo a empresas que elaboran productos alimenticios, como panificados y de repostería, sino también a pizzerías, confiterías y locales de comidas rápidas. Una compañera de Mostaza graficó la situación en la que están trabajando durante la pandemia, en la que ya tuvieron rebajas salariales desde el inicio de la cuarentena y sufriendo una persecución gremial de la que son objeto de forma permanente. Un compañero de la pizzería Cabildo narró la lucha que llevaron adelante frente al intento de cierre del establecimiento de parte de la patronal y cómo pelearon por reabrirla con el apoyo de los ferroviarios del Sarmiento. En Nucha también se tuvieron que organizar para cobrar salarios adeudados.

Los compañeros de La Nirva, por su parte, dieron cuenta de la lucha que comenzaron hace diez meses, cuando la patronal abandonó la fábrica. Desde entonces vienen reclamando el pago de los sueldos adeudados, sin haber tenido hasta el momento respuesta de parte de ninguna autoridad municipal ni provincial. Ante la falta de acompañamiento de la conducción del sindicato en sus reclamos se vienen apoyando en las organizaciones sociales combativas y en la izquierda para llevar adelante acciones de lucha. Actualmente se encuentran en estado de asamblea permanente.

Entre los compañeros de Noly, al igual que en muchas fábricas, ya hay numerosos casos de Covid-19. El contagio se propaga por la irresponsabilidad de la patronal, que no toma las medidas sanitarias adecuadas. Frente a esta situación, los delegados combativos le exigieron a la conducción del gremio que tome cartas en el asunto y radicaron una denuncia en la Secretaría de Trabajo del municipio, que contribuyó para que el conflicto se reflejara en varios medios de comunicación.

Los compañeros de Oralí se organizaron hace tiempo contra las rebajas salariales, y los de Bread Real Food, tercerizados del Ministerio de Economía, también vienen reclamando el pago adeudado de salarios.

En Alimentación las paritarias fueron totalmente a la baja, 6% en agosto y 0,5% en septiembre, más una suma no remunerativa a cobrar por única vez de 6.000 pesos. Una miseria. El acuerdo que firmó la conducción verde del STIA, con Daer a la cabeza, generó malestar entre la base del gremio, que también está provocado por los problemas de cobros, rebajas salariales y la propagación de contagios. Los compañeros de Lagomarsino están entre los que llevaron adelante distintas acciones de lucha en rechazo a las rebajas salariales.

Escuchar hablar sobre las experiencias y la organización de cada lugar de trabajo sirvió para que cada compañera y compañero se fortalezca y comprenda la necesidad de coordinar las luchas. En este sentido, llamamos a confluir en el Plenario Sindical Combativo y a solidarizarnos entre nosotros ante cada ataque de las patronales. Desde nuestro partido nos ponemos a completa disposición de estas peleas.

El gobierno no cuida a los trabajadores de la salud

La organización que nuclea a los profesionales de la salud bonaerense, Cicop, acaba de confirmar que ya son cuarenta y ocho los trabajadores que fallecieron por haberse infectado. Además relevó más de 10,000 contagiados. “Constituyen una situación muy angustiante”, señalaron.

A raíz de estos hechos es que se está llevando adelante una campaña que culminará durante la primera semana de septiembre, con una jornada de protesta junto con otras organizaciones metropolitanas.

“Los trabajadores de la salud nos enfrentamos a una incesante demanda de pacientes que requieren de una atención que estamos en dificultades de brindar debido a contar con planteles diezmados y altamente afectados por la pandemia”, advierte la organización.

La Cicop denuncia que “se obliga a trabajar a personas que forman parte de los grupos de riesgo. La inmensa mayoría de los trabajadores que fallecieron en esta etapa fueron muertes evitables”.

También advirtió sobre el potencial colapso del sistema sanitario en caso de que no baje el número de contagios. “Más allá del dinamismo de los números, teniendo en cuenta que a diario se van modificando, la realidad es que nos encontramos bastante cerca de la saturación, con los riesgos que ello implica”.

La Cicop continúa exigiendo licencia para los grupos de riesgo y paritarias, vencidas en junio, para recomponer los magros salarios que, entre otras cuestiones, permitan que haya interés en ingresar al hospital público para resolver los serios problemas de recursos humanos.

La lucha de los trabajadores de Gate Gourmet continúa

Gate Gourmet es una multinacional que tiene el monopolio del catering de todos los aviones que pasan por Argentina y los países de Latinoamérica. Desde que comenzó la cuarentena en el país despidió a 190 trabajadores contratados (aunque nunca mandó telegramas) y a más de 500 los suspendió pagándoles mucho menos de lo que les corresponde y encima fuera de término. Es por eso que se organizaron y comenzaron un acampe frente a la planta que se encuentra en Ezeiza. El viernes pasado fueron informados que la empresa se compromete a  regularizar la situación salarial y ofrecerles trabajar a los contratados que tienen más de seis meses en la fábrica Mondelez de Pacheco, y cuando vuelva a trabajar Gate Gourmet serían reincorporados cómo efectivos. Si bien no termina de ser una solución de fondo, las y los trabajadores decidieron levantar el acampe exigiendo que todo lo que prometieron sea expresado por escrito.

