Primero, repasemos. Como señalamos en nuestro artículo a 20 años de su aprobación (El Socialista No 293 del 10/6/2015), la LES representa el marco legal de la privatización universitaria. El movimiento estudiantil resistió tenazmente su aprobación, pero por la traición de la Franja Morada (UCR) a la cabeza de la Federación Universitaria Argentina, no pudo evitar su sanción en el Congreso.

Lo que sí se pudo es evitar su plena aplicación. Por eso, a pesar de que la ley habilitaba el cobro de aranceles, la resistencia estudiantil y del conjunto del pueblo trabajador impidió que se generalice. Solo unas pocas universidades como la UNTREF (Tres de Febrero) y la de Córdoba (hasta 2011) impusieron el cobro. Ahora la nueva ley prohíbe el cobro de aranceles a futuro y no establece cómo proceder con los existentes, algo que dependerá de su nebulosa reglamentación, y por tanto de peleas por venir. Así, la “conquista histórica” que el kirchnerismo busca que agradezcamos, es una gratuidad en abstracto que ha venido siendo conquistada en los hechos con la lucha del movimiento estudiantil. En particular, en la pulseada ganada contra el intento de arancelamiento de marzo de 2001, que fue impulsado por el gobierno de la Alianza, del cual Puiggrós fue parte.

Ahora bien, los gobiernos avanzaron con la privatización junto a los empresarios buscando otras formas de colonizar la educación superior. Por un lado, los posgrados fuertemente arancelados que se engrosaron a costa de achicar las carreras de grado. Por otro, el gran negociado de estos 20 años de LES ha sido la generación de “recursos propios” habilitados en el inciso C del artículo 59. Estos pilares privatizadores se mantienen con la reforma K.

El Estado Nacional destina un 95% del presupuesto universitario a salarios (que son de miseria y con miles de docentes “ad honorem”), dejando la infraestructura y la investigación a cargo de la búsqueda de financiamiento privado a través de convenios con empresas. Así, el sistema educativo argentino ha sido volcado al servicio de los agroquímicos y la megaminería contaminante o al ocultamiento de los índices de pobreza, entre otros negociados con multinacionales y gobiernos de turno.

La reforma de Puiggrós deja taxativamente intacto el avance de la privatización universitaria. El modelo educativo al servicio de las empresas queda igual, y por tanto no sorprende que el rector de la UBA, el privatizador Alberto Barbieri, sea postulado a Ministro de Educación por Scioli. Así como, el actual ministro porteño Esteban Bullrich, el elegido por Macri, ha dado claras cuentas de seguir los mismos lineamientos en la Capital Federal: desfinanciamiento, evaluación de rankings para fomentar la generación de recursos propios, y aumento del financiamiento a la educación privada.

La reforma modifica el artículo 7 de la LES definiendo el acceso como “libre e irrestricto” y elimina la luz verde a la implementación de éxamenes de ingreso, como los que año a año generan bochazos masivos en Medicina de La Plata. Pero al mismo tiempo habilita “procesos de nivelación” a constituir por cada institución. Se abre así una nueva pelea para que la implementación efectiva de esta modificación no termine en nuevos filtros masivos como el CBC de la UBA o cursos como el de la Universidad de Quilmes, a los cuales solo logra atravesarlos un 25% de los ingresantes. Y obviamente también, se mantiene la gran batalla por un mayor presupuesto.

Días antes de la aprobación de esta reforma, el kirchnerismo hizo aprobar un presupuesto para el 2016 que consagra nuevamente el ajuste, al poner las partidas en la mitad de los valores de la inflación que los propios asesores económicos de Scioli reconocen. Con ajuste no hay becas para materiales de estudio, no hay boleto universitario, no hay comedores estudiantiles, no hay condiciones para modificar las causas estructurales que empujan a decenas de miles de estudiantes año a año a abandonar la universidad antes de graduarse.

La LES menemista constituyó un organismo evaluador, la CONEAU, que viola la autonomía universitaria, dándole predominio al poder político de turno e incorporando a miembros de las universidades privadas. En su fundamentación Puiggrós celebró esa instancia y en la reforma la complementó estableciendo de que las universidades rindan cuentas ante la Auditoria General de la Nación, organismo para el cual el kirchnerismo recientemente colocó de forma escandalosa a dos miembros de La Cámpora. Esto cristaliza un fortalecimiento de la injerencia del gobierno y un rechazo a los reclamos por instancias independientes y democráticas de la propia comunidad universitaria que puedan controlar el presupuesto de las universidades.

Dejando de lado el doble discurso habitual del kirchnerismo, potenciado de cara al balotaje, lo que queda en esta reforma es un sostenimiento de los pilares de la LES menemista en el marco de un intento de ganar votos de estudiantes, docentes e investigadores para Scioli.

A 20 años de su sanción se ratifica la necesidad de la total anulación de la LES y el impulso de una nueva ley al servicio de fortalecer la universidad pública, gratuita, de excelencia y al servicio de las necesidades de los trabajadores y el pueblo, lo que constituye una tarea fundamental del movimiento estudiantil y no una dádiva de los gobiernos que ajustan la educación, llámense Scioli-Barbieri o Macri-Bullrich.