Si bien el acampe por ahora terminó, las y los trabajadores están expectantes en que la multinacional cumpla con lo prometido o ellos vuelven a acciones de lucha.

Desde Izquierda Socialista seguimos llamando a rodear de solidaridad la lucha y nos seguimos poniendo a disposición para que triunfen.

Paolo Rocca fue por más y lo consiguió

Tras amenazar con medio centenar de despidos, Paolo Rocca logró perforar el pacto entre la CGT y la UIA y les pagó solo el 70% a los trabajadores suspendidos, y no el 75% como venía ocurriendo desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El acuerdo se firmó con la UOM Campana, en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo. Una traición más de la burocracia sindical con la colaboración del ministerio y el gobierno.

Neuquén. Tres meses de acampe 

Tres meses cumplieron los doce camioneros del Expreso Argentino acampando frente a la empresa exigiendo que les paguen los cuatro meses de salarios adeudados y los reintegren al trabajo. Una empresa negrera que sigue trabajando con personal en negro instalándose en la vecina ciudad de Cipolletti para burlarse del reclamo. La Secretaria de Trabajo, la justicia laboral, el sindicato camionero y el gobierno provincial se lavaron las manos hasta el momento demostrando que ninguna de las instituciones oficialistas defienden a los trabajadores y no hacen cumplir la ley de prohibición de despidos existente desde marzo a la fecha.  La gran solidaridad con aportes de alimentos y fondos permite que este grupo de trabajadores pueda continuar con su reclamo sin quebrantar su voluntad. Han hecho de todo para visibilizar su reclamo y exigir soluciones. Con el apoyo de todas las organizaciones que integramos el sindicalismo combativo y la Multisectorial, este miércoles los camioneros cortarán el puente carretero que separa las dos provincias en una medida más fuerte intentado que el gobierno defina una política para solucionar el reclamo. Desde Izquierda Socialista acompañamos y participamos en todas las actividades solidarias y acciones callejeras y en el curso de la semana la juventud socialista lleva adelante una colecta de víveres para entregará el próximo fin de semana.

Coronavirus en La Salteña

La planta que la fábrica de pastas La Salteña tiene en el parque industrial de Almirante Brown estuvo cerrada una semana luego de que se detectaron diez casos positivos de Covid-19. Tras la vuelta a la producción, aunque por parte de grupos reducidos y con amenazas de despidos, se conoció que otros cincuenta y cuatro trabajadores están contagiados y ciento cincuenta están aislados.

Desde la comisión interna denunciaron que la empresa Molinos Río de la Plata amenazó a los trabajadores con despedirlos, asegurando que hay una lista negra y que la empresa está por quebrar,

El cierre de la planta de Burzaco se produjo entre el 3 y el 10 de agosto debido a la detección de una decena de empleados contagiados. La paralización y la realización de los testeos se consiguieron después del reclamo y de cuarenta y ocho horas de paro de los trabajadores.

Dánica: paro en Llavallol y Villa Mercedes, San Luis

El pasado jueves los trabajadores de la planta de Dánica de Llavallol lanzaron un paro ante el nuevo intento flexibilizador del Grupo Beltrán, el ataque al convenio colectivo, los salarios, los aprietes a los trabajadores y las amenazas de despidos masivos. El conflicto también se trasladó a la fábrica puntana de Villa Mercedes, donde también comenzaron las protestas.

Los trabajadores de Dánica, afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (Soeia), denuncian que los empresarios decidieron iniciar una nueva etapa en su accionar antisindical e ilegal histórico y presionan de forma individual a los trabajadores para que acepten cambios en el convenio y que de esa forma no pierdan el empleo. Al mismo tiempo, persisten en querer afiliar compulsivamente a todos los trabajadores al gremio de la alimentación. Con esto, la patronal abarataría muchísimo los gastos y se perderían muchas conquistas logradas dentro del convenio aceitero. Cada día, los incumplimientos múltiples a la convención laboral van en aumento. 

Desde que el Grupo Beltrán adquirió la firma, a principios de 2019, lleva adelante un sistemático ataque contra el convenio intentando flexibilizar las tareas e instalar la polivalencia. La patronal argumenta la existencia de una crisis, que jamás demostró.

El salario del sector público perdió 34,1 por ciento

Esta es la magnitud de la pérdida salarial, según lo informado por la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El porcentaje resulta de la medición de la evolución de los salarios y la pérdida de los ingresos por inflación entre noviembre de 2015 y julio de 2020.

Del informe se desprende que el ingreso estatal correctamente actualizado debería rondar los 50.000 pesos, unos 20.000 más que el mínimo actual. El gobierno peronista desconoce su deuda con los trabajadores del sector público.